La mayoría de los poderes judiciales no divulga su presupuesto, no publica las declaraciones juradas de los jueces ni revela su planta de personal. Córdoba quedó a mitad de camino.
Los índices de transparencia de los poderes judiciales en las diferentes provincias argentinas son realmente escasos y, salvo algunas excepciones, no cumplen con los estándares básicos, según un reciente informe publicado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
El documento al que accedió Comercio y Justicia presenta la primera medición del índice de acceso a la información judicial de las provincias argentinas y evalúa la accesibilidad de la información a través de los sitios web oficiales de los poderes judiciales provinciales del país. Esta primera medición mostró un panorama sumamente heterogéneo en el nivel de acceso a la información judicial de las 24 jurisdicciones (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Sobre un total de 82 puntos posibles, la máxima puntuación (55) obtuvo el Poder Judicial de Formosa, en un contexto global en el cual son muy pocas las que superaron 50 puntos, mientras que otras apenas alcanzaron 13 puntos. Córdoba se ubicó en la media, con 37 puntos.
Como datos preocupantes, la comparación de los datos refleja que los poderes judiciales de las provincias eligen no publicar en sus sitios los recursos que manejan, esto es, el presupuesto que el Poder Ejecutivo les asigna cada año para afrontar los costos de su funcionamiento. Así, menos de la mitad de las provincias divulga su presupuesto judicial y sólo siete refleja cuál fue la ejecución. Cabe aclarar que muchas veces dicha información es publicada pero no siempre está actualizada. En el caso del Poder Judicial de Córdoba, su sitio web no cuenta con ninguna de las dos variables.
El estudio también refleja que en la mayoría de los casos, los poderes judiciales tampoco publican las declaraciones juradas de sus magistrados y/o funcionarios judiciales, salvo Formosa y Chubut, que lo hacen de manera parcial.
La planta real de los poderes judiciales también es un dato difícil al cual acceder. El relevamiento de Cippec indica que sólo siete jurisdicciones publican esa información (Jujuy, Chaco, Misiones, San Luis, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego).
En lo que se refiere a la conducta de jueces y funcionarios judiciales, sólo cuatro jurisdicciones tienen en su sitio web el Código de Ética, entre ellas Córdoba. Sin embargo, ninguna publica información sobre los procesos disciplinarios surgidos de su aplicación.
El estudio destaca como llamativo el bajo número de provincias que publican una planificación anual de compras: sólo seis jurisdicciones lo hacen (Salta, Formosa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires -CABA-, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego).
El primer puesto
El informe sitúa al Poder Judicial de Formosa en el primer lugar, destacando que es la única provincia que publica en su sitio web las declaraciones juradas de magistrados judiciales. Los puntos fuertes incluyen la disponibilidad de múltiples estadísticas e información relativa al presupuesto, la selección y remoción de magistrados y los actos jurisdiccionales. Y es una de las cuatro provincias que publican su Código de Ética.
En segundo lugar se ubica la CABA (54 puntos), luego siguen las provincias de Salta y Neuqúen (49,5) y en quinto lugar Chubut con 49 puntos.
Neuquén sobresale porque es el Poder Judicial con mayor puntaje en la sección relativa a la selección y remoción de magistrados. El sitio web publica una cantidad considerable de información sobre estrategias de capacitación y compras públicas. La web oficial posee información presupuestaria detallada pero no está actualizada: los últimos datos disponibles son de 2012.
Chubut -junto con Formosa- es la única jurisdicción que publica declaraciones juradas de magistrados. Sin embargo, sólo publica una, la de un juez del Superior Tribunal de Justicia. La información presupuestaria y las estadísticas están relativamente completas y es una de las pocas provincias que publica la planificación y la ejecución anual de compras.
