Alejandro González Escudero Presidente de Fundecos
Las preferencias de los jóvenes por la intervención del estado en el mundo empresario y el descubrimiento juvenil de la política, tal como se pregona desde las esferas de comunicación oficial, parecen ser menores de lo que se sostiene.
Así lo muestra la encuesta que realizamos por segundo año consecutivo entre jóvenes estudiantes de ciencias económicas de la UBA que promedian sus carreras.
Esa encuesta fue desarrollada como un complemento dentro de cursos de management cuando el año pasado la ANSES incorporó a sus representantes en los directorios de importantes empresas privadas que cotizan en bolsa. El caso más trascendente en los medios fue la pelea entre Siderar y el gobierno porque esa empresa resistió el ingreso como director de Axel Kicillof. Este año, efectuamos de nuevo la consulta cuando el estado se apropia de YPF y Axel, otra vez, aparece en el directorio.
El año pasado, el conflicto de Siderar era desconocido para el 50 % de los alumnos mientras que el tema de YPF es seguido por el 85 %. Lo hacen a través de los medios y entre ellos la fuente primaria de información es la televisión: 60% la ubica en primer lugar y otro 20 % en el segundo.
Entre los que conocen del tema la evaluación de quien hace lo correcto pasó de un 9 % de la ANSES y un 13 % para Siderar el año pasado, a un 51 % a favor del gobierno y solo el 2 % para Repsol, este año. Un 37 % que dice que ninguna de las partes hace lo correcto.
Hasta aquí los datos confirmarían la posición del gobierno. Veamos qué pasa cuando las preguntas se apartan del caso especial de YPF, donde, dicho sea de paso, podría influir el notable impacto en los medios de comunicación y las apelaciones sentimentales al nacionalismo.
Cuando preguntamos si el estado debe intervenir en las empresas, en 2011 el 9 % dijo que sí en profundidad, el 71 % dijo que sí parcialmente y el 21 % que no. Esos valores en 2012 son 11 % para el intervencionismo, 77 % por la ingerencia parcial y un 11 % por la no intervención.
Esa gran mayoría que pondera una intervención parcial la justifica en aspectos de control más que en cuestiones de gerenciamiento o dirección de las empresas.
Le pedimos a los encuestados que ordenen a qué tipos de socios preferirían en una empresa propia y el orden fue: 1) Experto que no aporta capital, 2) fondo de inversión que aporta capital, 3) Un representante del estado, 4) Un familiar y 5) un delegado sindical. El año pasado, los familiares resultaron terceros y el estado cuarto. El rol que se espera del estado no es el de ser empresario.
En cuanto a la gravedad con que se evalúan algunas conductas, la tabla también quedó estable de un año al otro. Lo más grave es el funcionario que pide coima, luego el político mentiroso, el empresario que evade, la persona que da cheques sin fondos y en último lugar la persona que engaña a su pareja, que resultó lo más inofensivo (las chicas tendieron a darle un lugar más alto).
La última parte pide indicar quiénes son más corruptos en cada par de opciones. Entre empresarios vs. sindicalistas, el 67 % ve más corruptos a los sindicalistas. Entre sindicalistas y políticos, los políticos son considerados más corruptos por el 69 %. Entre empresarios y políticos, el 90% considera más corruptos a los políticos.
Los datos de esta encuesta estarían mostrando un interesante caso de lo que los sicólogos llaman disonancia cognitiva. Esto es, defender convencido una creencia aun cuando las evidencias muestran su falsedad. Consideramos que el estado debe ejercer influencia sobre las empresas, principalmente a través de tareas de control. Sin embargo, los políticos (responsables del estado) son vistos como más corruptos que los empresarios (titulares de las empresas). ¿Cómo puede justificarse que la institución estado pueda ser eficiente en sus tareas de control de las empresas si está bajo el mando de políticos, fuertemente cuestionados por su corrupción?
¿Cómo se puede ponderar favorablemente una organización sin tener en cuenta el desempeño de quienes la dirigen? Desde el punto de vista de la teoría de la administración, esto es insostenible.
Es probable que uno de los principales logros K haya sido disociar en la mente de muchos de nosotros una entelequia llamada estado, casi perfecta y llena de virtudes, de una realidad más lúgubre: quienes dirigen a ese estado idílico, los políticos, son corruptos para la mayoría.
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Las preferencias de los jóvenes por la intervención del estado en el mundo empresario y el descubrimiento juvenil de la política, tal como se pregona desde las esferas de comunicación oficial, parecen ser menores de lo que se sostiene.
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Esa encuesta fue desarrollada como un complemento dentro de cursos de management cuando el año pasado la ANSES incorporó a sus representantes en los directorios de importantes empresas privadas que cotizan en bolsa. El caso más trascendente en los medios fue la pelea entre Siderar y el gobierno porque esa empresa resistió el ingreso como director de Axel Kicillof. Este año, efectuamos de nuevo la consulta cuando el estado se apropia de YPF y Axel, otra vez, aparece en el directorio.
El año pasado, el conflicto de Siderar era desconocido para el 50 % de los alumnos mientras que el tema de YPF es seguido por el 85 %. Lo hacen a través de los medios y entre ellos la fuente primaria de información es la televisión: 60% la ubica en primer lugar y otro 20 % en el segundo.
Entre los que conocen del tema la evaluación de quien hace lo correcto pasó de un 9 % de la ANSES y un 13 % para Siderar el año pasado, a un 51 % a favor del gobierno y solo el 2 % para Repsol, este año. Un 37 % que dice que ninguna de las partes hace lo correcto.
Hasta aquí los datos confirmarían la posición del gobierno. Veamos qué pasa cuando las preguntas se apartan del caso especial de YPF, donde, dicho sea de paso, podría influir el notable impacto en los medios de comunicación y las apelaciones sentimentales al nacionalismo.
Cuando preguntamos si el estado debe intervenir en las empresas, en 2011 el 9 % dijo que sí en profundidad, el 71 % dijo que sí parcialmente y el 21 % que no. Esos valores en 2012 son 11 % para el intervencionismo, 77 % por la ingerencia parcial y un 11 % por la no intervención.
Esa gran mayoría que pondera una intervención parcial la justifica en aspectos de control más que en cuestiones de gerenciamiento o dirección de las empresas.
Le pedimos a los encuestados que ordenen a qué tipos de socios preferirían en una empresa propia y el orden fue: 1) Experto que no aporta capital, 2) fondo de inversión que aporta capital, 3) Un representante del estado, 4) Un familiar y 5) un delegado sindical. El año pasado, los familiares resultaron terceros y el estado cuarto. El rol que se espera del estado no es el de ser empresario.
En cuanto a la gravedad con que se evalúan algunas conductas, la tabla también quedó estable de un año al otro. Lo más grave es el funcionario que pide coima, luego el político mentiroso, el empresario que evade, la persona que da cheques sin fondos y en último lugar la persona que engaña a su pareja, que resultó lo más inofensivo (las chicas tendieron a darle un lugar más alto).
La última parte pide indicar quiénes son más corruptos en cada par de opciones. Entre empresarios vs. sindicalistas, el 67 % ve más corruptos a los sindicalistas. Entre sindicalistas y políticos, los políticos son considerados más corruptos por el 69 %. Entre empresarios y políticos, el 90% considera más corruptos a los políticos.
Los datos de esta encuesta estarían mostrando un interesante caso de lo que los sicólogos llaman disonancia cognitiva. Esto es, defender convencido una creencia aun cuando las evidencias muestran su falsedad. Consideramos que el estado debe ejercer influencia sobre las empresas, principalmente a través de tareas de control. Sin embargo, los políticos (responsables del estado) son vistos como más corruptos que los empresarios (titulares de las empresas). ¿Cómo puede justificarse que la institución estado pueda ser eficiente en sus tareas de control de las empresas si está bajo el mando de políticos, fuertemente cuestionados por su corrupción?
¿Cómo se puede ponderar favorablemente una organización sin tener en cuenta el desempeño de quienes la dirigen? Desde el punto de vista de la teoría de la administración, esto es insostenible.
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