La reunión con el Presidente Macri fue una advertencia y una prevención de que el Gobierno Nacional tiene una prioridad que está por encima de los intereses sectoriales: vencer a la inflación en un duro camino de cuatro años.
Se fueron cabizbajos de la reunión del jueves 11 de febrero, supuestamente se presentaron las tres CGT(y representantes elegidos por invitación) todos se retiraron silenciosos y compungidos, con mucho para reflexionar.
Por lo pronto, la iniciativa todavía la tiene el Poder Ejecutivo con su plan contra la inflación, en donde se apuesta en primer lugar a un índice mensual decreciente, y a un conjunto de medidas que ayudarán a que el índice del 2016 se ubique por debajo del 25%, como son la reducción de la emisión monetaria, rebajas impositivas en productos de primera necesidad, la reducción del gasto público, la reforma del régimen de Impuesto a las Ganancias, y aumentos sustantivos de las asignaciones familiares para los trabajadores de menores ingresos y para el Plan Universal, entre otras.
Los líderes sindicales están perplejos ante la imposibilidad de fijar -ni siquiera por consenso- una política salarial uniforme, que les permita mantener el liderazgo del movimiento obrero organizado, de lo que queda de él. Ellos saben de su fragilidad por la falta de un criterio uniforme, por las apetencias de sindicatos fuera de control de niveles superiores al 35% como camioneros, transportistas, docentes, bancarios, aceiteros, entre otros. Las divisiones entre los líderes son tan profundas, que todo hace pensar que el acta del Grupo Castelar ya perdió sus últimas esperanzas de lograr la tan ansiada y mentada unidad.
Ya no quedan dirigentes sindicales pro K, y las CGT se siguen multiplicando. Ya perdí la cuenta de cuantas son. Tenemos como mínimo siete, a saber: 1. Antonio Caló con la CGT Balcarce; 2. Hugo Moyano con la CGT Azopardo; 3. La CGT CATT o Confederación de Trabajadores del Transporte con Maturano (La Fraternidad) y Juan Carlos Schmid (Dragados y Balizamiento); 4. La Agrupación Azul y Blanco de Luis Barrionuevo (gastronómicos); 5. Los Gordos con Armando Cavalieri, Carlos West Ocampo, Héctor Daer, Rodolfo Daer, y otros; 6. los sindicalistas macristas con Gerónimo Benegas a la cabeza; y fuera del escenario: 7. La CTA de Hugo Yasky; 8. La CTA de Pablo Micelli; y 9. Las agrupaciones y centrales de la izquierda más radicalizada con el Partido Obrero, Tupac Amaru de Milagros Sala, el PST, la CCC, el nuevo MAS, el MST, seccionales de ATE, todos cercanos al partido comunista revolucionario.
El silencio de los dirigentes y la aparente paz social que estamos viviendo son sin duda los preparativos de una estrategia de revisión de la operación salarial que sigue siendo monitoreada por el Poder Ejecutivo, hasta ahora, sin hacer concesiones importantes a ninguno de los gremios que más llegada tienen, aún cuando se han deslizado algunas acciones muy sutiles para buscar objetivos que superen los límites oficiales.
La estrategia no será uniforme, y seguramente se dividirá en tres grandes corrientes: los que esperan las iniciativas de los más agresivos, los que estudiarán caminos alternativos, los que se lanzarán a las medidas de fuerza.
El tercer grupo deberá encontrarse con el Ministerio de Trabajo armado de todos los recursos legales para sofrenar estas acciones cuando resulten ilegales, como suele ocurrir con quienes deseen lograr sus objetivos por imperio de la fuerza, con bloqueos sabotajes barricadas y cortes de ruta.
Las acciones comenzarán antes de que finalice febrero con algunos testeos para ver qué hace y cómo enfrenta el nuevo Ministerio de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires los conflictos colectivos, que se producirán por despidos, por suspensiones por falta o disminución de trabajo, por restricciones en las condiciones de trabajo, y finalmente por la lucha por los aumentos de salario de las llamadas paritarias.
La autoridad de aplicación puede rechazar la homologación de los convenios colectivos que considere excesivos, en función del control de oportunidad, que es la atribución del Poder Ejecutivo de evaluar si un determinado acuerdo afecta el bien común y el bienestar general, (art. 4to. Ley 14.250). Es ésta una facultad total y absolutamente discrecional, y está ligada al marco de las decisiones políticas propias del poder administrador.
El ejercicio irrazonable o el abuso del derecho de huelga a través de actos de violencia física contra personas o bienes, o de violencia psicológica contra la misma supervivencia de la empresa, puede habilitar a la imposición de multas que suelen ser gravosas.
También se puede perseguir la suspensión o retiro de la personería gremial cuando se producen actos ilegales reincidentes y no se acatan las medidas dispuestas por la autoridad de aplicación. En pocos días reaparecerá el verdadero accionar sindical que por ahora se mantuvo en una tensa calma, en una tregua de exploración, sin mostrar aún sus verdaderas intenciones.
Se fueron cabizbajos de la reunión del jueves 11 de febrero, supuestamente se presentaron las tres CGT(y representantes elegidos por invitación) todos se retiraron silenciosos y compungidos, con mucho para reflexionar.
Por lo pronto, la iniciativa todavía la tiene el Poder Ejecutivo con su plan contra la inflación, en donde se apuesta en primer lugar a un índice mensual decreciente, y a un conjunto de medidas que ayudarán a que el índice del 2016 se ubique por debajo del 25%, como son la reducción de la emisión monetaria, rebajas impositivas en productos de primera necesidad, la reducción del gasto público, la reforma del régimen de Impuesto a las Ganancias, y aumentos sustantivos de las asignaciones familiares para los trabajadores de menores ingresos y para el Plan Universal, entre otras.
Los líderes sindicales están perplejos ante la imposibilidad de fijar -ni siquiera por consenso- una política salarial uniforme, que les permita mantener el liderazgo del movimiento obrero organizado, de lo que queda de él. Ellos saben de su fragilidad por la falta de un criterio uniforme, por las apetencias de sindicatos fuera de control de niveles superiores al 35% como camioneros, transportistas, docentes, bancarios, aceiteros, entre otros. Las divisiones entre los líderes son tan profundas, que todo hace pensar que el acta del Grupo Castelar ya perdió sus últimas esperanzas de lograr la tan ansiada y mentada unidad.
Ya no quedan dirigentes sindicales pro K, y las CGT se siguen multiplicando. Ya perdí la cuenta de cuantas son. Tenemos como mínimo siete, a saber: 1. Antonio Caló con la CGT Balcarce; 2. Hugo Moyano con la CGT Azopardo; 3. La CGT CATT o Confederación de Trabajadores del Transporte con Maturano (La Fraternidad) y Juan Carlos Schmid (Dragados y Balizamiento); 4. La Agrupación Azul y Blanco de Luis Barrionuevo (gastronómicos); 5. Los Gordos con Armando Cavalieri, Carlos West Ocampo, Héctor Daer, Rodolfo Daer, y otros; 6. los sindicalistas macristas con Gerónimo Benegas a la cabeza; y fuera del escenario: 7. La CTA de Hugo Yasky; 8. La CTA de Pablo Micelli; y 9. Las agrupaciones y centrales de la izquierda más radicalizada con el Partido Obrero, Tupac Amaru de Milagros Sala, el PST, la CCC, el nuevo MAS, el MST, seccionales de ATE, todos cercanos al partido comunista revolucionario.
El silencio de los dirigentes y la aparente paz social que estamos viviendo son sin duda los preparativos de una estrategia de revisión de la operación salarial que sigue siendo monitoreada por el Poder Ejecutivo, hasta ahora, sin hacer concesiones importantes a ninguno de los gremios que más llegada tienen, aún cuando se han deslizado algunas acciones muy sutiles para buscar objetivos que superen los límites oficiales.
La estrategia no será uniforme, y seguramente se dividirá en tres grandes corrientes: los que esperan las iniciativas de los más agresivos, los que estudiarán caminos alternativos, los que se lanzarán a las medidas de fuerza.
El tercer grupo deberá encontrarse con el Ministerio de Trabajo armado de todos los recursos legales para sofrenar estas acciones cuando resulten ilegales, como suele ocurrir con quienes deseen lograr sus objetivos por imperio de la fuerza, con bloqueos sabotajes barricadas y cortes de ruta.
Las acciones comenzarán antes de que finalice febrero con algunos testeos para ver qué hace y cómo enfrenta el nuevo Ministerio de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires los conflictos colectivos, que se producirán por despidos, por suspensiones por falta o disminución de trabajo, por restricciones en las condiciones de trabajo, y finalmente por la lucha por los aumentos de salario de las llamadas paritarias.
La autoridad de aplicación puede rechazar la homologación de los convenios colectivos que considere excesivos, en función del control de oportunidad, que es la atribución del Poder Ejecutivo de evaluar si un determinado acuerdo afecta el bien común y el bienestar general, (art. 4to. Ley 14.250). Es ésta una facultad total y absolutamente discrecional, y está ligada al marco de las decisiones políticas propias del poder administrador.
El ejercicio irrazonable o el abuso del derecho de huelga a través de actos de violencia física contra personas o bienes, o de violencia psicológica contra la misma supervivencia de la empresa, puede habilitar a la imposición de multas que suelen ser gravosas.
También se puede perseguir la suspensión o retiro de la personería gremial cuando se producen actos ilegales reincidentes y no se acatan las medidas dispuestas por la autoridad de aplicación. En pocos días reaparecerá el verdadero accionar sindical que por ahora se mantuvo en una tensa calma, en una tregua de exploración, sin mostrar aún sus verdaderas intenciones.
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