Lionel Martín: “El nuevo marco convergente no puede retroceder ni medio centímetro en los derechos que teníamos en la ley anterior”
Fibra dialogó con Lionel Martín, integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)Radio Sur, con el objetivo de conocer cómo impactan las nuevas políticas relacionadas con comunicaciones y medios en el sector de los medios comunitarios.
Por Agustina Guido.
El 2016 se presenta como un año de cambios trascendentales para el sector de las comunicaciones y los medios. A finales del año pasado, el gobierno de Mauricio Macri introdujo modificaciones en la normativa que regula estos sectores y, desde principios de 2016, se están realizando reuniones con diferentes actores de la sociedad civil para la redacción de la nueva Ley de Comunicaciones. Esta normativa reemplazaría a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada durante la gestión anterior.
A su vez, la semana pasada el gobierno estableció nuevos criterios para la distribución de la pauta oficial que impactan de manera diferente en los distintos medios de comunicación. Algunas de estas nuevas disposiciones son la circulación o audiencia de medios, la pertinencia o especialización del mensaje, la zona geográfica, el fomento del federalismo y la “pluralidad de voces”.
Revista Fibra dialogó con Lionel Martín, integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y Radio Sur, con el objetivo de conocer cómo impactan estas nuevas políticas en los medios comunitarios y la situación general del sector.
Hace unos días el gobierno estableció nuevos criterios para la distribución de la pauta oficial, ¿cómo impacta esto en los medios comunitarios, especialmente en las radios comunitarias?
El sector de medios comunitarios en general estaba bastante marginado de la pauta oficial, primero por la arbitrariedad con la que se fija la misma y segundo porque la mayoría de los medios o radios comunitarias del país no cuentan con una licencia de radiodifusión.
En este sentido, no se avanzó aún para constituir ese 33 por ciento que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual solicita. Con lo cual también ahí hay un tema por resolver.
Hay que ver ahora, más allá de esos principios sancionados para distribuir la pauta oficial, qué actitud se toma. Por ejemplo, el rating es un criterio que, si hay concentración en un mercado audiovisual, reproduce esa concentración. Es un criterio bastante fuerte que tiene en particular la administración de Cambiemos tanto para este tema como para otros en general. Eso nos preocupa un poco.
Por otro lado, hay también una incorporación de atender a la diversidad que creemos que eso en buena medida trata de generar algún puente para el sector comunitario, pero ahí habría que ver bien cuáles son los requisitos para que las radios puedan acceder a la pauta… cómo se baja a la realidad, teniendo en cuenta además la burocracia administrativa. Por ejemplo, si las radios empadronadas y reconocidas como comunitarias pueden acceder a esa pauta o no.
El criterio del rating no nos parece una buena determinación. Tampoco el sector de medios comunitarios está pidiendo que se le dé lo que se le dá a los demás medios que, indudablemente, tienen mayor audiencia. Pero sí tratar de llegar a un mecanismo que de alguna manera pueda redistribuir recursos para tratar de generar esa diversidad más en concreto.
A su vez, es importante que las radios sin fines de lucro, comunitarias, también sean consideradas parte de esa “diversidad” necesaria.
¿Por qué hay radios que no tienen licencia?
En los distintos gobiernos hubo tandas donde se dieron autorizaciones precarias a las radios que tenían más de 10 años de antigüedad. A partir de la Ley de Medios, se establecieron mecanismos para poder convertir esas autorizaciones precarias preexistentes en una licencia. Esas radios son las más antiguas, con mayor recorrido, mayor capacidad de gestión y cobertura legal.
Para las radios sin fines de lucro de los centros urbanos que tienen menos antigüedad, no se abrieron llamados a concursos desde que se sancionó la ley. Son zonas de conflicto porque hay una saturación del espectro radioeléctrico. Ahí hay un posible cuello de botella salvo que, por alguna disposición o decisión administrativa, la actual gestión establezca que las radios empadronadas también puedan acceder. Hasta el momento, el Estado no generó el espacio para que podamos ingresar.
A su vez, hay que ver si la implementación de la pauta con esos criterios que se establecieron fija un criterio restrictivo respecto de la cuestión de poseer licencia o no. También depende de la voluntad política de la administración buscarle “la vuelta” dentro del marco legal.
¿En qué estado se encuentra el reclamo ante el gobierno por los FOMECA adeudados?
La nueva administración del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) congeló todos los desembolsos que se adeudaban de 2015 y la aplicación del programa con el fin de realizar una auditoría caso por caso, según nos informaron las autoridades. Esto demora mucho tiempo ya que no se auditan casos al azar, como suele hacerse generalmente.
Tuvimos una reunión con representantes del ENACOM y nos dijeron que van a empezar a pagar escalonadamente las distintas líneas a medida que sean resueltas las auditorías. Creemos que van a empezar a pagar la última semana de septiembre.
En cuanto a los FOMECA 2016, todavía no se llamó a concurso para las diferentes líneas. Todo indicaría que van a salir a la brevedad, entendemos que en el transcurso de este mes. Esperemos que se pueda ejecutar lo antes posible porque todo eso lleva pasos administrativos lógicos.
¿Fueron convocados a las reuniones de la comisión redactora de la nueva ley de comunicaciones? ¿Cuáles son los aportes desde el sector?
Algunas redes fueron convocadas, no es el caso de AMARC. Nosotros vemos que en esos 17 puntos que se publicaron hay un tema principal que es que se parte de la base de que no hay concentración de medios o, si existe, que eso no sea visto como un problema. Esto iría en contra de toda la jurisprudencia o la doctrina de los derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Y, por otra parte, hay que ver cómo se caracteriza a los medios sin fines de lucro. Si son medios que están en los lugares alejados, marginales geográficamente, alejados de las ciudades donde no compiten con el mercado o si es algo que vas más allá de eso e incluye a radios de pueblos originarios, comunidades indígenas, radios de pequeñas localidades y también en las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba, etc. Las radios sin fines de lucro representan otra forma de hacer comunicación colectiva, con otros fines, con el fin del derecho a la comunicación y no con el objetivo de ganar dinero, que es lo que hacen las empresas de comunicación.
El paradigma del derecho a la comunicación debe ser defendido a rajatabla en esta discusión, parece algo abstracto pero puede tener implicancias reales como cuál va a ser la potencia para un medio sin fines de lucro, por ejemplo.
Estamos en otro estadío donde hay un mayor reconocimiento del derecho a la comunicación. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se realizó en abril, el gobierno nacional tuvo que hacer algunos acuerdos, por ejemplo, la no regresión en materia de derechos humanos, con lo cual para nosotros eso quiere decir que cualquier nuevo marco convergente no puede retroceder ni medio centímetro en los derechos que teníamos en la ley anterior porque sino se estarían violando compromisos tomados con los organismos internacionales en materia de derechos humanos.
A su vez, un tema que me parece importante mencionar es que algunas modificaciones del decreto que introdujo la nueva administración permiten que cualquier persona con dinero suficiente pueda comprar una radio o un canal de tv. No importa si tiene idoneidad, por ejemplo, y eso en el caso de los medios sin fines de lucro está excluido. Creemos que no tiene que depender de la capacidad económica algo tan vital como el derecho a la comunicación. Nosotros como sector no tenemos posibilidad de que se abran concursos por el espectro pero cualquier persona con plata puede comprar una radio… Ahí el Estado no ve que el espectro es patrimonio de todos los argentinos con lo cual debe administrarlo para garantizar el acceso a él.
Fibra dialogó con Lionel Martín, integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)Radio Sur, con el objetivo de conocer cómo impactan las nuevas políticas relacionadas con comunicaciones y medios en el sector de los medios comunitarios.
Por Agustina Guido.
El 2016 se presenta como un año de cambios trascendentales para el sector de las comunicaciones y los medios. A finales del año pasado, el gobierno de Mauricio Macri introdujo modificaciones en la normativa que regula estos sectores y, desde principios de 2016, se están realizando reuniones con diferentes actores de la sociedad civil para la redacción de la nueva Ley de Comunicaciones. Esta normativa reemplazaría a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada durante la gestión anterior.
A su vez, la semana pasada el gobierno estableció nuevos criterios para la distribución de la pauta oficial que impactan de manera diferente en los distintos medios de comunicación. Algunas de estas nuevas disposiciones son la circulación o audiencia de medios, la pertinencia o especialización del mensaje, la zona geográfica, el fomento del federalismo y la “pluralidad de voces”.
Revista Fibra dialogó con Lionel Martín, integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y Radio Sur, con el objetivo de conocer cómo impactan estas nuevas políticas en los medios comunitarios y la situación general del sector.
Hace unos días el gobierno estableció nuevos criterios para la distribución de la pauta oficial, ¿cómo impacta esto en los medios comunitarios, especialmente en las radios comunitarias?
El sector de medios comunitarios en general estaba bastante marginado de la pauta oficial, primero por la arbitrariedad con la que se fija la misma y segundo porque la mayoría de los medios o radios comunitarias del país no cuentan con una licencia de radiodifusión.
En este sentido, no se avanzó aún para constituir ese 33 por ciento que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual solicita. Con lo cual también ahí hay un tema por resolver.
Hay que ver ahora, más allá de esos principios sancionados para distribuir la pauta oficial, qué actitud se toma. Por ejemplo, el rating es un criterio que, si hay concentración en un mercado audiovisual, reproduce esa concentración. Es un criterio bastante fuerte que tiene en particular la administración de Cambiemos tanto para este tema como para otros en general. Eso nos preocupa un poco.
Por otro lado, hay también una incorporación de atender a la diversidad que creemos que eso en buena medida trata de generar algún puente para el sector comunitario, pero ahí habría que ver bien cuáles son los requisitos para que las radios puedan acceder a la pauta… cómo se baja a la realidad, teniendo en cuenta además la burocracia administrativa. Por ejemplo, si las radios empadronadas y reconocidas como comunitarias pueden acceder a esa pauta o no.
El criterio del rating no nos parece una buena determinación. Tampoco el sector de medios comunitarios está pidiendo que se le dé lo que se le dá a los demás medios que, indudablemente, tienen mayor audiencia. Pero sí tratar de llegar a un mecanismo que de alguna manera pueda redistribuir recursos para tratar de generar esa diversidad más en concreto.
A su vez, es importante que las radios sin fines de lucro, comunitarias, también sean consideradas parte de esa “diversidad” necesaria.
¿Por qué hay radios que no tienen licencia?
En los distintos gobiernos hubo tandas donde se dieron autorizaciones precarias a las radios que tenían más de 10 años de antigüedad. A partir de la Ley de Medios, se establecieron mecanismos para poder convertir esas autorizaciones precarias preexistentes en una licencia. Esas radios son las más antiguas, con mayor recorrido, mayor capacidad de gestión y cobertura legal.
Para las radios sin fines de lucro de los centros urbanos que tienen menos antigüedad, no se abrieron llamados a concursos desde que se sancionó la ley. Son zonas de conflicto porque hay una saturación del espectro radioeléctrico. Ahí hay un posible cuello de botella salvo que, por alguna disposición o decisión administrativa, la actual gestión establezca que las radios empadronadas también puedan acceder. Hasta el momento, el Estado no generó el espacio para que podamos ingresar.
A su vez, hay que ver si la implementación de la pauta con esos criterios que se establecieron fija un criterio restrictivo respecto de la cuestión de poseer licencia o no. También depende de la voluntad política de la administración buscarle “la vuelta” dentro del marco legal.
¿En qué estado se encuentra el reclamo ante el gobierno por los FOMECA adeudados?
La nueva administración del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) congeló todos los desembolsos que se adeudaban de 2015 y la aplicación del programa con el fin de realizar una auditoría caso por caso, según nos informaron las autoridades. Esto demora mucho tiempo ya que no se auditan casos al azar, como suele hacerse generalmente.
Tuvimos una reunión con representantes del ENACOM y nos dijeron que van a empezar a pagar escalonadamente las distintas líneas a medida que sean resueltas las auditorías. Creemos que van a empezar a pagar la última semana de septiembre.
En cuanto a los FOMECA 2016, todavía no se llamó a concurso para las diferentes líneas. Todo indicaría que van a salir a la brevedad, entendemos que en el transcurso de este mes. Esperemos que se pueda ejecutar lo antes posible porque todo eso lleva pasos administrativos lógicos.
¿Fueron convocados a las reuniones de la comisión redactora de la nueva ley de comunicaciones? ¿Cuáles son los aportes desde el sector?
Algunas redes fueron convocadas, no es el caso de AMARC. Nosotros vemos que en esos 17 puntos que se publicaron hay un tema principal que es que se parte de la base de que no hay concentración de medios o, si existe, que eso no sea visto como un problema. Esto iría en contra de toda la jurisprudencia o la doctrina de los derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Y, por otra parte, hay que ver cómo se caracteriza a los medios sin fines de lucro. Si son medios que están en los lugares alejados, marginales geográficamente, alejados de las ciudades donde no compiten con el mercado o si es algo que vas más allá de eso e incluye a radios de pueblos originarios, comunidades indígenas, radios de pequeñas localidades y también en las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba, etc. Las radios sin fines de lucro representan otra forma de hacer comunicación colectiva, con otros fines, con el fin del derecho a la comunicación y no con el objetivo de ganar dinero, que es lo que hacen las empresas de comunicación.
El paradigma del derecho a la comunicación debe ser defendido a rajatabla en esta discusión, parece algo abstracto pero puede tener implicancias reales como cuál va a ser la potencia para un medio sin fines de lucro, por ejemplo.
Estamos en otro estadío donde hay un mayor reconocimiento del derecho a la comunicación. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se realizó en abril, el gobierno nacional tuvo que hacer algunos acuerdos, por ejemplo, la no regresión en materia de derechos humanos, con lo cual para nosotros eso quiere decir que cualquier nuevo marco convergente no puede retroceder ni medio centímetro en los derechos que teníamos en la ley anterior porque sino se estarían violando compromisos tomados con los organismos internacionales en materia de derechos humanos.
A su vez, un tema que me parece importante mencionar es que algunas modificaciones del decreto que introdujo la nueva administración permiten que cualquier persona con dinero suficiente pueda comprar una radio o un canal de tv. No importa si tiene idoneidad, por ejemplo, y eso en el caso de los medios sin fines de lucro está excluido. Creemos que no tiene que depender de la capacidad económica algo tan vital como el derecho a la comunicación. Nosotros como sector no tenemos posibilidad de que se abran concursos por el espectro pero cualquier persona con plata puede comprar una radio… Ahí el Estado no ve que el espectro es patrimonio de todos los argentinos con lo cual debe administrarlo para garantizar el acceso a él.
