El paquete de medidas económicas anunciado la semana pasada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la Asamblea Nacional, como rendición de la Memoria y Cuenta de lo hecho y por hacer por el gobierno, contienen las latencias de un sistema político y una economía en plena y dramática transición.
En esa estricta medida, los anuncios reflejaron la realidad de la misma manera que un estado febril lo hace con una infección cualquiera.
De los 18 anuncios, ocho informan de fusiones de ministerios, programas y anulación de organismos con sus respectivos traslados, cambios, remoción o nombramientos de funcionarios. Dos intentarán controlar el circulante de la divisa internacional y su precio oficial en el mercado (dólar a 6,30 durante todo 2014, y una Ley contra Ilícitos cambiaros). Otras dos medidas podrían incidir en la distribución comercial (la tasa de ganancia máxima comercial será del 30%, y habrá un Plan Nacional de Importaciones). El resto es complemento, o declaraciones generales para recomponer las relaciones cortadas con Washington, invocar el desarme contra la delincuencia y vigilar la programación televisiva que induce a la violencia.
Las medidas tomadas son, al rentismo petrolero, lo mismo que un empaste dental a una dentadura seriamente cariada.
Las reacciones sociales fueron tan inevitables como sorprendentes. Los críticos de la derecha opinan lo mismo que muchos chavistas, aunque motivados por razones y una moral opuestas. Mientras la oposición burguesa denunció la devaluación con una mano, con la otra se fue al banco o al mercado cambiario a vender o comprar fuertes sumas de divisas. La crítica dentro de los movimientos bolivarianos, en cambio, se basa en algo más simple y más humano: su salario valdrá menos y su nivel de vida se limitará más.
Sin duda, algunas de las medidas anunciadas por Maduro afectarán focos ubicados en el tejido financiero y comercial, pero sin atacar sus raíces más profundas.
El buen propósito de fijar una tasa máxima de beneficio del 30% se basa en una premisa falsa: suponer que el precio y la ganancia se determinan en la distribución y en las leyes. Excepto por vías militares que no están en la agenda, eso es imposible en una economía de puertos basada en una renta petrolera que se factura en el mercado mundial.
El anuncio no contempla un plan de emergencia, realmente de emergencia, para convertir, con métodos revolucionarios, en eficientes y productivas, a las 44 empresas de alimentación y bienes ligeros que el Estado administra. Un plan de ese carácter urgente debería poner fecha límite obligatoria a las gigantes industrias básicas del hierro, el acero, el aluminio, la electricidad, el gas, el oro y la bauxita, para que se conviertan en productivas con alta tasa de competitividad en el mercado mundial.
Esta falencia produce el desvío tecnicista y administrativo de un paquete de medidas cuyas partes separadas pueden ser consideradas correctas, pero dejan de ser correctas cuando las sometemos a una visión sistémica y a una estrategia ofensiva, como exige el Programa de la Patria.
Uno de los resultados inevitables en estas fusiones, traslados y enroques, es la multiplicación del aparato de administración, en vez de su reducción a favor de la producción autoadministrada socialmente, como indicó el Comandante-Presidente en su último mandato programático, el Golpe de Timón, siguiendo las indicaciones teóricas de Ítzvan Mészáros.
Sobre 29 Ministerios actuarán 111 Vice-ministros, para un país de escasos 30 millones de habitantes y una economía pequeña, de baja calidad en servicios, dentro de un millón de kilómetros cuadrados. Suena desproporcionado. Casi como el reflejo en las alturas del rediseño operativo que viven los nuevos lobbies post-Chávez.
A tres bandas. Las medidas contemplan tres bandas cambiarias “oficialmente” (6,3, 11,30 y 70), aunque en la realidad se multiplicarán según el segmento y la oportunidad comercial. Los precios de consumo masivo estarán determinados por ese dato clave de la dinámica económica y perforará las bandas cambiarias “oficiales” y la tasa máxima del 30% en la ganancia comercial.
Desde que el dólar desplazó al oro y la libra, es una lección aprendida que distintas bandas cambiarias generan una dinámica devaluatoria, y a la postre, inflacionista. En las economías capitalistas el control de ese mecanismo está por fuera del poder político.
El gobierno aspira frenar la evasión de 1.500 millones de dólares este año por concepto de “turismo cambiario”. Este sector especulativo del comercio y las finanzas fugó a cuentas privadas alrededor de 8.633 millones de dólares durante el año 2013. De hecho, se transformó en una fuente de acumulación de capital paralelo y sin control fiscal, para una capa alta de la nueva clase media chavista y antichavista.
El mecanismo fue simple. Más de 100 mil venezolanos viajaron a Miami, Panamá, Costa Rica, Aruba, Curazao o Perú. A Buenos Aires, más lejana y más cara, sólo arribaron unos 1.300 elementos de esta especie de usufructuarios indebidos de la renta petrolera. Lima se transformó en la capital del negocio cambiario venezolano. Hasta octubre de 2012, unos 80 mil llegaron a esa ciudad para “raspar la tarjeta” y obtener sumas de dólares otorgados por Cadivi a 6,30 bolívares para turismo. Al volver a Venezuela, los mismos billetes verdes los cambian por 60, 70 y 80 bolívares. Esta renta especulativa de alta gama se convierte en autos, celulares, computadoras, electrodomésticos, comida cara, nuevos viajes, ropa de marca, o propiedades inmobiliarias, todo importado, presionando la inflación hacia arriba.
Con las nuevas medidas monetarias, los “turistas cambiarios” recibirán 3.000 dólares por año, en vez de los 3.900 anteriores. Además, el cambio será a 11,30 Bs. por dólar, o sea, deberá pagar casi al doble.
Una de las preocupaciones más sentidas entre los movimientos del chavismo es la contradicción entre estas medidas de recuperación de la renta, apoyables según el caso, y los 22.000 millones de dólares fugados desde el Banco Central y Cadivi a la banca comercial entre marzo de 2011 y enero de 2013, según registró la ex ministra Edmé Betancourt. Tampoco entienden que la fusión de varios organismos financieros y de comercio exterior en un solo Ministerio, haya sacrificado el retiro de Eduardo Samán, el funcionario más eficaz y más popular, cuyos resultados contra la especulación, la corrupción y la estafa comercial, le granjearon el odio de toda la clase capitalista y las multinacionales.
El informe presentado por el mandatario bolivariano a la Asamblea Nacional también contuvo las principales señales de una batalla, que por su naturaleza capitalista, tiene escala internacional. La corrida provocada por las consultoras de inversión “y riesgo” en seis de las llamadas “economías emergentes”, es casi una confesión de parte que releva cualquier prueba. ¿Cómo es que una devaluación del 100% en Argentina, dentro de variables macroeconómicas relativamente estables, es usada para desmadrar mercados, mientras que la de Venezuela, del alrededor del 700% no, a pesar de que esta economía está sometida a peores presiones macroeconómicas? En ambos casos, sabiendo que grano no es igual a petróleo, tanto en Venezuela como en Argentina, y así será en otros países, la función es la misma: disciplinar economías y gobiernos al orden internacional de los capitales dominantes.
Esta capacidad reproductiva del capital tuvo en Argentina y Venezuela dos manifestaciones grotescas recientes. En los próximos meses y años veremos aparecer lo mismo, bajo otras formas, en otras sociedades.
De la misma manera que un “pescador en río revuelto” sólo puede hacerlo cuando el río está revuelto, un especulador financiero, sea del comercio o las finanzas, sólo puede hacerlo cuando la economía le facilita su parásita tarea. Lo que hagan los organismos gubernamentales puede ser mayor o menor.
