Al igual que en el Senado, el PRO comenzó a revisar las últimas designaciones y ascensos en la Cámara de Diputados. Así, dispuso en las últimas horas un centenar de despidos y frenó una treintena de recategorizaciones otorgadas por el ex titular del cuerpo, Julián Domínguez, el año pasado. Fue a través de la resolución 30/2016 del actual presidente de la Cámara, Emilio Monzó, que con esta medida se sumó a la decisión que tras algunos conflictos quedó en stand by de la vicepresidenta Gabriela Michetti de poner en revisión 2035 legajos en el Senado.
Según confirmaron ayer autoridades de la Cámara baja a El Cronista, el centenar de telegramas ya fue enviado y no hay previsión de cuántas bajas habrá en total. La primera revisión de legajos abarcó a 600 casos y, según la misma fuente, «hay una gran parte de ellos que fueron bien designados».
La resolución de Monzó, a la que tuvo acceso este diario, deja sin efecto diez resoluciones presidenciales firmadas por Domínguez en 2015. Cien de esos casos eran pases a planta temporaria o permanente y unos 26 o 28 eran recategorizaciones. Varios de los involucrados, mencionados en los anexos de la resolución, eran empleados que trabajaban, justamente, en la oficina de Domínguez, mientras que otros tantos se desempeñaban en el departamento de diseño de la Cámara.
En el artículo 3 del texto, Monzó establece además la conformación de una comisión revisora especial para analizar la validez de esas diez resoluciones alcanzadas y para extender el estudio a «las decisiones adoptadas en materia de recursos humanos en el ámbito de la Cámara de Diputados durante el período 2012-2015, priorizando la revisión de los años 2015 y 2014».
Integrarán esa comisión la Secretaría Administrativa, la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección de Informática y Sistemas, la Dirección de Auditoría Interna, la Secretaría General de la Presidencia, la Dirección de Coordinación Técnico Legal y la Dirección General Administrativa.
En los pasillos de la Cámara baja, el rumor ayer era que la gestión de Monzó pretende auditar dos mil casos más y, de ellos, anular unos 500 legajos más. Sin embargo, autoridades del cuerpo consultadas al respecto señalaron que no hay un número previsto de despidos, sino que se revisarán los casos contemplados en la resolución 30/2016.
La metodología es similar a la dispuesta por Michetti en el Senado, aunque en ese caso, además de incluir en la comisión revisora a distintas dependencias del Congreso, fueron convocados los sindicatos. La vicepresidenta había dispuesto hace dos semanas 2035 despidos del Senado, aunque luego revisó (primero parcialmente y luego en forma completa) esa decisión, al darse cuenta de que había incluido entre los echados a los empleados discapacitados que forman parte del Programa de Formación e Inserción Laboral de la Cámara. Así, la medida quedó en stand by, aunque Michetti no abandona la intención de avanzar en los próximos días con su implementación.
Según confirmaron ayer autoridades de la Cámara baja a El Cronista, el centenar de telegramas ya fue enviado y no hay previsión de cuántas bajas habrá en total. La primera revisión de legajos abarcó a 600 casos y, según la misma fuente, «hay una gran parte de ellos que fueron bien designados».
La resolución de Monzó, a la que tuvo acceso este diario, deja sin efecto diez resoluciones presidenciales firmadas por Domínguez en 2015. Cien de esos casos eran pases a planta temporaria o permanente y unos 26 o 28 eran recategorizaciones. Varios de los involucrados, mencionados en los anexos de la resolución, eran empleados que trabajaban, justamente, en la oficina de Domínguez, mientras que otros tantos se desempeñaban en el departamento de diseño de la Cámara.
En el artículo 3 del texto, Monzó establece además la conformación de una comisión revisora especial para analizar la validez de esas diez resoluciones alcanzadas y para extender el estudio a «las decisiones adoptadas en materia de recursos humanos en el ámbito de la Cámara de Diputados durante el período 2012-2015, priorizando la revisión de los años 2015 y 2014».
Integrarán esa comisión la Secretaría Administrativa, la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección de Informática y Sistemas, la Dirección de Auditoría Interna, la Secretaría General de la Presidencia, la Dirección de Coordinación Técnico Legal y la Dirección General Administrativa.
En los pasillos de la Cámara baja, el rumor ayer era que la gestión de Monzó pretende auditar dos mil casos más y, de ellos, anular unos 500 legajos más. Sin embargo, autoridades del cuerpo consultadas al respecto señalaron que no hay un número previsto de despidos, sino que se revisarán los casos contemplados en la resolución 30/2016.
La metodología es similar a la dispuesta por Michetti en el Senado, aunque en ese caso, además de incluir en la comisión revisora a distintas dependencias del Congreso, fueron convocados los sindicatos. La vicepresidenta había dispuesto hace dos semanas 2035 despidos del Senado, aunque luego revisó (primero parcialmente y luego en forma completa) esa decisión, al darse cuenta de que había incluido entre los echados a los empleados discapacitados que forman parte del Programa de Formación e Inserción Laboral de la Cámara. Así, la medida quedó en stand by, aunque Michetti no abandona la intención de avanzar en los próximos días con su implementación.
