Las complejas condiciones de la borrasca

Por Alejandro Horowicz. Una presidenta que enfrenta la segunda mitad de su segundo mandato no sólo debe cuerpear con la oposición sino con su propia tropa.
La borrasca no amaina. En tiempos de borrasca, se sabe, la firmeza con que se sostiene el timón no es menos importante que el rumbo. La pericia del piloto pasa por equilibrar ambos términos: asegurar el rumbo no supone avanzar en línea recta, y conviene recordar que la fuerza de la borrasca forma parte de la posibilidad misma de dejarla atrás. En ese punto estamos.
Un dato clave, la borrasca, de no ser capeada se llevaría puesto al oficialismo, pero además se transformaría en crisis general del partido del Estado. El orden político existente tocaría a su fin, y otra operación de saqueo generalizado –como la que se desarrolló entre 2001 y el 2003– sería posible. Es un escenario sencillamente apocalíptico y nadie en sus cabales puede desear semejante cosa. Pero una cosa es la razonabilidad, y otra el ingobernable deseo realmente existente: nadie ignora que esa voluntad existe y atraviesa parte de la sociedad argentina.
Miremos los números. Para una mayoría estadística, 51,7 según el Ceop, el comportamiento del gobierno nacional frente a los fondos buitre es el adecuado, mientras que el 40,9 lo rechaza. No es poco rechazo, si se considera que para los integrantes del bloque de las clases dominantes de la sociedad argentina, la política K frente al juez Griesa resulta inadecuada. Obvio, es un modo muy amable de contarlo. Ellos jamás lo dirían así.
El asunto no deja de ser curioso. Las condiciones en que se desenvuelve su existencia, al menos partiendo de los indicadores objetivos, si bien en términos relativos no se ha modificado –ocupan en las distribución del ingreso nacional una posición similar a la de los ’90– el sostenido crecimiento del producto bruto incrementó su consumo directo; de modo que los trepadores de la pirámide social se vieron muy razonablemente favorecidos por el crecimiento a tasa china, y más importante aún, el horizonte de los consumos valorados –la cultura que pone el automóvil en el centro de la vida civilizada– no se ha modificado un ápice. Esa pareciera la contradicción relevante: un mundo donde el confort está más ligado al consumo dispendioso, sin la menor consideración por el hábitat compartido, que a un uso más amable de los recursos no renovables, sigue siendo el máximo objetivo existencial. Es decir, la tendencia global se replica sin matices relevantes en la Argentina.
Convengamos que no se trata de un dato novedoso. El rechazo del universo cacerolero se remonta a 2008, y más allá de su oscilación circunstanciada, nos recuerda que ese corte no pareciera susceptible de modificación. Vino para quedarse, y no hay estrategia discursiva que permita transformar esa estructura de sentimientos. Por eso, no sólo se trata de consumir como siempre; la seguridad, la valoración de la seguridad, está estrechamente ligada a disfrutar de esos consumos, sin tener que tolerar que la envidia de los que no pueden acceder se transforme en arrebatiña.
Claro que la borrasca tiene un parapeto temporal: el Mundial, el desempeño del equipo argentino en Brasil. Para el 85% de los argentinos, más allá del resultado frente a la Selección Alemana, disputar la final en el Maracaná es un logro restallante. Comparto la evaluación. El resultado del fútbol condiciona el clima político; no da igual festejar otra victoria que disfrutar el subcampeonato del mundo. Eso si, el nacionalismo futbolero viene alcanzando la mayoría de sus patéticos objetivos, desde el momento en que la Selección Brasileña volvió a trastabillar frente a la holandesa. Por eso, si los hados inescrutables iluminaran a Messi, y el resto del equipo sostuviera su máximo nivel de juego, el lunes de Cristina Fernández sería mucho más amable que el miércoles pasado. No terminó siendo así.
Conviene no equivocarse. La situación de Amado Boudou no cambia, pero el clima sí. Y un cambio de clima supone una variación sustantiva del costo político de cada decisión. Una presidenta que enfrenta la segunda mitad de su segundo mandato no sólo debe cuerpear con la oposición sino con su propia tropa. Cristina termina su mandato en 2015, los senadores del oficialismo.
LA IMPORTANCIA DEL BRICS. El encuentro Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al que concurrirá la presidenta, será el escenario privilegiado del rumbo K. Hasta ahora el gobierno nacional viene cosechando apoyo declamativo, se trata de alcanzar ahora las «efectividades conducentes» que reclamaba don Hipólito Yrigoyen. Un mecanismo financiero que impida el temido default. Si el fallo Griesa no se topa con una decisión política mayor, el 30 de julio los fondos buitre obtendrían su bandera de victoria. Ese fallo nos hace saber que el contrato original (el de los títulos defaulteados) resulta inmodificable. Ese planteo jurídico ultraconservador no sólo tira abajo el acuerdo con el 92% de los bonistas, también vuelve materialmente imposible su cumplimiento con los demás. Si alguno de los tenedores de los títulos rechaza el nuevo acuerdo todo se derrumbaría, ya que sus derechos no serían menos legítimos que los protegidos por la Corte de Nueva York.
Entonces, la sentencia incumplible abre paso a un negocio posible. Los rumores sobre una oferta que resuelva la crisis llegaron a la prensa. En la última columna dominical de Joaquín Morales Solá leemos: «Un conocido banco norteamericano está liderando una posible solución al caso de los holdouts. Ofreció comprar por unos 8500 millones de dólares toda la deuda en juicio, que son unos 11.500 millones de dólares. Recibiría bonos que podría colocar al 7 por ciento anual en un mundo con las tasas en el subsuelo.»
Ese es el único modo en que la sentencia Griesa recupera visos de realidad. Un solo tenedor negocia todo el paquete, nadie queda afuera, y por tanto la invalidación del «nuevo acuerdo» resulta imposible. El banco en cuestión no haría esto exactamente a título gratuito. Amén de la jugosa comisión que embolsaría, resuelve una compleja situación jurídica. Es que los beneficiarios del acuerdo anterior, el famoso 92%, abandonarían la vía judicial para recuperar los fondos que el gobierno depositara en un Banco de New York. Recordemos, si bien Griesa no lo embargó, tampoco permitió que el banco pagara. Y los damnificados responsabilizan al banco, situación que lo inquieta de sobremanera.
De modo que dos perspectivas con distinto soporte político permitirían al gobierno capear la borrasca. Una requiere de una compleja ingeniería política financiera donde el BRICS no sólo respalda al gobierno nacional, sino que organiza un instrumento financiero que asume como propia la solución del conflicto con Griesa. Si las críticas al orden financiero global, en particular a su doble rasero, que Vladimir Putin verbalizara en su visita a Buenos Aires, abandonara el universo de las amabilidades diplomáticas, y tuviera consecuencias políticas, esta sería una oportunidad única. No sólo coinciden los tiempos, la multipolaridad requiere nuevos instrumentos, y esta es la posibilidad de darlos a luz.
La segunda vía, en cambio, no sólo contará con el auspicio de la bancocracia global; el 40,9% que rechaza el comportamiento de Cristina ante los fondos buitre será definitivamente feliz. No queda claro cuál será el comportamiento del gobierno; según Morales Solá, la presidenta no decidió. Y difícilmente lo haga antes de que finalice la reunión del BRICS. Lo cierto es que la semana que viene ese dato se despejará, y terminará quedando claro si en medio de la crisis global los nuevos protagonistas hacen valer su lugar en el concierto internacional, o si sencillamente terminarán aceptando sumarse al programa que la bancocracia global tiene en curso.
Para que se entienda. Un deudor hipotecario español que ha perdido su casa, como su valor de mercado sigue siendo inferior al monto que le reclama el banco, tiene que afrontar con el resto de su pago como nueva deuda. En los Estados Unidos, una vez entregada la propiedad finalizaba su responsabilidad legal, en Europa no. A nadie se le escapa que los bancos europeos sanearon sus carteras con fondos públicos, se trata de saber entonces si esa confiscación tiene algún tipo de límite, o si sólo se trata de maximizar las ganancias extraordinarias de los bancos. – <dl

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