La resonante derrota que sufrió el macrismo en la Cámara de Diputados con la aprobación del proyecto de la oposición sobre el impuesto a las ganancias ha dejado severas lecciones y no pocos temores sobre el futuro de la gobernabilidad entre los agentes económicos. Uno de los mayores peligros para el gobierno de Mauricio Macri es a largo plazo. Consiste en que, así como dirigentes opositores que hasta hace unos días se acusaban mutuamente de «traidores» pudieron juntarse para asestarle un golpe al Poder Ejecutivo, esos mismos actores -massistas, peronistas renovadores y kirchneristas- puedan volver a unirse y reproducirse tras las elecciones legislativas de 2017 para hacerle la vida imposible al Presidente desde el ámbito parlamentario.
Macri y sus principales asesores políticos dicen estar convencidos de que el costo político que pagará su rival Sergio Massa por haberse asociado con el kirchnerismo en el último debate legislativo será mayor que el que sufriría el Gobierno por el eventual veto a la ley, si el proyecto de Ganancias es convalidado por el Senado.
Hay, sin embargo, una realidad que el Gobierno se resiste a ver, dada por su pérdida de iniciativa política. Este proceso se inició el 18 de noviembre, con la marcha de organizaciones sociales y sindicales al Congreso para pedir la ley de emergencia social. Desde entonces, el Gobierno hizo a estos sectores concesiones que comprometieron aún más los futuros presupuestos y, sin embargo, siguieron multiplicándose las demandas con cortes de calles y piquetes que alteraron la vida cotidiana. Y, desde ese momento también, la oposición política dejó entender que había sonado la campana de largada para la larga carrera electoral.
En este contexto, lo peor que podría hacer el gobierno de Macri es negar internamente sus errores. Su primera equivocación fue incluir dentro del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso una cuestión para la cual no contaba con los votos indispensables. Su segundo error fue no haber estado dispuesto a negociar una ley que es fruto de un pecado original del propio Macri, quien un mes antes de las elecciones presidenciales había prometido que en su gobierno los trabajadores no pagarían impuesto a las ganancias. La demagogia no ha sido patrimonio exclusivo de un sector que, ciertamente, no hizo nada para aliviar a los trabajadores del tributo a las ganancias en 12 años.
La única esperanza para Macri vuelven a ser los gobernadores. Más por las necesidades fiscales de sus provincias que por otra cosa. Disgustados por la escasa influencia que ejercieron los mandatarios provinciales sobre los diputados opositores, el gobierno nacional, como solía hacerlo el kirchnerismo, amenaza ahora con recurrir a la política del látigo y de la chequera, para que los gobernadores persuadan a los senadores.
Macri y sus principales asesores políticos dicen estar convencidos de que el costo político que pagará su rival Sergio Massa por haberse asociado con el kirchnerismo en el último debate legislativo será mayor que el que sufriría el Gobierno por el eventual veto a la ley, si el proyecto de Ganancias es convalidado por el Senado.
Hay, sin embargo, una realidad que el Gobierno se resiste a ver, dada por su pérdida de iniciativa política. Este proceso se inició el 18 de noviembre, con la marcha de organizaciones sociales y sindicales al Congreso para pedir la ley de emergencia social. Desde entonces, el Gobierno hizo a estos sectores concesiones que comprometieron aún más los futuros presupuestos y, sin embargo, siguieron multiplicándose las demandas con cortes de calles y piquetes que alteraron la vida cotidiana. Y, desde ese momento también, la oposición política dejó entender que había sonado la campana de largada para la larga carrera electoral.
En este contexto, lo peor que podría hacer el gobierno de Macri es negar internamente sus errores. Su primera equivocación fue incluir dentro del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso una cuestión para la cual no contaba con los votos indispensables. Su segundo error fue no haber estado dispuesto a negociar una ley que es fruto de un pecado original del propio Macri, quien un mes antes de las elecciones presidenciales había prometido que en su gobierno los trabajadores no pagarían impuesto a las ganancias. La demagogia no ha sido patrimonio exclusivo de un sector que, ciertamente, no hizo nada para aliviar a los trabajadores del tributo a las ganancias en 12 años.
La única esperanza para Macri vuelven a ser los gobernadores. Más por las necesidades fiscales de sus provincias que por otra cosa. Disgustados por la escasa influencia que ejercieron los mandatarios provinciales sobre los diputados opositores, el gobierno nacional, como solía hacerlo el kirchnerismo, amenaza ahora con recurrir a la política del látigo y de la chequera, para que los gobernadores persuadan a los senadores.
