Esta vez las encuestas confirmaron una señal de alarma. Según fuentes oficiales de alto nivel, los estudios recientes de la firma Isonomía que recibe la Casa Rosada, y los del consultor estrella Jaime Durán Barba y su socio Santiago Nieto, que reportan a la Gobernación bonaerense, coinciden en registrar una sostenida caída de la imagen de Mauricio Macri en el Gran Buenos Aires.
La conclusión fue respaldada por tres intendentes del Conurbano, uno macrista y dos peronistas. Con apenas diferencia de matices todos dijeron que las mediciones periódicas que hacen en sus municipios arrojan ese mismo resultado. Y que en el retroceso general en la imagen de los principales políticos, sólo mantiene su nivel de aceptación la gobernadora María Eugenia Vidal.
La caída de imagen del Presidente no es grave en términos absolutos, se atajan las fuentes oficiales. Pero preocupa la repetición entre un sondeo y otro. El fenómeno, de no sufrir un vuelco drástico, puede transformarse en tendencia. Allí sí que el Gobierno estaría ante un problema mayúsculo. De más está decir –por que ya lo dice la historia– que con el Gran Buenos Aires en contra todo proyecto de gobernabilidad entra en zona de riesgo.
“Es que el invierno fue muy duro, entre los precios, el lío de las tarifas y la falta de trabajo”, explica –por si hiciera falta– uno de los intendentes consultados. A pesar de los esfuerzos y recursos desplegados desde el Gobierno, los jefes territoriales dicen que “mucha gente la está pasando mal”. Además detectan que ahora “se enoja la clase media, como si estuviese perdiendo la paciencia”. Esa clase media suburbana fue sostén del inesperado triunfo electoral de Vidal en octubre, cuando destronó al peronismo.
La gobernadora Vidal, justamente, miró de frente el problema cuando el jueves concurrió al encuentro que organizaron el Consejo de las Américas y la Cámara de Comercio en el hotel Alvear. Dijo que “el cambio no va a la velocidad de la expectativa de los argentinos”. Es una definición que explica mucho del momento actual en la opinión pública.
Las penurias de la economía repercuten en el respaldo a Macri. Y frente a la persistencia de la dificultad reflota fácilmente el latiguillo de que el Presidente “gobierna para los ricos”. De allí a la erosión de su imagen sólo hay un paso.
El reconocimiento de estos problemas disparó la búsqueda de soluciones. La Casa Rosada empezó a bocetar con la administración de Vidal un plan para acercar al Presidente al Gran Buenos Aires. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, trabaja en esa movida.
La idea básica es que haya más apariciones presidenciales junto a la gobernadora en el Conurbano, para crear sinergia entre ambas imágenes. También se organizarán reuniones de Macri con los intendentes peronistas, que en general mantienen una relación de armonía política con el Gobierno provincial basada en estrictas razones de necesidad mutua.
Todo esto, claro, mientras el Gobierno busca el modo de que las mejoras en trabajo, salario, consumo, seguridad y obras públicas lleguen lo antes posible, antes de que todo se agrave.
Esta realidad apremiante también perfiló una modificación en el equipo que decide sobre estrategia política. El almuerzo de Vidal, Peña y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el mismo jueves en la parrilla La Brigada, de San Telmo, expresa esa nueva conformación.
No es que los tres hayan compartido una mesa por primera vez. Pero es la primera vez que lo hacen en público y se preocupan por difundirlo. El mensaje es inequívoco: una porción importante del poder, antes concentrado exclusivamente en la Casa Rosada, ahora pasa por allí.
Peña fue siempre el brazo ejecutor de las decisiones de Macri, a las cuales también contribuye en la elaboración. Rodríguez Larreta y Vidal funcionan de hecho como un sistema político, acrecentado por su poder territorial. Ahora parece despuntar una nueva articulación entre esas dos vigas maestras de la estructura macrista.
El contendiente más encarnizado está resuelto de antemano: el kirchnerismo duro está levantando el voltaje de su acción agitativa para debilitar al Presidente, en la esperanza de que así podrá fortalecer a Cristina frente a sus crecientes dificultades en la Justicia.
En la Gobernación bonaerense dicen que la mayor acción corrosiva de los defensores de Cristina se registra en los pocos municipios que controlan. Hablan en términos severos del intendente Jorge Ferraresi, de Avellaneda, señalando que desde allí saldrían incluso acciones políticas contra jefes de otros distritos. Y dicen que “por momentos es muy difícil” la relación con Verónica Magario, intendenta de la colosal La Matanza; aunque le reconocen a ella y a su antecesor, el jefe del PJ bonaerense Fernando Espinoza, “un control del territorio que nadie más tiene en la Provincia”.
Frente a esa confrontación sin retorno del kirchnerismo duro con el Gobierno, el peronismo emite cada día nuevas señales de distanciamiento respecto del desgastado liderazgo de la ex presidenta.
Una nueva muestra de esa dinámica subió a escena esta semana cuando una veintena de senadores y diputados opositores recibieron a dirigentes de las organizaciones sociales que convocaron, el pasado 7 de agosto, a la multitudinaria marcha desde la iglesia de San Cayetano a Plaza de Mayo.
Las conducciones del Movimiento Evita, Barrios de Pie y Corriente Clasista Combativa plantearon en ese encuentro la necesidad de una ley de emergencia social y la creación de un salario complementario para que los trabajadores informales puedan alcanzar los valores del sueldo mínimo.
Entre los senadores estaban Pichetto –que se ocupó de convocarlos–, los peronistas Juan Manuel Abal Medina, Omar Perotti y Teresita Luna; junto a Pino Solanas y a Jaime Linares que integra el sector de Margarita Stolbizer. Por los diputados acudieron la peronista Cristina Alvarez Rodríguez, Leonardo Grosso del Movimiento Evita y Victoria Donda entre otros. Detalle sustancial: no había nadie del kirchnerismo puro y duro.
En esa misma línea se mueve la flamante confluencia de media docena de nuevos gobernadores que coordina el diputado Diego Bossio y se fortaleció con el salteño Juan Manuel Urtubey. Muy pronto se reunirán con el “Grupo Esmeralda” de intendentes del Gran Buenos Aires, que tienen como referencias a Gabriel Katopodis, Martín Insaurralde y Juan Zabaleta. Todos ellos coinciden en la idea de promover una fuerte renovación dentro del peronismo, enfrentando a los ultra K y manteniendo –por ahora– distancia con Sergio Massa.
En esos espacios opositores se hizo carne la idea de construir “una oposición firme que no pierda la racionalidad” y que sea capaz de “colaborar a la gobernabilidad” sin resignar la actitud crítica ante Macri.
Tienen una ventaja comparativa: no cargan con el peso de la gestión para enfrentar la profunda crisis del Estado, ni son ellos los que tienen que responder ante la Justicia y la sociedad por los escándalos de la corrupción.
Macri encuentra en la mayoría del peronismo un aliado que es necesario hoy pero será peligroso rival político cuando consiga recomponer su sistema de liderazgo. De ellos puede esperar comprensión y apoyo institucional. Pero sus problemas tendrá que arreglarlos él solo. La caída de imagen en el Conurbano es uno de ellos.
Dentro de los factores de ese bajón en el Gran Buenos Aires está, muy claramente, el impacto del tarifazo. Y en especial el del gas. Están enojados los que lo pagaron y los que no también. Porque el Gobierno obró de modo que todo el mundo terminara sintiéndose afectado por un problema que no era de todos. Son errores que se están pagando muy caros.
Como no es llorar sobre la leche derramada, Macri se puso en movimiento para salir de la ciénaga tarifaria incluso antes de que se le pasara la furia por el fallo de la Corte Suprema, que hace una semana le anuló el aumento del gas a los usuarios particulares.
Macri agarró el teléfono y llamó a Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte. Lorenzetti les dijo a sus allegados que a Macri se le notaba intacto el enojo por la sentencia adversa. Pero que la conversación fue correcta y respetuosa.
“No somos opositores”, le aseguró Lorenzetti a Macri. Y buscó resaltar que la Corte había actuado “defendiendo la gobernabilidad” y con “responsabilidad fiscal”, porque se mantuvieron firmes las tres cuartas partes del recorte de subsidios previsto, al confirmar el aumento del gas para industrias y comercios.
Del costo político que el fallo le causó al Gobierno, Lorenzetti prefirió no hablar. Y quiso creer que Macri estaba sobre todo enojado consigo mismo y con sus funcionarios por cómo se habían desarrollado esos trámites finalmente desfavorables Hay una figura que el titular de la Corte gusta repetir en estos días: “No somos equilibristas, somos equilibrados”. Puede entenderse como que si el Gobierno encarrila los procedimientos para sostener la corrección del aumento tarifario, no habrá que esperar piruetas raras de parte del Tribunal con la tarifa del gas. Y quizás tampoco con la de la luz, sobre la que pronto deberá resolver por el reclamo de un curioso conglomerado de diputados kirchneristas, dirigentes de clubes sociales y la Defensoría del Pueblo bonaerense.
El Gobierno no tiene más remedio. Hoy está obligado a colgarse de esperanzas tan etéreas como ésta.
La conclusión fue respaldada por tres intendentes del Conurbano, uno macrista y dos peronistas. Con apenas diferencia de matices todos dijeron que las mediciones periódicas que hacen en sus municipios arrojan ese mismo resultado. Y que en el retroceso general en la imagen de los principales políticos, sólo mantiene su nivel de aceptación la gobernadora María Eugenia Vidal.
La caída de imagen del Presidente no es grave en términos absolutos, se atajan las fuentes oficiales. Pero preocupa la repetición entre un sondeo y otro. El fenómeno, de no sufrir un vuelco drástico, puede transformarse en tendencia. Allí sí que el Gobierno estaría ante un problema mayúsculo. De más está decir –por que ya lo dice la historia– que con el Gran Buenos Aires en contra todo proyecto de gobernabilidad entra en zona de riesgo.
“Es que el invierno fue muy duro, entre los precios, el lío de las tarifas y la falta de trabajo”, explica –por si hiciera falta– uno de los intendentes consultados. A pesar de los esfuerzos y recursos desplegados desde el Gobierno, los jefes territoriales dicen que “mucha gente la está pasando mal”. Además detectan que ahora “se enoja la clase media, como si estuviese perdiendo la paciencia”. Esa clase media suburbana fue sostén del inesperado triunfo electoral de Vidal en octubre, cuando destronó al peronismo.
La gobernadora Vidal, justamente, miró de frente el problema cuando el jueves concurrió al encuentro que organizaron el Consejo de las Américas y la Cámara de Comercio en el hotel Alvear. Dijo que “el cambio no va a la velocidad de la expectativa de los argentinos”. Es una definición que explica mucho del momento actual en la opinión pública.
Las penurias de la economía repercuten en el respaldo a Macri. Y frente a la persistencia de la dificultad reflota fácilmente el latiguillo de que el Presidente “gobierna para los ricos”. De allí a la erosión de su imagen sólo hay un paso.
El reconocimiento de estos problemas disparó la búsqueda de soluciones. La Casa Rosada empezó a bocetar con la administración de Vidal un plan para acercar al Presidente al Gran Buenos Aires. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, trabaja en esa movida.
La idea básica es que haya más apariciones presidenciales junto a la gobernadora en el Conurbano, para crear sinergia entre ambas imágenes. También se organizarán reuniones de Macri con los intendentes peronistas, que en general mantienen una relación de armonía política con el Gobierno provincial basada en estrictas razones de necesidad mutua.
Todo esto, claro, mientras el Gobierno busca el modo de que las mejoras en trabajo, salario, consumo, seguridad y obras públicas lleguen lo antes posible, antes de que todo se agrave.
Esta realidad apremiante también perfiló una modificación en el equipo que decide sobre estrategia política. El almuerzo de Vidal, Peña y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el mismo jueves en la parrilla La Brigada, de San Telmo, expresa esa nueva conformación.
No es que los tres hayan compartido una mesa por primera vez. Pero es la primera vez que lo hacen en público y se preocupan por difundirlo. El mensaje es inequívoco: una porción importante del poder, antes concentrado exclusivamente en la Casa Rosada, ahora pasa por allí.
Peña fue siempre el brazo ejecutor de las decisiones de Macri, a las cuales también contribuye en la elaboración. Rodríguez Larreta y Vidal funcionan de hecho como un sistema político, acrecentado por su poder territorial. Ahora parece despuntar una nueva articulación entre esas dos vigas maestras de la estructura macrista.
El contendiente más encarnizado está resuelto de antemano: el kirchnerismo duro está levantando el voltaje de su acción agitativa para debilitar al Presidente, en la esperanza de que así podrá fortalecer a Cristina frente a sus crecientes dificultades en la Justicia.
En la Gobernación bonaerense dicen que la mayor acción corrosiva de los defensores de Cristina se registra en los pocos municipios que controlan. Hablan en términos severos del intendente Jorge Ferraresi, de Avellaneda, señalando que desde allí saldrían incluso acciones políticas contra jefes de otros distritos. Y dicen que “por momentos es muy difícil” la relación con Verónica Magario, intendenta de la colosal La Matanza; aunque le reconocen a ella y a su antecesor, el jefe del PJ bonaerense Fernando Espinoza, “un control del territorio que nadie más tiene en la Provincia”.
Frente a esa confrontación sin retorno del kirchnerismo duro con el Gobierno, el peronismo emite cada día nuevas señales de distanciamiento respecto del desgastado liderazgo de la ex presidenta.
Una nueva muestra de esa dinámica subió a escena esta semana cuando una veintena de senadores y diputados opositores recibieron a dirigentes de las organizaciones sociales que convocaron, el pasado 7 de agosto, a la multitudinaria marcha desde la iglesia de San Cayetano a Plaza de Mayo.
Las conducciones del Movimiento Evita, Barrios de Pie y Corriente Clasista Combativa plantearon en ese encuentro la necesidad de una ley de emergencia social y la creación de un salario complementario para que los trabajadores informales puedan alcanzar los valores del sueldo mínimo.
Entre los senadores estaban Pichetto –que se ocupó de convocarlos–, los peronistas Juan Manuel Abal Medina, Omar Perotti y Teresita Luna; junto a Pino Solanas y a Jaime Linares que integra el sector de Margarita Stolbizer. Por los diputados acudieron la peronista Cristina Alvarez Rodríguez, Leonardo Grosso del Movimiento Evita y Victoria Donda entre otros. Detalle sustancial: no había nadie del kirchnerismo puro y duro.
En esa misma línea se mueve la flamante confluencia de media docena de nuevos gobernadores que coordina el diputado Diego Bossio y se fortaleció con el salteño Juan Manuel Urtubey. Muy pronto se reunirán con el “Grupo Esmeralda” de intendentes del Gran Buenos Aires, que tienen como referencias a Gabriel Katopodis, Martín Insaurralde y Juan Zabaleta. Todos ellos coinciden en la idea de promover una fuerte renovación dentro del peronismo, enfrentando a los ultra K y manteniendo –por ahora– distancia con Sergio Massa.
En esos espacios opositores se hizo carne la idea de construir “una oposición firme que no pierda la racionalidad” y que sea capaz de “colaborar a la gobernabilidad” sin resignar la actitud crítica ante Macri.
Tienen una ventaja comparativa: no cargan con el peso de la gestión para enfrentar la profunda crisis del Estado, ni son ellos los que tienen que responder ante la Justicia y la sociedad por los escándalos de la corrupción.
Macri encuentra en la mayoría del peronismo un aliado que es necesario hoy pero será peligroso rival político cuando consiga recomponer su sistema de liderazgo. De ellos puede esperar comprensión y apoyo institucional. Pero sus problemas tendrá que arreglarlos él solo. La caída de imagen en el Conurbano es uno de ellos.
Dentro de los factores de ese bajón en el Gran Buenos Aires está, muy claramente, el impacto del tarifazo. Y en especial el del gas. Están enojados los que lo pagaron y los que no también. Porque el Gobierno obró de modo que todo el mundo terminara sintiéndose afectado por un problema que no era de todos. Son errores que se están pagando muy caros.
Como no es llorar sobre la leche derramada, Macri se puso en movimiento para salir de la ciénaga tarifaria incluso antes de que se le pasara la furia por el fallo de la Corte Suprema, que hace una semana le anuló el aumento del gas a los usuarios particulares.
Macri agarró el teléfono y llamó a Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte. Lorenzetti les dijo a sus allegados que a Macri se le notaba intacto el enojo por la sentencia adversa. Pero que la conversación fue correcta y respetuosa.
“No somos opositores”, le aseguró Lorenzetti a Macri. Y buscó resaltar que la Corte había actuado “defendiendo la gobernabilidad” y con “responsabilidad fiscal”, porque se mantuvieron firmes las tres cuartas partes del recorte de subsidios previsto, al confirmar el aumento del gas para industrias y comercios.
Del costo político que el fallo le causó al Gobierno, Lorenzetti prefirió no hablar. Y quiso creer que Macri estaba sobre todo enojado consigo mismo y con sus funcionarios por cómo se habían desarrollado esos trámites finalmente desfavorables Hay una figura que el titular de la Corte gusta repetir en estos días: “No somos equilibristas, somos equilibrados”. Puede entenderse como que si el Gobierno encarrila los procedimientos para sostener la corrección del aumento tarifario, no habrá que esperar piruetas raras de parte del Tribunal con la tarifa del gas. Y quizás tampoco con la de la luz, sobre la que pronto deberá resolver por el reclamo de un curioso conglomerado de diputados kirchneristas, dirigentes de clubes sociales y la Defensoría del Pueblo bonaerense.
El Gobierno no tiene más remedio. Hoy está obligado a colgarse de esperanzas tan etéreas como ésta.
