En su ya tradicional reunión anual, los empresarios volvieron a escenificar sus aportes al desarrollo nacional y a reclamar reglas claras. Esta imagen de emprendedores innovadores contrasta con una trayectoria de rentismo y negocios al calor del Estado que explica que muchos de los llamados empresarios K hoy adopten la M. Romper con este ciclo requiere de políticas industriales que condicionen la protección estatal a indicadores de desempeño de las empresas.
“Capitanes de la industria” en los ochenta, “socios menores de las multinacionales” en las privatizaciones en los noventa, y “empresarios K” en los dos mil. Más allá de las etiquetas, una parte sustantiva de los empresarios locales se acercaron a los gobiernos ayer, hoy y siempre, en busca de negocios con bajos o nulos niveles de competencia que les permitan sostener altas rentabilidades que de otra manera, es decir sin esos contactos con la política, no obtendrían. Aferrados a las rentas que la política les habilita, pululan los hombres de negocios que compran sin plata, obtienen rentas de los consumidores sin inversiones ni riesgos y evitan la competencia interna y externa con pasión difícil de igualar.
No nos equivoquemos. No es este un fenómeno latinoamericano, mucho menos exclusivo de la Argentina. Las rentas existen tanto en la admirada e industrial Corea del Sur como en Alemania o en el Sillicon Valley norteamericano. Pero son rentas de una especie diferente: aquellas promueven el desarrollo, ya que impulsan la inversión en investigación y desarrollo (I+D), generan trabajos de muy alta calificación y productos líderes a escala global.
En el caso argentino, como en el de muchos otros países de ingreso medio y medio alto, una parte importante de su PBI se encuentra fuertemente enraizado en el Estado. Ya sea porque la regulación es vital para ese sector de la economía en particular y modifica los precios y márgenes de ganancia (por ejemplo el sector energético y petrolero, el juego, las telecomunicaciones y los medios, el real estate, y el sector bancario y financiero) o porque el Estado es el principal comprador y/o cliente (construcción, ingeniería civil, administración de puertos y aeropuertos, y sector financiero, entre otros). La debilidad de las agencias estatales encargadas de regular estos sectores, su baja capacidad burocrática, mínimo enforcement de las regulaciones y/o sesgo pro-negocios, permiten que los empresarios se involucren en comportamientos rentistas y experimenten bajos o nulos niveles de competencia. Para ellos, acercarse a la política que domina esas agencias es entonces la fórmula del éxito.
Es más que probable entonces que aún los más rabiosos empresarios K den lugar con el paso del tiempo a una conversión hacia la M para conservar o ampliar sus rentas
Bajo este marco analítico, los llamados “empresarios K” -creo que el diario Perfil fue el primero en etiquetarlos allá por 2004- serían por lo tanto un conjunto cambiante de hombres de negocios que se acercaron al calor de los gobiernos nacionales entre 2003 y 2015 con el objetivo de obtener negocios, con mayor o menor nivel de opacidad. Entiéndase que el listado es variable. Tomemos por ejemplo el caso del Grupo Clarín, muy cercano al gobierno hasta 2007 –período en el que logró la jugosa fusión de Cablevisión y Multicanal- y distanciado luego.
Es más que probable entonces que aún los más rabiosos empresarios K den lugar con el paso del tiempo a una conversión hacia la M para conservar o ampliar sus rentas. Por eso tiene razón Alejandro Gaggero cuando dice que grupos como Pampa Energía de Marcelo Mindlin (y tras él agregaríamos a la vieja guardia de Bulgheroni, Rocca, Pérez Companc, o Werthein y a los recién llegados Cristóbal López y Ferreyra) serán con el correr del tiempo -si ya no lo son- muy cercanos al gobierno de Macri. A algunos les resultará más sencillo -las conexiones vía Nicolás Caputo de Mindlin son explícitas, por caso- otros deberán remarla desde abajo o irán a la cola del flamante grupo de “empresarios M”, teniendo que ceder incluso algunas unidades de negocio, como seguramente harán el Grupo Indalo de López o Electroingeniería de Ferreyra en un futuro cercano.
Las diferentes formas de relacionarse con la política tiene consecuencias sobre el nivel de inversiones, los sectores en los que se invierte, y cuánto se fuga, o se destina a la compra departamentos en Miami o puppies de Jeff Koons
Esta cercanía de los empresarios con los funcionarios de primer nivel no se trata de un “ADN empresarial argentino” ni nada por el estilo, es pura adaptación estratégica a un contexto donde los vaivenes de la política afectan o promueven la rentabilidad de los negocios. Algo que es muy propio de las economías emergentes y, como ya hemos dicho, específicamente de algunos sectores de la economía.
Las diferentes formas de relacionarse con la política y de usar las rentas que la política provee, tiene consecuencias agregadas sobre el nivel de inversiones, los sectores en los que se invierte, y cuánto se fuga, o se destina a la compra de campos, departamentos en Miami o puppies de Jeff Koons. El corolario lógico es que el Estado puede y debe intervenir en ese proceso de creación, acumulación y distribución de rentas, de manera eficiente para orientarlo hacia -y este es el meollo del asunto- el anhelado desarrollo. La manera de hacer eso no es para nada sencilla ni se logra en el corto plazo. Implica la construcción de organismos burocráticos eficientes y meritocráticos que sean controlados por el poder político pero que eviten caer en amiguismos dirigidos por el corto plazo. Estos organismos deben generar vínculos institucionalizados con el sector empresario doméstico, a través de los cuales se pueda obtener información sobre el devenir de la empresa y el sector, y otorgar protección o subsidios condicionados a indicadores objetivos de performance económico.
El kirchnerismo será recordado, con razón, como el gobierno de la inclusión social, de la reconstrucción del estado de bienestar criollo, de la creación de millones de puestos de trabajo y hasta de la inversión record en ciencia y técnica. Pero sin dudas no avanzó lo suficiente en la reconstrucción de un entramado de políticas industriales y de instituciones –junto con la coalición de actores que las sustenten- como las aquí descriptas.
No existe ningún país que haya salido de la dependencia sin empresas nacionales. No hay desarrollo sin capitalismo nacional. Y esto no es una afirmación teórica, es apenas empírica. Hay que tener eso muy presente especialmente en la Argentina, el país más extranjerizado en una de las regiones del mundo con mayor presencia relativa de multinacionales.
El kirchnerismo será recordado, con razón, como el gobierno de la inclusión social. Pero sin dudas no avanzó lo suficiente en la reconstrucción de un entramado de políticas industriales
Deberíamos por lo tanto tratar de poner mayor énfasis analítico y sobre todo político antes en los actores que en las reglas. Los grupos domésticos y las multinacionales que dominan ¾ del total de la economía nacional juegan con las reglas que quieren, imponen las suyas o ignoran el cumplimiento de las que no son de su agrado. Sin embargo, gran parte del análisis académico y de la discusión en la opinión pública sigue girando en torno al fetiche institucionalista de las “reglas de juego”.
En ese sentido, la clave analítica reside en entender cómo y quién produce las rentas (si los consumidores locales, el estado pagando sobreprecios, o los mercados de exportación), quién se apropia de ella (qué actores concretos, si locales o extranjeros, y en qué sectores de la economía) y qué hacen finalmente con esa renta (si la fugan al extranjero, si la dilapidan en consumo superfluo, o si la invierten en una diversificación orgánica del negocio principal, potencialmente orientada al mercado externo). Hecho ese mapa de actores y cadenas de valor, de lo que se trata luego es de que el Estado nacional guíe el proceso con palos y zanahorias, hacia uno donde, entre muchas cosas, las empresas (y no solo el Conicet) inviertan en I+D, califiquen y formen continuamente a sus trabajadores, busquen mayor estabilidad de los planteles (y no mayor flexibilidad), y las MNCs se vean compelidas a trasladar know how a sus terminales locales y a generar eslabonamientos más sustantivos con sus proveedores locales.
El arreglo institucional de economía política que resuelva en forma virtuosa el cómo, el quién y el para qué de las rentas dará con una de las claves del entramado político e institucional que promueva el esquivo camino al desarrollo. Mientras no hagamos eso, ahora con un gobierno nacional que explícitamente se aleja del horizonte de la inclusión social y abraza superficialmente el relato desarrollista, seguirán pululando las declaraciones de buenas intenciones que demandan “cooperación a los actores”, o los “planes estratégicos de largo plazo”, irlandeses, israelíes o australianos, que poco tienen que ver con las especificidades de nuestro país y que solo agrandan el cementerio de presentaciones de PowerPoint sobre lo que hay que hacer para desarrollarnos de una vez por todas.
“Capitanes de la industria” en los ochenta, “socios menores de las multinacionales” en las privatizaciones en los noventa, y “empresarios K” en los dos mil. Más allá de las etiquetas, una parte sustantiva de los empresarios locales se acercaron a los gobiernos ayer, hoy y siempre, en busca de negocios con bajos o nulos niveles de competencia que les permitan sostener altas rentabilidades que de otra manera, es decir sin esos contactos con la política, no obtendrían. Aferrados a las rentas que la política les habilita, pululan los hombres de negocios que compran sin plata, obtienen rentas de los consumidores sin inversiones ni riesgos y evitan la competencia interna y externa con pasión difícil de igualar.
No nos equivoquemos. No es este un fenómeno latinoamericano, mucho menos exclusivo de la Argentina. Las rentas existen tanto en la admirada e industrial Corea del Sur como en Alemania o en el Sillicon Valley norteamericano. Pero son rentas de una especie diferente: aquellas promueven el desarrollo, ya que impulsan la inversión en investigación y desarrollo (I+D), generan trabajos de muy alta calificación y productos líderes a escala global.
En el caso argentino, como en el de muchos otros países de ingreso medio y medio alto, una parte importante de su PBI se encuentra fuertemente enraizado en el Estado. Ya sea porque la regulación es vital para ese sector de la economía en particular y modifica los precios y márgenes de ganancia (por ejemplo el sector energético y petrolero, el juego, las telecomunicaciones y los medios, el real estate, y el sector bancario y financiero) o porque el Estado es el principal comprador y/o cliente (construcción, ingeniería civil, administración de puertos y aeropuertos, y sector financiero, entre otros). La debilidad de las agencias estatales encargadas de regular estos sectores, su baja capacidad burocrática, mínimo enforcement de las regulaciones y/o sesgo pro-negocios, permiten que los empresarios se involucren en comportamientos rentistas y experimenten bajos o nulos niveles de competencia. Para ellos, acercarse a la política que domina esas agencias es entonces la fórmula del éxito.
Es más que probable entonces que aún los más rabiosos empresarios K den lugar con el paso del tiempo a una conversión hacia la M para conservar o ampliar sus rentas
Bajo este marco analítico, los llamados “empresarios K” -creo que el diario Perfil fue el primero en etiquetarlos allá por 2004- serían por lo tanto un conjunto cambiante de hombres de negocios que se acercaron al calor de los gobiernos nacionales entre 2003 y 2015 con el objetivo de obtener negocios, con mayor o menor nivel de opacidad. Entiéndase que el listado es variable. Tomemos por ejemplo el caso del Grupo Clarín, muy cercano al gobierno hasta 2007 –período en el que logró la jugosa fusión de Cablevisión y Multicanal- y distanciado luego.
Es más que probable entonces que aún los más rabiosos empresarios K den lugar con el paso del tiempo a una conversión hacia la M para conservar o ampliar sus rentas. Por eso tiene razón Alejandro Gaggero cuando dice que grupos como Pampa Energía de Marcelo Mindlin (y tras él agregaríamos a la vieja guardia de Bulgheroni, Rocca, Pérez Companc, o Werthein y a los recién llegados Cristóbal López y Ferreyra) serán con el correr del tiempo -si ya no lo son- muy cercanos al gobierno de Macri. A algunos les resultará más sencillo -las conexiones vía Nicolás Caputo de Mindlin son explícitas, por caso- otros deberán remarla desde abajo o irán a la cola del flamante grupo de “empresarios M”, teniendo que ceder incluso algunas unidades de negocio, como seguramente harán el Grupo Indalo de López o Electroingeniería de Ferreyra en un futuro cercano.
Las diferentes formas de relacionarse con la política tiene consecuencias sobre el nivel de inversiones, los sectores en los que se invierte, y cuánto se fuga, o se destina a la compra departamentos en Miami o puppies de Jeff Koons
Esta cercanía de los empresarios con los funcionarios de primer nivel no se trata de un “ADN empresarial argentino” ni nada por el estilo, es pura adaptación estratégica a un contexto donde los vaivenes de la política afectan o promueven la rentabilidad de los negocios. Algo que es muy propio de las economías emergentes y, como ya hemos dicho, específicamente de algunos sectores de la economía.
Las diferentes formas de relacionarse con la política y de usar las rentas que la política provee, tiene consecuencias agregadas sobre el nivel de inversiones, los sectores en los que se invierte, y cuánto se fuga, o se destina a la compra de campos, departamentos en Miami o puppies de Jeff Koons. El corolario lógico es que el Estado puede y debe intervenir en ese proceso de creación, acumulación y distribución de rentas, de manera eficiente para orientarlo hacia -y este es el meollo del asunto- el anhelado desarrollo. La manera de hacer eso no es para nada sencilla ni se logra en el corto plazo. Implica la construcción de organismos burocráticos eficientes y meritocráticos que sean controlados por el poder político pero que eviten caer en amiguismos dirigidos por el corto plazo. Estos organismos deben generar vínculos institucionalizados con el sector empresario doméstico, a través de los cuales se pueda obtener información sobre el devenir de la empresa y el sector, y otorgar protección o subsidios condicionados a indicadores objetivos de performance económico.
El kirchnerismo será recordado, con razón, como el gobierno de la inclusión social, de la reconstrucción del estado de bienestar criollo, de la creación de millones de puestos de trabajo y hasta de la inversión record en ciencia y técnica. Pero sin dudas no avanzó lo suficiente en la reconstrucción de un entramado de políticas industriales y de instituciones –junto con la coalición de actores que las sustenten- como las aquí descriptas.
No existe ningún país que haya salido de la dependencia sin empresas nacionales. No hay desarrollo sin capitalismo nacional. Y esto no es una afirmación teórica, es apenas empírica. Hay que tener eso muy presente especialmente en la Argentina, el país más extranjerizado en una de las regiones del mundo con mayor presencia relativa de multinacionales.
El kirchnerismo será recordado, con razón, como el gobierno de la inclusión social. Pero sin dudas no avanzó lo suficiente en la reconstrucción de un entramado de políticas industriales
Deberíamos por lo tanto tratar de poner mayor énfasis analítico y sobre todo político antes en los actores que en las reglas. Los grupos domésticos y las multinacionales que dominan ¾ del total de la economía nacional juegan con las reglas que quieren, imponen las suyas o ignoran el cumplimiento de las que no son de su agrado. Sin embargo, gran parte del análisis académico y de la discusión en la opinión pública sigue girando en torno al fetiche institucionalista de las “reglas de juego”.
En ese sentido, la clave analítica reside en entender cómo y quién produce las rentas (si los consumidores locales, el estado pagando sobreprecios, o los mercados de exportación), quién se apropia de ella (qué actores concretos, si locales o extranjeros, y en qué sectores de la economía) y qué hacen finalmente con esa renta (si la fugan al extranjero, si la dilapidan en consumo superfluo, o si la invierten en una diversificación orgánica del negocio principal, potencialmente orientada al mercado externo). Hecho ese mapa de actores y cadenas de valor, de lo que se trata luego es de que el Estado nacional guíe el proceso con palos y zanahorias, hacia uno donde, entre muchas cosas, las empresas (y no solo el Conicet) inviertan en I+D, califiquen y formen continuamente a sus trabajadores, busquen mayor estabilidad de los planteles (y no mayor flexibilidad), y las MNCs se vean compelidas a trasladar know how a sus terminales locales y a generar eslabonamientos más sustantivos con sus proveedores locales.
El arreglo institucional de economía política que resuelva en forma virtuosa el cómo, el quién y el para qué de las rentas dará con una de las claves del entramado político e institucional que promueva el esquivo camino al desarrollo. Mientras no hagamos eso, ahora con un gobierno nacional que explícitamente se aleja del horizonte de la inclusión social y abraza superficialmente el relato desarrollista, seguirán pululando las declaraciones de buenas intenciones que demandan “cooperación a los actores”, o los “planes estratégicos de largo plazo”, irlandeses, israelíes o australianos, que poco tienen que ver con las especificidades de nuestro país y que solo agrandan el cementerio de presentaciones de PowerPoint sobre lo que hay que hacer para desarrollarnos de una vez por todas.
