El jefe de Gabinete hace un balance positivo de la gestión; defiende los DNU y niega que sean un síntoma de debilidad; admite que el Gobierno pudo haber actuado diferente con los jueces de la Corte
Ya no hay más escritorios como tenían sus antecesores, que lo ubicaban sobre el espejo central, de espaldas a la puerta por donde suelen ingresar los presidentes. Tampoco pantallas para seguir el minuto a minuto de la información. De épocas anteriores sólo quedó una televisión de plasma. No hay papeles dando vueltas. En la amplia mesa de reuniones, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, recibió anteayer a LA NACION, un día antes del confuso desenlace parcial de los prófugos. «El deterioro del aparato penitenciario y de seguridad es una deuda de la democracia en estos 30 años. Llevará tiempo y ésa es la prioridad», reconoció. Al mismo tiempo buscó minimizar el impacto del tema al decir que el Gobierno «no está preocupado por el costo político».
-¿Cuál es el balance de este primer mes de gestión?
-Es muy positivo. En lo personal y con todo el equipo por el enorme entusiasmo que vivimos día a día de trabajar de verdad en transformar la Argentina y no en la discusión electoral en este tiempo de mucha fricción y poco trabajo que fueron los últimos años de la Argentina. En lo general, la Argentina está siendo un país cada día más normal.
-¿Algo de lo que hicieron hasta ahora revisarían?
-Primero hay que decir que tenemos el mandato del Presidente de equivocarnos, aunque parezca raro. Si uno hace diez cosas probablemente va a haber algunas en las que acierte y otras en las que uno tiene que ir acomodándose. Si uno hace una o dos cosas buscando no equivocarse no va a hacer nada. No es un problema para nosotros equivocarnos. El tema del proceso de diálogo previo a la medida de nombrar jueces para la Corte por ahí podría haber ayudado a que se entienda mejor. Hay cosas que son fruto de la falta de experiencia sobre el circuito de la información o los lugares.
-¿La decisión de nombrar a los jueces de la Corte en comisión fue un error, porque parece haber quedado en un limbo?
-No, no nos parece un error, la validamos y no quedó en un limbo porque es una medida constitucional. Lo que quedó en todo caso es un espacio de tiempo hasta que se haga la jura que por el pedido de la Corte va a hacerse en febrero. Obviamente hay una oportunidad ahí de trabajar en que se logre el consenso en el Senado antes de que ocurra la jura.
-¿Pero asumirían en febrero aun sin el acuerdo del Senado?
-El decreto está vigente. Hay conversaciones permanentes con el Senado con lo cual si hubiera un acuerdo mejor aún. Ojalá que el Senado apoye. Todos en privado dejan claro que son dos jueces intachables.
-¿Si reciben una señal de que los aprobarían no los harían jurar en comisión?
-Es evidente que si hay una decisión del Senado de votarlos no hay un capricho en querer hacerlos jurar de otra manera.
-¿Es una opción la ampliación de la integración de la Corte?
-Hoy no. El paso que hay que dar es éste. Después en todo caso se podrá discutir con mayor tranquilidad el diseño institucional de la Justicia y de la Corte. No creemos que sea el momento y la forma de dar esa discusión.
– Una de las críticas más fuertes ha sido la recurrencia a los DNU. ¿Hay una necesidad de demostrar una reafirmación de autoridad, incluso bordeando la legalidad, como con la modificacion de la ley de medios?
-Nuestra prioridad es gobernar, no reafirmar nuestra autoridad. No tenemos un complejo de no autoridad. Creemos que parte de la normalidad es que un gobierno que fue votado para gobernar no tiene que estar con la inquietud de un poder inseguro y temeroso como hemos tenido en los últimos años. Hay que entender que los gobiernos autoritarios son ante todo temerosos. El segundo punto es queno creemos que el DNU sea una herramienta que bordee lo ilegal ni que sea un síntoma de autoritarismo.
-Pero es distinto cuando modifican una ley, como la de medios.
-No creemos eso porque la herramienta no hace al comportamiento. Antes deciamos que era un gobierno que no dialogaba, que no abría ninguna discusión, que buscaba la concentración de poder, el avasallamiento iba más alla de la herramienta, eso era un síntoma más. Pero la herramienta en sí misma no toma decisiones.
-¿No es una debilidad por no tener una mayoría parlamentaria?
– No lo creemos. Fue la vía correcta. Estamos en un período de receso del Congreso. El 1° de marzo vamos a plantear una extensísima agenda parlamentaria. Y como todos los presidentes de la democracia usamos la herramienta que te da la Constitución. Y lo hacemos en el contexto de un diálogo permanente. Y todos estos decretos van a ir al Congreso después.
-¿Lo que dice es que el DNU tiene un sentido cuando hay diálogo y otro cuando no lo hay?
– Claro. No es lo mismo un martillo para pegarle en la cabeza a alguien que para construir una pared.
– ¿Por qué no convocaron a sesiones extraordinarias?
– Porque no consideramos que éste sea el momento para hacerlo, y es una decisión política, es absolutamente legal y constitucional. El gobierno anterior discutía muchas leyes donde no modificaba una coma de lo que dijeron los opositores, y eso puede ser un comportamiento autoritario, y puede haber un DNU absolutamente respetuoso de un proceso de diálogo.
-La situación de Gils Carbó quedó inconclusa. ¿Qué harán al respecto?
-Lamentamos el no reconocimiento de aquellos que han tenido un ejercicio del poder militante y partidario y no tuvieron la dignidad de irse con el poder político con el que construyeron poder. Pero más allá de eso, hay un marco institucional y no hay una nueva decisión para comunicar.
-¿Qué lectura hace del caso de los prófugos?
-Esto refleja un problema estructural como es terminar con el narcotráfico, así que no tenemos la soberbia de pensar que en 10 días lo vamos a resolver. El deterioro del aparato penitenciario y de seguridad es una deuda de la democracia en estos 30 años. Llevará tiempo repararlo y ésa es la prioridad. En cuanto al caso, están trabajando las fuerzas de seguridad y las fuerzas específicas para tratar de resolverlo. Pero no estamos preocupados por el costo político. Las opciones eran convivir con el problema o tratar de combatirlo. Y elegimos la segunda opción.
-¿Qué opina de las críticas que recibió la designación de Arribas al frente de la AFI?
-Si el Presidente consideró que estaba capacitado, está capacitado. En todos los cargos hubo un salto inmenso en términos de calidad institucional. Si hay un funcionario en cualquier lugar que no hace las cosas que no tienen que hacer, lo corregiremos. El principal objetivo es despolitizar la AFI, que no persiga políticos, algo que se había vuelto normal, sino que combata al terrorismo y al narcotráfico.
Ya no hay más escritorios como tenían sus antecesores, que lo ubicaban sobre el espejo central, de espaldas a la puerta por donde suelen ingresar los presidentes. Tampoco pantallas para seguir el minuto a minuto de la información. De épocas anteriores sólo quedó una televisión de plasma. No hay papeles dando vueltas. En la amplia mesa de reuniones, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, recibió anteayer a LA NACION, un día antes del confuso desenlace parcial de los prófugos. «El deterioro del aparato penitenciario y de seguridad es una deuda de la democracia en estos 30 años. Llevará tiempo y ésa es la prioridad», reconoció. Al mismo tiempo buscó minimizar el impacto del tema al decir que el Gobierno «no está preocupado por el costo político».
-¿Cuál es el balance de este primer mes de gestión?
-Es muy positivo. En lo personal y con todo el equipo por el enorme entusiasmo que vivimos día a día de trabajar de verdad en transformar la Argentina y no en la discusión electoral en este tiempo de mucha fricción y poco trabajo que fueron los últimos años de la Argentina. En lo general, la Argentina está siendo un país cada día más normal.
-¿Algo de lo que hicieron hasta ahora revisarían?
-Primero hay que decir que tenemos el mandato del Presidente de equivocarnos, aunque parezca raro. Si uno hace diez cosas probablemente va a haber algunas en las que acierte y otras en las que uno tiene que ir acomodándose. Si uno hace una o dos cosas buscando no equivocarse no va a hacer nada. No es un problema para nosotros equivocarnos. El tema del proceso de diálogo previo a la medida de nombrar jueces para la Corte por ahí podría haber ayudado a que se entienda mejor. Hay cosas que son fruto de la falta de experiencia sobre el circuito de la información o los lugares.
-¿La decisión de nombrar a los jueces de la Corte en comisión fue un error, porque parece haber quedado en un limbo?
-No, no nos parece un error, la validamos y no quedó en un limbo porque es una medida constitucional. Lo que quedó en todo caso es un espacio de tiempo hasta que se haga la jura que por el pedido de la Corte va a hacerse en febrero. Obviamente hay una oportunidad ahí de trabajar en que se logre el consenso en el Senado antes de que ocurra la jura.
-¿Pero asumirían en febrero aun sin el acuerdo del Senado?
-El decreto está vigente. Hay conversaciones permanentes con el Senado con lo cual si hubiera un acuerdo mejor aún. Ojalá que el Senado apoye. Todos en privado dejan claro que son dos jueces intachables.
-¿Si reciben una señal de que los aprobarían no los harían jurar en comisión?
-Es evidente que si hay una decisión del Senado de votarlos no hay un capricho en querer hacerlos jurar de otra manera.
-¿Es una opción la ampliación de la integración de la Corte?
-Hoy no. El paso que hay que dar es éste. Después en todo caso se podrá discutir con mayor tranquilidad el diseño institucional de la Justicia y de la Corte. No creemos que sea el momento y la forma de dar esa discusión.
– Una de las críticas más fuertes ha sido la recurrencia a los DNU. ¿Hay una necesidad de demostrar una reafirmación de autoridad, incluso bordeando la legalidad, como con la modificacion de la ley de medios?
-Nuestra prioridad es gobernar, no reafirmar nuestra autoridad. No tenemos un complejo de no autoridad. Creemos que parte de la normalidad es que un gobierno que fue votado para gobernar no tiene que estar con la inquietud de un poder inseguro y temeroso como hemos tenido en los últimos años. Hay que entender que los gobiernos autoritarios son ante todo temerosos. El segundo punto es queno creemos que el DNU sea una herramienta que bordee lo ilegal ni que sea un síntoma de autoritarismo.
-Pero es distinto cuando modifican una ley, como la de medios.
-No creemos eso porque la herramienta no hace al comportamiento. Antes deciamos que era un gobierno que no dialogaba, que no abría ninguna discusión, que buscaba la concentración de poder, el avasallamiento iba más alla de la herramienta, eso era un síntoma más. Pero la herramienta en sí misma no toma decisiones.
-¿No es una debilidad por no tener una mayoría parlamentaria?
– No lo creemos. Fue la vía correcta. Estamos en un período de receso del Congreso. El 1° de marzo vamos a plantear una extensísima agenda parlamentaria. Y como todos los presidentes de la democracia usamos la herramienta que te da la Constitución. Y lo hacemos en el contexto de un diálogo permanente. Y todos estos decretos van a ir al Congreso después.
-¿Lo que dice es que el DNU tiene un sentido cuando hay diálogo y otro cuando no lo hay?
– Claro. No es lo mismo un martillo para pegarle en la cabeza a alguien que para construir una pared.
– ¿Por qué no convocaron a sesiones extraordinarias?
– Porque no consideramos que éste sea el momento para hacerlo, y es una decisión política, es absolutamente legal y constitucional. El gobierno anterior discutía muchas leyes donde no modificaba una coma de lo que dijeron los opositores, y eso puede ser un comportamiento autoritario, y puede haber un DNU absolutamente respetuoso de un proceso de diálogo.
-La situación de Gils Carbó quedó inconclusa. ¿Qué harán al respecto?
-Lamentamos el no reconocimiento de aquellos que han tenido un ejercicio del poder militante y partidario y no tuvieron la dignidad de irse con el poder político con el que construyeron poder. Pero más allá de eso, hay un marco institucional y no hay una nueva decisión para comunicar.
-¿Qué lectura hace del caso de los prófugos?
-Esto refleja un problema estructural como es terminar con el narcotráfico, así que no tenemos la soberbia de pensar que en 10 días lo vamos a resolver. El deterioro del aparato penitenciario y de seguridad es una deuda de la democracia en estos 30 años. Llevará tiempo repararlo y ésa es la prioridad. En cuanto al caso, están trabajando las fuerzas de seguridad y las fuerzas específicas para tratar de resolverlo. Pero no estamos preocupados por el costo político. Las opciones eran convivir con el problema o tratar de combatirlo. Y elegimos la segunda opción.
-¿Qué opina de las críticas que recibió la designación de Arribas al frente de la AFI?
-Si el Presidente consideró que estaba capacitado, está capacitado. En todos los cargos hubo un salto inmenso en términos de calidad institucional. Si hay un funcionario en cualquier lugar que no hace las cosas que no tienen que hacer, lo corregiremos. El principal objetivo es despolitizar la AFI, que no persiga políticos, algo que se había vuelto normal, sino que combata al terrorismo y al narcotráfico.
