Las tragedias que durante la gestión PRO viene sufriendo la ciudad de Buenos Aires, evidencian la ineficiencia en las políticas de control que debe realizar el gobierno porteño. La seguidilla de incendios en talleres, depósitos y derrumbes debería llevar al titular del Ejecutivo, que aspira a presidente, a reflexionar sobre cómo desarrolla su política en el área.
Esta «tragedia» se podría haber evitado si se hubiera reglamentado la Ley 3019 y no se hubieran ignorado las alarmas institucionales. En marzo de este año, los Auditores de la Ciudad (incluyendo al bloque del PRO) enviamos a los Poderes Ejecutivo y Legislativo un informe lapidario sobre la gestión de la Dirección General de Protección de Riesgos del Trabajo, dependiente del ministro Francisco Cabrera.
Es muy doloroso ver tragedias que podían haberse evitado y observar la falta de acción de un gobierno que llegó al poder tras la tragedia de Cromagnon.
La ley fue aprobada justamente como consecuencia del trágico incendio que se produjo en el año 2006, en un taller ubicado en la calle Luis Viale, por el cual perdieron la vida seis personas. Además de declarar la emergencia en la Industria textil y del calzado, la ley plantea el abordaje del problema, tanto desde el punto de vista de la fiscalización, como de la regularización de los talleres. Sin embargo, pese a su indiscutible importancia, la ley duerme el sueño de los justos desde hace más de seis años aguardando su reglamentación.
El accionar de la Dirección General de Protección del Trabajo –dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, dirigida por Ezequiel Sabor– es un dechado de ineficacia que plantea serias sospechas de corrupción. Tenemos que tener en cuenta que estos organismos del Estado porteño son los mismos que por omisión –y a pesar de la alertas institucionales– dejaron de clausurar no sólo talleres, sino también obras y construcciones. La negligencia del Estado en la fiscalización guarda relación también con el desinterés presupuestario en el área: el año pasado, en valores brutos, se ejecutaron 29,46 millones, sólo un 3% más que en 2011. Si hacemos el cálculo a valores constantes (descontando la inflación que calcula el ingeniero), el resultado es que entre 2011 a 2014 el gasto en el área disminuyó en 20 millones de pesos, dejando un cuarto del presupuesto de hace tres años. La situación empeora cuando el magro presupuesto no se usa para desarrollar las tareas específicas de control y fiscalización, sino que muchas veces se gastan en consultorías innecesarias.
Es muy doloroso ver tragedias que podían haberse evitado y observar la falta de acción de un gobierno que llegó al poder tras la tragedia de Cromagnon, prometiendo y asumiendo el compromiso de mejorar todo lo referente al control por parte del Estado.
Esta «tragedia» se podría haber evitado si se hubiera reglamentado la Ley 3019 y no se hubieran ignorado las alarmas institucionales. En marzo de este año, los Auditores de la Ciudad (incluyendo al bloque del PRO) enviamos a los Poderes Ejecutivo y Legislativo un informe lapidario sobre la gestión de la Dirección General de Protección de Riesgos del Trabajo, dependiente del ministro Francisco Cabrera.
Es muy doloroso ver tragedias que podían haberse evitado y observar la falta de acción de un gobierno que llegó al poder tras la tragedia de Cromagnon.
La ley fue aprobada justamente como consecuencia del trágico incendio que se produjo en el año 2006, en un taller ubicado en la calle Luis Viale, por el cual perdieron la vida seis personas. Además de declarar la emergencia en la Industria textil y del calzado, la ley plantea el abordaje del problema, tanto desde el punto de vista de la fiscalización, como de la regularización de los talleres. Sin embargo, pese a su indiscutible importancia, la ley duerme el sueño de los justos desde hace más de seis años aguardando su reglamentación.
El accionar de la Dirección General de Protección del Trabajo –dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, dirigida por Ezequiel Sabor– es un dechado de ineficacia que plantea serias sospechas de corrupción. Tenemos que tener en cuenta que estos organismos del Estado porteño son los mismos que por omisión –y a pesar de la alertas institucionales– dejaron de clausurar no sólo talleres, sino también obras y construcciones. La negligencia del Estado en la fiscalización guarda relación también con el desinterés presupuestario en el área: el año pasado, en valores brutos, se ejecutaron 29,46 millones, sólo un 3% más que en 2011. Si hacemos el cálculo a valores constantes (descontando la inflación que calcula el ingeniero), el resultado es que entre 2011 a 2014 el gasto en el área disminuyó en 20 millones de pesos, dejando un cuarto del presupuesto de hace tres años. La situación empeora cuando el magro presupuesto no se usa para desarrollar las tareas específicas de control y fiscalización, sino que muchas veces se gastan en consultorías innecesarias.
Es muy doloroso ver tragedias que podían haberse evitado y observar la falta de acción de un gobierno que llegó al poder tras la tragedia de Cromagnon, prometiendo y asumiendo el compromiso de mejorar todo lo referente al control por parte del Estado.
