Cristina Kirchner ha sido sometida en las últimas horas a una presión internacional desconocida. Una liga de gobernadores se constituyó, por primera vez desde 2003, para protestar por un proyecto de la Casa Rosada. También por primera vez, desde el gabinete filtraron una iniciativa presidencial. Estas novedades se corresponden con fenómenos que la Presidenta no ha podido registrar. Esa falta de percepción explica la crisis desatada alrededor de YPF.
El primer fenómeno que la Presidenta perdió de vista es que hoy cualquier conflicto con Madrid es un conflicto multilateral. España está en el centro de una tormenta de cuyo desenlace depende, entre otras cosas, la supervivencia del euro. Mariano Rajoy realiza el ajuste más riguroso que la actual generación de españoles haya conocido. Aumentó la presión impositiva y recortó los gastos de salud y educación en un 10%. Su gobierno está al borde de ser intervenido por las autoridades europeas. Los costos ya se hicieron notar: Rajoy perdió las elecciones andaluzas, descendió ocho puntos en las encuestas y soportó una huelga general.
Para la comunidad internacional, la Presidenta avanzó sobre el patrimonio ultramarino de Repsol como quien irrumpe en una sala de cuidados intensivos para maltratar a un paciente delicado. Una lectura correcta del contexto global le habría anticipado que la estatización de YPF desataría una reacción durísima de Europa y los Estados Unidos.
La eventual apropiación estatal del 50,01% de la petrolera ya figura en la agenda del Parlamento de Estrasburgo. La Unión Europea es, por el Tratado de Lisboa, la que litigaría ante el Ciadi (tribunal arbitral del Banco Mundial) en defensa de las inversiones españolas.
En el caso de los Estados Unidos, la solidaridad con España está reforzada por varios factores. El socialista José Luis Rodríguez Zapatero se plegó al bloqueo contra Teherán, a pesar de que su país era el principal consumidor europeo del crudo iraní. A cambio, los Estados Unidos fueron su abogado en el Fondo Monetario Internacional.
Rajoy profundizó esa relación, reanudando la alianza de José María Aznar con Washington. Un indicio: el embajador español ante Barack Obama, Ramón Gil Casares, era el responsable de la oficina internacional de La Moncloa durante la guerra de Irak, a la que Aznar ingresó del brazo de George W. Bush. En otras palabras, los Estados Unidos vuelven a tener hoy en España un aliado europeo sólo comparable al Reino Unido.
Estas razones justificarían, por sí solas, que el Departamento de Estado haya pedido a Repsol un informe detallado sobre YPF, para ilustrar a Obama en su entrevista con Cristina Kirchner, en Cartagena. Pero, además, el gobierno norteamericano actúa en defensa de los inversores de su país, que poseen el 17% de la empresa.
Rajoy, el canciller José Margallo y el secretario para Iberoamérica, Jesús Gracia Aldaz, aprovecharon este mapa de intereses para desplegar una sigilosa diplomacia sobre la Cumbre de las Américas que terminó ayer, cuando la señora de Kirchner ya se había retirado. Los españoles sensibilizaron a Obama, y también al anfitrión, Juan Manuel Santos, a quien Rajoy pidió una gestión de buenos oficios. Con el mexicano Felipe Calderón no hacía falta hablar, ya que la petrolera Pemex controla el 5% de Repsol. Dilma Rousseff y Sebastián Piñera son otros irritados: Petrobras y ENAP también fueron castigadas.
La defensa de Repsol permitió a Rajoy dejar de hablar del desempleo siquiera un par de días. Su frente interno se consolidó alrededor de la petrolera, convertida en una especie de Malvinas española. Excelente servicio de Cristina Kirchner al gobierno de Madrid.
Desde esa capital trascendieron algunos mensajes alentadores en las últimas horas. El ministro de Industria, José Manuel Soria, dijo que «el conflicto se ha encauzado». Tal vez se entusiasmó con la entrevista del canciller Margallo con Carlos Bettini, el viernes pasado. El embajador argentino ofreció el primer canal de comunicación con la Presidenta. La distancia, la añeja amistad personal y una dosis suficiente de seguridad en sí mismo hacen que Bettini esté desprovisto del temor que paraliza a los kirchneristas ante su jefa. Ese pánico es la razón más poderosa de los problemas de Cristina Kirchner para procesar información. Aun así, hasta anoche las máximas autoridades de Repsol no contaban con una razón objetiva para el optimismo de Soria.
El segundo obstáculo que la Presidenta no pudo percibir es la reacción doméstica que desencadenaría el golpe a las autonomías provinciales que supone su proyecto petrolero. Además de disponer la estatización parcial de YPF violando el estatuto societario, el texto que circuló el jueves supone una gran alteración del régimen de propiedad y comercialización de los hidrocarburos. En principio, significa una intervención general sobre la industria petrolera, ya que pone en manos del poder central la fijación de los precios de exportación e importación del crudo y del gas. Llevadas por la incertidumbre, las empresas han reducido la extracción de petróleo, lo que amenazará el abastecimiento de combustibles cuando pase un par de meses. No sería raro que, en pleno invierno, comience a escucharse la denuncia de «una maniobra destituyente con olor a petróleo». La harán los funcionarios que hoy están creando este problema.
La iniciativa oficial prevé, además, una regulación de las importaciones de combustibles, cuyo costo se transfiere a las refinerías. Nada que sorprenda: el principal desafío del Gobierno es hacer frente este año a la compra de gas, gasoil y fueloil por US$ 14.000 millones en el mercado internacional. Desde diciembre pasado Cristina Kirchner busca a alguien a quien transferir esa factura, cuyo volumen es el signo material del fracaso de su política energética.
El proyecto que circuló el último jueves también se propone volver a concesionar en 180 días los yacimientos de hidrocarburos no convencionales ( shale gas y tight oil ) en los que la inversión no sea satisfactoria. Es un avance decisivo sobre las provincias. Y también una forma de habilitar ese promisorio negocio a algunos amigos del Gobierno que hasta ahora estuvieron excluidos.
Varios gobernadores petroleros tienen sobre el escritorio los encendidos discursos pronunciados por Cristina y Néstor Kirchner en defensa de la propiedad provincial del subsuelo durante la Convención Constituyente de 1994. Es un detalle. Lo relevante es que la Presidenta logró lo que su esposo quería evitar a toda costa: rearmar el club de los gobernadores, disuelto desde 2003. Hasta ahora participaron los de las 10 provincias productoras de petróleo. Pero ¿los de los otros 14 distritos, donde vive la mayoría de los consumidores, tendrán algo para decir sobre esta mutación estructural? Aunque, si se piensa bien, ¿por qué se asigna la regulación energética a una corporación de gobernadores y no al Congreso?
Hay una tercera circunstancia que la Presidenta no ha podido evaluar: el malestar de sus antiguos colaboradores por el ascenso de La Cámpora. El frente internacional, igual que el federal, se activó porque su proyecto fue filtrado. La infidencia salió desde el seno del palacio. No es difícil detectar al ministro y al abogado-asesor que hicieron circular los borradores. Es lógico: las empresas y los gobernadores tienen como aliados a los funcionarios del Gobierno que se sienten menoscabados por jóvenes recién llegados. Los pingüinos habían tolerado que esos muchachos condujeran Aerolíneas. Pero que pasen a diseñar el negocio petrolero, sobre el que ellos se instalaron desde hace cinco lustros, les resulta insoportable. La petulancia de Axel Kicillof esconde un candor conmovedor: aún no advirtió que antes que Antonio Brufau sus víctimas son Julio De Vido o Carlos Zannini, viejos burócratas entrenados en el sencillo arte de atacar por la espalda. Es verdad que Kicillof les facilita las cosas: hasta hace pocos días ignoraba que bbl es la sigla de barril, por ejemplo. Se lo tuvo que explicar un magnate petrolero.
El boicot contra Kicillof y sus amigos es un comprensible desafío a la autoridad presidencial. Que Menem maldijera a su antecesor Alfonsín o que Kirchner renegara de Duhalde eran conductas habituales en política. Pero que decenas de veteranos kirchneristas deban aceptar, después de triunfar con el 54% de los votos, que los novatos de La Cámpora los acusen de ser los culpables de una herencia maldita es una jugada difícil de comprender. Tan difícil que quien la ideó, Cristina Kirchner, todavía no termina de advertir sus consecuencias..
El primer fenómeno que la Presidenta perdió de vista es que hoy cualquier conflicto con Madrid es un conflicto multilateral. España está en el centro de una tormenta de cuyo desenlace depende, entre otras cosas, la supervivencia del euro. Mariano Rajoy realiza el ajuste más riguroso que la actual generación de españoles haya conocido. Aumentó la presión impositiva y recortó los gastos de salud y educación en un 10%. Su gobierno está al borde de ser intervenido por las autoridades europeas. Los costos ya se hicieron notar: Rajoy perdió las elecciones andaluzas, descendió ocho puntos en las encuestas y soportó una huelga general.
Para la comunidad internacional, la Presidenta avanzó sobre el patrimonio ultramarino de Repsol como quien irrumpe en una sala de cuidados intensivos para maltratar a un paciente delicado. Una lectura correcta del contexto global le habría anticipado que la estatización de YPF desataría una reacción durísima de Europa y los Estados Unidos.
La eventual apropiación estatal del 50,01% de la petrolera ya figura en la agenda del Parlamento de Estrasburgo. La Unión Europea es, por el Tratado de Lisboa, la que litigaría ante el Ciadi (tribunal arbitral del Banco Mundial) en defensa de las inversiones españolas.
En el caso de los Estados Unidos, la solidaridad con España está reforzada por varios factores. El socialista José Luis Rodríguez Zapatero se plegó al bloqueo contra Teherán, a pesar de que su país era el principal consumidor europeo del crudo iraní. A cambio, los Estados Unidos fueron su abogado en el Fondo Monetario Internacional.
Rajoy profundizó esa relación, reanudando la alianza de José María Aznar con Washington. Un indicio: el embajador español ante Barack Obama, Ramón Gil Casares, era el responsable de la oficina internacional de La Moncloa durante la guerra de Irak, a la que Aznar ingresó del brazo de George W. Bush. En otras palabras, los Estados Unidos vuelven a tener hoy en España un aliado europeo sólo comparable al Reino Unido.
Estas razones justificarían, por sí solas, que el Departamento de Estado haya pedido a Repsol un informe detallado sobre YPF, para ilustrar a Obama en su entrevista con Cristina Kirchner, en Cartagena. Pero, además, el gobierno norteamericano actúa en defensa de los inversores de su país, que poseen el 17% de la empresa.
Rajoy, el canciller José Margallo y el secretario para Iberoamérica, Jesús Gracia Aldaz, aprovecharon este mapa de intereses para desplegar una sigilosa diplomacia sobre la Cumbre de las Américas que terminó ayer, cuando la señora de Kirchner ya se había retirado. Los españoles sensibilizaron a Obama, y también al anfitrión, Juan Manuel Santos, a quien Rajoy pidió una gestión de buenos oficios. Con el mexicano Felipe Calderón no hacía falta hablar, ya que la petrolera Pemex controla el 5% de Repsol. Dilma Rousseff y Sebastián Piñera son otros irritados: Petrobras y ENAP también fueron castigadas.
La defensa de Repsol permitió a Rajoy dejar de hablar del desempleo siquiera un par de días. Su frente interno se consolidó alrededor de la petrolera, convertida en una especie de Malvinas española. Excelente servicio de Cristina Kirchner al gobierno de Madrid.
Desde esa capital trascendieron algunos mensajes alentadores en las últimas horas. El ministro de Industria, José Manuel Soria, dijo que «el conflicto se ha encauzado». Tal vez se entusiasmó con la entrevista del canciller Margallo con Carlos Bettini, el viernes pasado. El embajador argentino ofreció el primer canal de comunicación con la Presidenta. La distancia, la añeja amistad personal y una dosis suficiente de seguridad en sí mismo hacen que Bettini esté desprovisto del temor que paraliza a los kirchneristas ante su jefa. Ese pánico es la razón más poderosa de los problemas de Cristina Kirchner para procesar información. Aun así, hasta anoche las máximas autoridades de Repsol no contaban con una razón objetiva para el optimismo de Soria.
El segundo obstáculo que la Presidenta no pudo percibir es la reacción doméstica que desencadenaría el golpe a las autonomías provinciales que supone su proyecto petrolero. Además de disponer la estatización parcial de YPF violando el estatuto societario, el texto que circuló el jueves supone una gran alteración del régimen de propiedad y comercialización de los hidrocarburos. En principio, significa una intervención general sobre la industria petrolera, ya que pone en manos del poder central la fijación de los precios de exportación e importación del crudo y del gas. Llevadas por la incertidumbre, las empresas han reducido la extracción de petróleo, lo que amenazará el abastecimiento de combustibles cuando pase un par de meses. No sería raro que, en pleno invierno, comience a escucharse la denuncia de «una maniobra destituyente con olor a petróleo». La harán los funcionarios que hoy están creando este problema.
La iniciativa oficial prevé, además, una regulación de las importaciones de combustibles, cuyo costo se transfiere a las refinerías. Nada que sorprenda: el principal desafío del Gobierno es hacer frente este año a la compra de gas, gasoil y fueloil por US$ 14.000 millones en el mercado internacional. Desde diciembre pasado Cristina Kirchner busca a alguien a quien transferir esa factura, cuyo volumen es el signo material del fracaso de su política energética.
El proyecto que circuló el último jueves también se propone volver a concesionar en 180 días los yacimientos de hidrocarburos no convencionales ( shale gas y tight oil ) en los que la inversión no sea satisfactoria. Es un avance decisivo sobre las provincias. Y también una forma de habilitar ese promisorio negocio a algunos amigos del Gobierno que hasta ahora estuvieron excluidos.
Varios gobernadores petroleros tienen sobre el escritorio los encendidos discursos pronunciados por Cristina y Néstor Kirchner en defensa de la propiedad provincial del subsuelo durante la Convención Constituyente de 1994. Es un detalle. Lo relevante es que la Presidenta logró lo que su esposo quería evitar a toda costa: rearmar el club de los gobernadores, disuelto desde 2003. Hasta ahora participaron los de las 10 provincias productoras de petróleo. Pero ¿los de los otros 14 distritos, donde vive la mayoría de los consumidores, tendrán algo para decir sobre esta mutación estructural? Aunque, si se piensa bien, ¿por qué se asigna la regulación energética a una corporación de gobernadores y no al Congreso?
Hay una tercera circunstancia que la Presidenta no ha podido evaluar: el malestar de sus antiguos colaboradores por el ascenso de La Cámpora. El frente internacional, igual que el federal, se activó porque su proyecto fue filtrado. La infidencia salió desde el seno del palacio. No es difícil detectar al ministro y al abogado-asesor que hicieron circular los borradores. Es lógico: las empresas y los gobernadores tienen como aliados a los funcionarios del Gobierno que se sienten menoscabados por jóvenes recién llegados. Los pingüinos habían tolerado que esos muchachos condujeran Aerolíneas. Pero que pasen a diseñar el negocio petrolero, sobre el que ellos se instalaron desde hace cinco lustros, les resulta insoportable. La petulancia de Axel Kicillof esconde un candor conmovedor: aún no advirtió que antes que Antonio Brufau sus víctimas son Julio De Vido o Carlos Zannini, viejos burócratas entrenados en el sencillo arte de atacar por la espalda. Es verdad que Kicillof les facilita las cosas: hasta hace pocos días ignoraba que bbl es la sigla de barril, por ejemplo. Se lo tuvo que explicar un magnate petrolero.
El boicot contra Kicillof y sus amigos es un comprensible desafío a la autoridad presidencial. Que Menem maldijera a su antecesor Alfonsín o que Kirchner renegara de Duhalde eran conductas habituales en política. Pero que decenas de veteranos kirchneristas deban aceptar, después de triunfar con el 54% de los votos, que los novatos de La Cámpora los acusen de ser los culpables de una herencia maldita es una jugada difícil de comprender. Tan difícil que quien la ideó, Cristina Kirchner, todavía no termina de advertir sus consecuencias..
