Cledis Candelaresi
La trampa de los subsidios
La contratapa de Cledis Candelaresi, prosecretaria de redacción de BAE.
Julio De Vido está desgarrado por un dilema que trasciende su propio destino más allá del 10 de diciembre. El ministro no tiene dudas de que no es técnica ni políticamente viable sostener ad infinitum el actual esquema de subsidios a los servicios públicos, que le cuesta al fisco varios miles de millones de pesos por año. Pero con la misma claridad, el titular de Planificación bien sabe que a esta altura resulta muy oneroso desarticular ese esquema consolidado en casi una década.
Las subvenciones no son en sí mismas buenas o malas. Todo depende de cómo se resuelva la ecuación costo beneficio de ese esfuerzo fiscal. Pero hoy ni los más acérrimos defensores de la política oficial postulan prolongar por mucho más el diagrama concebido con el estallido de la convertibilidad para evitar un tarifazo que empeorase el deterioro social.
Los subsidios al transporte empezaron un poco antes aunque con similar fin: contener el precio de servicios esenciales y costear con fondos públicos las inversiones que hubieran minado la rentabilidad de los operadores privados. Este molde se trasladó a la energía luego de la emergencia económica, activando el contador de una bomba.
Para que el gas y la luz de los usuarios domiciliarios no aumenten, el Estado asumió per se los mayores costos de generar o producir esos bienes. De ello resulta hoy que sobre 25 pesos que paga un consumidor residencial capitalino por la electricidad, el fisco aporta otros 55. No ya para reforzar los ingresos de las distribuidoras Edenor, Edesur o Edelap, sino para compensar a los generadores.
Las frecuentes y despiadadas críticas a ese modelo suelen ser difíciles de replicar. Sus detractores hablan de la iniquidad de subvencionar las demandas de los más ricos, que incurren en impúdicos derroches como calefaccionar las piletas de natación. O hacen cálculos de cuántas asignaciones universales por hijo, planes de viviendas, hospitales o aumentos salariales podrían cubrirse con el mismo esfuerzo de la caja pública.
Lo que se ubica en el otro platillo de la balanza no es menos. Un descongelamiento de tarifas tendría un obvio impacto en la economía doméstica, en particular de los hogares donde la ponderación de este gasto es mayor, es decir, los más pobres.
La tarifa social, propuesta por las empresas y legisladores próximos al tema, puede atenuar el golpe, pero quizás no alcance. Adicionalmente, es muy difícil encontrar un criterio ecuánime para segmentar a los consumidores cargando las tintas sobre los presuntamente más pudientes. ¿Quién garantiza que el usuario que demanda más luz es porque tiene más ingresos y no porque en su precaria vivienda no dispone de gas natural para calefaccionarse? Éste es uno de los mayores desafíos técnicos para desmantelar el andamiaje de auxilio estatal.
Aunque omitiendo anuncios, la estrategia oficial intentó virar para tomar aquel camino, aunque con éxito parcial. Fue cuando se subió también para los residenciales de mayores consumos los precios que ya se habían incrementado para las industrias, recomponiéndose la tarifa eléctrica y aplicándose un cargo específico para el gas. Un ensayo de la segmentación. Pero la resistencia judicial de los consumidores forzó al fisco a asumir como costo propio esa suba en las épocas de mayor demanda y su vigencia quedó acotada a cuando el impacto de la suba es menor.
La médula del problema de los subsidios, sin embargo, son las inversiones que las empresas privadas rehúsan hacer. Con ingresos congelados, o a su juicio insuficientes, no hay productores energéticos dispuestos a asumir riesgos. La mano del Estado vuelve a abrirse, esta vez, para aumentar la oferta energética construyendo centrales eléctricas y usinas térmicas.
Se genera una disyuntiva en el marco de la otra. ¿Cómo obligar a empresas privadas a que arriesguen fondos millonarios si los precios del negocio no les resulta atractivo? …No hay legislación que lo imponga. Ergo: nuevamente aparece el bálsamo de los dineros estatales. Así surgen planes como el Petróleo Plus, que estimula a las petroleras a cobrar más por el “nuevo” hidrocarburo que produzcan a partir de cierta fecha. Más allá de la justicia de los parámetros que se usan para esa medición, la cuestión es que ese precio diferencial también lo pone el Estado, resignando el cobro de impuestos a la exportación de hidrocarburos.
Un esquema igualmente intrincado usó Planificación para animar la producción de combustibles a través del programa Refino Plus. Quienes inviertan en refinación bajo ciertas pautas consiguen un subsidio que trepa hasta la mitad del costo de su obra (por la vía de un certificado fiscal que le sirve a una exportadora del rubro cancelar retenciones).
Entre los beneficiarios de este estimulante sistema no hay sólo pymes o noveles integrantes de la flamante burguesía energética del país. Por el contrario, YPF es la principal beneficiaria de este programa.
La sociedad de Repsol y Esquenazi están ejecutando diversos proyectos para mejorar su capacidad de fabricar naftas y gasoil bajo este régimen por más de 782 millones de dólares, de los cuales casi 400 pueden ser cubiertos por el fisco vía condonación de impuestos.
Los más estrechos colaboradores de De Vido trabajan sobre la hipótesis de que a lo sumo en un lustro las subvenciones energéticas quedarán disminuidas dramáticamente, con la contrapartida de subas de tarifas graduales y segmentadas. Aunque en lo inmediato, sólo está en ciernes un nuevo ensayo de la fórmula que se aplicará sin anuncios.
Tal como se consigna en el Presupuesto Nacional para el 2011, todos los consumidores de gas por redes, sin discriminación, pagarán un nuevo “plus” para financiar el gasoducto del Nordeste.
La obra está a cargo de la estatal Enarsa y, según precisó la Presidenta, tendrá un costo total de más de 26.000 millones de pesos. Alguien, siempre alguien, tiene que afrontarlo.
Cledis Candelaresi
La trampa de los subsidios
La contratapa de Cledis Candelaresi, prosecretaria de redacción de BAE.
Julio De Vido está desgarrado por un dilema que trasciende su propio destino más allá del 10 de diciembre. El ministro no tiene dudas de que no es técnica ni políticamente viable sostener ad infinitum el actual esquema de subsidios a los servicios públicos, que le cuesta al fisco varios miles de millones de pesos por año. Pero con la misma claridad, el titular de Planificación bien sabe que a esta altura resulta muy oneroso desarticular ese esquema consolidado en casi una década.
Las subvenciones no son en sí mismas buenas o malas. Todo depende de cómo se resuelva la ecuación costo beneficio de ese esfuerzo fiscal. Pero hoy ni los más acérrimos defensores de la política oficial postulan prolongar por mucho más el diagrama concebido con el estallido de la convertibilidad para evitar un tarifazo que empeorase el deterioro social.
Los subsidios al transporte empezaron un poco antes aunque con similar fin: contener el precio de servicios esenciales y costear con fondos públicos las inversiones que hubieran minado la rentabilidad de los operadores privados. Este molde se trasladó a la energía luego de la emergencia económica, activando el contador de una bomba.
Para que el gas y la luz de los usuarios domiciliarios no aumenten, el Estado asumió per se los mayores costos de generar o producir esos bienes. De ello resulta hoy que sobre 25 pesos que paga un consumidor residencial capitalino por la electricidad, el fisco aporta otros 55. No ya para reforzar los ingresos de las distribuidoras Edenor, Edesur o Edelap, sino para compensar a los generadores.
Las frecuentes y despiadadas críticas a ese modelo suelen ser difíciles de replicar. Sus detractores hablan de la iniquidad de subvencionar las demandas de los más ricos, que incurren en impúdicos derroches como calefaccionar las piletas de natación. O hacen cálculos de cuántas asignaciones universales por hijo, planes de viviendas, hospitales o aumentos salariales podrían cubrirse con el mismo esfuerzo de la caja pública.
Lo que se ubica en el otro platillo de la balanza no es menos. Un descongelamiento de tarifas tendría un obvio impacto en la economía doméstica, en particular de los hogares donde la ponderación de este gasto es mayor, es decir, los más pobres.
La tarifa social, propuesta por las empresas y legisladores próximos al tema, puede atenuar el golpe, pero quizás no alcance. Adicionalmente, es muy difícil encontrar un criterio ecuánime para segmentar a los consumidores cargando las tintas sobre los presuntamente más pudientes. ¿Quién garantiza que el usuario que demanda más luz es porque tiene más ingresos y no porque en su precaria vivienda no dispone de gas natural para calefaccionarse? Éste es uno de los mayores desafíos técnicos para desmantelar el andamiaje de auxilio estatal.
Aunque omitiendo anuncios, la estrategia oficial intentó virar para tomar aquel camino, aunque con éxito parcial. Fue cuando se subió también para los residenciales de mayores consumos los precios que ya se habían incrementado para las industrias, recomponiéndose la tarifa eléctrica y aplicándose un cargo específico para el gas. Un ensayo de la segmentación. Pero la resistencia judicial de los consumidores forzó al fisco a asumir como costo propio esa suba en las épocas de mayor demanda y su vigencia quedó acotada a cuando el impacto de la suba es menor.
La médula del problema de los subsidios, sin embargo, son las inversiones que las empresas privadas rehúsan hacer. Con ingresos congelados, o a su juicio insuficientes, no hay productores energéticos dispuestos a asumir riesgos. La mano del Estado vuelve a abrirse, esta vez, para aumentar la oferta energética construyendo centrales eléctricas y usinas térmicas.
Se genera una disyuntiva en el marco de la otra. ¿Cómo obligar a empresas privadas a que arriesguen fondos millonarios si los precios del negocio no les resulta atractivo? …No hay legislación que lo imponga. Ergo: nuevamente aparece el bálsamo de los dineros estatales. Así surgen planes como el Petróleo Plus, que estimula a las petroleras a cobrar más por el “nuevo” hidrocarburo que produzcan a partir de cierta fecha. Más allá de la justicia de los parámetros que se usan para esa medición, la cuestión es que ese precio diferencial también lo pone el Estado, resignando el cobro de impuestos a la exportación de hidrocarburos.
Un esquema igualmente intrincado usó Planificación para animar la producción de combustibles a través del programa Refino Plus. Quienes inviertan en refinación bajo ciertas pautas consiguen un subsidio que trepa hasta la mitad del costo de su obra (por la vía de un certificado fiscal que le sirve a una exportadora del rubro cancelar retenciones).
Entre los beneficiarios de este estimulante sistema no hay sólo pymes o noveles integrantes de la flamante burguesía energética del país. Por el contrario, YPF es la principal beneficiaria de este programa.
La sociedad de Repsol y Esquenazi están ejecutando diversos proyectos para mejorar su capacidad de fabricar naftas y gasoil bajo este régimen por más de 782 millones de dólares, de los cuales casi 400 pueden ser cubiertos por el fisco vía condonación de impuestos.
Los más estrechos colaboradores de De Vido trabajan sobre la hipótesis de que a lo sumo en un lustro las subvenciones energéticas quedarán disminuidas dramáticamente, con la contrapartida de subas de tarifas graduales y segmentadas. Aunque en lo inmediato, sólo está en ciernes un nuevo ensayo de la fórmula que se aplicará sin anuncios.
Tal como se consigna en el Presupuesto Nacional para el 2011, todos los consumidores de gas por redes, sin discriminación, pagarán un nuevo “plus” para financiar el gasoducto del Nordeste.
La obra está a cargo de la estatal Enarsa y, según precisó la Presidenta, tendrá un costo total de más de 26.000 millones de pesos. Alguien, siempre alguien, tiene que afrontarlo.
Cledis Candelaresi
