Reino Unido impulsa en Europa un sistema de intercambio de información tributario como en EE.UU. y la obligación de las empresas de hacer informes fiscales país por país
David Cameron ha decidido hacer de la lucha contra la evasión fiscal uno de los grandes ejes de la actual presidencia británica del G-8. Y quiere arrancar compromisos globales en la materia en la cumbre de jefes de gobierno de las ocho grandes potencias económicas, que tendrá lugar los próximos 17 y 18 de junio en Irlanda del Norte. Los recientes interrogatorios parlamentarios a los máximos ejecutivos de Google en el Reino Unido el jueves pasado y de Apple en el Senado de EE.UU. este mismo martes ponen de relieve el cerco creciente a la agresividad fiscal de grandes empresas multinacionales.
Pero, más allá de la indignación, los expertos insisten en que la estrategia fiscal de empresas como Amazon, Starbucks, Google o Apple –calificadas como «inmorales» por el parlamento británico– señalan sobre todo las incoherencias de las normativas tributarias y las deficiencias de la regulación global de la materia, convertida en un queso de Gruyère por cuyos recovecos muchas compañías, sin vulnerar necesariamente las leyes, reducen su factura fiscal.
«Cumplimos con la ley y con el espíritu de la ley», se defendía, en tono seguro y contundente, Tim Cook, consejero delegado de Apple, ante una comisión de investigación del senado. El presidente de Google, Eric Schmidt, pedía este domingo «avanzar en el debate» y, en un gesto a la defensiva, «reformar el sistema internacional». Google escuchará este miércoles en su conferencia anual, llamada «Google Zeitgeist», al líder laborista británico. Se espera que Ed Miliband les recuerde que «tienen una obligación que va más allá que cumplir con la literalidad de las leyes» y les pida que «no realicen un esfuerzo extraordinario para evitar pagar impuestos». En este creciente clima de rechazo político y social, el gobierno británico parece decidido a promover una reforma de la regulación global.
1. Intercambio de información entre países
En una carta a sus 26 socios en la UE, enviada de cara al Consejo Europeo de este miércoles, Cameron pide el establecimiento de un mecanismo de intercambio de información fiscal entre países comunitarios, similar al que existe ya entre estados en Estados Unidos. Los cinco grandes países de la Unión anunciaban a comienzos de abril la puesta en marcha de un proyecto piloto en ese sentido. Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España dieron el primer paso para intercambiar, de gobierno a gobierno, información sobre movimientos de capitales de sus nacionales en los otros países.
Este flujo de información, que en un futuro podría discurrir de entidad a entidad, está considerado como un elemento clave para desactivar el secreto bancario. Al socaire de esta opacidad prosperan los complejos mecanismos de ingeniería fiscal que, según un informe presentado hoy por la ONG Oxfam, ocultan todavía 9,5 billones de euros en paraísos fiscales europeos. Según los datos de esta organización, en el mundo hay capitales por valor de 14.500 euros depositados en paraísos fiscales. Casi dos tercios estarían en jurisdicciones vinculadas a Europa (citan Luxemburgo, Andorra o Malt), mientras que un tercio se esconde en paraís0s fiscales de soberanía británica [puedes leer aquí cómo justifica Oxfam sus cifras].
Sin embargo, los dos socios europeos que más se benefician del status quo, Austria y Luxemburgo, no parecen dispuestos a permitir que se logren avances reales en el ámbito europeo. Según informa Enrique Serbeto desde Bruselas, los líderes europeos presionarán a Luxemburgo y Austria –únicos países de la UE que mantienen el secreto bancario– para que levanten su veto a la nueva directiva sobre fiscalidad del ahorro, bloqueada desde que Bruselas la propuso en 2008.
2. Informes contables país por país
Otra medida clave impulsada por Cameron es imponer a las empresas la obligación de realizar informes fiscales país por país. Según la legislación actual, las empresas multinacionales deben informar periódicamente de sus resultados, incluido el pago de impuestos, en informes consolidados que no segmentan los datos por países. El parlamento británico investiga si, amparados en esa ausencia de transparencia, compañías como Amazon, Starbucks o Google –que reside casi todo su negocio fuera de EE.UU. en Irlanda, donde el impuesto de sociedades es del 12,5% frente al 24% de Reino Unido o el 30% de España– eluden sus obligaciones tributarias allí donde se generan, en realidad, sus ingresos.
En el caso de Google UK, cada vez se acumulan más pruebasde que es su personal en Reino Unido quien culmina operaciones comerciales por las que luego tributan en Irlanda mediante mecanismos internos de transferencia de precios y de ingresos. Irlanda alberga un millar de empresas multinacionales que dan empleo a 150.000 personas y son responsables de uno de cada siete empleos. Según informa «The Times» este miércoles, el propio Matt Brittin –vicepresidente de Google para Europa, quien ha comparecido ya dos veces ante la Cámara de los Comunes– se habría involucrado personalmente en diciembre de 2011 en un acuerdo con la compañía Easy Jet. Brittin defendió el jueves pasado ante la Comisión de Cuentas Públicas de los Comunes que «el dinero no cambia de manos» en Reino Unido.
Un portavoz de la compañía tecnológica asegura al rotativo inglés que «nadie en su equipo en Reino Unido tiene el derecho de ejecutar una transacción», y reitera que «cumplimos plenamente con la legislación fiscal británica». Sin embargo, la propuesta británica de impulsar en la UE, el G-8 y el G-20 esta obligación contable de desglosar los datos por país –una de las grandes reivindicaciones de las ONG– ha desencadenado una operación de presión en contra por parte de las grandes consultoras que firman esas cuentas. Según informaba «The Guardian» a primeros de mayo, Ernst&Young, que tiene entre sus clientes a Google, Amazon y Facebook en Reino Unido, ha mantenido al menos una reunión de alto nivel en Downing Street para transmitir su oposición a la medida.
3. Lucha contra los paraísos fiscales
Como denuncian los datos presentados por Oxfam, Gran Bretaña tiene a la zorra de la evasión fiscal en su propio gallinero. Según la ONG, hasta un tercio de este capital «duty-free» se guarda en cuentas de jurisdicciones fiscales bajo soberanía británica. Este mismo lunes, el primer ministro conservador enviaba una carta a diez territorios británicos de ultramar, incluidos conocidos paraísos fiscales, para exigirles que «ordenen la casa» y firmen los tratados internacionales de intercambio de información fiscal. «Respeto vuestro derecho a ser jurisdicciones de fiscalidad baja», les escribe Cameron. «Pero la fiscalidad baja solo es sostenible si se paga lo que se debe», afirma la misiva, según la BBC.
La carta estaba dirigida a los responsables de Bermuda, las Islas Vírgenes Británicas, las islas Caimán, Gibraltar, Anguilla, Montserrat, las islas Turcas y Caicos, Jersey, Guernsey y la isla de Man. Muchas de estas jurisdicciones han decidido sumarse a la iniciativa piloto de los cinco grandes países europeos, a quienes facilitarán los nombres, direcciones y balances de cuentas de sus clientes.
Técnicamente, según las definiciones que maneja la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa (OCDE), en el mundo ya no quedan «paraísos fiscales», entendidos como las jurisdicciones opacas y rebeldes (porque no compartían información) definidas en un histórico informe del año 2000. Según la OCDE, para abril de 2002 ya habían salido de la lista negra 31 de esos «paraísos», una vez aceptaron cooperar y asumir sus obligaciones internacionales.
Las siete plazas fiscales reacias a perder su estatus fueron pasando por el aro (Liberia, las islas Marshall, Nauru y Vanuatu) hasta que, en 2009, la OCDE retiró de la lista a las tres jurisdicciones más resistentes, las tres en suelo europeo: Mónaco, Lichtenstein y Andorra.
4. Refuerzo de la inspección fiscal
El debate sobre la evasión fiscal suele concluir siempre con llamadas a reforzar las agencias tributarias, los brazos ejecutores de este deseo de tapar los agujeros negros del sistema financiero global. Un informe presentado este miércoles por el parlamento británico advierte que «el fraude y los errores» de la agencia británica (HMRC por sus siglas inglesas) han generado un agujero de unos 5.800 millones de euros en las arcas públicas. Los responsables de la agencia británica llevan semanas desfilando por distintas comisiones parlamentarias, mientras la prensa va desvelando distintos mecanismos de evasión –algunos de ellos increíbles por la sofisticación y la audacia– y acuerdos millonarios entre las propias autoridades fiscales y las grandes empresas, a las que han llegado a «perdonar» millones de libras.
El gobierno ha pedido a sus inspectores que se lancen sobre empresas como Google y otros gigantes tecnológicos, cuyas cuentas y declaraciones fiscales de los últimos siete años están siendo revisadas. Además, se da por hecho que los diputados han entregado esta semana al HMRC los documentos facilitados por una serie de fuentes confidenciales, muchos de ellos exempleados de la empresa californiana, para investigar la veracidad de sus tesis: que pagan impuestos en Irlanda porque todos sus contratos se realizan en la república celta. Si prospera la agenda que intenta avanzar Cameron, las consecuencias para el modelo de negocio de los gigantes de la economía digital y para las fortunas más clásicas –acostumbradas a refugiar su capital en paraísos– serían enormes, según coinciden los expertos. De ahí las fuertes resistencias.
David Cameron ha decidido hacer de la lucha contra la evasión fiscal uno de los grandes ejes de la actual presidencia británica del G-8. Y quiere arrancar compromisos globales en la materia en la cumbre de jefes de gobierno de las ocho grandes potencias económicas, que tendrá lugar los próximos 17 y 18 de junio en Irlanda del Norte. Los recientes interrogatorios parlamentarios a los máximos ejecutivos de Google en el Reino Unido el jueves pasado y de Apple en el Senado de EE.UU. este mismo martes ponen de relieve el cerco creciente a la agresividad fiscal de grandes empresas multinacionales.
Pero, más allá de la indignación, los expertos insisten en que la estrategia fiscal de empresas como Amazon, Starbucks, Google o Apple –calificadas como «inmorales» por el parlamento británico– señalan sobre todo las incoherencias de las normativas tributarias y las deficiencias de la regulación global de la materia, convertida en un queso de Gruyère por cuyos recovecos muchas compañías, sin vulnerar necesariamente las leyes, reducen su factura fiscal.
«Cumplimos con la ley y con el espíritu de la ley», se defendía, en tono seguro y contundente, Tim Cook, consejero delegado de Apple, ante una comisión de investigación del senado. El presidente de Google, Eric Schmidt, pedía este domingo «avanzar en el debate» y, en un gesto a la defensiva, «reformar el sistema internacional». Google escuchará este miércoles en su conferencia anual, llamada «Google Zeitgeist», al líder laborista británico. Se espera que Ed Miliband les recuerde que «tienen una obligación que va más allá que cumplir con la literalidad de las leyes» y les pida que «no realicen un esfuerzo extraordinario para evitar pagar impuestos». En este creciente clima de rechazo político y social, el gobierno británico parece decidido a promover una reforma de la regulación global.
1. Intercambio de información entre países
En una carta a sus 26 socios en la UE, enviada de cara al Consejo Europeo de este miércoles, Cameron pide el establecimiento de un mecanismo de intercambio de información fiscal entre países comunitarios, similar al que existe ya entre estados en Estados Unidos. Los cinco grandes países de la Unión anunciaban a comienzos de abril la puesta en marcha de un proyecto piloto en ese sentido. Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España dieron el primer paso para intercambiar, de gobierno a gobierno, información sobre movimientos de capitales de sus nacionales en los otros países.
Este flujo de información, que en un futuro podría discurrir de entidad a entidad, está considerado como un elemento clave para desactivar el secreto bancario. Al socaire de esta opacidad prosperan los complejos mecanismos de ingeniería fiscal que, según un informe presentado hoy por la ONG Oxfam, ocultan todavía 9,5 billones de euros en paraísos fiscales europeos. Según los datos de esta organización, en el mundo hay capitales por valor de 14.500 euros depositados en paraísos fiscales. Casi dos tercios estarían en jurisdicciones vinculadas a Europa (citan Luxemburgo, Andorra o Malt), mientras que un tercio se esconde en paraís0s fiscales de soberanía británica [puedes leer aquí cómo justifica Oxfam sus cifras].
Sin embargo, los dos socios europeos que más se benefician del status quo, Austria y Luxemburgo, no parecen dispuestos a permitir que se logren avances reales en el ámbito europeo. Según informa Enrique Serbeto desde Bruselas, los líderes europeos presionarán a Luxemburgo y Austria –únicos países de la UE que mantienen el secreto bancario– para que levanten su veto a la nueva directiva sobre fiscalidad del ahorro, bloqueada desde que Bruselas la propuso en 2008.
2. Informes contables país por país
Otra medida clave impulsada por Cameron es imponer a las empresas la obligación de realizar informes fiscales país por país. Según la legislación actual, las empresas multinacionales deben informar periódicamente de sus resultados, incluido el pago de impuestos, en informes consolidados que no segmentan los datos por países. El parlamento británico investiga si, amparados en esa ausencia de transparencia, compañías como Amazon, Starbucks o Google –que reside casi todo su negocio fuera de EE.UU. en Irlanda, donde el impuesto de sociedades es del 12,5% frente al 24% de Reino Unido o el 30% de España– eluden sus obligaciones tributarias allí donde se generan, en realidad, sus ingresos.
En el caso de Google UK, cada vez se acumulan más pruebasde que es su personal en Reino Unido quien culmina operaciones comerciales por las que luego tributan en Irlanda mediante mecanismos internos de transferencia de precios y de ingresos. Irlanda alberga un millar de empresas multinacionales que dan empleo a 150.000 personas y son responsables de uno de cada siete empleos. Según informa «The Times» este miércoles, el propio Matt Brittin –vicepresidente de Google para Europa, quien ha comparecido ya dos veces ante la Cámara de los Comunes– se habría involucrado personalmente en diciembre de 2011 en un acuerdo con la compañía Easy Jet. Brittin defendió el jueves pasado ante la Comisión de Cuentas Públicas de los Comunes que «el dinero no cambia de manos» en Reino Unido.
Un portavoz de la compañía tecnológica asegura al rotativo inglés que «nadie en su equipo en Reino Unido tiene el derecho de ejecutar una transacción», y reitera que «cumplimos plenamente con la legislación fiscal británica». Sin embargo, la propuesta británica de impulsar en la UE, el G-8 y el G-20 esta obligación contable de desglosar los datos por país –una de las grandes reivindicaciones de las ONG– ha desencadenado una operación de presión en contra por parte de las grandes consultoras que firman esas cuentas. Según informaba «The Guardian» a primeros de mayo, Ernst&Young, que tiene entre sus clientes a Google, Amazon y Facebook en Reino Unido, ha mantenido al menos una reunión de alto nivel en Downing Street para transmitir su oposición a la medida.
3. Lucha contra los paraísos fiscales
Como denuncian los datos presentados por Oxfam, Gran Bretaña tiene a la zorra de la evasión fiscal en su propio gallinero. Según la ONG, hasta un tercio de este capital «duty-free» se guarda en cuentas de jurisdicciones fiscales bajo soberanía británica. Este mismo lunes, el primer ministro conservador enviaba una carta a diez territorios británicos de ultramar, incluidos conocidos paraísos fiscales, para exigirles que «ordenen la casa» y firmen los tratados internacionales de intercambio de información fiscal. «Respeto vuestro derecho a ser jurisdicciones de fiscalidad baja», les escribe Cameron. «Pero la fiscalidad baja solo es sostenible si se paga lo que se debe», afirma la misiva, según la BBC.
La carta estaba dirigida a los responsables de Bermuda, las Islas Vírgenes Británicas, las islas Caimán, Gibraltar, Anguilla, Montserrat, las islas Turcas y Caicos, Jersey, Guernsey y la isla de Man. Muchas de estas jurisdicciones han decidido sumarse a la iniciativa piloto de los cinco grandes países europeos, a quienes facilitarán los nombres, direcciones y balances de cuentas de sus clientes.
Técnicamente, según las definiciones que maneja la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa (OCDE), en el mundo ya no quedan «paraísos fiscales», entendidos como las jurisdicciones opacas y rebeldes (porque no compartían información) definidas en un histórico informe del año 2000. Según la OCDE, para abril de 2002 ya habían salido de la lista negra 31 de esos «paraísos», una vez aceptaron cooperar y asumir sus obligaciones internacionales.
Las siete plazas fiscales reacias a perder su estatus fueron pasando por el aro (Liberia, las islas Marshall, Nauru y Vanuatu) hasta que, en 2009, la OCDE retiró de la lista a las tres jurisdicciones más resistentes, las tres en suelo europeo: Mónaco, Lichtenstein y Andorra.
4. Refuerzo de la inspección fiscal
El debate sobre la evasión fiscal suele concluir siempre con llamadas a reforzar las agencias tributarias, los brazos ejecutores de este deseo de tapar los agujeros negros del sistema financiero global. Un informe presentado este miércoles por el parlamento británico advierte que «el fraude y los errores» de la agencia británica (HMRC por sus siglas inglesas) han generado un agujero de unos 5.800 millones de euros en las arcas públicas. Los responsables de la agencia británica llevan semanas desfilando por distintas comisiones parlamentarias, mientras la prensa va desvelando distintos mecanismos de evasión –algunos de ellos increíbles por la sofisticación y la audacia– y acuerdos millonarios entre las propias autoridades fiscales y las grandes empresas, a las que han llegado a «perdonar» millones de libras.
El gobierno ha pedido a sus inspectores que se lancen sobre empresas como Google y otros gigantes tecnológicos, cuyas cuentas y declaraciones fiscales de los últimos siete años están siendo revisadas. Además, se da por hecho que los diputados han entregado esta semana al HMRC los documentos facilitados por una serie de fuentes confidenciales, muchos de ellos exempleados de la empresa californiana, para investigar la veracidad de sus tesis: que pagan impuestos en Irlanda porque todos sus contratos se realizan en la república celta. Si prospera la agenda que intenta avanzar Cameron, las consecuencias para el modelo de negocio de los gigantes de la economía digital y para las fortunas más clásicas –acostumbradas a refugiar su capital en paraísos– serían enormes, según coinciden los expertos. De ahí las fuertes resistencias.
