Martín Becerra es doctor en Ciencias de la Información e investigador del CONICET, especialista en medios de comunicación e industrias culturales. En diálogo con Política Argentina, opinó acerca de las «fake news» que se viralizan a través de las redes sociales y de expresiones y decisiones de importantes empresas y funcionarios del Estado al respecto. Además, criticó la distribución de la pauta oficial y describió la delicada situación actual de los medios de comunicación.
Se viene hablando mucho en el último tiempo de la posverdad y las «fake news». Pero ocurrieron dos hechos recientemente que generaron debate en torno a estos temas. El primero tiene que ver con un «sello» que Facebook puso sobre un posteo, considerando falsa una notocia, basándose en un informe de Chequeado. ¿Cual es tu opinión?
Primero corresponde aclarar a qué se alude con «fake news» y ahí detectamos parte del problema, dado que con esa noción se alude a cuestiones muy ambiguas y diferentes. No hay una definición estable y clara para todo el mundo. O sea que la cuestión es delicada, porque la pretensión de juzgar por verdadero o falso un contenido no es universalizable y, al no serlo, abre el espacio a la discrecionalidad del evaluador que emite el juicio sobre si ese contenido es falso. Más delicado aún es el problema de su eventual remoción o censura, por ejemplo de Facebook, que es una plataforma casi “pública” desde la perspectiva de su uso absolutamente masivo. En función de ello, y de una larga tradición que abreva en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y está ampliada en la Convención Americana, que tiene además estatuto constitucional en la Argentina y una rica jurisprudencia, considero peligroso e inapropiado conceder el poder de policía a empresas privadas para que diriman qué contenidos circulan socialmente y cuáles no. Es violentar el derecho a la libertad de expresión, lisa y llanamente, en función de políticas de compañías como Google o Facebook que, además, entran en conflicto en muchos aspectos con las leyes de los Estados en cuyos países Google y Facebook hacen negocios, comenzando por EEUU, donde Facebook censuró nada menos que un posteo que contenía la Declaración de la Independencia de ese país donde tiene su sede. Entonces, en el caso concreto que preguntás, te respondo que la decisión de la compañía de restar visibilidad a una posición editorial (pues Facebook alega que no removió el contenido) está reñido con el derecho a la libertad de expresión.
Se viene hablando mucho en el último tiempo de la posverdad y las «fake news». Pero ocurrieron dos hechos recientemente que generaron debate en torno a estos temas. El primero tiene que ver con un «sello» que Facebook puso sobre un posteo, considerando falsa una notocia, basándose en un informe de Chequeado. ¿Cual es tu opinión?
Primero corresponde aclarar a qué se alude con «fake news» y ahí detectamos parte del problema, dado que con esa noción se alude a cuestiones muy ambiguas y diferentes. No hay una definición estable y clara para todo el mundo. O sea que la cuestión es delicada, porque la pretensión de juzgar por verdadero o falso un contenido no es universalizable y, al no serlo, abre el espacio a la discrecionalidad del evaluador que emite el juicio sobre si ese contenido es falso. Más delicado aún es el problema de su eventual remoción o censura, por ejemplo de Facebook, que es una plataforma casi “pública” desde la perspectiva de su uso absolutamente masivo. En función de ello, y de una larga tradición que abreva en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y está ampliada en la Convención Americana, que tiene además estatuto constitucional en la Argentina y una rica jurisprudencia, considero peligroso e inapropiado conceder el poder de policía a empresas privadas para que diriman qué contenidos circulan socialmente y cuáles no. Es violentar el derecho a la libertad de expresión, lisa y llanamente, en función de políticas de compañías como Google o Facebook que, además, entran en conflicto en muchos aspectos con las leyes de los Estados en cuyos países Google y Facebook hacen negocios, comenzando por EEUU, donde Facebook censuró nada menos que un posteo que contenía la Declaración de la Independencia de ese país donde tiene su sede. Entonces, en el caso concreto que preguntás, te respondo que la decisión de la compañía de restar visibilidad a una posición editorial (pues Facebook alega que no removió el contenido) está reñido con el derecho a la libertad de expresión.
