Ver más fotos La ex sede del Ministerio de Obras Públicas, conocido popularmente como el edificio de Evita, alberga una estatua que parece simbolizar el pago de coimas en la Argentina de la década del ´30.
MAR DEL PLATA.- La pregunta vino de pronto y envenenada. Terminaba la segunda jornada del Coloquio de IDEA, que se desarrolla en esta ciudad, y los hombres de negocios participaban de un panel interactivo sobre valores y democracia.
Desde las pantallas se interpelaba a todos a contestar sobre un hipotético pago de coima. «Si un acto de corrupción está destinado a obtener una aprobación (por ejemplo, una habilitación municipal) maliciosamente retenida, ¿es censurable la actitud del empresario?», decía.
Era el dedo en la llaga. «Epa», soltó el economista Tomás Bulat, que moderaba el panel, al ver en las mismas pantallas el resultado de las respuestas, emitidas en simultáneo a través de dispositivos electrónicos desde cada asiento: el 53 por ciento decía que «siempre» era condenable esa práctica, pero un inquietante 47 por ciento se dividía en «sólo en casos extremos» (28 por ciento) y «nunca» es condenable (19 por ciento).
Aunque minoritario, el porcentaje de potenciales pagadores de sobornos era demasiado alto para un foro que pretende desde sus ponencias construir un país mejor. De hecho, un abrumador 100 por ciento acababa de contestar que prefería cohesionar la Argentina «por valores» antes que «por ideología». Esa chispa encendió entonces la discusión. Fueron varios minutos de argumentos acalorados.
«Es llamativo que casi el 50 por ciento no lo repruebe; tendrían que ser muchos menos», se indignó una ejecutiva desde una de las primeras mesas. Momentos antes, Enrique Duhau, productor agropecuario, le había puesto voz a lo que muchos piensan sin hacerlo explícito: «Pero es que se trata de una extorsión de un funcionario, ¿cómo vamos a condenar al empresario? Sería como condenar que pagás el rescate de un secuestro».
No se ponían de acuerdo. La promotora que llevaba el micrófono corría de mesa en mesa: todos asumían tener algo para aportar. Ignacio Stegmann, presidente de la empresa de insumos industriales 3M, aprovechó entonces para cuestionar una vieja excusa del mundo de los negocios: el eventual cierre de la compañía si no se paga la coima. «Escudarse en un supuesto valor de la subsistencia de la empresa es absurdo», planteó. Guillermo Lipera, socio del estudio Bulló-Tassi-Estebenet-Lipera-Torassa Abogados, se ligó un aplauso con una sentencia similar: «La corrupción tiene que ser condenada siempre», dijo. Pero, aunque mayoritariamente silencioso, ese 47 por ciento que justificaba a los coimeros estaba en algún lado. José Nun, ex secretario de Cultura, uno de los invitados al panel, sacudió entonces con el comentario más incómodo de la tarde: «Dios se ríe de quienes se quejan de las consecuencias mientras participan de las causas. Esto incluye, por ejemplo, ir a aplaudir a actos del Gobierno para que las medidas que se pretenden finalmente salgan».
La referencia desencadenó carcajadas y un segundo aplauso.
Uno de los directivos de IDEA sonrió, mientras se tocaba la frente con el índice: «Uh.. Pepe Nun es así: ¡te pone la bala acá, acá te la pone! Se formó con Néstor».
Las preguntas, confeccionadas por el encuestador Eduardo D’Alessio, dieron sin embargo otras oportunidades para ponerse de acuerdo.
Por ejemplo, la que buscaba sondear sobre los culpables de un pago de soborno: «Si se comete un acto de corrupción para una prebenda, ¿sobre quién debería caer la responsabilidad: el funcionario, el empresario o ambos?».
El 78 por ciento del auditorio contestó «ambos»; el 17 por ciento, «el funcionario», y el 4 por ciento, «la empresa». De tanto discurso apasionado se había hecho tarde.
Leída a las apuradas, la última placa aclaró un poco los términos: «¿Piensa que la corrupción frena el desarrollo de un país?». Y el 95 por ciento admitió que sí. Quizás haya sido el mejor resumen del agitado debate en Mar del Plata..
MAR DEL PLATA.- La pregunta vino de pronto y envenenada. Terminaba la segunda jornada del Coloquio de IDEA, que se desarrolla en esta ciudad, y los hombres de negocios participaban de un panel interactivo sobre valores y democracia.
Desde las pantallas se interpelaba a todos a contestar sobre un hipotético pago de coima. «Si un acto de corrupción está destinado a obtener una aprobación (por ejemplo, una habilitación municipal) maliciosamente retenida, ¿es censurable la actitud del empresario?», decía.
Era el dedo en la llaga. «Epa», soltó el economista Tomás Bulat, que moderaba el panel, al ver en las mismas pantallas el resultado de las respuestas, emitidas en simultáneo a través de dispositivos electrónicos desde cada asiento: el 53 por ciento decía que «siempre» era condenable esa práctica, pero un inquietante 47 por ciento se dividía en «sólo en casos extremos» (28 por ciento) y «nunca» es condenable (19 por ciento).
Aunque minoritario, el porcentaje de potenciales pagadores de sobornos era demasiado alto para un foro que pretende desde sus ponencias construir un país mejor. De hecho, un abrumador 100 por ciento acababa de contestar que prefería cohesionar la Argentina «por valores» antes que «por ideología». Esa chispa encendió entonces la discusión. Fueron varios minutos de argumentos acalorados.
«Es llamativo que casi el 50 por ciento no lo repruebe; tendrían que ser muchos menos», se indignó una ejecutiva desde una de las primeras mesas. Momentos antes, Enrique Duhau, productor agropecuario, le había puesto voz a lo que muchos piensan sin hacerlo explícito: «Pero es que se trata de una extorsión de un funcionario, ¿cómo vamos a condenar al empresario? Sería como condenar que pagás el rescate de un secuestro».
No se ponían de acuerdo. La promotora que llevaba el micrófono corría de mesa en mesa: todos asumían tener algo para aportar. Ignacio Stegmann, presidente de la empresa de insumos industriales 3M, aprovechó entonces para cuestionar una vieja excusa del mundo de los negocios: el eventual cierre de la compañía si no se paga la coima. «Escudarse en un supuesto valor de la subsistencia de la empresa es absurdo», planteó. Guillermo Lipera, socio del estudio Bulló-Tassi-Estebenet-Lipera-Torassa Abogados, se ligó un aplauso con una sentencia similar: «La corrupción tiene que ser condenada siempre», dijo. Pero, aunque mayoritariamente silencioso, ese 47 por ciento que justificaba a los coimeros estaba en algún lado. José Nun, ex secretario de Cultura, uno de los invitados al panel, sacudió entonces con el comentario más incómodo de la tarde: «Dios se ríe de quienes se quejan de las consecuencias mientras participan de las causas. Esto incluye, por ejemplo, ir a aplaudir a actos del Gobierno para que las medidas que se pretenden finalmente salgan».
La referencia desencadenó carcajadas y un segundo aplauso.
Uno de los directivos de IDEA sonrió, mientras se tocaba la frente con el índice: «Uh.. Pepe Nun es así: ¡te pone la bala acá, acá te la pone! Se formó con Néstor».
Las preguntas, confeccionadas por el encuestador Eduardo D’Alessio, dieron sin embargo otras oportunidades para ponerse de acuerdo.
Por ejemplo, la que buscaba sondear sobre los culpables de un pago de soborno: «Si se comete un acto de corrupción para una prebenda, ¿sobre quién debería caer la responsabilidad: el funcionario, el empresario o ambos?».
El 78 por ciento del auditorio contestó «ambos»; el 17 por ciento, «el funcionario», y el 4 por ciento, «la empresa». De tanto discurso apasionado se había hecho tarde.
Leída a las apuradas, la última placa aclaró un poco los términos: «¿Piensa que la corrupción frena el desarrollo de un país?». Y el 95 por ciento admitió que sí. Quizás haya sido el mejor resumen del agitado debate en Mar del Plata..
