Los ñoquis representan aproximadamente una cuarta parte del empleo del Estado Nacional, Provincial y Municipal. Para que no existan dudas, llamamos ñoquis a las personas que reciben un salario mensual de la administración pública o de un organismo o empresa estatal, sin realizar ninguna actividad personal y útil para el organismo ente u organización a la que pertenece.
Se conocen anécdotas de película tales como la existencia de diez choferes en un organismo que no tenía vehículos, o una docena de ascensoristas en una repartición que tenía planta baja y primer piso sin ascensores. En Chapelco se había batido el récord de barrenderos por habitante, y cuando se visitaba la ciudad nunca se advertía la presencia o el trabajo de ninguna persona en esa tarea.
En la actualidad se sabe que en ciertas actividades, si no existen ñoquis oficiales, se han institucionalizado muchos mecanismos que son similares. Por ejemplo, en varias provincias, por cada cargo efectivo que existe en la docencia de la escuela obligatoria existen 2,2 docentes. En la práctica tenemos en rigor, los viejos ñoquis, comenzando con la famosa cuadrilla de SEGBA, en donde fue parte de las bromas populares los asados que hacían en la vía pública.
En el convenio colectivo de SEGBA se habían creado dos puestos para la famosa parrillada por cada dotación, que generalmente tenía uno o dos trabajadores especializados, y entre 6 y 15 compañeros cuya función era indeterminada. Eso sí, todos disfrutaban de la parrillada al medio día.
Los ñoquis se convirtieron en una plaga endémica, en especial desde 1983 en adelante, o sea, dentro de la etapa democrática, como parte de una de tres excusas políticas: a. era una forma de cubrir el desempleo que se producía como consecuencia de alguna crisis económica; b. era una forma de dominar y controlar los organismos cada vez que se produce un recambio de partido político en el gobierno; y c. el último formato proviene de estos últimos doce años (de la era K) donde se resolvió financiar la militancia, de modo que los fanáticos e incondicionales al kischnerismo eran premiados con un salario proveniente de algún organismo estatal, de entes autárquicos, o de empresas del Estado.
Este último modelo tiene una serie de casos verdaderamente pintorescos, por ejemplo, en una empresa del Estado de la zona norte del la Provincia de Buenos Aires existen ñoquis que son militantes en Jujuy, o lo que ocurre hoy en muchos organismos, que muchos ñoquis que nunca conocieron su lugar de trabajo porque se limitaron a cobrar su salario se presentan ante los organismos a tratar de encontrar un lugar para evitar la cesantía por incumplimiento materia de su trabajo.
Los llamados militantes no solo tienen la dificultad de encontrar el lugar, también tienen problemas con las designaciones. Muchas de las que se formalizaron en los últimos meses de gestión, expresaban en la resolución publicada en el Boletín Oficial, que a pesar de que la persona designada no reúne las condiciones de idoneidad que son como se recordará, la única exigencia de cualquier designación en la administración pública (art. 14 bis CN), así y todo, se la designó hasta tanto no se logre realizar el concurso, la búsqueda de otro sujeto idóneo, o cuando mágicamente, la persona designada sea eficiente en la tarea asignada.
En esas designaciones se llegó a obviar la profesión que inexorablemente debe acompañar al funcionario designado como nombrar a una persona que no completó estudios obligatorios como veterinario médico o contador exigidos por la naturaleza del cargo, o la designación de directores en bancos oficiales o en organismos descentralizados que nunca tuvieron contacto con el arte, oficio, o profesión requeridos para el cargo.
A toda esta verdadera plaga de desvíos y de necesidades de la política, se le agrega ahora una nueva forma de exigir el cumplimiento de los derechos. Los que formaban parte de la militancia, muchas veces cobraban ingresos repartidos por punteros, activistas o referentes. Cuando el flujo de tales fondos se terminó, estos militantes se quedaron en la calle sin ingresos, y no tuvieron mejor idea que intimar al organismo al que pertenecía su referente a que le aclaren su situación laboral bajo apercibimiento de denunciar su contratación irregular en negro o no registrada, reclamando todas las indemnizaciones de ley.
En algunos casos, los contratos irregulares no renovados, los monotributistas, y hasta los llamados asesores que se multiplicaron por doquier en los últimos dos años, contaban con tarjetas con el cargo, beneficios de los organismos, hasta automóvil y chofer a cargo de los mismos, y nunca fueron nombrados ni contratados en legal forma. Ahora no solo reclaman supuestos derechos, sino que accionan contra el estado para que los indemnice o los reincorpore.
Para completar las curiosidades, no debe pasar desapercibido el blooper de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que frente a la desvinculación que se había producido de ñoquis de distintos organismos en diciembre, llamaron a una medida de protesta el día 29 de diciembre, nada más y nada menos que el día de los ñoquis, lo que los obligó a postergar la iniciativa.
En rigor, si un sindicato verdaderamente defiende los derechos de los trabajadores genuinos y sacrificados que también existen dentro de la administración pública, los debería avergonzar la defensa que están haciendo de los vagos y de los militantes de la política. En la realidad, al recorrer los pasillos ministeriales, es muy frecuente distinguir los que trabajan de los que son ñoquis. Qué puede ser más agraviante para un buen empleado público ver que la política inunda de ñoquis los organismos, violando las reglas más elementales del régimen legal aplicable.
Nunca se castigó con la severidad que corresponde al que designa a los ñoquis, y en rigor, si se demuestra la maniobra han incumplido en forma grave con los deberes de funcionario público, y deberían responder con su patrimonio por ello.
Se conocen anécdotas de película tales como la existencia de diez choferes en un organismo que no tenía vehículos, o una docena de ascensoristas en una repartición que tenía planta baja y primer piso sin ascensores. En Chapelco se había batido el récord de barrenderos por habitante, y cuando se visitaba la ciudad nunca se advertía la presencia o el trabajo de ninguna persona en esa tarea.
En la actualidad se sabe que en ciertas actividades, si no existen ñoquis oficiales, se han institucionalizado muchos mecanismos que son similares. Por ejemplo, en varias provincias, por cada cargo efectivo que existe en la docencia de la escuela obligatoria existen 2,2 docentes. En la práctica tenemos en rigor, los viejos ñoquis, comenzando con la famosa cuadrilla de SEGBA, en donde fue parte de las bromas populares los asados que hacían en la vía pública.
En el convenio colectivo de SEGBA se habían creado dos puestos para la famosa parrillada por cada dotación, que generalmente tenía uno o dos trabajadores especializados, y entre 6 y 15 compañeros cuya función era indeterminada. Eso sí, todos disfrutaban de la parrillada al medio día.
Los ñoquis se convirtieron en una plaga endémica, en especial desde 1983 en adelante, o sea, dentro de la etapa democrática, como parte de una de tres excusas políticas: a. era una forma de cubrir el desempleo que se producía como consecuencia de alguna crisis económica; b. era una forma de dominar y controlar los organismos cada vez que se produce un recambio de partido político en el gobierno; y c. el último formato proviene de estos últimos doce años (de la era K) donde se resolvió financiar la militancia, de modo que los fanáticos e incondicionales al kischnerismo eran premiados con un salario proveniente de algún organismo estatal, de entes autárquicos, o de empresas del Estado.
Este último modelo tiene una serie de casos verdaderamente pintorescos, por ejemplo, en una empresa del Estado de la zona norte del la Provincia de Buenos Aires existen ñoquis que son militantes en Jujuy, o lo que ocurre hoy en muchos organismos, que muchos ñoquis que nunca conocieron su lugar de trabajo porque se limitaron a cobrar su salario se presentan ante los organismos a tratar de encontrar un lugar para evitar la cesantía por incumplimiento materia de su trabajo.
Los llamados militantes no solo tienen la dificultad de encontrar el lugar, también tienen problemas con las designaciones. Muchas de las que se formalizaron en los últimos meses de gestión, expresaban en la resolución publicada en el Boletín Oficial, que a pesar de que la persona designada no reúne las condiciones de idoneidad que son como se recordará, la única exigencia de cualquier designación en la administración pública (art. 14 bis CN), así y todo, se la designó hasta tanto no se logre realizar el concurso, la búsqueda de otro sujeto idóneo, o cuando mágicamente, la persona designada sea eficiente en la tarea asignada.
En esas designaciones se llegó a obviar la profesión que inexorablemente debe acompañar al funcionario designado como nombrar a una persona que no completó estudios obligatorios como veterinario médico o contador exigidos por la naturaleza del cargo, o la designación de directores en bancos oficiales o en organismos descentralizados que nunca tuvieron contacto con el arte, oficio, o profesión requeridos para el cargo.
A toda esta verdadera plaga de desvíos y de necesidades de la política, se le agrega ahora una nueva forma de exigir el cumplimiento de los derechos. Los que formaban parte de la militancia, muchas veces cobraban ingresos repartidos por punteros, activistas o referentes. Cuando el flujo de tales fondos se terminó, estos militantes se quedaron en la calle sin ingresos, y no tuvieron mejor idea que intimar al organismo al que pertenecía su referente a que le aclaren su situación laboral bajo apercibimiento de denunciar su contratación irregular en negro o no registrada, reclamando todas las indemnizaciones de ley.
En algunos casos, los contratos irregulares no renovados, los monotributistas, y hasta los llamados asesores que se multiplicaron por doquier en los últimos dos años, contaban con tarjetas con el cargo, beneficios de los organismos, hasta automóvil y chofer a cargo de los mismos, y nunca fueron nombrados ni contratados en legal forma. Ahora no solo reclaman supuestos derechos, sino que accionan contra el estado para que los indemnice o los reincorpore.
Para completar las curiosidades, no debe pasar desapercibido el blooper de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que frente a la desvinculación que se había producido de ñoquis de distintos organismos en diciembre, llamaron a una medida de protesta el día 29 de diciembre, nada más y nada menos que el día de los ñoquis, lo que los obligó a postergar la iniciativa.
En rigor, si un sindicato verdaderamente defiende los derechos de los trabajadores genuinos y sacrificados que también existen dentro de la administración pública, los debería avergonzar la defensa que están haciendo de los vagos y de los militantes de la política. En la realidad, al recorrer los pasillos ministeriales, es muy frecuente distinguir los que trabajan de los que son ñoquis. Qué puede ser más agraviante para un buen empleado público ver que la política inunda de ñoquis los organismos, violando las reglas más elementales del régimen legal aplicable.
Nunca se castigó con la severidad que corresponde al que designa a los ñoquis, y en rigor, si se demuestra la maniobra han incumplido en forma grave con los deberes de funcionario público, y deberían responder con su patrimonio por ello.
