El FMI desembarca este jueves en Madrid. Ocho técnicos del organismo con sede en Washington estarán hasta el próximo 25 de octubre para examinar la marcha de la economía española, las reformas y las regulaciones pendientes. En la delegación participará Fernando Jiménez Latorre, el exsecretario de Estado de Economía que se marchó al Fondo y que más adelante ocupará el cargo al que optó el exministro José Manuel Soria.
La delegación se reunirá con todo tipo de organismos oficiales, partidos políticos, gabinetes de análisis económicos, ministerios, patronales y sindicatos, siempre rodeados de la máxima discreción. El objetivo es redactar el llamado Artículo IV, un informe que cada año dedican a las economías donde incluyen después debilidades y reformas pendientes, así como valoraciones sobre las perspectivas de crecimiento.
La misión del FMI debía haberse producido hace ya varios meses. De hecho, las conclusiones suelen plasmarse en un informe que se presenta en verano. Sin embargo, el organismo que dirige Christine Lagarde optó por esperar a que hubiera un nuevo Gobierno y en abril trascendió que lo posponían. Examinar las acciones de un Ejecutivo en funciones y realizar recomendaciones sin saber a quién se dirigen cuando solicitan cambios regulatorios puede tener menos fuerza si le llega a un equipo ya de salida.
Es habitual que el Fondo altere su calendario habitual cuando se dan citas electorales en un país con el fin de evitar las situaciones de interinidad en los gobiernos. Sin embargo, ante el retraso de la formación de Gobierno y la posibilidad incluso de que llegaran a celebrarse unas terceras elecciones, el FMI puso fecha a su visita, del 13 de octubre al 25 de octubre.
El último informe del Artículo IV sobre España se publicó el 14 de agosto del año pasado. En este, alertaba de los problemas estructurales de la economía española y ponía el foco en su bajo potencial de crecimiento a medio plazo. Respaldó las políticas económicas del Ejecutivo del PP y corrigió al alza sus pronósticos sobre España. Pero advirtió que «las tasas de desempleo persistentemente elevadas, la baja productividad y los niveles todavía considerables de deuda pública y privada continúan planteando desafíos de política de cara al futuro».
En aquel momento le puso deberes al Gobierno. Y se los tendrá que poner de nuevo en esta ocasión, ya que las tareas siguen pendientes: exigía otra vuelta de tuerca a la reforma laboral, la ley de liberalización de servicios profesionales y mecanismos más ágiles para que las empresas superen las insolvencias. Solo en este último punto se hicieron el año pasado algunos cambios, con la reforma de la Ley Concursal en mayo de 2015.
La delegación se reunirá con todo tipo de organismos oficiales, partidos políticos, gabinetes de análisis económicos, ministerios, patronales y sindicatos, siempre rodeados de la máxima discreción. El objetivo es redactar el llamado Artículo IV, un informe que cada año dedican a las economías donde incluyen después debilidades y reformas pendientes, así como valoraciones sobre las perspectivas de crecimiento.
La misión del FMI debía haberse producido hace ya varios meses. De hecho, las conclusiones suelen plasmarse en un informe que se presenta en verano. Sin embargo, el organismo que dirige Christine Lagarde optó por esperar a que hubiera un nuevo Gobierno y en abril trascendió que lo posponían. Examinar las acciones de un Ejecutivo en funciones y realizar recomendaciones sin saber a quién se dirigen cuando solicitan cambios regulatorios puede tener menos fuerza si le llega a un equipo ya de salida.
Es habitual que el Fondo altere su calendario habitual cuando se dan citas electorales en un país con el fin de evitar las situaciones de interinidad en los gobiernos. Sin embargo, ante el retraso de la formación de Gobierno y la posibilidad incluso de que llegaran a celebrarse unas terceras elecciones, el FMI puso fecha a su visita, del 13 de octubre al 25 de octubre.
El último informe del Artículo IV sobre España se publicó el 14 de agosto del año pasado. En este, alertaba de los problemas estructurales de la economía española y ponía el foco en su bajo potencial de crecimiento a medio plazo. Respaldó las políticas económicas del Ejecutivo del PP y corrigió al alza sus pronósticos sobre España. Pero advirtió que «las tasas de desempleo persistentemente elevadas, la baja productividad y los niveles todavía considerables de deuda pública y privada continúan planteando desafíos de política de cara al futuro».
En aquel momento le puso deberes al Gobierno. Y se los tendrá que poner de nuevo en esta ocasión, ya que las tareas siguen pendientes: exigía otra vuelta de tuerca a la reforma laboral, la ley de liberalización de servicios profesionales y mecanismos más ágiles para que las empresas superen las insolvencias. Solo en este último punto se hicieron el año pasado algunos cambios, con la reforma de la Ley Concursal en mayo de 2015.
