por Alejandro Bercovich
abercovich@diariobae.com
-Vos me estás cagando, eh. Me estás sacando todos los clientes…
Hugo Moyano le habló bajito a Mario Quintana, como cuando quiere que lo escuchen bien. El vicejefe de Gabinete se hizo el distraído y el camionero le mencionó tres reparticiones estatales que en el último mes cambiaron los servicios postales de OCA por los del Correo Argentino. Una decisión a priori lógica, por tratarse del correo oficial, pero que Mauricio Macri evitó tomar mientras duró su idilio con el exsecretario general de la CGT y que también esquivó en sus dos mandatos al frente del gobierno porteño, que sigue despachando sus multas e impuestos por OCA. Los carteros privados de uniforme morado, empleados en los papeles del excéntrico Patricio Farcuh, saben desde hace tiempo que su verdadero patrón en las sombras es el mismo sindicato de choferes que los representa. O la familia Moyano, que es lo mismo. Desde que Hugo echó en persona al joven jefe del grupo Rhuo de la sede central de OCA en Once, a fines de febrero, el vínculo es más evidente: la plata para los sueldos llega cada mes directamente del sindicato.
Macri decidió romper lanzas con el sindicalismo como parte de su despliegue de poder post-PASO. El resultado lo animó a avanzar con las reformas tributaria, laboral y previsional que integran su agenda desde antes de asumir. La eyección del sanitarista que José Luis Lingieri había logrado colocar al frente del reparto de fondos para las obras sociales, Luis Scervino, y del viceministro de Trabajo, Ezequiel Sabor, fue solo el inicio. La guerra seguirá. Del mismo modo que la polémica suspensión y el juicio político contra el camarista Eduardo Freiler fueron apenas el comienzo de una avanzada sobre Tribunales que puede seguir con Daniel Rafecas pero que tiene como objetivo final el desalojo de la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó.
La situación financiera de OCA es insostenible. En concurso de acreedores, la AFIP le reclama $1.700 millones por impuestos retenidos y no rendidos. Su jefe, Alberto Abad, le pide a Macri desde hace meses que lo habilite a solicitar formalmente su quiebra. Para contener la crisis que sobrevendría para sus 7.000 empleados directos y 5.000 tercerizados, Quintana inició discretas gestiones con Farcuh sin consultar a Moyano. El camionero se enteró de al menos dos reuniones, donde sospecha que se negocia un desguace de OCA y una integración parcial con el Correo Argentino.
Los movimientos más recientes en el Correo parecen confirmar las sospechas de Moyano. El lunes desembarcará allí Gustavo Papini, un contador que acompañó a Quintana en el fondo Pegasus durante largos años y que llegó a dirigir Musimundo, una de las terminales del viceministro. Papini fue después gerente financiero del grupo Rhuo, pero solo aguantó un año al lado de Farcuh. Abandonó la empresa a fines de 2014, peleado con el joven, y volvió a refugiarse bajo el ala de Quintana. Con él llegarán al Correo otros tres exejecutivos de OCA: Antonio Cao, Jorge Calone y Natan Teubas. La colonización anticipa una fusión de hecho. Haría bien Farcuh en reforzar la custodia que lo acompaña dondequiera que vaya en su lujosa moto importada.
Blancos móviles
La guerra con un símbolo del sindicalismo empresario, proyectan los más audaces del Gobierno, será puro rédito electoral. Así como el martes celebraron el revoleo de cruces blancas de excombatientes de Malvinas en la Plaza de Mayo y la viralización de la foto de un prominente vientre camionero tatuado con el rostro de Eva Perón y el logo de la CGT, los artesanos del relato oficial fantasean con publicitar un Macri enfrentado a todo o nada con «mafias sindicales», que arrastre los votos que hacen falta en octubre para terminar de redondear la reafirmación del oficialismo en las urnas.
Es una carambola a dos bandas a dos meses de las elecciones generales. Por un lado, el Gobierno busca reforzar el slogan oficial del combate a «las mafias», que tan hondo hizo calar María Eugenia Vidal en el electorado bonaerense. Por otro, barrer con un foco de resistencia a la flexibilización laboral a la brasileña que se decidió a impulsar en cuotas, gremio por gremio, y que apoya sin fisuras todo el arco empresario.
Los consejeros políticos de Macri le advierten desde hace tiempo que el sindicalismo peronista es un blanco ideal. No porque haya perdido predicamento sobre sus bases sino porque descuidó a una clase inferior que germinó en la informalidad durante años y que explotó en los últimos dos, convirtiendo a muchos empleados «en blanco» en una verdadera aristocracia obrera. El Presidente, ingeniero al fin, no se lanzaría a una guerra de estas dimensiones sin un cálculo previo. Y la matemática está de su lado. Los asalariados registrados privados son 6,2 millones. La suma de informales, monotributistas, autónomos y personal de casas particulares arroja 6,7 millones. A este último grupo se dirigieron en el último año la ampliación de la AUH, la reforma del monotributo, la devolución de IVA para alimentos y la ley de emprendedores.
Como enseñaron las PASO, sin embargo, los datos socioeconómicos no deben leerse escindidos de lo estrictamente político. Y el problema para Moyano y la vieja cúpula de la CGT es ante todo político: en sus bases, los cuatro millones de asalariados sindicalizados, prima el resentimiento hacia los precarizados inmediatamente debajo suyo ( a quienes ven como «vagos», «mantenidos» o «planeros», tal como hizo notar esta semana el cura Rodrigo Zarazaga) antes que la precaución frente a quienes desde el Gobierno o las empresas pueden empujarlos a esa marginalidad a ellos también. En una sociedad «monotributizada» se rompe toda solidaridad de clase. La panza tatuada es del otro.
Regalones
El relato oficialista, no obstante, choca contra una realidad. Las mafias, en el sentido macrista, han permeado todas las estructuras e instituciones del país. Y ni el Gobierno ni el empresariado son terreno virgen. El vice de Triaca, Ezequiel Sabor, por ejemplo, no fue eyectado del cargo solo por su declamada relación con Luis Barrionuevo sino porque cada vez le costaba más explicar su dispendioso nivel de vida. Casado con otra funcionaria pública, la secretaria de Gobierno del municipio de Campana, Mariela Schvartz, el ahora exfuncionario se las arregló para remodelar a nuevo su mansión en el country Los Cardales al mismo tiempo que cambiaba las 4×4 de ambos, una Dodge RAM y una Dodge Journey. En plena campaña, para peor, los dos pasearon juntos tres semanas por Europa y un mes más tarde se fueron a esquiar al Sur. Son vidas alejadas de la del hombre común. Como la de Alfonso Prat-Gay, que cobra $200 mil por dar una conferencia.
Los dirigentes gremiales, custodios de gigantescas cajas discrecionales de las cuales todos los partidos suelen recaudar fondos de campaña, podrían contraatacar a Macri a lo Bonzo. Entregar pruebas de esos aportes irregulares. O de los pagos que cuentan que les exigen en algunos mostradores de Trabajo para trámites simples como certificaciones de autoridades, impugnaciones de listas o convocatorias a elecciones. «Acá está todo tarifado, peor que en la época de (el exministro de la Alianza, Alberto) Flamarique», contó a BAE Negocios un secretario general. ¿Vendrá a corregir eso Horacio Pitrau, el antiguo abogado de Sergio Schoklender al que ascendieron en lugar de Sabor? Difícil. Viene de ejercer justamente como Director Nacional de Asociaciones Sindicales.
La flexibilización laboral se discutirá en ese marco conflictivo. Y sus frutos son más que dudosos en un mundo cada vez más hostil, como lo probó el bloqueo del biodiesel argentino dispuesto por Donald Trump. En una cena previa al Consejo de las Américas, que ofreció anteanoche Susan Segal en el segundo subsuelo del hotel Alvear, el canciller Jorge Faurie hizo malabares para explicar lo inexplicable. «Es una sorpresa ingrata», admitió. «Habrá que pedirles que lo revean», completó ayer su par de Producción, Francisco Cabrera.
La ingratitud, además, llegó después de la pompa con la que Macri recibió al vice de Trump, Mike Pence. Por eso sonó poco apasionada la defensa de Faurie y Cabrera de un negocio donde se juegan 1.200 millones de dólares y 6.000 puestos de trabajo. Quienes consultaban ayer en el foyer del Alvear al exembajador en Estados Unidos del kirchnerismo, Jorge Argüello, se llevaban en cambio una explicación más conceptuosa: «Nos han roto bien el culito».
abercovich@diariobae.com
-Vos me estás cagando, eh. Me estás sacando todos los clientes…
Hugo Moyano le habló bajito a Mario Quintana, como cuando quiere que lo escuchen bien. El vicejefe de Gabinete se hizo el distraído y el camionero le mencionó tres reparticiones estatales que en el último mes cambiaron los servicios postales de OCA por los del Correo Argentino. Una decisión a priori lógica, por tratarse del correo oficial, pero que Mauricio Macri evitó tomar mientras duró su idilio con el exsecretario general de la CGT y que también esquivó en sus dos mandatos al frente del gobierno porteño, que sigue despachando sus multas e impuestos por OCA. Los carteros privados de uniforme morado, empleados en los papeles del excéntrico Patricio Farcuh, saben desde hace tiempo que su verdadero patrón en las sombras es el mismo sindicato de choferes que los representa. O la familia Moyano, que es lo mismo. Desde que Hugo echó en persona al joven jefe del grupo Rhuo de la sede central de OCA en Once, a fines de febrero, el vínculo es más evidente: la plata para los sueldos llega cada mes directamente del sindicato.
Macri decidió romper lanzas con el sindicalismo como parte de su despliegue de poder post-PASO. El resultado lo animó a avanzar con las reformas tributaria, laboral y previsional que integran su agenda desde antes de asumir. La eyección del sanitarista que José Luis Lingieri había logrado colocar al frente del reparto de fondos para las obras sociales, Luis Scervino, y del viceministro de Trabajo, Ezequiel Sabor, fue solo el inicio. La guerra seguirá. Del mismo modo que la polémica suspensión y el juicio político contra el camarista Eduardo Freiler fueron apenas el comienzo de una avanzada sobre Tribunales que puede seguir con Daniel Rafecas pero que tiene como objetivo final el desalojo de la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó.
La situación financiera de OCA es insostenible. En concurso de acreedores, la AFIP le reclama $1.700 millones por impuestos retenidos y no rendidos. Su jefe, Alberto Abad, le pide a Macri desde hace meses que lo habilite a solicitar formalmente su quiebra. Para contener la crisis que sobrevendría para sus 7.000 empleados directos y 5.000 tercerizados, Quintana inició discretas gestiones con Farcuh sin consultar a Moyano. El camionero se enteró de al menos dos reuniones, donde sospecha que se negocia un desguace de OCA y una integración parcial con el Correo Argentino.
Los movimientos más recientes en el Correo parecen confirmar las sospechas de Moyano. El lunes desembarcará allí Gustavo Papini, un contador que acompañó a Quintana en el fondo Pegasus durante largos años y que llegó a dirigir Musimundo, una de las terminales del viceministro. Papini fue después gerente financiero del grupo Rhuo, pero solo aguantó un año al lado de Farcuh. Abandonó la empresa a fines de 2014, peleado con el joven, y volvió a refugiarse bajo el ala de Quintana. Con él llegarán al Correo otros tres exejecutivos de OCA: Antonio Cao, Jorge Calone y Natan Teubas. La colonización anticipa una fusión de hecho. Haría bien Farcuh en reforzar la custodia que lo acompaña dondequiera que vaya en su lujosa moto importada.
Blancos móviles
La guerra con un símbolo del sindicalismo empresario, proyectan los más audaces del Gobierno, será puro rédito electoral. Así como el martes celebraron el revoleo de cruces blancas de excombatientes de Malvinas en la Plaza de Mayo y la viralización de la foto de un prominente vientre camionero tatuado con el rostro de Eva Perón y el logo de la CGT, los artesanos del relato oficial fantasean con publicitar un Macri enfrentado a todo o nada con «mafias sindicales», que arrastre los votos que hacen falta en octubre para terminar de redondear la reafirmación del oficialismo en las urnas.
Es una carambola a dos bandas a dos meses de las elecciones generales. Por un lado, el Gobierno busca reforzar el slogan oficial del combate a «las mafias», que tan hondo hizo calar María Eugenia Vidal en el electorado bonaerense. Por otro, barrer con un foco de resistencia a la flexibilización laboral a la brasileña que se decidió a impulsar en cuotas, gremio por gremio, y que apoya sin fisuras todo el arco empresario.
Los consejeros políticos de Macri le advierten desde hace tiempo que el sindicalismo peronista es un blanco ideal. No porque haya perdido predicamento sobre sus bases sino porque descuidó a una clase inferior que germinó en la informalidad durante años y que explotó en los últimos dos, convirtiendo a muchos empleados «en blanco» en una verdadera aristocracia obrera. El Presidente, ingeniero al fin, no se lanzaría a una guerra de estas dimensiones sin un cálculo previo. Y la matemática está de su lado. Los asalariados registrados privados son 6,2 millones. La suma de informales, monotributistas, autónomos y personal de casas particulares arroja 6,7 millones. A este último grupo se dirigieron en el último año la ampliación de la AUH, la reforma del monotributo, la devolución de IVA para alimentos y la ley de emprendedores.
Como enseñaron las PASO, sin embargo, los datos socioeconómicos no deben leerse escindidos de lo estrictamente político. Y el problema para Moyano y la vieja cúpula de la CGT es ante todo político: en sus bases, los cuatro millones de asalariados sindicalizados, prima el resentimiento hacia los precarizados inmediatamente debajo suyo ( a quienes ven como «vagos», «mantenidos» o «planeros», tal como hizo notar esta semana el cura Rodrigo Zarazaga) antes que la precaución frente a quienes desde el Gobierno o las empresas pueden empujarlos a esa marginalidad a ellos también. En una sociedad «monotributizada» se rompe toda solidaridad de clase. La panza tatuada es del otro.
Regalones
El relato oficialista, no obstante, choca contra una realidad. Las mafias, en el sentido macrista, han permeado todas las estructuras e instituciones del país. Y ni el Gobierno ni el empresariado son terreno virgen. El vice de Triaca, Ezequiel Sabor, por ejemplo, no fue eyectado del cargo solo por su declamada relación con Luis Barrionuevo sino porque cada vez le costaba más explicar su dispendioso nivel de vida. Casado con otra funcionaria pública, la secretaria de Gobierno del municipio de Campana, Mariela Schvartz, el ahora exfuncionario se las arregló para remodelar a nuevo su mansión en el country Los Cardales al mismo tiempo que cambiaba las 4×4 de ambos, una Dodge RAM y una Dodge Journey. En plena campaña, para peor, los dos pasearon juntos tres semanas por Europa y un mes más tarde se fueron a esquiar al Sur. Son vidas alejadas de la del hombre común. Como la de Alfonso Prat-Gay, que cobra $200 mil por dar una conferencia.
Los dirigentes gremiales, custodios de gigantescas cajas discrecionales de las cuales todos los partidos suelen recaudar fondos de campaña, podrían contraatacar a Macri a lo Bonzo. Entregar pruebas de esos aportes irregulares. O de los pagos que cuentan que les exigen en algunos mostradores de Trabajo para trámites simples como certificaciones de autoridades, impugnaciones de listas o convocatorias a elecciones. «Acá está todo tarifado, peor que en la época de (el exministro de la Alianza, Alberto) Flamarique», contó a BAE Negocios un secretario general. ¿Vendrá a corregir eso Horacio Pitrau, el antiguo abogado de Sergio Schoklender al que ascendieron en lugar de Sabor? Difícil. Viene de ejercer justamente como Director Nacional de Asociaciones Sindicales.
La flexibilización laboral se discutirá en ese marco conflictivo. Y sus frutos son más que dudosos en un mundo cada vez más hostil, como lo probó el bloqueo del biodiesel argentino dispuesto por Donald Trump. En una cena previa al Consejo de las Américas, que ofreció anteanoche Susan Segal en el segundo subsuelo del hotel Alvear, el canciller Jorge Faurie hizo malabares para explicar lo inexplicable. «Es una sorpresa ingrata», admitió. «Habrá que pedirles que lo revean», completó ayer su par de Producción, Francisco Cabrera.
La ingratitud, además, llegó después de la pompa con la que Macri recibió al vice de Trump, Mike Pence. Por eso sonó poco apasionada la defensa de Faurie y Cabrera de un negocio donde se juegan 1.200 millones de dólares y 6.000 puestos de trabajo. Quienes consultaban ayer en el foyer del Alvear al exembajador en Estados Unidos del kirchnerismo, Jorge Argüello, se llevaban en cambio una explicación más conceptuosa: «Nos han roto bien el culito».
