Alfonso Prat Gay descubrió el filón: está convencido de que cuantas más posturas antagónicas adopte frente al kirchnerismo, mejor predispuesta estará la sociedad para aceptar las malas noticias.
Y, entre las varias chicanas dirigidas a su antecesor, Axel Kicillof, hubo una definición que probablemente sea la que más irrita al gremio de los economistas K: la adopción de una política explícita de «metas de inflación».
¿Qué significa «metas de inflación»?
En pocas palabras, que el Banco Central publica una tasa proyectada o «target» y luego intenta dirigir la suba de precios hacia esa meta propuesta.
Para ello, las otras variables (tasas de interés, crecimiento del PBI, por mencionar algunas) se ajustan y quedan supeditadas a cómo evolucione el índice inflacionario.
El Gobierno define una cifra -por ejemplo 25%- y hace subir o bajar al resto para cumplir con ese objetivo.
Si observa que:
– Hay riesgo de que se sobrepase, entonces trata de enfriar la economía (sube las tasas, modera emisión, etc.).
– Si, en cambio, ve que evoluciona por debajo, apunta a «calentarla» (fogonea el consumo, vuelca más dinero al mercado, induce a una baja en los tipos de interés).
Tabú para el kirchnerismo
Hablar de «metas de inflación» fue casi un tabú para el kirchnerismo.
No por casualidad, una de las frases preferidas de Cristina Kirchner era: «Nosotros no tenemos metas de inflación, lo que tenemos son metas de crecimiento».
La repitió varias veces, incluso en la ceremonia de su reasunción de 2011. No fue, seguramente, el momento más diplomático de la ex mandataria, ya que estaban presentes los presidentes latinoamericanos, casi todos fervientes entusiastas de este sistema en el que las distintas variables quedan supeditadas al índice de precios.
Si bien en la práctica nunca fue confirmada una relación directa entre inflación y crecimiento, lo cierto es que esa frase le dio rédito político a CFK.
¿Por qué? Porque era una forma de justificar que los precios subían como consecuencia de estimular la demanda, favorecer la actividad productiva y, en definitiva, para cumplir con las supuestas «metas de crecimiento».
Los últimos años de mandato de Cristina Kirchner se encargaron de mostrar que eso no fue así: terminó con una inflación alta, cercana al 30%, y con una economía estancada a lo largo de cuatro períodos consecutivos.
Cambio de clima
Quizá sea ese incumplimiento el motivo por el cual el humor social cambió.
Al contrario de lo que la opinión pública estaba dispuesta a creer en los años K, ahora ya no ve a la inflación como un estímulo de crecimiento de la economía.
Tampoco como una forma de inducir a los argentinos a adelantar consumos. Más bien, la percibe como un factor recesivo.
Prat Gay se percató de este nuevo clima y, en consecuencia, no teme a aplicar políticas de shock, contrariamente a lo que sostienen varios analistas.
Mientras sigue festejando como un logro personal la estabilidad alcanzada en el mercado cambiario -tras la liberación del cepo- ahora se anima a predecir una inflación cercana al 25% para este año.
Cuando los periodistas le hacen notar que tal objetivo luce optimista para un país que:
– Arrastra la inercia de 2015
– Acaba de devaluar un 40%
– Aún tiene por delante el «tarifazo»
Prat Gay, lejos de mostrarse cauto, casi que «cancherea» y reacciona sonriendo con suficiencia.
Recuerda que durante su paso por el Banco Central (2003), muchos economistas y funcionarios habían catalogado de «incumplible» su plan para bajar la inflación. Sin embargo, el índice cayó desde un 40% hasta un nivel inferior al 4%.
Más allá de la confianza que se tenga para lograr buenos resultados, el anuncio que realizó en su conferencia de prensa del jueves es, cuanto menos, una apuesta muy arriesgada.
En otro país, fijar «metas de inflación» es visto casi como un acto de rutina. No así en la Argentina. Hasta es un compromiso político asumido con el que está poniendo en juego su reputación como ministro (y eventualmente hasta su cargo).
Si a fin de año el nivel resultase superior a ese 25%, entonces eso le haría pagar un fuerte costo político a él y al Gobierno, que vería herida su credibilidad para los años venideros.
Además, hay otro aspecto clave: con muy pocos dólares líquidos en la caja del Banco Central, esa credibilidad es el principal activo del equipo económico.
Tal es así que el desarme del cepo se dio sin que al día de hoy haya llegado ese total de u$s20.000 a u$s25.000 millones que -según se decía en las semanas previas al levantamiento- se iban a necesitar para desarticularlo.
El Gobierno se «tiró a la pileta» y el agua en fue la confianza del público. La misma confianza que le permite atravesar las turbulencias propias de un sistema de flotación cambiaria como el que ha implementado.
El precio a pagar es la recesión
La pregunta que se hacen en el mercado financiero y en el ámbito político es por qué Prat Gay se muestra tan seguro respecto del cumplimiento de un programa de «metas de inflación».
La respuesta fue insinuada por él mismo: el Gobierno tiene asumido que el 2016 será un año en el que habrá que sacrificar el crecimiento en aras de ordenar «la herencia», bajar el gasto, acomodar las cuentas y eliminar gran cantidad de distorsiones.
En otras palabras, una eventual recesión es el precio a pagar para el cumplimiento de las «metas de inflación».
Para que los precios no suban por encima de ese 25%, será necesaria una estricta disciplina monetaria.
Hasta ahora, la «maquinita» de imprimir billetes del Banco Central funcionaba a destajo, de acuerdo con las necesidades fiscales. En los momentos de aumento del gasto público, las planchas recién impresassalían a «full».
Prat Gay acaba de decir que para cubrir el déficit de 5,8% que heredó de Kicillof, podrá acudir sólo de manera parcial a la ayuda del Banco Central.
El ahorro de 1,5 puntos que vendrá por el tarifazo en electricidad y gas terminará neteándose con el aumento del gasto social y con el costo del alivio en el Impuesto a las Ganancias.
Tampoco podrá contar con el efecto positivo de la devaluación sobre las retenciones a la soja, porque ese dinero extra se neutralizará con lo que deje de recaudarse por haber eliminado las retenciones a los otros cultivos.
De manera que, para cumplir con sus compromisos -y un déficit fiscal previsto de 4,8%-, el Gobierno estará obligado a realizar un gran esfuerzo de recorte del gasto público, más allá de amigarse con los mercados de créditos internacionales.
En definitiva, con un Estado que no contará con gran margen para empujar la economía y con un sector privado que todavía no da señales de invertir fuerte, el camino conduce a un inevitable enfriamiento económico.
El propio Prat Gay lo reconoció tácitamente al afirmar que el campo, principal beneficiado de las primeras medidas, tendrá que esperar hasta el 2017 para tener su ansiado boom productivo, porque para este año «la campaña ya está jugada».
Sembrar ahora, cosechar después
El ministro fue enfático en atribuir el estancamiento de los últimos años a las regulaciones, a la presión impositiva y a un «ahogo» sobre el sector privado generado por el kirchnerismo.
El diagnóstico lleva implícita la visión liberal según la cual, si un gobierno libera las fuerzas productivas, entonces el crecimiento sobrevendrá inevitablemente.
Ese es el credo macrista y ese es el consuelo que anima a los funcionarios que saben que están atravesando el período de comunicar las medidas antipáticas.
Aunque Prat Gay no formuló pronósticos sobre crecimiento del PBI, dio a entender que en 2017-ya con un déficit fiscal achicado al 3% y una inflación «baja» del 17%- la actividad productiva estará gozando de buena salud.
Antes de eso, claro, deberá soportar las chicanas políticas que apuntan a que el plan anunciado por el ministro no es más que la reedición de las viejas recetas ortodoxas, que incluían devaluación, tarifazo, endeudamiento y poda salarial como fórmula para solucionar las crisis.
Por caso, tras la conferencia de prensa, el ex ministro Axel Kicillof, en un lugar privilegiado de la página web personal de Cristina Kirchner, publicó un duro artículo para refutar las acusaciones de Prat Gay:
«Creen que la Argentina tiene que volver a endeudarse en la bicicleta financiera internacional.
Que tiene que volver a las ‘respetables’ recetas del FMI. Que la industria es inevitablemente ineficiente.
Que los salarios son demasiado altos y que el desempleo ‘óptimo’ para que las demandas de los trabajadores no sean excesivas es de dos dígitos.
Que hay que bajar los impuestos a los que más tienen para que ‘inviertan’, porque la oferta es la que impulsa la producción y no la demanda».
Con esas expresiones castigó Kicillof.Y, tras poner en duda los números fiscales enunciados por Prat Gay, negó el argumento de la crisis heredada.
«En lugar de poner sobre blanco y negro sus verdaderos motivos e intereses tienen que inventarse una crisis que todos los argentinos saben que no existe», enfatizó.
Estas acusaciones de Kicillof encuentra terreno fértil para ser bien recibidas por buena parte de la opinión pública.
A fin de cuentas, las malas noticias recién están empezando, y es probable que el malhumor se haga notorio cuando deban negociarse las paritarias.
¿Tiene sentido, desde el punto de vista político, que el macrismo se exponga a estas críticas? La respuesta viene por el lado del «timing».
Evidentemente, en el Gobierno triunfó la línea del «shock» por sobre los partidarios del gradualismo. Y hubo dos poderosos motivos para ello:
• El primero está ligado a la debilidad del macrismo en el Congreso. El Presidente se tomó en serio la vieja recomendación de que todo lo importante debe hacerse en los primeros 100 días, porque luego empieza a perderse el consenso social.
Para un Gobierno en minoría resultaría muy difícil, ya superada esa «luna de miel», anunciar por ejemplo, un tarifazo sin que esto provoque una reacción social negativa.
• El segundo motivo tiene que ver con la forma en que los tiempos de la economía «calzan» con los de la política.
Este año, en el que no hay elecciones, viene bien para soportar el costo de las medidas impopulares.
En cambio, el 2017, según los planes de Prat Gay, será el momento de empezar a cosechar los resultados de haber ordenado la economía.
Si, como se prevé, el año próximo sea de crecimiento fuerte, eso será un argumento de campaña proselitista inmejorable para las elecciones legislativas.
Pero claro, falta transitar lo más difícil. Y, como decía el recordado ilusionista Tu Sam, «puede fallar». Para Prat Gay, llegar o no al 25% de inflación este año será la diferencia entre la gloria o la humillación.
Y, entre las varias chicanas dirigidas a su antecesor, Axel Kicillof, hubo una definición que probablemente sea la que más irrita al gremio de los economistas K: la adopción de una política explícita de «metas de inflación».
¿Qué significa «metas de inflación»?
En pocas palabras, que el Banco Central publica una tasa proyectada o «target» y luego intenta dirigir la suba de precios hacia esa meta propuesta.
Para ello, las otras variables (tasas de interés, crecimiento del PBI, por mencionar algunas) se ajustan y quedan supeditadas a cómo evolucione el índice inflacionario.
El Gobierno define una cifra -por ejemplo 25%- y hace subir o bajar al resto para cumplir con ese objetivo.
Si observa que:
– Hay riesgo de que se sobrepase, entonces trata de enfriar la economía (sube las tasas, modera emisión, etc.).
– Si, en cambio, ve que evoluciona por debajo, apunta a «calentarla» (fogonea el consumo, vuelca más dinero al mercado, induce a una baja en los tipos de interés).
Tabú para el kirchnerismo
Hablar de «metas de inflación» fue casi un tabú para el kirchnerismo.
No por casualidad, una de las frases preferidas de Cristina Kirchner era: «Nosotros no tenemos metas de inflación, lo que tenemos son metas de crecimiento».
La repitió varias veces, incluso en la ceremonia de su reasunción de 2011. No fue, seguramente, el momento más diplomático de la ex mandataria, ya que estaban presentes los presidentes latinoamericanos, casi todos fervientes entusiastas de este sistema en el que las distintas variables quedan supeditadas al índice de precios.
Si bien en la práctica nunca fue confirmada una relación directa entre inflación y crecimiento, lo cierto es que esa frase le dio rédito político a CFK.
¿Por qué? Porque era una forma de justificar que los precios subían como consecuencia de estimular la demanda, favorecer la actividad productiva y, en definitiva, para cumplir con las supuestas «metas de crecimiento».
Los últimos años de mandato de Cristina Kirchner se encargaron de mostrar que eso no fue así: terminó con una inflación alta, cercana al 30%, y con una economía estancada a lo largo de cuatro períodos consecutivos.
Cambio de clima
Quizá sea ese incumplimiento el motivo por el cual el humor social cambió.
Al contrario de lo que la opinión pública estaba dispuesta a creer en los años K, ahora ya no ve a la inflación como un estímulo de crecimiento de la economía.
Tampoco como una forma de inducir a los argentinos a adelantar consumos. Más bien, la percibe como un factor recesivo.
Prat Gay se percató de este nuevo clima y, en consecuencia, no teme a aplicar políticas de shock, contrariamente a lo que sostienen varios analistas.
Mientras sigue festejando como un logro personal la estabilidad alcanzada en el mercado cambiario -tras la liberación del cepo- ahora se anima a predecir una inflación cercana al 25% para este año.
Cuando los periodistas le hacen notar que tal objetivo luce optimista para un país que:
– Arrastra la inercia de 2015
– Acaba de devaluar un 40%
– Aún tiene por delante el «tarifazo»
Prat Gay, lejos de mostrarse cauto, casi que «cancherea» y reacciona sonriendo con suficiencia.
Recuerda que durante su paso por el Banco Central (2003), muchos economistas y funcionarios habían catalogado de «incumplible» su plan para bajar la inflación. Sin embargo, el índice cayó desde un 40% hasta un nivel inferior al 4%.
Más allá de la confianza que se tenga para lograr buenos resultados, el anuncio que realizó en su conferencia de prensa del jueves es, cuanto menos, una apuesta muy arriesgada.
En otro país, fijar «metas de inflación» es visto casi como un acto de rutina. No así en la Argentina. Hasta es un compromiso político asumido con el que está poniendo en juego su reputación como ministro (y eventualmente hasta su cargo).
Si a fin de año el nivel resultase superior a ese 25%, entonces eso le haría pagar un fuerte costo político a él y al Gobierno, que vería herida su credibilidad para los años venideros.
Además, hay otro aspecto clave: con muy pocos dólares líquidos en la caja del Banco Central, esa credibilidad es el principal activo del equipo económico.
Tal es así que el desarme del cepo se dio sin que al día de hoy haya llegado ese total de u$s20.000 a u$s25.000 millones que -según se decía en las semanas previas al levantamiento- se iban a necesitar para desarticularlo.
El Gobierno se «tiró a la pileta» y el agua en fue la confianza del público. La misma confianza que le permite atravesar las turbulencias propias de un sistema de flotación cambiaria como el que ha implementado.
El precio a pagar es la recesión
La pregunta que se hacen en el mercado financiero y en el ámbito político es por qué Prat Gay se muestra tan seguro respecto del cumplimiento de un programa de «metas de inflación».
La respuesta fue insinuada por él mismo: el Gobierno tiene asumido que el 2016 será un año en el que habrá que sacrificar el crecimiento en aras de ordenar «la herencia», bajar el gasto, acomodar las cuentas y eliminar gran cantidad de distorsiones.
En otras palabras, una eventual recesión es el precio a pagar para el cumplimiento de las «metas de inflación».
Para que los precios no suban por encima de ese 25%, será necesaria una estricta disciplina monetaria.
Hasta ahora, la «maquinita» de imprimir billetes del Banco Central funcionaba a destajo, de acuerdo con las necesidades fiscales. En los momentos de aumento del gasto público, las planchas recién impresassalían a «full».
Prat Gay acaba de decir que para cubrir el déficit de 5,8% que heredó de Kicillof, podrá acudir sólo de manera parcial a la ayuda del Banco Central.
El ahorro de 1,5 puntos que vendrá por el tarifazo en electricidad y gas terminará neteándose con el aumento del gasto social y con el costo del alivio en el Impuesto a las Ganancias.
Tampoco podrá contar con el efecto positivo de la devaluación sobre las retenciones a la soja, porque ese dinero extra se neutralizará con lo que deje de recaudarse por haber eliminado las retenciones a los otros cultivos.
De manera que, para cumplir con sus compromisos -y un déficit fiscal previsto de 4,8%-, el Gobierno estará obligado a realizar un gran esfuerzo de recorte del gasto público, más allá de amigarse con los mercados de créditos internacionales.
En definitiva, con un Estado que no contará con gran margen para empujar la economía y con un sector privado que todavía no da señales de invertir fuerte, el camino conduce a un inevitable enfriamiento económico.
El propio Prat Gay lo reconoció tácitamente al afirmar que el campo, principal beneficiado de las primeras medidas, tendrá que esperar hasta el 2017 para tener su ansiado boom productivo, porque para este año «la campaña ya está jugada».
Sembrar ahora, cosechar después
El ministro fue enfático en atribuir el estancamiento de los últimos años a las regulaciones, a la presión impositiva y a un «ahogo» sobre el sector privado generado por el kirchnerismo.
El diagnóstico lleva implícita la visión liberal según la cual, si un gobierno libera las fuerzas productivas, entonces el crecimiento sobrevendrá inevitablemente.
Ese es el credo macrista y ese es el consuelo que anima a los funcionarios que saben que están atravesando el período de comunicar las medidas antipáticas.
Aunque Prat Gay no formuló pronósticos sobre crecimiento del PBI, dio a entender que en 2017-ya con un déficit fiscal achicado al 3% y una inflación «baja» del 17%- la actividad productiva estará gozando de buena salud.
Antes de eso, claro, deberá soportar las chicanas políticas que apuntan a que el plan anunciado por el ministro no es más que la reedición de las viejas recetas ortodoxas, que incluían devaluación, tarifazo, endeudamiento y poda salarial como fórmula para solucionar las crisis.
Por caso, tras la conferencia de prensa, el ex ministro Axel Kicillof, en un lugar privilegiado de la página web personal de Cristina Kirchner, publicó un duro artículo para refutar las acusaciones de Prat Gay:
«Creen que la Argentina tiene que volver a endeudarse en la bicicleta financiera internacional.
Que tiene que volver a las ‘respetables’ recetas del FMI. Que la industria es inevitablemente ineficiente.
Que los salarios son demasiado altos y que el desempleo ‘óptimo’ para que las demandas de los trabajadores no sean excesivas es de dos dígitos.
Que hay que bajar los impuestos a los que más tienen para que ‘inviertan’, porque la oferta es la que impulsa la producción y no la demanda».
Con esas expresiones castigó Kicillof.Y, tras poner en duda los números fiscales enunciados por Prat Gay, negó el argumento de la crisis heredada.
«En lugar de poner sobre blanco y negro sus verdaderos motivos e intereses tienen que inventarse una crisis que todos los argentinos saben que no existe», enfatizó.
Estas acusaciones de Kicillof encuentra terreno fértil para ser bien recibidas por buena parte de la opinión pública.
A fin de cuentas, las malas noticias recién están empezando, y es probable que el malhumor se haga notorio cuando deban negociarse las paritarias.
¿Tiene sentido, desde el punto de vista político, que el macrismo se exponga a estas críticas? La respuesta viene por el lado del «timing».
Evidentemente, en el Gobierno triunfó la línea del «shock» por sobre los partidarios del gradualismo. Y hubo dos poderosos motivos para ello:
• El primero está ligado a la debilidad del macrismo en el Congreso. El Presidente se tomó en serio la vieja recomendación de que todo lo importante debe hacerse en los primeros 100 días, porque luego empieza a perderse el consenso social.
Para un Gobierno en minoría resultaría muy difícil, ya superada esa «luna de miel», anunciar por ejemplo, un tarifazo sin que esto provoque una reacción social negativa.
• El segundo motivo tiene que ver con la forma en que los tiempos de la economía «calzan» con los de la política.
Este año, en el que no hay elecciones, viene bien para soportar el costo de las medidas impopulares.
En cambio, el 2017, según los planes de Prat Gay, será el momento de empezar a cosechar los resultados de haber ordenado la economía.
Si, como se prevé, el año próximo sea de crecimiento fuerte, eso será un argumento de campaña proselitista inmejorable para las elecciones legislativas.
Pero claro, falta transitar lo más difícil. Y, como decía el recordado ilusionista Tu Sam, «puede fallar». Para Prat Gay, llegar o no al 25% de inflación este año será la diferencia entre la gloria o la humillación.
