El momento de decisión será diciembre o los primeros meses del año próximo, pero el formato grueso de la decisión ya está clavado: en 2017 habrá aumentos en las tarifas del gas y la electricidad.
Todo estará teñido por el tiempo político y enmarcado por la crisis energética heredada.
Para empezar el gas, o mejor dicho el gas en boca de pozo. El Gobierno ya ha resuelto reajustes que cargados a consumos domiciliarios y comerciales redondearán un 100% hasta octubre de 2019. Serán dos por año, en abril y octubre, cada uno del 8,3% aproximadamente.
Vale precisar un punto y varios que le siguen. El precio del gas en boca de pozo está fijado en dólares y por lo tanto convertirlo a pesos implicará agregarle la devaluación: “Si el efecto Trump no provoca un sacudón cambiario y nos guiamos por el Presupuesto, sería un 14% extra”, calculan consultores con un margen de dudas.
Ya estaríamos en alrededor del 34% para el año que viene. Solo que falta un dato que engrosará las facturas: el precio que se les reconocerá a las transportadoras y distribuidoras, cosa que todavía no ha sido definida. El combo completo dirá cuál es la tarifa que regirá en todo el país.
Ahora, la electricidad. Según especialistas del sector, la suma de todos los eslabones de la cadena debiera arrojar un incremento de entre el 30 y el 40% en la boleta final del año próximo.
Aclaran que ese sería el ajuste para los habitantes de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Luego, habría aumentos diferentes y tal vez menores en las provincias, a cargo de los gobernadores y de acuerdo a los intereses políticos y, sobre todo, a la capacidad financiera de cada cual.
Muy extendido, el problema es que andan con las cuentas públicas apretadas y si no pueden subir impuestos porque tienen la presión fiscal al límite, tampoco están en condiciones de bajarlos.
Pueden preverse, también, retoques a tasas municipales, como las del alumbrado, que van enganchados a los recibos de la luz.
El paquete de decisiones del Gobierno toca, finalmente, al precio de los combustibles. Esto es, si se mantendrá por bastante tiempo el congelamiento que arrancó después del último ajuste, en mayo, como proponen funcionarios del área económica, o se irá adelante al menos con una suba similar al 7% que quedó en lista de espera.
Cuenta aquí que pese a recortes recientes, la cotización interna del petróleo supera hasta en 38% a la internacional. Y cuenta, también, que una baja enfrentará la presión combinada de las provincias petroleras por la pérdida de regalías, la de los trabajadores del sector y la de los inversores.
Pero nada de lo que está decidido o proyectado viene sin polémica. Entre quienes miden los factores en juego, algunos dicen que el valor del gas en boca de pozo es un premio excesivo a las empresas y, de arranque, plantean que resulta mayor por ejemplo al de Perú, Colombia y Ecuador y mucho mayor a los de Venezuela y Bolivia.
Agregan a eso mismo que no se les fijaron contrapartidas a las petroleras, como “podrían haber sido compromisos precisos en inversiones y crecimiento de la producción y las reservas”.
Varios cuestionamientos ponen sobre la mesa informes del propio INDEC. Cuentan que en los primeros ocho meses del año, respecto del mismo período de 2015, los precios de importación de los combustibles básicos y elaborados bajaron entre 32,3 y 38,5%.
Aún así, el Gobierno tiene una carta fuerte en este mazo: el alcance de la tarifa social que beneficiará a las capas de menores recursos.
Discutible en ciertos contenidos, el programa tarifario oficial corre parejo al intento de recuperar un sector estructuralmente en estado crítico. Y cómo quedó se verá con los primeros calores fuertes del verano.
Dice un especialista: “Aunque no se llegue a los peores niveles y se apele a soluciones de emergencia, unos cuantos días de cortes de luz vamos a tener que comernos”.
En ese escenario entra el momento de decisión, además de la necesidad de evitar errores semejantes a los del pasado cercano. Puesto de otra manera, el eje pasa por si anunciar los incrementos a la electricidad y el gas de un golpe o casi de un golpe y pagar los costos políticos de una vez, o graduarlos y pagar por etapas.
Al otro lado de la misma moneda aparece el traslado de las tarifas a los precios, o, mejor dicho, el riesgo de reavivar el fantasma de la inflación cuando se habría logrado contenerlo.
Por donde se mire, nada será definitivamente gratuito para el macrismo. Y todo, inoportuno en más de un sentido.
Uno de ellos es el impacto del paquete total sobre los bolsillos de la población. Otro vendrá de la dificultad para encuadrar los reclamos salariales dentro de la pauta inflacionaria del 17%, o no demasiado lejos del 17%. Y añadidos, eventuales planteos de esos que nunca faltan.
Obvio de toda obviedad, lo previsible y lo imprevisible sucederán camino de las elecciones de 2017. Y demandarán menos augures y mucha muñeca política de la buena.
Todo estará teñido por el tiempo político y enmarcado por la crisis energética heredada.
Para empezar el gas, o mejor dicho el gas en boca de pozo. El Gobierno ya ha resuelto reajustes que cargados a consumos domiciliarios y comerciales redondearán un 100% hasta octubre de 2019. Serán dos por año, en abril y octubre, cada uno del 8,3% aproximadamente.
Vale precisar un punto y varios que le siguen. El precio del gas en boca de pozo está fijado en dólares y por lo tanto convertirlo a pesos implicará agregarle la devaluación: “Si el efecto Trump no provoca un sacudón cambiario y nos guiamos por el Presupuesto, sería un 14% extra”, calculan consultores con un margen de dudas.
Ya estaríamos en alrededor del 34% para el año que viene. Solo que falta un dato que engrosará las facturas: el precio que se les reconocerá a las transportadoras y distribuidoras, cosa que todavía no ha sido definida. El combo completo dirá cuál es la tarifa que regirá en todo el país.
Ahora, la electricidad. Según especialistas del sector, la suma de todos los eslabones de la cadena debiera arrojar un incremento de entre el 30 y el 40% en la boleta final del año próximo.
Aclaran que ese sería el ajuste para los habitantes de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Luego, habría aumentos diferentes y tal vez menores en las provincias, a cargo de los gobernadores y de acuerdo a los intereses políticos y, sobre todo, a la capacidad financiera de cada cual.
Muy extendido, el problema es que andan con las cuentas públicas apretadas y si no pueden subir impuestos porque tienen la presión fiscal al límite, tampoco están en condiciones de bajarlos.
Pueden preverse, también, retoques a tasas municipales, como las del alumbrado, que van enganchados a los recibos de la luz.
El paquete de decisiones del Gobierno toca, finalmente, al precio de los combustibles. Esto es, si se mantendrá por bastante tiempo el congelamiento que arrancó después del último ajuste, en mayo, como proponen funcionarios del área económica, o se irá adelante al menos con una suba similar al 7% que quedó en lista de espera.
Cuenta aquí que pese a recortes recientes, la cotización interna del petróleo supera hasta en 38% a la internacional. Y cuenta, también, que una baja enfrentará la presión combinada de las provincias petroleras por la pérdida de regalías, la de los trabajadores del sector y la de los inversores.
Pero nada de lo que está decidido o proyectado viene sin polémica. Entre quienes miden los factores en juego, algunos dicen que el valor del gas en boca de pozo es un premio excesivo a las empresas y, de arranque, plantean que resulta mayor por ejemplo al de Perú, Colombia y Ecuador y mucho mayor a los de Venezuela y Bolivia.
Agregan a eso mismo que no se les fijaron contrapartidas a las petroleras, como “podrían haber sido compromisos precisos en inversiones y crecimiento de la producción y las reservas”.
Varios cuestionamientos ponen sobre la mesa informes del propio INDEC. Cuentan que en los primeros ocho meses del año, respecto del mismo período de 2015, los precios de importación de los combustibles básicos y elaborados bajaron entre 32,3 y 38,5%.
Aún así, el Gobierno tiene una carta fuerte en este mazo: el alcance de la tarifa social que beneficiará a las capas de menores recursos.
Discutible en ciertos contenidos, el programa tarifario oficial corre parejo al intento de recuperar un sector estructuralmente en estado crítico. Y cómo quedó se verá con los primeros calores fuertes del verano.
Dice un especialista: “Aunque no se llegue a los peores niveles y se apele a soluciones de emergencia, unos cuantos días de cortes de luz vamos a tener que comernos”.
En ese escenario entra el momento de decisión, además de la necesidad de evitar errores semejantes a los del pasado cercano. Puesto de otra manera, el eje pasa por si anunciar los incrementos a la electricidad y el gas de un golpe o casi de un golpe y pagar los costos políticos de una vez, o graduarlos y pagar por etapas.
Al otro lado de la misma moneda aparece el traslado de las tarifas a los precios, o, mejor dicho, el riesgo de reavivar el fantasma de la inflación cuando se habría logrado contenerlo.
Por donde se mire, nada será definitivamente gratuito para el macrismo. Y todo, inoportuno en más de un sentido.
Uno de ellos es el impacto del paquete total sobre los bolsillos de la población. Otro vendrá de la dificultad para encuadrar los reclamos salariales dentro de la pauta inflacionaria del 17%, o no demasiado lejos del 17%. Y añadidos, eventuales planteos de esos que nunca faltan.
Obvio de toda obviedad, lo previsible y lo imprevisible sucederán camino de las elecciones de 2017. Y demandarán menos augures y mucha muñeca política de la buena.
