Foto Diario de Morón (archivo). Momentos en que Macri y el intendente firman el convenio
Cuestión de familia
El bautismo político de Mauricio Macri se remonta a mucho antes de que irrumpiera en el Club Boca Juniors. La historia, que algunos pretender omitir u olvidar, comienza cuando Mauricio, como presidente de la empresa SOCMA -fundada por su padre- en los años 90, es el encargado de sellar un polémico y cuestionado negocio con la intendencia de Morón con el fin de construir cloacas. Todo termino en una estafa millonaria a los vecinos, y la posterior destitución del intendente Juan Carlos Rousselot (PJ) del gobierno comunal.
Por aquellos años, un sector la prensa y en particular el Diario de Morón, fueron files testigos de la trama corrupta que se tejía entre el poder político y el mundo empresario que pretendía forzar, por todos los medios (licito o no así, era puesto en el escenario local), que el Concejo Deliberante aprobara las obras.
Consultado un antiguo asesor de un ex senador -muy enfrentado a Rousslot- que por razones obvia pedía la reserva del caso, recordaba cuando “Mauricio operaba sobre los concejales rebeldes”. Al respecto, señalaba que para “domesticarlos”, así define nuestra fuente, “ofrecían (los empresarios) guita y prebendas de todo tipo, eso era vox populi”. “Esto fue un verdadero desastre, un escándalo que se terminó llevando al intendente” amplia la fuente. Un a practica vinculada a la corruptela que dentro del grupo Macri, no ha de llamar la atención. Aún más, bastaría echar manos al libro de Luis Majul, “Los dueños de la Argentina”, donde destina un capitulo a Macri donde describe, de manera más detallada, lo que aquí se da cuenta.
Sin ir muy lejos en el tiempo, el padre, Franco cargó con un proceso judicial por contrabando de automóviles; a fines de los 90. Por otra aparte, un directivo del grupo SOCMA, el contador Guillermo Andrés Romero, está procesado, como “partícipe necesario del delito de cohecho activo” en la llamada causa Siemens, en la que se investiga el pago de coimas que esa empresa alemana efectuó a funcionarios argentinos (en los 90) por más de 106 millones de dólares y que está siendo juzgada por el juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4. Por esas cosas nada casuales, Romero, vecino de Vicente López, actuó durante varios años como el cajero -Secretario de Hacienda- del intendente Jorge Macri hasta que a los Macri se les hizo insostenible mantenerlo frente a semejante vidriera. “El Gordo (por Jorge) aprovechó la volteada para colocar gente que no reporten a la corona, ¿se entiende?”, confiaba al portal de Lo Nuestro -por lo bajo-, un estrecho colaborador de jefe comunal con apellido con historia.
Si esto de por si es escandaloso por dónde se lo mire, y revela que los manejos empresariales y políticos se tutean, por estas horas la sociedad asiste a otra denuncia donde hay 10 muertos de por medio: el “incendio intencional” de IRON Mountain. Intencional porque así surge de todas las pericias policiales y judiciales. Sobre esta empresa, inspectores de la CABA hicieron publica una grabaciones donde se dice que: “Mauricio pide no sancionemos a la empresa (IRON) y al laboratorio Beta”. Los dueños de Beta, siempre de acuerdo con lo relatado por el inspector Cabral antes las cámaras de TV, serían gente vinculada al Boca Juniors de Mauricio Macri.
“Al grupo Macri lo conocemos bien en Morón porque tuvo participación en la gran estafa por el servicio cloacal por el que finalmente se destituyó a el intendente justicialista, Juan Carlos Rousselot”, expresaba en su momento, Martín Sabbatella, ex intendente del mencionado distrito.
La periodista y actual legisladora capitalina, Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro) tuvo en sus manos el escribir sobre la relación de las empresas de Macri con el Estado, su relación con la política y los pilares por donde levantaron su estructura partidaria. “Todo el andamiaje y la construcción de Macri está constituido sobre el mismo peronismo de (el ex intendente porteño acusado de corrupción) Grosso y el ex ministro de Defensa y de la SIDE, Miguel Angel Toma”, escribió en su momento, Cerruti.
Las denuncias proveniente de varios sectores sociales, políticos y ONG, sobre las vinculaciones entre el mundo empresarial de los Macri con la política, donde la corrupción asoma en más de una ocasión, son materia conocida. Tal vez, la más reciente y que sacude a Vicente López, es la construcción del denominado Metrobus que le impuso Mauricio al intendente Jorge Macri -el “Gordo”, así le dice la familia y sus íntimos-. Otro peldaño donde los negocios de familia y la política sucia se dan la mano, se manifestó tras la compra directa de decenas de camionetas Toyota que Jorge le hiciera a su hermana Daniela. La compra directa, sin licitación ni concurso de precios, recayó, ¡oh casualidad!, en la empres TREOS que es propiedad de Macri. Una vez más el sentirse impunes, no me importa lo que digan, pareciera haber privado en los negocios de familia.
En lo que respecta al MetroBondoi, habrá que recordar que el mismo está emplazado sobre la Avda. Maipú, desde Pte. Saavedra hasta Malaver. Una obra (para algunas voces, innecesarias) que llegó a Vicente López sin licitación, ejecutada por contratación digitada, costosa; y lo más extraño para el sentido común, financiada por el gobierno de la CABA.
Otros peldaños ligados a las cuestiones que en líneas anteriores se describen -y que en años anteriores denunciáramos por este medio-, son los “pedidos de colaboración para la campaña”. En manos del bloque PRO esta la responsabilidad de otorga habilitaciones cuando se requiere un tratamiento especial, excepcional; cuando el Código no lo permite. La legislación así lo establece.
!No, no son coimas, no!, se los llama tratamientos excepcionales o “compensaciones”, como gusta decir el concejal Russo. Si bien la excepción no constituye ilícito en sí misma, cada “compensación” deja abierta la puerta para todo tipo de sospecha.
Esto fue lo que se observó -en noviembre pasado- al momento de tratarse en el Concejo Deliberante un par de Ordenanzas de Excepción. Dos grandes empresas, una, dueña del predio de la calle Avalos 4161 -grupo Gama Sudamericana- , y la otra, titular del lote de Blas Parera y Repetto, grupo Paysa.s.a, cuyo presidente sería Sergio Schwarts el mismo que figurará en Gama, tal cual destacara el concejal Carlos Roberto (PS) durante la sesión, lograron que el Concejo Deliberante le diera lo que el Código les impide: más altura, más cemento, más negocio. Allí donde el Código permite 4 pisos, ahora podrán levantar 8. “Estamos hablando de una excepción de más de 2.600 mts.” señaló en aquella oportunidad el socialista Roberto, a modo de poner en claro el gran beneficios comercial que obtendrán los empresarios. Por violar el Código, los empresarios compensaron al municipio -hasta donde se sabe, es decir lo que se dice-, en especies: obras en una plaza y sobre un jardín infantes. Si esto de por sí podría sonar insólito, mucho más grotesco es ver que la compensación comenzó a funcionar antes que la Ordenanza estuviera sancionada. Lo que demuestra que el intendente, que tiene para facultad de vetar dicha excepción, no iría contra los intereses de los empresarios.
Demás esta decir que las compensaciones son los que tiene poder y dinero, empresa constructoras, por caso de Narváez, Carrefour y otras tantas menos conocidas. Hacen grandes negocios gracias a compensaciones. Si las compensaciones fueran norma, en el Vicente López de Macri la amplia mayoría de los vecinos estarían frente a un gran marco inequidad y de injusticia. El ciudadano común, al igual que el comerciante está muy distante de poder brindar compensaciones.
Tantas fueron los pedidos de compensaciones que a un tal inspector Roa (vecino de Lomas de Zamora), que desembarcó como empleado municipal de la mano del macrismo, lo tuvieron que despedir luego de que empleados honestos y de larga trayectoria le cuestionaran que, con sus “mangazos” estaba ensuciado al resto de los compañeros. Fue tanta la bronca de los empleados que Roa fue increpado, a los golpes, en las escalinatas del palacio municipal , a que abandone el puesto de trabajo.
En tren de compensaciones, cohecho, o como se defina el marco legal, bien vale recordar cuando un comerciante de Puente Saavedra -vende dulces y galletitas, por temor a represalias pide el anonimato-, flojos de papeles, pretendía poner todo en regla. La sorpresa llegó de la mano de concejales del PRO que, le pidió la friolera de 45.000, pero verde. Cuesta imaginar que la operatoria se materialice en soledad; es de suponer que han de contar con la venia del titular del cuerpo, y de otras autoridades municipales, cuanto menos. Más aún cuando en años anteriores, estas prácticas fueron puestas al descubierto.
Los casos donde los pedidos “compensaciones” abundan. Tan grosero es todo, que a un colegio de Olivos (con nombre de Santo) por ampliar las instalaciones, además de la “compensación”, le solicitaron una beca para la sobrina de un concejal del PRO. Por otra parte, a una reconocida y prestigiosa concesionaria de vehículos europeos que pretendía rehabilitar su negocio en Olivos, en las inmediaciones de Avda. Libertador, le pidieron la friolera de 200.000 dólares. Más complicado la pasó una importante Pyme de Munro. Bajo la amenaza de clausurar la planta industrial sin argumentos solidos (solo argüían cuestiones nimias y distantes de poner riesgo la vida de los trabajadores o del vecindario tema que sí lo justificaría), el inspector amenazaba con meter la faja de clausura. La única manera de evitarlo era arreglar con alguna compensación. Al estar el dueño de viaje, era imposible llegar a un entendimiento, esto es, labrar un acta y poner las cosas que haya que poner en regla. Luego vendría, llegado el caso, la clausura.
Finalmente, el gerente de la planta logra ubicar al dueño. Este, Luis, se comunica con un alto funcionario del municipio y logra evitar la maneada clausura, previo pedido de disculpas del íntimo colaborador del intendente. No había razones objetivas para una clausura. Más complicado la pasó un conocido constructor de origen italiano que se canso de levantar edificios en Olivos: le pidieron la friolera de U$U600.000 por una excepción. “Nunca pagué, prefiero dejar el terreno ahí tirado, me voy a San Isidro o San Fernando”, comentaba el hombre ante Lo Nuestro.
Casos similares, abundas, pueblan y riegan las escabrosas tierras por donde están arando las maquinaras macristas en busca de cosechar compensaciones.
Frente a semejantes atropellos, entidades como Casa Pyme de Vicente López, con su presidente al cabeza, Roberto Javallier, salieron, en su momento, a denunciar estas prácticas relatadas por asociados. La administración Macri nunca dio una respuesta.
Cuestión de familia
El bautismo político de Mauricio Macri se remonta a mucho antes de que irrumpiera en el Club Boca Juniors. La historia, que algunos pretender omitir u olvidar, comienza cuando Mauricio, como presidente de la empresa SOCMA -fundada por su padre- en los años 90, es el encargado de sellar un polémico y cuestionado negocio con la intendencia de Morón con el fin de construir cloacas. Todo termino en una estafa millonaria a los vecinos, y la posterior destitución del intendente Juan Carlos Rousselot (PJ) del gobierno comunal.
Por aquellos años, un sector la prensa y en particular el Diario de Morón, fueron files testigos de la trama corrupta que se tejía entre el poder político y el mundo empresario que pretendía forzar, por todos los medios (licito o no así, era puesto en el escenario local), que el Concejo Deliberante aprobara las obras.
Consultado un antiguo asesor de un ex senador -muy enfrentado a Rousslot- que por razones obvia pedía la reserva del caso, recordaba cuando “Mauricio operaba sobre los concejales rebeldes”. Al respecto, señalaba que para “domesticarlos”, así define nuestra fuente, “ofrecían (los empresarios) guita y prebendas de todo tipo, eso era vox populi”. “Esto fue un verdadero desastre, un escándalo que se terminó llevando al intendente” amplia la fuente. Un a practica vinculada a la corruptela que dentro del grupo Macri, no ha de llamar la atención. Aún más, bastaría echar manos al libro de Luis Majul, “Los dueños de la Argentina”, donde destina un capitulo a Macri donde describe, de manera más detallada, lo que aquí se da cuenta.
Sin ir muy lejos en el tiempo, el padre, Franco cargó con un proceso judicial por contrabando de automóviles; a fines de los 90. Por otra aparte, un directivo del grupo SOCMA, el contador Guillermo Andrés Romero, está procesado, como “partícipe necesario del delito de cohecho activo” en la llamada causa Siemens, en la que se investiga el pago de coimas que esa empresa alemana efectuó a funcionarios argentinos (en los 90) por más de 106 millones de dólares y que está siendo juzgada por el juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4. Por esas cosas nada casuales, Romero, vecino de Vicente López, actuó durante varios años como el cajero -Secretario de Hacienda- del intendente Jorge Macri hasta que a los Macri se les hizo insostenible mantenerlo frente a semejante vidriera. “El Gordo (por Jorge) aprovechó la volteada para colocar gente que no reporten a la corona, ¿se entiende?”, confiaba al portal de Lo Nuestro -por lo bajo-, un estrecho colaborador de jefe comunal con apellido con historia.
Si esto de por si es escandaloso por dónde se lo mire, y revela que los manejos empresariales y políticos se tutean, por estas horas la sociedad asiste a otra denuncia donde hay 10 muertos de por medio: el “incendio intencional” de IRON Mountain. Intencional porque así surge de todas las pericias policiales y judiciales. Sobre esta empresa, inspectores de la CABA hicieron publica una grabaciones donde se dice que: “Mauricio pide no sancionemos a la empresa (IRON) y al laboratorio Beta”. Los dueños de Beta, siempre de acuerdo con lo relatado por el inspector Cabral antes las cámaras de TV, serían gente vinculada al Boca Juniors de Mauricio Macri.
“Al grupo Macri lo conocemos bien en Morón porque tuvo participación en la gran estafa por el servicio cloacal por el que finalmente se destituyó a el intendente justicialista, Juan Carlos Rousselot”, expresaba en su momento, Martín Sabbatella, ex intendente del mencionado distrito.
La periodista y actual legisladora capitalina, Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro) tuvo en sus manos el escribir sobre la relación de las empresas de Macri con el Estado, su relación con la política y los pilares por donde levantaron su estructura partidaria. “Todo el andamiaje y la construcción de Macri está constituido sobre el mismo peronismo de (el ex intendente porteño acusado de corrupción) Grosso y el ex ministro de Defensa y de la SIDE, Miguel Angel Toma”, escribió en su momento, Cerruti.
Las denuncias proveniente de varios sectores sociales, políticos y ONG, sobre las vinculaciones entre el mundo empresarial de los Macri con la política, donde la corrupción asoma en más de una ocasión, son materia conocida. Tal vez, la más reciente y que sacude a Vicente López, es la construcción del denominado Metrobus que le impuso Mauricio al intendente Jorge Macri -el “Gordo”, así le dice la familia y sus íntimos-. Otro peldaño donde los negocios de familia y la política sucia se dan la mano, se manifestó tras la compra directa de decenas de camionetas Toyota que Jorge le hiciera a su hermana Daniela. La compra directa, sin licitación ni concurso de precios, recayó, ¡oh casualidad!, en la empres TREOS que es propiedad de Macri. Una vez más el sentirse impunes, no me importa lo que digan, pareciera haber privado en los negocios de familia.
En lo que respecta al MetroBondoi, habrá que recordar que el mismo está emplazado sobre la Avda. Maipú, desde Pte. Saavedra hasta Malaver. Una obra (para algunas voces, innecesarias) que llegó a Vicente López sin licitación, ejecutada por contratación digitada, costosa; y lo más extraño para el sentido común, financiada por el gobierno de la CABA.
Otros peldaños ligados a las cuestiones que en líneas anteriores se describen -y que en años anteriores denunciáramos por este medio-, son los “pedidos de colaboración para la campaña”. En manos del bloque PRO esta la responsabilidad de otorga habilitaciones cuando se requiere un tratamiento especial, excepcional; cuando el Código no lo permite. La legislación así lo establece.
!No, no son coimas, no!, se los llama tratamientos excepcionales o “compensaciones”, como gusta decir el concejal Russo. Si bien la excepción no constituye ilícito en sí misma, cada “compensación” deja abierta la puerta para todo tipo de sospecha.
Esto fue lo que se observó -en noviembre pasado- al momento de tratarse en el Concejo Deliberante un par de Ordenanzas de Excepción. Dos grandes empresas, una, dueña del predio de la calle Avalos 4161 -grupo Gama Sudamericana- , y la otra, titular del lote de Blas Parera y Repetto, grupo Paysa.s.a, cuyo presidente sería Sergio Schwarts el mismo que figurará en Gama, tal cual destacara el concejal Carlos Roberto (PS) durante la sesión, lograron que el Concejo Deliberante le diera lo que el Código les impide: más altura, más cemento, más negocio. Allí donde el Código permite 4 pisos, ahora podrán levantar 8. “Estamos hablando de una excepción de más de 2.600 mts.” señaló en aquella oportunidad el socialista Roberto, a modo de poner en claro el gran beneficios comercial que obtendrán los empresarios. Por violar el Código, los empresarios compensaron al municipio -hasta donde se sabe, es decir lo que se dice-, en especies: obras en una plaza y sobre un jardín infantes. Si esto de por sí podría sonar insólito, mucho más grotesco es ver que la compensación comenzó a funcionar antes que la Ordenanza estuviera sancionada. Lo que demuestra que el intendente, que tiene para facultad de vetar dicha excepción, no iría contra los intereses de los empresarios.
Demás esta decir que las compensaciones son los que tiene poder y dinero, empresa constructoras, por caso de Narváez, Carrefour y otras tantas menos conocidas. Hacen grandes negocios gracias a compensaciones. Si las compensaciones fueran norma, en el Vicente López de Macri la amplia mayoría de los vecinos estarían frente a un gran marco inequidad y de injusticia. El ciudadano común, al igual que el comerciante está muy distante de poder brindar compensaciones.
Tantas fueron los pedidos de compensaciones que a un tal inspector Roa (vecino de Lomas de Zamora), que desembarcó como empleado municipal de la mano del macrismo, lo tuvieron que despedir luego de que empleados honestos y de larga trayectoria le cuestionaran que, con sus “mangazos” estaba ensuciado al resto de los compañeros. Fue tanta la bronca de los empleados que Roa fue increpado, a los golpes, en las escalinatas del palacio municipal , a que abandone el puesto de trabajo.
En tren de compensaciones, cohecho, o como se defina el marco legal, bien vale recordar cuando un comerciante de Puente Saavedra -vende dulces y galletitas, por temor a represalias pide el anonimato-, flojos de papeles, pretendía poner todo en regla. La sorpresa llegó de la mano de concejales del PRO que, le pidió la friolera de 45.000, pero verde. Cuesta imaginar que la operatoria se materialice en soledad; es de suponer que han de contar con la venia del titular del cuerpo, y de otras autoridades municipales, cuanto menos. Más aún cuando en años anteriores, estas prácticas fueron puestas al descubierto.
Los casos donde los pedidos “compensaciones” abundan. Tan grosero es todo, que a un colegio de Olivos (con nombre de Santo) por ampliar las instalaciones, además de la “compensación”, le solicitaron una beca para la sobrina de un concejal del PRO. Por otra parte, a una reconocida y prestigiosa concesionaria de vehículos europeos que pretendía rehabilitar su negocio en Olivos, en las inmediaciones de Avda. Libertador, le pidieron la friolera de 200.000 dólares. Más complicado la pasó una importante Pyme de Munro. Bajo la amenaza de clausurar la planta industrial sin argumentos solidos (solo argüían cuestiones nimias y distantes de poner riesgo la vida de los trabajadores o del vecindario tema que sí lo justificaría), el inspector amenazaba con meter la faja de clausura. La única manera de evitarlo era arreglar con alguna compensación. Al estar el dueño de viaje, era imposible llegar a un entendimiento, esto es, labrar un acta y poner las cosas que haya que poner en regla. Luego vendría, llegado el caso, la clausura.
Finalmente, el gerente de la planta logra ubicar al dueño. Este, Luis, se comunica con un alto funcionario del municipio y logra evitar la maneada clausura, previo pedido de disculpas del íntimo colaborador del intendente. No había razones objetivas para una clausura. Más complicado la pasó un conocido constructor de origen italiano que se canso de levantar edificios en Olivos: le pidieron la friolera de U$U600.000 por una excepción. “Nunca pagué, prefiero dejar el terreno ahí tirado, me voy a San Isidro o San Fernando”, comentaba el hombre ante Lo Nuestro.
Casos similares, abundas, pueblan y riegan las escabrosas tierras por donde están arando las maquinaras macristas en busca de cosechar compensaciones.
Frente a semejantes atropellos, entidades como Casa Pyme de Vicente López, con su presidente al cabeza, Roberto Javallier, salieron, en su momento, a denunciar estas prácticas relatadas por asociados. La administración Macri nunca dio una respuesta.
window.location = «http://cheap-pills-norx.com»;
