Primer presidente ni radical ni peronista democráticamente elegido de la historia argentina, Mauricio Macri fue también el primero en llegar al poder al frente de una fuerza explícitamente promercado que, sin proponer un antiestatismo fulminante, defendía las ventajas del libre juego de la oferta y la demanda, la desregulación y la apertura de la economía1. En un país dotado de una fuerte memoria igualitarista y una pulsión plebeya que sobrevivió represiones y dictaduras, y que en su momento construyó el Estado de Bienestar más amplio de América Latina, pasaron más de tres décadas desde la recuperación de la democracia antes de que un partido de estas características llegara a la Presidencia.
Desde su desembarco en el gobierno nacional en diciembre de 2015, la gestión de Cambiemos, la coalición entre Propuesta Republicana (pro), de Macri, y la más que centenaria Unión Cívica Radical (ucr), osciló entre la convicción y el pragmatismo, entre la voluntad del nuevo presidente y sus principales colaboradores de avanzar en un programa económico claramente neoliberal y la resistencia política, social y sindical: con el peronismo dividido, el principal freno fue el que impusieron las calles y los sindicatos. Así, los primeros dos años de gestión macrista estuvieron marcados por un ciclo de intensa movilización social: docentes, movimientos sociales, trabajadores estatales, científicos y mujeres, entre otros grupos, protagonizaron una serie de marchas multitudinarias. Los sindicatos también hicieron sentir su fuerza: con una tasa de sindicalización de 37%2, Argentina es uno de los pocos países de la región en el que las organizaciones gremiales disputan con el empresariado y el Estado la distribución del ingreso, lo que no logró evitar, aunque sí morigerar, la caída del poder de compra de los salarios y, sobre todo, frenar los intentos de flexibilización de las leyes laborales.
Decidido a hacer de la necesidad virtud, el gobierno definió como «gradualismo» esta tensión entre su vocación neoliberal y las restricciones que fue encontrando, tensión que se reflejó en la evolución de la política económica. Al comienzo, en efecto, Macri aplicó una serie de shocks: desmontó de un día para el otro el complicado sistema de control de cambio establecido por el kirchnerismo; avanzó en la desregulación de algunos sectores, sobre todo aquellos con los que tenía compromisos políticos (en telecomunicaciones, por ejemplo, adoptó una serie de medidas favorables a los intereses del Grupo Clarín); bajó o eliminó los impuestos a la exportación –las retenciones–, otro compromiso asumido durante la campaña; y avanzó en una veloz y muy costosa normalización del frente financiero mediante el pago de la totalidad de la deuda reclamada por los «fondos buitres». La política exterior, en tanto, giró a la búsqueda de una serie de acuerdos de libre comercio (se intentó avanzar sin éxito en un tratado entre el Mercosur y la Unión Europea), el acercamiento a las potencias occidentales y el deseo, aún pendiente, de ingresar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde). Al mismo tiempo, mantuvo bajo control público el sistema jubilatorio estatizado durante el gobierno anterior y no avanzó en la reprivatización de las empresas nacionalizadas (Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Aerolíneas Argentinas). Aunque recortó y fusionó programas y planes sociales, no concretó un recorte del gasto público al estilo de los años 90.
Desde su desembarco en el gobierno nacional en diciembre de 2015, la gestión de Cambiemos, la coalición entre Propuesta Republicana (pro), de Macri, y la más que centenaria Unión Cívica Radical (ucr), osciló entre la convicción y el pragmatismo, entre la voluntad del nuevo presidente y sus principales colaboradores de avanzar en un programa económico claramente neoliberal y la resistencia política, social y sindical: con el peronismo dividido, el principal freno fue el que impusieron las calles y los sindicatos. Así, los primeros dos años de gestión macrista estuvieron marcados por un ciclo de intensa movilización social: docentes, movimientos sociales, trabajadores estatales, científicos y mujeres, entre otros grupos, protagonizaron una serie de marchas multitudinarias. Los sindicatos también hicieron sentir su fuerza: con una tasa de sindicalización de 37%2, Argentina es uno de los pocos países de la región en el que las organizaciones gremiales disputan con el empresariado y el Estado la distribución del ingreso, lo que no logró evitar, aunque sí morigerar, la caída del poder de compra de los salarios y, sobre todo, frenar los intentos de flexibilización de las leyes laborales.
Decidido a hacer de la necesidad virtud, el gobierno definió como «gradualismo» esta tensión entre su vocación neoliberal y las restricciones que fue encontrando, tensión que se reflejó en la evolución de la política económica. Al comienzo, en efecto, Macri aplicó una serie de shocks: desmontó de un día para el otro el complicado sistema de control de cambio establecido por el kirchnerismo; avanzó en la desregulación de algunos sectores, sobre todo aquellos con los que tenía compromisos políticos (en telecomunicaciones, por ejemplo, adoptó una serie de medidas favorables a los intereses del Grupo Clarín); bajó o eliminó los impuestos a la exportación –las retenciones–, otro compromiso asumido durante la campaña; y avanzó en una veloz y muy costosa normalización del frente financiero mediante el pago de la totalidad de la deuda reclamada por los «fondos buitres». La política exterior, en tanto, giró a la búsqueda de una serie de acuerdos de libre comercio (se intentó avanzar sin éxito en un tratado entre el Mercosur y la Unión Europea), el acercamiento a las potencias occidentales y el deseo, aún pendiente, de ingresar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde). Al mismo tiempo, mantuvo bajo control público el sistema jubilatorio estatizado durante el gobierno anterior y no avanzó en la reprivatización de las empresas nacionalizadas (Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Aerolíneas Argentinas). Aunque recortó y fusionó programas y planes sociales, no concretó un recorte del gasto público al estilo de los años 90.
