Editorial I
El programa social ha demostrado ser insuficiente para lograr la erradicación del trabajo infantil y terminar con la «inseguridad alimentaria»
La Asignación Universal por Hijo (AUH), el mayor programa de transferencias de fondos del Estado a familias en situación de vulnerabilidad, es como consecuencia de la inflación, cada día más insuficiente para lograr la erradicación del trabajo infantil y para evitar que haya en el país niños en estado de «inseguridad alimentaria», que no es otra cosa que padecer hambre.
Así lo indicó una investigación realizada por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) sobre 3500 casos de menores de entre 5 y 17 años, que son beneficiarios del programa.
La AUH rige desde 2009, cuando el Gobierno hizo suyo e impulsó un proyecto ideado por la oposición. Entre sus condiciones para quienes aspiren a cobrar la totalidad del monto mensual vigente, que hoy es de 664 pesos mensuales, la AUH fija la obligatoriedad de certificar la asistencia a la escuela y la atención sanitaria, requisito que en la actualidad cumplen 3,4 millones de menores de 18 años.
Resultados del estudio, que trazó comparaciones en el período 2010-2013, muestran que el programa tuvo una incidencia fuertemente positiva en el combate a la deserción escolar, ya que mientras entre los adheridos al beneficio el abandono alcanzó al 3,6 por ciento, entre quienes no lo cobran fue del 9,5%, con lo cual el riesgo de deserción bajó en casi un 62%.
Ello no quiere decir, necesariamente, que se haya producido una mejora en el nivel de los estudiantes, pero sí un cambio no menor en el comportamiento de quienes reciben la AUH, y que tiene que ver con la permanencia en el aula pese al fracaso en el aprendizaje y el consecuente aumento en los niveles de repitencia, lo cual deja en claro que la AUH se ha convertido en una herramienta que puede mitigar ciertos problemas sociales, pero no superar el déficit en la calidad educativa.
Respecto de los efectos sobre los ingresos per cápita de los hogares, el estudio de la UCA reveló que para una canasta alimentaria básica calculada en 900 pesos por persona, el porcentaje de quienes quedan en riesgo de caer en situación de pobreza extrema es del 62,5 por ciento entre los beneficiarios del plan y del 65,6% entre quienes están fuera de él, lo cual da una baja del riesgo de apenas el 4,8%.
Escasa, también, fue la incidencia de la AUH en el combate a la inseguridad alimentaria, así como en materia de trabajo infantil, aspecto en el cual, según el estudio, la merma fue de 1,8 puntos porcentuales.
No obstante lo alentador de algunas de las cifras que arroja el estudio de la UCA y de la importancia del gasto social, que en sus diferentes programas y formatos alcanza a casi un 23,5% de hogares, queda claro que la marginalidad económica continúa siendo un elemento estructural distintivo del sistema social en nuestro país.
Si el esfuerzo de todos los argentinos para que el Estado destine al gasto social ingentes sumas de dinero no ha alcanzado para mitigar aún más los efectos de la pobreza, es porque el Gobierno no ha sabido controlar la creciente inflación, flagelo que corroe los salarios y que afecta en mayor proporción a las personas de menores ingresos.
La AUH, como los restantes programas sociales, es sólo un complemento para mitigar el sufrimiento que generan la pobreza y la indigencia, males para los cuales la inflación que el Gobierno promueve mediante crecientes niveles de emisión monetaria y de señales negativas que desincentivan la inversión, el empleo y la oferta de bienes y servicios, es el peor de los remedios. Entre otras cosas, porque constituye el más regresivo de todos los impuestos y el que con mayor crudeza ataca a los sectores más vulnerables de la población.
Según datos recientes del Indec, la economía ha ingresado en recesión, lo cual sumado al grave cuadro inflacionario, profundizará el deterioro de las principales variables económicas y diluirá aún más los efectos de programas como la AUH.
El reconocimiento de que el problema existe -fundamentalmente por responsabilidades propias y no por culpas ajenas- es el primer desafío que debe superar el gobierno nacional para intentar que la situación no se agrave en sus últimos meses de gestión..
El programa social ha demostrado ser insuficiente para lograr la erradicación del trabajo infantil y terminar con la «inseguridad alimentaria»
La Asignación Universal por Hijo (AUH), el mayor programa de transferencias de fondos del Estado a familias en situación de vulnerabilidad, es como consecuencia de la inflación, cada día más insuficiente para lograr la erradicación del trabajo infantil y para evitar que haya en el país niños en estado de «inseguridad alimentaria», que no es otra cosa que padecer hambre.
Así lo indicó una investigación realizada por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) sobre 3500 casos de menores de entre 5 y 17 años, que son beneficiarios del programa.
La AUH rige desde 2009, cuando el Gobierno hizo suyo e impulsó un proyecto ideado por la oposición. Entre sus condiciones para quienes aspiren a cobrar la totalidad del monto mensual vigente, que hoy es de 664 pesos mensuales, la AUH fija la obligatoriedad de certificar la asistencia a la escuela y la atención sanitaria, requisito que en la actualidad cumplen 3,4 millones de menores de 18 años.
Resultados del estudio, que trazó comparaciones en el período 2010-2013, muestran que el programa tuvo una incidencia fuertemente positiva en el combate a la deserción escolar, ya que mientras entre los adheridos al beneficio el abandono alcanzó al 3,6 por ciento, entre quienes no lo cobran fue del 9,5%, con lo cual el riesgo de deserción bajó en casi un 62%.
Ello no quiere decir, necesariamente, que se haya producido una mejora en el nivel de los estudiantes, pero sí un cambio no menor en el comportamiento de quienes reciben la AUH, y que tiene que ver con la permanencia en el aula pese al fracaso en el aprendizaje y el consecuente aumento en los niveles de repitencia, lo cual deja en claro que la AUH se ha convertido en una herramienta que puede mitigar ciertos problemas sociales, pero no superar el déficit en la calidad educativa.
Respecto de los efectos sobre los ingresos per cápita de los hogares, el estudio de la UCA reveló que para una canasta alimentaria básica calculada en 900 pesos por persona, el porcentaje de quienes quedan en riesgo de caer en situación de pobreza extrema es del 62,5 por ciento entre los beneficiarios del plan y del 65,6% entre quienes están fuera de él, lo cual da una baja del riesgo de apenas el 4,8%.
Escasa, también, fue la incidencia de la AUH en el combate a la inseguridad alimentaria, así como en materia de trabajo infantil, aspecto en el cual, según el estudio, la merma fue de 1,8 puntos porcentuales.
No obstante lo alentador de algunas de las cifras que arroja el estudio de la UCA y de la importancia del gasto social, que en sus diferentes programas y formatos alcanza a casi un 23,5% de hogares, queda claro que la marginalidad económica continúa siendo un elemento estructural distintivo del sistema social en nuestro país.
Si el esfuerzo de todos los argentinos para que el Estado destine al gasto social ingentes sumas de dinero no ha alcanzado para mitigar aún más los efectos de la pobreza, es porque el Gobierno no ha sabido controlar la creciente inflación, flagelo que corroe los salarios y que afecta en mayor proporción a las personas de menores ingresos.
La AUH, como los restantes programas sociales, es sólo un complemento para mitigar el sufrimiento que generan la pobreza y la indigencia, males para los cuales la inflación que el Gobierno promueve mediante crecientes niveles de emisión monetaria y de señales negativas que desincentivan la inversión, el empleo y la oferta de bienes y servicios, es el peor de los remedios. Entre otras cosas, porque constituye el más regresivo de todos los impuestos y el que con mayor crudeza ataca a los sectores más vulnerables de la población.
Según datos recientes del Indec, la economía ha ingresado en recesión, lo cual sumado al grave cuadro inflacionario, profundizará el deterioro de las principales variables económicas y diluirá aún más los efectos de programas como la AUH.
El reconocimiento de que el problema existe -fundamentalmente por responsabilidades propias y no por culpas ajenas- es el primer desafío que debe superar el gobierno nacional para intentar que la situación no se agrave en sus últimos meses de gestión..
