Una sorda ola de indignación recorrió la City esta semana. Y no solo por el desplome de acciones con el que Wall Street despidió a la primera jefa mujer de la Reserva Federal, Janet Yellen, que contagió con fuerza al mercado local. Los inversores minoristas criollos pusieron el grito en el cielo por lo que consideran una estafa, perpetrada para peor desde la mesa chica del gobierno con cuya orientación concuerdan en general: la salida a la bolsa neoyorquina de Central Puerto, la mayor generadora de electricidad criolla, administrada históricamente por Nicolás «Nicky» Caputo, el hermano de la vida del presidente Mauricio Macri. Un nuevo episodio en la saga de supernegocios opacos que se sucedieron en el sector energético en los últimos dos años.
La noticia, que pasó inicialmente inadvertida fuera de las páginas especializadas en finanzas, empezó a ganar kilataje político con el correr de los días. Las acciones de Central Puerto (CePu) debían salir a cotizar el viernes pasado en Wall Street entre 17,50 y 21,50 dólares pero lo hicieron a 16,50. La oferta pública, así, recaudó 330 millones de dólares en vez de los 450 millones previstos inicialmente. La acción de la misma compañía en el mercado porteño, como consecuencia, se derrumbó un 16,8%. Pudo haber sido leído como un simple tropezón, consecuencia de la tensión por el recambio en la Reserva Federal y el inicio de un ciclo de suba de tasas de interés que restará atractivo a las acciones y se lo devolverá a los bonos del Tesoro norteamericano. Pero como el grupo controlante se había apurado a deshacerse de su parte a buen precio antes del cataclismo, las sospechas no tardaron en aparecer. El mismo viernes, casi la mitad de lo que operó la Bolsa fueron acciones de CePu.
El gerente de Desarrollo de la Bolsa, Claudio Zuchovicki, fue el primero en advertirlo. Sin nombrar a Caputo, vicepresidente del Merval desde que su amigo de la infancia tomó las riendas del país, lanzó un enigmático tuit: «El uso de la información privilegiada debería estar más enérgicamente castigado. Una empresa es confiable cuando los accionistas mayoritarios privilegian los intereses de la empresa sobre los suyos personales. El minoritario merece respeto. Si no, matan al verdadero protagonista», escribió el sábado al mediodía.
Las reacciones saltaron de los foros bursátiles a la red social del pajarito. Medio centenar de operadores e inversores acusaban allí a las autoridades del Merval y a los bancos colocadores de la nueva acción en Wall Street (BofA Merrill Lynch, JP Morgan y Morgan Stanley) de haber inflado el valor estimado para favorecer a los accionistas mayoritarios en desmedro de los minoritarios. También cargaban contra la Comisión Nacional de Valores (CNV) por no haber evitado el uso de información privilegiada por parte de Caputo y su socio en SADESA, el también exCardenal Newman Guillermo «Willy» Reca. Ante la ola de críticas, el ente que regula el mercado inició una investigación. Pero el jefe de la CNV, Marcos Ayerra, evitó difundir comunicado alguno ni opinión al respecto.
Privilegiados
Los más indignados entre los inversores que perdieron de la mano de Caputo recordaron que pocos días antes se desplomaron las acciones de la nave insignia de su familia, la constructora Caputo S.A., justo después de que él vendiera -a mediados de enero- su paquete de control a su competidora TGLT, capitaneada por Federico Weil. Los más memoriosos evocaron la maniobra que llevó adelante Sevel (bajo control de los Macri) en 1992, cuando perjudicó en más de 30 millones de dólares a los compradores de las acciones que emitió en oferta pública, según concluyó en 2001 la propia CNV. Por aquella «gravísima infracción», tal como la definió el propio ente regulador, el hoy convaleciente Franco Macri apenas fue obligado a pagar $4.500 de multa, el tope que preveía la legislación de los noventa. A Mauricio, por entonces director de Sevel, le bastaron 500 pesos.
Con la normativa actual bajo el brazo, Ayerra podría castigar con mucha mayor contundencia el uso de «inside information», como le dicen en Wall Street. El artículo 20 de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales, introducido en la reforma de 2012, le permite a la CNV designar veedores con poder de veto o incluso separar a los órganos de administración de las sociedades bajo sospecha de haber perjudicado a sus accionistas minoritarios. Pero si realmente quisiera combatir esos privilegios con el mismo ahínco que le pone el Presidente a enfrentar los que adjudica a los sindicatos, debería apurarse más. El 20 es uno de los artículos que deroga el proyecto de contrarreforma que esperaba aprobar el oficialismo a fin de año, que quedó postergado por la convulsión social que generó la reforma jubilatoria. Según las fuentes parlamentarias que pudo consultar BAE Negocios, la intención del oficialismo es volver a la carga con ese proyecto apenas se retomen las sesiones ordinarias en marzo.
Más allá de si hubo estafa o no, la pregunta que vale hacerse es si la decisión de Nicky de deshacerse de sus activos más importantes en Argentina implica que, como dicen cada vez más operadores y banqueros en Wall Street, las acciones locales ya subieron demasiado. Otro empresario con acceso VIP a Olivos, el nuevo zar de la energía Marcelo Mindlin, también vendió en estos días grandes lotes de acciones de sus firmas controladas como suele hacer cada vez que intuye un bajón, para recomprarlas después a menor precio y ganar participación en ellas sin poner plata.
¿Habrá llegado a su fin el raíd alcista que inauguró la llegada de Macri a la Rosada? ¿Ya dio el «modelo M» todo el jugo que esperaba obtener al capital local? ¿Puede un banco como el Galicia valer más que los 7.000 millones de dólares que marca su capitalización bursátil? ¿Le convendrá otra vez a Mindlin recomprar acciones de Edenor desde las empresas offshore que administra? Probablemente a él sí, porque ya conoce el sendero de aumentos de las tarifas dolarizadas que dispuso Juan José Aranguren. El resto, dicen desde la Gran Manzana, es más dudoso.
Gatillo naftero
El capitalismo de amigos, como lo definió Roberto Lavagna cuando la patria contratista bailaba al son de la banda de Julio De Vido, surfea otra de las mejores olas de su historia. Con una línea cada vez más borrosa entre el Macri presidente y el Macri magnate, muchas de las últimas noticias de negocios importantes involucran invariablemente a algún viejo amigo o enemigo suyo. Por caso, la adjudicación sin licitación del aeródromo «low cost» de El Palomar al Grupo América, de Eduardo Eurnekian. En varias de esas movidas surgieron sospechas de intervenciones non sanctas y devoluciones de favores, pero ninguna llega a los tribunales: los penales están abocados a revisar la historia de la última década y los comerciales rara vez condenaron el delito de guante blanco.
El primo de Nicky, Luis «Toto» Caputo, acaso el único indispensable de los cinco ministros de Economía que conviven en el gabinete, es también uno de los pocos salpicados por denuncias judiciales. En la intimidad confiesa que le preocupan poco. Esta semana volvió a marcar el pulso de la política económica al emitir un nuevo bono en pesos a un año. El mercado, que el 28 de diciembre entrevió el ocaso de la era de las Lebacs de Federico Sturzenegger, le ofreció más de 70.000 millones de pesos. No porque respalde especialmente al ministro de Finanzas en su interna contra el jefe del Banco Central, sino porque Caputo ofreció una novedosa «cláusula gatillo». La tasa que pagará ese bono es el 22,5% anual, salvo que la inflación supere el 18,75%. En ese caso, pagará el equivalente a la inflación más 3,75 puntos porcentuales.
La meta de inflación del 15% que acaba de enunciar su colega Nicolás Dujovne, así, volvió a ser vulnerada por fuego amigo. Macri le encargó al vilipendiado Jorge Triaca que la imponga a sangre y fuego en las paritarias, sin el gatillo que les ofreció Caputo a los compradores de bonos. Pero a excepción de los sueldos, las cláusulas de indexación florecen como hongos en el resto de la economía. Las petroleras, por ejemplo, habían obtenido la suya de Aranguren antes que los financistas se alzaran con la de Caputo. YPF y Shell acaban de utilizarla. Subieron, por segunda vez en el año, el valor de sus combustibles por el alza del dólar.
La noticia, que pasó inicialmente inadvertida fuera de las páginas especializadas en finanzas, empezó a ganar kilataje político con el correr de los días. Las acciones de Central Puerto (CePu) debían salir a cotizar el viernes pasado en Wall Street entre 17,50 y 21,50 dólares pero lo hicieron a 16,50. La oferta pública, así, recaudó 330 millones de dólares en vez de los 450 millones previstos inicialmente. La acción de la misma compañía en el mercado porteño, como consecuencia, se derrumbó un 16,8%. Pudo haber sido leído como un simple tropezón, consecuencia de la tensión por el recambio en la Reserva Federal y el inicio de un ciclo de suba de tasas de interés que restará atractivo a las acciones y se lo devolverá a los bonos del Tesoro norteamericano. Pero como el grupo controlante se había apurado a deshacerse de su parte a buen precio antes del cataclismo, las sospechas no tardaron en aparecer. El mismo viernes, casi la mitad de lo que operó la Bolsa fueron acciones de CePu.
El gerente de Desarrollo de la Bolsa, Claudio Zuchovicki, fue el primero en advertirlo. Sin nombrar a Caputo, vicepresidente del Merval desde que su amigo de la infancia tomó las riendas del país, lanzó un enigmático tuit: «El uso de la información privilegiada debería estar más enérgicamente castigado. Una empresa es confiable cuando los accionistas mayoritarios privilegian los intereses de la empresa sobre los suyos personales. El minoritario merece respeto. Si no, matan al verdadero protagonista», escribió el sábado al mediodía.
Las reacciones saltaron de los foros bursátiles a la red social del pajarito. Medio centenar de operadores e inversores acusaban allí a las autoridades del Merval y a los bancos colocadores de la nueva acción en Wall Street (BofA Merrill Lynch, JP Morgan y Morgan Stanley) de haber inflado el valor estimado para favorecer a los accionistas mayoritarios en desmedro de los minoritarios. También cargaban contra la Comisión Nacional de Valores (CNV) por no haber evitado el uso de información privilegiada por parte de Caputo y su socio en SADESA, el también exCardenal Newman Guillermo «Willy» Reca. Ante la ola de críticas, el ente que regula el mercado inició una investigación. Pero el jefe de la CNV, Marcos Ayerra, evitó difundir comunicado alguno ni opinión al respecto.
Privilegiados
Los más indignados entre los inversores que perdieron de la mano de Caputo recordaron que pocos días antes se desplomaron las acciones de la nave insignia de su familia, la constructora Caputo S.A., justo después de que él vendiera -a mediados de enero- su paquete de control a su competidora TGLT, capitaneada por Federico Weil. Los más memoriosos evocaron la maniobra que llevó adelante Sevel (bajo control de los Macri) en 1992, cuando perjudicó en más de 30 millones de dólares a los compradores de las acciones que emitió en oferta pública, según concluyó en 2001 la propia CNV. Por aquella «gravísima infracción», tal como la definió el propio ente regulador, el hoy convaleciente Franco Macri apenas fue obligado a pagar $4.500 de multa, el tope que preveía la legislación de los noventa. A Mauricio, por entonces director de Sevel, le bastaron 500 pesos.
Con la normativa actual bajo el brazo, Ayerra podría castigar con mucha mayor contundencia el uso de «inside information», como le dicen en Wall Street. El artículo 20 de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales, introducido en la reforma de 2012, le permite a la CNV designar veedores con poder de veto o incluso separar a los órganos de administración de las sociedades bajo sospecha de haber perjudicado a sus accionistas minoritarios. Pero si realmente quisiera combatir esos privilegios con el mismo ahínco que le pone el Presidente a enfrentar los que adjudica a los sindicatos, debería apurarse más. El 20 es uno de los artículos que deroga el proyecto de contrarreforma que esperaba aprobar el oficialismo a fin de año, que quedó postergado por la convulsión social que generó la reforma jubilatoria. Según las fuentes parlamentarias que pudo consultar BAE Negocios, la intención del oficialismo es volver a la carga con ese proyecto apenas se retomen las sesiones ordinarias en marzo.
Más allá de si hubo estafa o no, la pregunta que vale hacerse es si la decisión de Nicky de deshacerse de sus activos más importantes en Argentina implica que, como dicen cada vez más operadores y banqueros en Wall Street, las acciones locales ya subieron demasiado. Otro empresario con acceso VIP a Olivos, el nuevo zar de la energía Marcelo Mindlin, también vendió en estos días grandes lotes de acciones de sus firmas controladas como suele hacer cada vez que intuye un bajón, para recomprarlas después a menor precio y ganar participación en ellas sin poner plata.
¿Habrá llegado a su fin el raíd alcista que inauguró la llegada de Macri a la Rosada? ¿Ya dio el «modelo M» todo el jugo que esperaba obtener al capital local? ¿Puede un banco como el Galicia valer más que los 7.000 millones de dólares que marca su capitalización bursátil? ¿Le convendrá otra vez a Mindlin recomprar acciones de Edenor desde las empresas offshore que administra? Probablemente a él sí, porque ya conoce el sendero de aumentos de las tarifas dolarizadas que dispuso Juan José Aranguren. El resto, dicen desde la Gran Manzana, es más dudoso.
Gatillo naftero
El capitalismo de amigos, como lo definió Roberto Lavagna cuando la patria contratista bailaba al son de la banda de Julio De Vido, surfea otra de las mejores olas de su historia. Con una línea cada vez más borrosa entre el Macri presidente y el Macri magnate, muchas de las últimas noticias de negocios importantes involucran invariablemente a algún viejo amigo o enemigo suyo. Por caso, la adjudicación sin licitación del aeródromo «low cost» de El Palomar al Grupo América, de Eduardo Eurnekian. En varias de esas movidas surgieron sospechas de intervenciones non sanctas y devoluciones de favores, pero ninguna llega a los tribunales: los penales están abocados a revisar la historia de la última década y los comerciales rara vez condenaron el delito de guante blanco.
El primo de Nicky, Luis «Toto» Caputo, acaso el único indispensable de los cinco ministros de Economía que conviven en el gabinete, es también uno de los pocos salpicados por denuncias judiciales. En la intimidad confiesa que le preocupan poco. Esta semana volvió a marcar el pulso de la política económica al emitir un nuevo bono en pesos a un año. El mercado, que el 28 de diciembre entrevió el ocaso de la era de las Lebacs de Federico Sturzenegger, le ofreció más de 70.000 millones de pesos. No porque respalde especialmente al ministro de Finanzas en su interna contra el jefe del Banco Central, sino porque Caputo ofreció una novedosa «cláusula gatillo». La tasa que pagará ese bono es el 22,5% anual, salvo que la inflación supere el 18,75%. En ese caso, pagará el equivalente a la inflación más 3,75 puntos porcentuales.
La meta de inflación del 15% que acaba de enunciar su colega Nicolás Dujovne, así, volvió a ser vulnerada por fuego amigo. Macri le encargó al vilipendiado Jorge Triaca que la imponga a sangre y fuego en las paritarias, sin el gatillo que les ofreció Caputo a los compradores de bonos. Pero a excepción de los sueldos, las cláusulas de indexación florecen como hongos en el resto de la economía. Las petroleras, por ejemplo, habían obtenido la suya de Aranguren antes que los financistas se alzaran con la de Caputo. YPF y Shell acaban de utilizarla. Subieron, por segunda vez en el año, el valor de sus combustibles por el alza del dólar.
