La estrategia de sustituir con denuncias de fraude la explicación de la derrota en las primarias es otro síntoma de la crisis política que atraviesan las fuerzas de la oposición. El fracaso reclama, por su dimensión, una reacción más inteligente que la de deslegitimar al que obtuvo la mayoría y superó al segundo por 38 puntos.
No se necesitan demasiadas verificaciones para advertir que los comicios de hace dos domingos estuvieron plagados de irregularidades . Muchas de ellas derivan de operaciones maliciosas; la mayor parte resulta de una metodología que, de tan rudimentaria, en vez de evitar la adulteración, la estimula. Sin embargo, es muy difícil demostrar que las escandalosas deficiencias del sistema electoral argentino se hayan agravado en esta oportunidad.
Uno de los reproches es que algunos candidatos -el caso de Ricardo Alfonsín fue el más difundido- registraban en muchas mesas cero voto. Los expertos consideran que esa anomalía deriva de una equivocación, más que de un fraude. «Si uno quiere adulterar un resultado y pasar inadvertido, pone 18 donde debería decir 48, no cero», reconoce un candidato a gobernador de la oposición. De cualquier modo, la falla perjudicó tanto a la Presidenta como a los demás candidatos. «En Santiago del Estero, donde ganó por 80%, hay por lo menos 10 mesas en las que, al parecer, no la votó nadie», explica un diputado del Frente para la Victoria. Y agrega: «Cada vez que Cristina aparece con cero pierde más votos que sus adversarios». El escrutinio definitivo revela, hasta donde se conoce, que la señora de Kirchner mejoró algunos décimos el porcentaje resultado del provisorio.
El procedimiento induce a equivocaciones y facilita picardías. Los cómputos son hechos a mano; se cuentan las papeletas, se vuelcan los datos en las actas y se transcriben en telegramas , muchas veces con errores; la tarea es realizada por presidentes de mesa y fiscales extenuados, que muchas veces carecen de capacitación. Un colaborador de Francisco de Narváez confiesa: «Hay localidades en las que dependemos de gente que, por poco, es convocada por los diarios, y no tiene idea de cuál es el candidato al que defienden». La Coalición Cívica ha sido, gracias al dirigente Claudio Bargach, la agrupación que formó la red de fiscalización más eficiente.
Para superar el sistema manual no existe una receta infalible. El voto electrónico acaba de ser prohibido en Alemania, y en los estados de California y Maryland, de Estados Unidos, país donde el 62% de la población dispone de un sistema mixto de boleta y urna digital. La misma combinación rige en Barcelona, que ocupa la vanguardia en fiabilidad electoral. En la Argentina, Salta experimentó esta opción con bastante éxito en el 30% de las mesas. El voto electrónico recibe también objeciones políticas. Expertos como Ernesto Calvo, por ejemplo, le reprochan acentuar la fragmentación partidaria.
La oposición también basa sus denuncias de fraude en los 800.000 votos en blanco que se registraron en la interna para gobernador bonaerense. El fenómeno no es novedoso: en 2007 hubo 900.000, y en 2003, un millón. La cifra es sospechosa. En parte puede ser atribuida a que las autoridades de mesa deben restar los votos emitidos del total de votantes, y no siempre la cuenta les sale bien. En algunas oportunidades dejan el casillero vacío. Es la razón por la que en el escrutinio provisorio de las primarias parecen 420.000 votantes más para presidente que para diputados nacionales. Por suerte el resultado esta vez fue inequívoco. Si no, el país estaría envuelto hoy en una crisis electoral.
En las primarias del 14, el rubro presidencial registró muchos menos voto en blanco que el de candidatos locales en todos los distritos. El desnivel habla de un fenómeno que estudiosos como Marcelo Escolar detectaron hace tiempo: el corte de boleta está cada vez más extendido.
La provincia de Buenos Aires es un ejemplo. Duhalde sacó 450.000 votos más que su candidato a gobernador, Eduardo Amadeo. Y la Presidenta, 600.000 más que Daniel Scioli y Mario Ishii juntos.
Ese volumen de corte condiciona la discusión sobre la boleta única . La Presidenta acaba de rechazarla porque desarticula las ofertas partidarias. En rigor, sólo vendría a materializar una tendencia que ya existe. El método sólo se aplica a escala nacional para que voten los presos sin condena -entre quienes también ganó Cristina Kirchner, secundada por Duhalde- y los argentinos inscriptos en el exterior.
Nadie duda de que la boleta única, que reclama toda la oposición, eliminaría las principales lacras del régimen actual, como la desaparición de papeletas en el cuarto oscuro. Aníbal Fernández, siempre desopilante, minimizó el problema diciendo que las agrupaciones capaces de controlar la elección no corren riesgo de que les roben las boletas. Así oficializó la humorada del legendario «Malalo», caudillo radical de Parque Patricios que advertía: «Si la oposición no me pone fiscales, me veo en la obligación moral de hacer fraude».
La boleta única evitaría el armado de costosísimos ejércitos de fiscales. Sólo para controlar la provincia de Buenos Aires hacen falta 35.000. Como es cada vez más frecuente que esos auditores cobren alrededor de $ 200 por su tarea, la elección demanda a cada partido unos $ 7 millones. Casi siempre es plata negra, con lo cual para evitar una irregularidad se incurre en otra.
Los usos electorales argentinos son tan rudimentarios que no hace falta un fraude organizado para que la representación surja de una matriz defectuosa. Este año, la percepción de las irregularidades se acentuó por las intrigas del Poder Judicial. La reforma del año 2009 exasperó a los magistrados más antiguos. Entre ellos están María Servini de Cubría (Capital), Manuel Blanco (La Plata), Ricardo Bustos Fierro (Córdoba) y Mariano Cardozo (Jujuy). El poder de estos jueces se viene reduciendo en beneficio de la Cámara Nacional Electoral, que en 2001 incorporó a dos juristas jóvenes e idóneos, como Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera. La reforma impulsada por los Kirchner acentuó esa declinación al digitalizar el padrón y sacarlo del control de los jueces de primera instancia para ponerlo en manos de la Cámara.
Ese recorte funcional impacta en la economía de los juzgados, que mejoran sus ingresos durante la temporada electoral. El de Servini, por ejemplo, recibió del gobierno porteño una suma abultadísima para confeccionar los padrones de las nuevas comunas. Y Blanco habría cobrado unos $ 19 millones de la administración Scioli para monitorear la elección provincial. Los empleados de esos juzgados perciben $ 50 por cada hora extra, cifra que se duplica durante los fines de semana. Perder el control de los padrones significa perder buena parte de esa entrada.
Sería injusto reducir a razones materiales las quejas contra las primarias, que tuvieron en Blanco al vocero más estridente. Las rivalidades burocráticas también meten la cola. El juez platense, igual que Servini, está enfrentado con el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y con la Cámara. Lo advirtieron los dirigentes de la oposición a los que recibió el jueves pasado. Blanco y, sobre todo, los técnicos que lo auxilian insinuaron en esa reunión la existencia de un complot entre funcionarios del Correo e intendentes del conurbano para la designación de presidentes de mesa. En el Ministerio del Interior y en la Cámara lo refutan con el mismo argumento: «Esa conspiración es impracticable por las complicidades que requeriría; pero, en todo caso, Blanco debería denunciarla porque es él quien delega en el Correo la convocatoria a las autoridades de los comicios». En lo de Randazzo son más severos: le reprochan al juez haber conspirado contra las internas negándose a capacitar a los presidentes de mesa y a repartir las boletas, tareas que realizó, al final, la Cámara.
Ricardo Lorenzetti descartó irregularidades y retiró a la Justicia de la polémica. El viernes pasado el presidente de la Corte recibió el escrutinio definitivo de 23 distritos -todos menos el de Blanco, que se demoró durante el fin de semana- casi sin denuncias formales. Es la razón por la cual Federico Pinedo (Pro) y Ricardo Gil Lavedra (UCR) bajaron el tono de sus reproches.
Detrás de la disputa entre jueces y funcionarios palpita otra cuestión: ¿quién debe administrar el proceso electoral? Tampoco hay una sola respuesta. En los Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España lo hace el Poder Ejecutivo. En Brasil, de modo ejemplar, la justicia. Pero también la justicia se encarga de los comicios en Venezuela, donde sobran las sospechas. Los técnicos aconsejan seguir el modelo mexicano: un órgano autónomo organiza los comicios y los jueces resuelven los conflictos que van apareciendo.
El Gobierno recibió las denuncias opositoras con desdén. Randazzo recibió a Alberto Rodríguez Saá, quien fue a la Casa Rosada a quejarse «de los matones de Duhalde». Por su parte, Duhalde tiene una motivación sentimental para arañar hasta el último voto: necesita que su agrupación se ubique en el segundo lugar de la provincia para que su esposa siga siendo senadora nacional..
No se necesitan demasiadas verificaciones para advertir que los comicios de hace dos domingos estuvieron plagados de irregularidades . Muchas de ellas derivan de operaciones maliciosas; la mayor parte resulta de una metodología que, de tan rudimentaria, en vez de evitar la adulteración, la estimula. Sin embargo, es muy difícil demostrar que las escandalosas deficiencias del sistema electoral argentino se hayan agravado en esta oportunidad.
Uno de los reproches es que algunos candidatos -el caso de Ricardo Alfonsín fue el más difundido- registraban en muchas mesas cero voto. Los expertos consideran que esa anomalía deriva de una equivocación, más que de un fraude. «Si uno quiere adulterar un resultado y pasar inadvertido, pone 18 donde debería decir 48, no cero», reconoce un candidato a gobernador de la oposición. De cualquier modo, la falla perjudicó tanto a la Presidenta como a los demás candidatos. «En Santiago del Estero, donde ganó por 80%, hay por lo menos 10 mesas en las que, al parecer, no la votó nadie», explica un diputado del Frente para la Victoria. Y agrega: «Cada vez que Cristina aparece con cero pierde más votos que sus adversarios». El escrutinio definitivo revela, hasta donde se conoce, que la señora de Kirchner mejoró algunos décimos el porcentaje resultado del provisorio.
El procedimiento induce a equivocaciones y facilita picardías. Los cómputos son hechos a mano; se cuentan las papeletas, se vuelcan los datos en las actas y se transcriben en telegramas , muchas veces con errores; la tarea es realizada por presidentes de mesa y fiscales extenuados, que muchas veces carecen de capacitación. Un colaborador de Francisco de Narváez confiesa: «Hay localidades en las que dependemos de gente que, por poco, es convocada por los diarios, y no tiene idea de cuál es el candidato al que defienden». La Coalición Cívica ha sido, gracias al dirigente Claudio Bargach, la agrupación que formó la red de fiscalización más eficiente.
Para superar el sistema manual no existe una receta infalible. El voto electrónico acaba de ser prohibido en Alemania, y en los estados de California y Maryland, de Estados Unidos, país donde el 62% de la población dispone de un sistema mixto de boleta y urna digital. La misma combinación rige en Barcelona, que ocupa la vanguardia en fiabilidad electoral. En la Argentina, Salta experimentó esta opción con bastante éxito en el 30% de las mesas. El voto electrónico recibe también objeciones políticas. Expertos como Ernesto Calvo, por ejemplo, le reprochan acentuar la fragmentación partidaria.
La oposición también basa sus denuncias de fraude en los 800.000 votos en blanco que se registraron en la interna para gobernador bonaerense. El fenómeno no es novedoso: en 2007 hubo 900.000, y en 2003, un millón. La cifra es sospechosa. En parte puede ser atribuida a que las autoridades de mesa deben restar los votos emitidos del total de votantes, y no siempre la cuenta les sale bien. En algunas oportunidades dejan el casillero vacío. Es la razón por la que en el escrutinio provisorio de las primarias parecen 420.000 votantes más para presidente que para diputados nacionales. Por suerte el resultado esta vez fue inequívoco. Si no, el país estaría envuelto hoy en una crisis electoral.
En las primarias del 14, el rubro presidencial registró muchos menos voto en blanco que el de candidatos locales en todos los distritos. El desnivel habla de un fenómeno que estudiosos como Marcelo Escolar detectaron hace tiempo: el corte de boleta está cada vez más extendido.
La provincia de Buenos Aires es un ejemplo. Duhalde sacó 450.000 votos más que su candidato a gobernador, Eduardo Amadeo. Y la Presidenta, 600.000 más que Daniel Scioli y Mario Ishii juntos.
Ese volumen de corte condiciona la discusión sobre la boleta única . La Presidenta acaba de rechazarla porque desarticula las ofertas partidarias. En rigor, sólo vendría a materializar una tendencia que ya existe. El método sólo se aplica a escala nacional para que voten los presos sin condena -entre quienes también ganó Cristina Kirchner, secundada por Duhalde- y los argentinos inscriptos en el exterior.
Nadie duda de que la boleta única, que reclama toda la oposición, eliminaría las principales lacras del régimen actual, como la desaparición de papeletas en el cuarto oscuro. Aníbal Fernández, siempre desopilante, minimizó el problema diciendo que las agrupaciones capaces de controlar la elección no corren riesgo de que les roben las boletas. Así oficializó la humorada del legendario «Malalo», caudillo radical de Parque Patricios que advertía: «Si la oposición no me pone fiscales, me veo en la obligación moral de hacer fraude».
La boleta única evitaría el armado de costosísimos ejércitos de fiscales. Sólo para controlar la provincia de Buenos Aires hacen falta 35.000. Como es cada vez más frecuente que esos auditores cobren alrededor de $ 200 por su tarea, la elección demanda a cada partido unos $ 7 millones. Casi siempre es plata negra, con lo cual para evitar una irregularidad se incurre en otra.
Los usos electorales argentinos son tan rudimentarios que no hace falta un fraude organizado para que la representación surja de una matriz defectuosa. Este año, la percepción de las irregularidades se acentuó por las intrigas del Poder Judicial. La reforma del año 2009 exasperó a los magistrados más antiguos. Entre ellos están María Servini de Cubría (Capital), Manuel Blanco (La Plata), Ricardo Bustos Fierro (Córdoba) y Mariano Cardozo (Jujuy). El poder de estos jueces se viene reduciendo en beneficio de la Cámara Nacional Electoral, que en 2001 incorporó a dos juristas jóvenes e idóneos, como Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera. La reforma impulsada por los Kirchner acentuó esa declinación al digitalizar el padrón y sacarlo del control de los jueces de primera instancia para ponerlo en manos de la Cámara.
Ese recorte funcional impacta en la economía de los juzgados, que mejoran sus ingresos durante la temporada electoral. El de Servini, por ejemplo, recibió del gobierno porteño una suma abultadísima para confeccionar los padrones de las nuevas comunas. Y Blanco habría cobrado unos $ 19 millones de la administración Scioli para monitorear la elección provincial. Los empleados de esos juzgados perciben $ 50 por cada hora extra, cifra que se duplica durante los fines de semana. Perder el control de los padrones significa perder buena parte de esa entrada.
Sería injusto reducir a razones materiales las quejas contra las primarias, que tuvieron en Blanco al vocero más estridente. Las rivalidades burocráticas también meten la cola. El juez platense, igual que Servini, está enfrentado con el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y con la Cámara. Lo advirtieron los dirigentes de la oposición a los que recibió el jueves pasado. Blanco y, sobre todo, los técnicos que lo auxilian insinuaron en esa reunión la existencia de un complot entre funcionarios del Correo e intendentes del conurbano para la designación de presidentes de mesa. En el Ministerio del Interior y en la Cámara lo refutan con el mismo argumento: «Esa conspiración es impracticable por las complicidades que requeriría; pero, en todo caso, Blanco debería denunciarla porque es él quien delega en el Correo la convocatoria a las autoridades de los comicios». En lo de Randazzo son más severos: le reprochan al juez haber conspirado contra las internas negándose a capacitar a los presidentes de mesa y a repartir las boletas, tareas que realizó, al final, la Cámara.
Ricardo Lorenzetti descartó irregularidades y retiró a la Justicia de la polémica. El viernes pasado el presidente de la Corte recibió el escrutinio definitivo de 23 distritos -todos menos el de Blanco, que se demoró durante el fin de semana- casi sin denuncias formales. Es la razón por la cual Federico Pinedo (Pro) y Ricardo Gil Lavedra (UCR) bajaron el tono de sus reproches.
Detrás de la disputa entre jueces y funcionarios palpita otra cuestión: ¿quién debe administrar el proceso electoral? Tampoco hay una sola respuesta. En los Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España lo hace el Poder Ejecutivo. En Brasil, de modo ejemplar, la justicia. Pero también la justicia se encarga de los comicios en Venezuela, donde sobran las sospechas. Los técnicos aconsejan seguir el modelo mexicano: un órgano autónomo organiza los comicios y los jueces resuelven los conflictos que van apareciendo.
El Gobierno recibió las denuncias opositoras con desdén. Randazzo recibió a Alberto Rodríguez Saá, quien fue a la Casa Rosada a quejarse «de los matones de Duhalde». Por su parte, Duhalde tiene una motivación sentimental para arañar hasta el último voto: necesita que su agrupación se ubique en el segundo lugar de la provincia para que su esposa siga siendo senadora nacional..
