Accidentes de trabajo, una tragedia cotidiana poco abordada. La narrativa de Metrogas: naturalizar un hecho social. Evasión de responsabilidades. Cruel aritmética de empresas y Gobierno: sólo los costos importan. Las ART, incumplidoras seriales.
Por Mario Wainfeld
En estos días se ha hablado y escrito mucho sobre Metrogas. Sin embargo muy poco se ha comentado sobre un hecho macabro que involucra a la empresa concesionaria y a una tercerizada que utiliza, como es de rigor, para gambetear responsabilidades económicas y de otro tipo. Hablamos del “accidente” sufrido por tres trabajadores dependientes de Metrogas y de una tercerizada, Inarteco S.A. Se produjo un escape de gas mientras reparaban un caño en el barrio de Barracas de la Capital. Dos laburantes fallecieron: se conoce el nombre de uno, Carlos Porris. Un compañero está grave, con pronóstico reservado, internado en terapia intensiva del Hospital Argerich.
Los operarios no contaban con elementos de protección, básicamente máscaras según surge del relato de testigos presenciales, incluyendo a los bomberos y médicos que les prestaron los primeros auxilios. Debatir si ese recaudo es necesario para la labor realizada sería un bizantinismo macabro. La realidad manda: los hechos evidencian que el peligro existía, a nivel terminal. La adopción de medidas de seguridad y el equipamiento a las víctimas eran, entonces, forzosos.
El vocero de Metrogas, Rafael Rodríguez Roda, aseguró que el escape ocurrió cuando los operarios hacían “un trabajo de rutina en un caño de baja presión, de 20 pulgadas y se intoxicaron (…) todavía no se sabe el motivo exacto del accidente. Realmente desconozco las causas, sí que fue un escape importante de gas. Los operarios se encontraban en un pozo y por eso se intoxicaron” cerró Martínez Roda su cadena de causalidad. Le falta algo: se intoxicaron porque se produjo el escape y no tenían las protecciones impuestas por ley. En la narrativa patronal los accidentes se parangonan a hechos de la naturaleza, como un tsunami o la caída del rayo. Minga de hacerse cargo de la prevención… ocurrió una desgracia y a seguir fatigando despachos de funcionarios y legisladores para hacer lobby por las tarifas.
– – –
La maraña legal-judicial: La semana pasada, por motivos coyunturales, se habló en esta columna sobre el derecho laboral, su tutela, los tribunales que deberían impartir “justicia” al respecto. Vale la pena retomarla, con la tragedia a la vista.
Las familias de las víctimas tienen derecho a una indemnización. La normativa de accidentes de trabajo estipula compensaciones “tarifadas” que deberían pagar las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Su nombre lo indica: son compañías de seguros, vinculadas contractualmente con las empresas, sin lazo directo con los trabajadores.
Si las víctimas no se conformaran con las compensaciones prefijadas, pueden optar por una acción alternativa, de exigencias probatorias más severas. Los pleitos respectivos son eternos, abogados laboralistas consultados para esta nota acercan datos llamativos. En la Ciudad Autónoma un pleito puede durar entre tres y cinco años. El Código de procedimientos de Santa Fe impone que las audiencias se fijen, máximo, a los treinta días de presentada la demanda. En muchos juzgados se tardan diez u once meses hasta ese trámite, apenas el puntapié inicial.
La eternización funciona como un recurso de los deudores (empleadoras y ART) para chantajear a los damnificados. El capital especula con las demoras, las familias de trabajadores o ellos mismos (si sobreviven con incapacidades) tienen otras urgencias.
Si, pese a todo, se resuelven a pleitear el Jefe de Gabinete Marcos Peña se condolerá por “el aumento de la litigiosidad”. Hablará de ella en abstracto sin sopesar los intereses y derechos en juego. Cualquier dirigente empresario, de UIA o AEA clamará contra “la industria del juicio”. El abogado y gerente Daniel Funes de Rioja de COPAL es un especialista en esos denuestos y omisiones ruines.
Los tribunales de Trabajo de Capital y provincia de Buenos Aires (se habla de ellos por ser los que conoce algo el cronista, seguramente ocurrirá lo mismo en otros distritos) están colapsados. Los porteños escapan a la esfera de interés de la Corte Suprema, les faltan insumos básicos y un buen sistema informático. El presidente del Tribunal, Ricardo Lorenzetti, los dotó de uno, muy oneroso y disfuncional, el Lex 100, importado de España.
– – –
Buena y mala prensa: El abogado Eduardo Di Mezio escribió hace años que las muertes con motivo u ocasión del trabajo equivalen a cinco Cromañones por año. La proporción puede haber variado algo, pero el concepto sigue vigente. La terrible contabilidad es incompleta porque no computa las enfermedades, heridas, mutilaciones o muertes de los informales, último orejón del tarro de la clase trabajadora.
La Superintendencia de Riesgos de Trabajo publicó recientemente en su resolución 270 un listado de sanciones por “reincidencias” de las ART impuestas durante el gobierno anterior. Los incumplimientos, repetidos, son violaciones a la Ley de Riesgos de Trabajo. Mezio (a quien se agradece la información) calcula que fueron 5,87 incumplimientos diarios probados en 2013 y 7,84 en 2014. Esas cifras no entran en la aritmética del gobierno, la UIA y la AEA.
Las ART, incumplidoras seriales, son buenas auspiciantes en los medios e integran las corporaciones patronales, Unión Industrial Argentina (UIA) y Asociación Empresaria Argentina (AEA). No es el caso de los proletarios accidentados. Las coberturas periodísticas ponen en primer plano a la ecuación financiera de las empresas y relegan los siniestros a una crónica de sociedad, sin culpables.
La abogada y doctora en Sociología Irene Vasilachis de Gialdino investiga hace tiempo el lenguaje periodístico vinculado al mundo del trabajo. Registró que el relato sobre los accidentes se centra en las empresas y abusa, concordancia oscura, de la metáfora natural. “Olas” o “mareas de juicios”, peligro para los demás trabajadores si se abonan indemnizaciones dignas.
Una mitología extendida alerta sobre quiebras en cadena de pequeñas y medianas empresas (Pymes) devastadas por indemnizaciones faraónicas. Pueden haber sucedido situaciones así, que serían deplorables. No hay evidencia empírica de que hayan abundado.
La historia nacional es instructiva. La suerte general y promedio de las Pymes no dependió mayormente de las peripecias de la jurisprudencia laboral sino de las tendencias generales de la economía. En tiempos de bonanza económica o de gobiernos populares coherentes como el kirchnerista les fue mayormente bien. Y en épocas de ajuste o políticas neoconservadoras como la actual anduvieron peor.
– – –
Distintas varas: Cuando se producen tragedias que inculpan al estado o a funcionarios, se predica que “la corrupción mata”. Es una consigna potente, a menudo adecuada. Se escucha menos señalar que el capitalismo salvaje y sin controles estatales también mata, por acción u omisión.
Vivimos tiempos enardecidos en los que se clama, desde distintos púlpitos, por encarcelar a muchísimas personas. El Código Penal sanciona con prisión a quienes “por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte”. O las lesiones, en otro caso. Convocamos a quienes lean estas notas a averiguar cuántos empresarios han sido procesados o condenados por esos delitos de sangre. El conteo del cronista arroja pocos casos, por ahí ninguno. Se acepta información en contrario, si la hay.
– – –
Cenicientas y dolor social: La mirada periodística se suele @r con Comodoro Py o la Corte Suprema. La Reforma Judicial del kirchnerismo adoleció de ese vicio: se centró en la superestructura del Poder Judicial, olvidándose del real sujeto de derecho de la “administración de Justicia”. Son las personas de a pie, los litigantes de causas no siempre resonantes. Los que van, acaso, una sola vez en la vida a los tribunales, en trances determinantes. Les espera, en promedio, un discurrir kafkiano de los tiempos, pésima atención (de todo hay excepciones meritorias, desde ya), amansadoras sin espacios dignos para sentarse o baños limpios.
Los tribunales del Trabajo acostumbran ser la Cenicienta del Poder Judicial. Y los accidentes están ausentes o muy subestimados en la agenda de la Corte, los medios y demasiado usualmente, de la dirigencia sindical. Claro que hay ramas de actividad con mucha accidentalidad, cuyos gremios activan y protegen. Pero la media es bien otra: ninguna huelga ni discurso público de los últimos años incluyeron el problema en su pliego de demandas.
La tragedia social se expresa en muertes y daños en la salud casi siempre evitables. Tiene raíces hondas y data de mucho tiempo atrás: no es consecuencia de las políticas del presidente Mauricio Macri. Pero un gobierno corpo friendly y una Corte Suprema que da la impresión de irse sesgando en igual sentido tenderán a acentuarlo.
La mera persistencia es cruel e injusta: se expresa en vidas o condiciones de salud arrasadas y una desaprensión extendida que se parece demasiado a la complicidad.
[email protected]
Por Mario Wainfeld
En estos días se ha hablado y escrito mucho sobre Metrogas. Sin embargo muy poco se ha comentado sobre un hecho macabro que involucra a la empresa concesionaria y a una tercerizada que utiliza, como es de rigor, para gambetear responsabilidades económicas y de otro tipo. Hablamos del “accidente” sufrido por tres trabajadores dependientes de Metrogas y de una tercerizada, Inarteco S.A. Se produjo un escape de gas mientras reparaban un caño en el barrio de Barracas de la Capital. Dos laburantes fallecieron: se conoce el nombre de uno, Carlos Porris. Un compañero está grave, con pronóstico reservado, internado en terapia intensiva del Hospital Argerich.
Los operarios no contaban con elementos de protección, básicamente máscaras según surge del relato de testigos presenciales, incluyendo a los bomberos y médicos que les prestaron los primeros auxilios. Debatir si ese recaudo es necesario para la labor realizada sería un bizantinismo macabro. La realidad manda: los hechos evidencian que el peligro existía, a nivel terminal. La adopción de medidas de seguridad y el equipamiento a las víctimas eran, entonces, forzosos.
El vocero de Metrogas, Rafael Rodríguez Roda, aseguró que el escape ocurrió cuando los operarios hacían “un trabajo de rutina en un caño de baja presión, de 20 pulgadas y se intoxicaron (…) todavía no se sabe el motivo exacto del accidente. Realmente desconozco las causas, sí que fue un escape importante de gas. Los operarios se encontraban en un pozo y por eso se intoxicaron” cerró Martínez Roda su cadena de causalidad. Le falta algo: se intoxicaron porque se produjo el escape y no tenían las protecciones impuestas por ley. En la narrativa patronal los accidentes se parangonan a hechos de la naturaleza, como un tsunami o la caída del rayo. Minga de hacerse cargo de la prevención… ocurrió una desgracia y a seguir fatigando despachos de funcionarios y legisladores para hacer lobby por las tarifas.
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La maraña legal-judicial: La semana pasada, por motivos coyunturales, se habló en esta columna sobre el derecho laboral, su tutela, los tribunales que deberían impartir “justicia” al respecto. Vale la pena retomarla, con la tragedia a la vista.
Las familias de las víctimas tienen derecho a una indemnización. La normativa de accidentes de trabajo estipula compensaciones “tarifadas” que deberían pagar las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Su nombre lo indica: son compañías de seguros, vinculadas contractualmente con las empresas, sin lazo directo con los trabajadores.
Si las víctimas no se conformaran con las compensaciones prefijadas, pueden optar por una acción alternativa, de exigencias probatorias más severas. Los pleitos respectivos son eternos, abogados laboralistas consultados para esta nota acercan datos llamativos. En la Ciudad Autónoma un pleito puede durar entre tres y cinco años. El Código de procedimientos de Santa Fe impone que las audiencias se fijen, máximo, a los treinta días de presentada la demanda. En muchos juzgados se tardan diez u once meses hasta ese trámite, apenas el puntapié inicial.
La eternización funciona como un recurso de los deudores (empleadoras y ART) para chantajear a los damnificados. El capital especula con las demoras, las familias de trabajadores o ellos mismos (si sobreviven con incapacidades) tienen otras urgencias.
Si, pese a todo, se resuelven a pleitear el Jefe de Gabinete Marcos Peña se condolerá por “el aumento de la litigiosidad”. Hablará de ella en abstracto sin sopesar los intereses y derechos en juego. Cualquier dirigente empresario, de UIA o AEA clamará contra “la industria del juicio”. El abogado y gerente Daniel Funes de Rioja de COPAL es un especialista en esos denuestos y omisiones ruines.
Los tribunales de Trabajo de Capital y provincia de Buenos Aires (se habla de ellos por ser los que conoce algo el cronista, seguramente ocurrirá lo mismo en otros distritos) están colapsados. Los porteños escapan a la esfera de interés de la Corte Suprema, les faltan insumos básicos y un buen sistema informático. El presidente del Tribunal, Ricardo Lorenzetti, los dotó de uno, muy oneroso y disfuncional, el Lex 100, importado de España.
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Buena y mala prensa: El abogado Eduardo Di Mezio escribió hace años que las muertes con motivo u ocasión del trabajo equivalen a cinco Cromañones por año. La proporción puede haber variado algo, pero el concepto sigue vigente. La terrible contabilidad es incompleta porque no computa las enfermedades, heridas, mutilaciones o muertes de los informales, último orejón del tarro de la clase trabajadora.
La Superintendencia de Riesgos de Trabajo publicó recientemente en su resolución 270 un listado de sanciones por “reincidencias” de las ART impuestas durante el gobierno anterior. Los incumplimientos, repetidos, son violaciones a la Ley de Riesgos de Trabajo. Mezio (a quien se agradece la información) calcula que fueron 5,87 incumplimientos diarios probados en 2013 y 7,84 en 2014. Esas cifras no entran en la aritmética del gobierno, la UIA y la AEA.
Las ART, incumplidoras seriales, son buenas auspiciantes en los medios e integran las corporaciones patronales, Unión Industrial Argentina (UIA) y Asociación Empresaria Argentina (AEA). No es el caso de los proletarios accidentados. Las coberturas periodísticas ponen en primer plano a la ecuación financiera de las empresas y relegan los siniestros a una crónica de sociedad, sin culpables.
La abogada y doctora en Sociología Irene Vasilachis de Gialdino investiga hace tiempo el lenguaje periodístico vinculado al mundo del trabajo. Registró que el relato sobre los accidentes se centra en las empresas y abusa, concordancia oscura, de la metáfora natural. “Olas” o “mareas de juicios”, peligro para los demás trabajadores si se abonan indemnizaciones dignas.
Una mitología extendida alerta sobre quiebras en cadena de pequeñas y medianas empresas (Pymes) devastadas por indemnizaciones faraónicas. Pueden haber sucedido situaciones así, que serían deplorables. No hay evidencia empírica de que hayan abundado.
La historia nacional es instructiva. La suerte general y promedio de las Pymes no dependió mayormente de las peripecias de la jurisprudencia laboral sino de las tendencias generales de la economía. En tiempos de bonanza económica o de gobiernos populares coherentes como el kirchnerista les fue mayormente bien. Y en épocas de ajuste o políticas neoconservadoras como la actual anduvieron peor.
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Distintas varas: Cuando se producen tragedias que inculpan al estado o a funcionarios, se predica que “la corrupción mata”. Es una consigna potente, a menudo adecuada. Se escucha menos señalar que el capitalismo salvaje y sin controles estatales también mata, por acción u omisión.
Vivimos tiempos enardecidos en los que se clama, desde distintos púlpitos, por encarcelar a muchísimas personas. El Código Penal sanciona con prisión a quienes “por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte”. O las lesiones, en otro caso. Convocamos a quienes lean estas notas a averiguar cuántos empresarios han sido procesados o condenados por esos delitos de sangre. El conteo del cronista arroja pocos casos, por ahí ninguno. Se acepta información en contrario, si la hay.
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Cenicientas y dolor social: La mirada periodística se suele @r con Comodoro Py o la Corte Suprema. La Reforma Judicial del kirchnerismo adoleció de ese vicio: se centró en la superestructura del Poder Judicial, olvidándose del real sujeto de derecho de la “administración de Justicia”. Son las personas de a pie, los litigantes de causas no siempre resonantes. Los que van, acaso, una sola vez en la vida a los tribunales, en trances determinantes. Les espera, en promedio, un discurrir kafkiano de los tiempos, pésima atención (de todo hay excepciones meritorias, desde ya), amansadoras sin espacios dignos para sentarse o baños limpios.
Los tribunales del Trabajo acostumbran ser la Cenicienta del Poder Judicial. Y los accidentes están ausentes o muy subestimados en la agenda de la Corte, los medios y demasiado usualmente, de la dirigencia sindical. Claro que hay ramas de actividad con mucha accidentalidad, cuyos gremios activan y protegen. Pero la media es bien otra: ninguna huelga ni discurso público de los últimos años incluyeron el problema en su pliego de demandas.
La tragedia social se expresa en muertes y daños en la salud casi siempre evitables. Tiene raíces hondas y data de mucho tiempo atrás: no es consecuencia de las políticas del presidente Mauricio Macri. Pero un gobierno corpo friendly y una Corte Suprema que da la impresión de irse sesgando en igual sentido tenderán a acentuarlo.
La mera persistencia es cruel e injusta: se expresa en vidas o condiciones de salud arrasadas y una desaprensión extendida que se parece demasiado a la complicidad.
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