Así sea una antigüedad, el dicho le calza redondo, hoy, a las dificultades que el Gobierno enfrenta para poner en caja la inflación. Siempre le faltan cinco para el peso.
Pero es notable el galimatías que el Banco Central armó el martes pasado para reconocer lo mismo, sin reconocerlo del todo. Puso en un parte de prensa: “El BCRA considera que en estas circunstancias el actual nivel de tasa de política monetaria es adecuado para consolidar la desinflación”.
La traducción dice que “estas circunstancias” son, precisamente, algunos precios que todavía siguen aumentando. Y “el actual nivel de tasa de política monetaria es adecuado…” fue su manera de justificar que no hubiese bajado la tasa de interés de las Lebac, el instrumento que usa para atacar el problema.
En el sistema de ideas dominante entre los funcionarios del macrismo no hay regulaciones de precios, y mucho menos controles de precios. Aquellas dificultadas y los costos políticos añadidos explican ciertas novedades incorporadas estos días al ideario cerradamente liberal.
Una fue “acordar” con la industria aceitera topes del 4 o del 6% a los aumentos de agosto y reponer, luego, el subsidio que iba a ser eliminado. Así, sobre la hora, se paró el incremento del 30% que proyectaba aplicar el sector.
Según el INDEC, el precio del aceite subió casi 20% durante el bimestre mayo-junio y según la Dirección de Estadística del Gobierno porteño, 27% desde enero. Esto es, pese al subsidio.
Otra novedad consistió en reprocharles a los supermercados que la metodología “poco transparente” con la que manejan los precios –las promociones, concretamente– descoloca las mediciones del INDEC. En tono muy amable, por cierto.
También bastante ajena al recetario oficial, una más fue “pactar” un congelamiento hasta fin de año en los medicamentos de mayor venta y de venta libre. Y sobre todo el argumento que el Ministerio de Producción sacó a relucir para rebatir planteos de los laboratorios.
Afirman desde la cartera que conduce Francisco Cabrera: “Los laboratorios son formadores de precios. No vamos a aceptar que sólo se comprometan con un precio sugerido porque dicen que no pueden controlar el precio en farmacias”.
Ser formadores de precios es semejante a tener un papel decisivo en la definición del precio final o estar en condiciones de marcarle la cancha al resto de la cadena. No existe ahí ninguna novedad, salvo el lugar donde se originó la explicación.
Si Cabrera quiere explorar ese camino basta que se corra a la Comisión de Defensa de la Competencia que depende de él. Justamente, entre las funciones del organismo figuran sancionar conductas empresarias que traben la competencia, como los cárteles que concertan precios o el muy parecido abuso de posiciones dominantes en los mercados.
Tienen, además, relevamientos de CAME, una entidad que agrupa a empresas pymes, sobre la diferencia entre el precio de las góndolas y el que reciben productores agropecuarios. En promedio, es de 5,4% veces y llega a ser de hasta 12 veces.
De paso, Cabrera es uno de los ministros que no la pasa bien en la Casa Rosada. Se dice: “No logra resultados en la política industrial y comercial, cuando más los necesitamos”.
Abundan ejemplos como el de los medicamentos al interior de otras cadenas. Son parte de un cuadro con complicaciones múltiples, cuya manifestación externa resulta lo más parecido a una economía sin precios o sin precios de contado.
No por conocida deja de ser una rareza que todo el tiempo haya descuentos del 30% e incluso del 50% y que se vendan tres productos al precio de dos o cinco al precio de cuatro. Y también que con una inflación del 40% anual haya financiamiento con tarjetas de crédito de hasta doce cuotas sin interés.
Cualquiera sabe, aunque no sepa cómo, que por algún otro lado se recupera la ganancia supuestamente resignada. Pasa además que como las promociones se aplican sobre los precios de lista y los precios de lista suben, según números del INDEC, también suben los precios con descuento.
Algo similar a eso, aunque no todo eso, le plantearon Cabrera y Alfonso Prat-Gay a los jefes de las grandes cadenas de supermercados. La reunión también pretendió ser una manera de mostrar que al Gobierno le preocupa el alza de los precios.
Frente a una maraña así de expandida, el modelo antiinflacionario del macrismo antepone la política monetaria y las tasas de interés que aprietan la demanda. E, incipientemente, una apertura a las importaciones de bienes de consumo que compiten con producción nacional para frenar los aumentos.
El kirchnerismo había heredado una economía concentrada y su método de desconcentración, si realmente hubo uno, sólo consiguió concentrarla más de lo que ya estaba. Alcanza con ver cómo debajo de la marca insignia de ciertos grupos aparecen las de empresas que ellos fueron absorbiendo, porque sus dueños no tenían espaldas financieras para sobrevivir.
Se supone que ése no es el tipo de competencia que promueve el macrismo.
Economistas de los llamados heterodoxos sostienen que la inflación es un fenómeno que mezcla causas múltiples y que, por lo tanto, las respuestas también deben ser múltiples. Y siempre articuladas dentro de un programa global.
En palabras de uno de ellos: “El proceso es demasiado complejo para el bastante simple remedio antiinflacionario del Gobierno. Y resulta evidente, ya, que allí existe un problema estructural gestado durante años”.
Toca ahora un mensaje optimista y a la vez cauto, que baja desde el Banco Central y circula intramuros de la Casa Rosada.
Cuenta: “En julio los índices vienen bien, muy bien. Pero no queremos ni podemos aflojar hasta estar bien seguros de que la inflación sigue bajando”.
El no queremos aflojar remite a la tasa de interés, y el bien seguros, a un dato fuerte del mensaje: “Nos sorprende que tanto en junio como en julio alimentos está subiendo mucho más que el promedio”.
Finalmente, una apuesta: “El gran debate de los próximos meses va a ser que los operadores se terminen de convencer de que cambió el régimen y de que vamos a bajar la inflación según lo planificado”.
Valdría agregar: que la gente también se convenza, porque mientras el retroceso de los precios no sea percibido de verdad en los bolsillos otras cosas seguirán en lista de espera.
Sin vueltas, lo que está en lista de espera es el consumo y a caballo del consumo, la reactivación de la economía. De eso hablan las fuertes caídas registradas en junio por la industria y la construcción: nada menos que 6,4% y 19,6%, respectivamente, de acuerdo con el propio INDEC.
Por lo mismo, falta que los salarios empiecen a ganarle a la inflación, cosa que con cierta dosis de optimismo algunos economistas proyectan para comienzos de 2017. O sea, en el arranque de un año coloreado claramente por la política electoral.
Pero como lo primero es siempre lo que está primero, ahora la cuestión es cortar el incipiente, si no ya visible, malhumor de la gente. Acicateado encima por el tarifazo al gas y por apurones laborales.
Suele decirse que los gobiernos nuevos tienen 100 días de gracia. El actual lleva arriba de 210, el doble largo.
Pero es notable el galimatías que el Banco Central armó el martes pasado para reconocer lo mismo, sin reconocerlo del todo. Puso en un parte de prensa: “El BCRA considera que en estas circunstancias el actual nivel de tasa de política monetaria es adecuado para consolidar la desinflación”.
La traducción dice que “estas circunstancias” son, precisamente, algunos precios que todavía siguen aumentando. Y “el actual nivel de tasa de política monetaria es adecuado…” fue su manera de justificar que no hubiese bajado la tasa de interés de las Lebac, el instrumento que usa para atacar el problema.
En el sistema de ideas dominante entre los funcionarios del macrismo no hay regulaciones de precios, y mucho menos controles de precios. Aquellas dificultadas y los costos políticos añadidos explican ciertas novedades incorporadas estos días al ideario cerradamente liberal.
Una fue “acordar” con la industria aceitera topes del 4 o del 6% a los aumentos de agosto y reponer, luego, el subsidio que iba a ser eliminado. Así, sobre la hora, se paró el incremento del 30% que proyectaba aplicar el sector.
Según el INDEC, el precio del aceite subió casi 20% durante el bimestre mayo-junio y según la Dirección de Estadística del Gobierno porteño, 27% desde enero. Esto es, pese al subsidio.
Otra novedad consistió en reprocharles a los supermercados que la metodología “poco transparente” con la que manejan los precios –las promociones, concretamente– descoloca las mediciones del INDEC. En tono muy amable, por cierto.
También bastante ajena al recetario oficial, una más fue “pactar” un congelamiento hasta fin de año en los medicamentos de mayor venta y de venta libre. Y sobre todo el argumento que el Ministerio de Producción sacó a relucir para rebatir planteos de los laboratorios.
Afirman desde la cartera que conduce Francisco Cabrera: “Los laboratorios son formadores de precios. No vamos a aceptar que sólo se comprometan con un precio sugerido porque dicen que no pueden controlar el precio en farmacias”.
Ser formadores de precios es semejante a tener un papel decisivo en la definición del precio final o estar en condiciones de marcarle la cancha al resto de la cadena. No existe ahí ninguna novedad, salvo el lugar donde se originó la explicación.
Si Cabrera quiere explorar ese camino basta que se corra a la Comisión de Defensa de la Competencia que depende de él. Justamente, entre las funciones del organismo figuran sancionar conductas empresarias que traben la competencia, como los cárteles que concertan precios o el muy parecido abuso de posiciones dominantes en los mercados.
Tienen, además, relevamientos de CAME, una entidad que agrupa a empresas pymes, sobre la diferencia entre el precio de las góndolas y el que reciben productores agropecuarios. En promedio, es de 5,4% veces y llega a ser de hasta 12 veces.
De paso, Cabrera es uno de los ministros que no la pasa bien en la Casa Rosada. Se dice: “No logra resultados en la política industrial y comercial, cuando más los necesitamos”.
Abundan ejemplos como el de los medicamentos al interior de otras cadenas. Son parte de un cuadro con complicaciones múltiples, cuya manifestación externa resulta lo más parecido a una economía sin precios o sin precios de contado.
No por conocida deja de ser una rareza que todo el tiempo haya descuentos del 30% e incluso del 50% y que se vendan tres productos al precio de dos o cinco al precio de cuatro. Y también que con una inflación del 40% anual haya financiamiento con tarjetas de crédito de hasta doce cuotas sin interés.
Cualquiera sabe, aunque no sepa cómo, que por algún otro lado se recupera la ganancia supuestamente resignada. Pasa además que como las promociones se aplican sobre los precios de lista y los precios de lista suben, según números del INDEC, también suben los precios con descuento.
Algo similar a eso, aunque no todo eso, le plantearon Cabrera y Alfonso Prat-Gay a los jefes de las grandes cadenas de supermercados. La reunión también pretendió ser una manera de mostrar que al Gobierno le preocupa el alza de los precios.
Frente a una maraña así de expandida, el modelo antiinflacionario del macrismo antepone la política monetaria y las tasas de interés que aprietan la demanda. E, incipientemente, una apertura a las importaciones de bienes de consumo que compiten con producción nacional para frenar los aumentos.
El kirchnerismo había heredado una economía concentrada y su método de desconcentración, si realmente hubo uno, sólo consiguió concentrarla más de lo que ya estaba. Alcanza con ver cómo debajo de la marca insignia de ciertos grupos aparecen las de empresas que ellos fueron absorbiendo, porque sus dueños no tenían espaldas financieras para sobrevivir.
Se supone que ése no es el tipo de competencia que promueve el macrismo.
Economistas de los llamados heterodoxos sostienen que la inflación es un fenómeno que mezcla causas múltiples y que, por lo tanto, las respuestas también deben ser múltiples. Y siempre articuladas dentro de un programa global.
En palabras de uno de ellos: “El proceso es demasiado complejo para el bastante simple remedio antiinflacionario del Gobierno. Y resulta evidente, ya, que allí existe un problema estructural gestado durante años”.
Toca ahora un mensaje optimista y a la vez cauto, que baja desde el Banco Central y circula intramuros de la Casa Rosada.
Cuenta: “En julio los índices vienen bien, muy bien. Pero no queremos ni podemos aflojar hasta estar bien seguros de que la inflación sigue bajando”.
El no queremos aflojar remite a la tasa de interés, y el bien seguros, a un dato fuerte del mensaje: “Nos sorprende que tanto en junio como en julio alimentos está subiendo mucho más que el promedio”.
Finalmente, una apuesta: “El gran debate de los próximos meses va a ser que los operadores se terminen de convencer de que cambió el régimen y de que vamos a bajar la inflación según lo planificado”.
Valdría agregar: que la gente también se convenza, porque mientras el retroceso de los precios no sea percibido de verdad en los bolsillos otras cosas seguirán en lista de espera.
Sin vueltas, lo que está en lista de espera es el consumo y a caballo del consumo, la reactivación de la economía. De eso hablan las fuertes caídas registradas en junio por la industria y la construcción: nada menos que 6,4% y 19,6%, respectivamente, de acuerdo con el propio INDEC.
Por lo mismo, falta que los salarios empiecen a ganarle a la inflación, cosa que con cierta dosis de optimismo algunos economistas proyectan para comienzos de 2017. O sea, en el arranque de un año coloreado claramente por la política electoral.
Pero como lo primero es siempre lo que está primero, ahora la cuestión es cortar el incipiente, si no ya visible, malhumor de la gente. Acicateado encima por el tarifazo al gas y por apurones laborales.
Suele decirse que los gobiernos nuevos tienen 100 días de gracia. El actual lleva arriba de 210, el doble largo.
