La medición de la pobreza depende de definiciones y decisiones que tienen un indudable trasfondo político, tanto en un sentido amplio, es decir, qué se considera «pobreza» en un espacio y tiempo social determinado, como en un sentido ligado a la coyuntura, es decir, a la voluntad de las autoridades políticas de generar (o dar a conocer) una determinada medición. No obstante, una vez «resueltos» los aspectos políticos, la discusión es eminentemente técnica o, más precisamente, metodológica. En el marco de la falta de credibilidad del INDEC y de la divulgación continua de índices de pobreza por parte de diversos actores, es necesario que se conozcan algunos aspectos básicos sobre la medición de la pobreza, de modo de evitar que quienes producen y difunden estimaciones al respecto no puedan vender fácilmente «gato por liebre».
1. Metodología(s) de medición de la pobreza En Argentina, la medición oficial de la pobreza es relativamente reciente. A partir de los ’80, luego del retorno de la democracia, el INDEC comenzó a utilizar el enfoque de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) que se calcula habitualmente sobre los censos de población y procura captar la «pobreza estructural» (acceso a agua y saneamiento, hacinamiento, materiales de la vivienda, asistencia escolar, capacidad «teórica» de subsistencia) y que muestra un continuo descenso entre los censos (27,7% de los hogares con NBI en 1980, 19,5% en 1991, 17,7% en 2001 y 12,2% en 2010). La pobreza (e indigencia) por ingresos (cantidad de dinero necesaria para adquirir una canasta de bienes y servicios básicos) comenzó a medirse sistemáticamente a partir de fines de la década del ´80, con algunas experiencias puntuales para años anteriores (1974, 1980, etc.), primero para el Gran Buenos Aires y a partir de 2003 para los grandes aglomerados urbanos de todo el país (siempre sobre la base de la información recopilada por la Encuesta Permanente de Hogares -EPH-, cuya cobertura actual alcanza hoy al 63% de la población argentina). A diferencia de las NBI, la pobreza por ingresos es un indicador con altísima elasticidad respecto a la coyuntura y su incidencia se encuentra determinada básicamente por las tasas de ocupación y por los niveles reales (poder de compra) de los ingresos corrientes (ingresos laborales, jubilaciones, transferencias sociales, etc.). Sin entrar en demasiados detalles, es preciso marcar algunas especificidades sobre la medición de la pobreza por ingresos, sobre la cual hoy, a partir de la discontinuidad de su publicación por parte del INDEC, está puesta la lupa. Esta metodología se basa en estimar los ingresos que un hogar, de acuerdo a su composición, requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias básicas. Como se mencionó, los ingresos que los hogares perciben se toman de la base de datos de la EPH, mientras que el valor de la Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza (los hogares con ingresos inferiores a la CBT son pobres, incluyendo a aquellos que no alcanzan a cubrir la canasta Básica Alimentaria -CBA-,que son pobres indigentes) requiere de toda una serie de pasos previos. Los componentes de la CBT se extraen de las encuestas de gastos de los hogares (EGH): allí se calcula, para una «población de referencia», cuáles son sus pautas de gastos alimentarios para satisfacer las necesidades calóricas (2.700 kilocalorias para un varón adulto o «adulto equivalente -AE-«), de lo que surge la CBA. La relación entre lo que gastan los hogares de la población de referencia en alimentos y en el resto de los bienes y servicios que consumen se denomina «coeficiente de Engels». Una vez valorizada la CBA, la CBT surge de multiplicar ese monto en pesos por la inversa del coeficiente de Engels y por la cantidad de AE de un hogar. Por ejemplo, si la CBA es de $100 y el coeficiente es de 2,5, la CBT por AE será de $250, mientras que para un hogar «tipo», es decir, un matrimonio joven con dos hijos (que representan 3,09 AE), la CBT será de $772,5. Una vez calculadas la CBA y la CBT, su valor se actualiza de acuerdo a la evolución de los precios minoristas de sus componentes alimentarios, un subconjunto de los que componen el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En Argentina, la medición oficial de la pobreza utiliza las canastas que surgieron de la EGH de 1985/86. Si bien esta encuesta se ha relevado luego en 1996/97, en 2004/05 y en 2012/13, las canastas no han sido actualizadas: no se trata de una cuestión técnica (algo «sencillo» de resolver para los especialistas) sino política: en 2002 Duhalde y Lavagna impidieron la «salida» de la canasta calculada en base a la EGH 1996/97 debido a que sus resultados eran superiores a los que surgían de la canasta anterior, mientras que la situación del INDEC en los últimos años corrió a un segundo plano esta discusión. Por otro lado, luego de 2003 la medición de la pobreza se extiende del GBA a todos los grandes aglomerados del país, pero la valorización (y construcción) de las canastas para el Interior no se realiza de modo directo sino a partir de «coeficientes de poder de compra» de las distintas regiones, que se aplican al valor de las canastas en el GBA. Finalmente, es preciso señalar que además de las metodologías utilizadas en el país, existen otras variantes de medición de la pobreza a nivel internacional, cuya implementación, además del trasfondo político, obedece a las necesidades de cada coyuntura específica. Brevemente, en algunos países la medición se realiza no a partir de los ingresos sino directamente a partir de los gastos de consumo de los hogares, incluyendo en ciertos casos la valorización monetaria de las transferencias indirectas (gasto público en salud, educación, seguridad, etc.). En otros países, en general, los más desarrollados, se calculan líneas de pobreza «relativas»: se consideran pobres aquellos hogares cuyos ingresos se ubican, por ejemplo, un 50% por debajo de la mediana del ingreso medio. Además, en los últimos años han comenzado a proliferar mediciones «multidimensionales» de la pobreza, que, a partir de un «enfoque de derechos» plantean metodologías complejas que contemplan múltiples dimensiones (vivienda, acceso a servicios básicos, acceso al trabajo, a la educación, a la salud, etc.), incluyendo (como una dimensión más o como una «variable de corte» central) la pobreza por ingresos; en América Latina, México es el que muestra mayores avances en esta línea metodológica.
2. Discusión actual sobre la incidencia de la pobreza A partir de este denso pero necesario panorama, es posible situar la discusión actual. Para ello, es preciso plantear dos elementos. El primer elemento a considerar es que este atolladero de proliferación de varios y variados índices de pobreza es responsabilidad pura y exclusiva del gobierno nacional: la intervención del INDEC a inicios de 2007, principalmente (pero no únicamente) en lo referido al IPC, afectó las estimaciones de todo el sistema estadístico. En el caso de la pobreza, el hecho que el IPC-GBA haya ocultado sistemáticamente la mitad o más de la variación mensual verdadera de los precios implicó la transferencia directa de esta subestimación a las canastas, cuyo valor oficial fue adquiriendo, a medida que pasaba el tiempo, valores más irrisorios (que dieron lugar al regocijo de los medios de comunicación hegemónicos, que publicaban una vez por mes, cuando se conocía el dato, que «para el INDEC se come por $6 diarios») y con ello, niveles de pobreza e indigencia absolutamente increíbles (la pobreza alcanzaba al 3,7% de los hogares y al 4,7% de las personas en la última información publicada, correspondiente al primer semestre de 2013). El último dato «real», sobre el cual no se pueden sembrar dudas corresponde al segundo semestre de 2006: allí la indigencia alcanzaba al 6,3% de los hogares y al 8,7% de las personas y la pobreza al 19,2% y 26,9% respectivamente (cabe señalar que siempre es mayor la incidencia en personas puesto que los hogares pobres tienen, en promedio, una mayor cantidad de integrantes que los no pobres). El hecho de que raramente la Presidenta haya hecho mención a las cifras oficiales de pobreza en los últimos años es prueba más que suficiente de que son datos que ni siquiera se utilizan a nivel oficial. Finalmente, cabe señalar que la intervención al INDEC ha impedido la actualización metodológica del indicador y también avanzar hacia la valorización directa de las canastas regionales, es decir, con precios relevados en cada lugar (esto producto de la discontinuación del programa IPC-Nacional). El segundo elemento es que todos los actores que plantean mediciones alternativas (centros de estudios, consultoras, sindicatos, etc.) conocen perfectamente la metodología oficial de medición de la pobreza por ingresos y los límites entre lo «técnico» y lo «político». Adelantando conclusiones, lo técnico (e intelectualmente honesto) corresponde a plantear estimaciones que intenten reflejar de la manera más fiel posible cual es el verdadero nivel de la pobreza a partir de la metodología oficial, que es lo que permite la comparación plena con los valores que la pobreza alcanzó en los ’90 o con el 54,0% de personas pobres del primer semestre de 2003 (o, incluso, con el 4,7% de personas pobres que había para el INDEC en el primer semestre de 2013). En este caso, lo «político» (político muy en minúscula, pues esconde intereses mezquinos, lejos de una preocupación real por los niveles de pobreza y las acciones necesarias para reducirla) implica, en cambio, difundir cifras que surgen a partir de otras metodologías o utilizando componentes que se alejan de lo que implica la metodología oficial sin dejarlo claramente explicitado. Esta difusión, evidentemente, no desconoce el uso que los medios de comunicación harán de esas cifras, generalmente de modo deliberado, pero no en pocas oportunidades por pura y llana ignorancia. Huelga señalar que la discusión metodológica es totalmente legítima (más aún deseable). Lo que se impugna aquí es la mezcla intencionada entre propuestas metodológicas y la difusión de sus resultados que, supuestamente, vienen a llenar el «vacío» dejado por el INDEC, cuando en realidad reflejan otra cosa, ni mejor ni peor, pero otra cosa. A continuación, se traen a cuenta dos estudios que constituyen un marco más que razonable respecto a la discusión sobre la evolución reciente de la pobreza.
Sistema de Canastas de la Ciudad de Buenos Aires Desde mediados de la década pasada, la Dirección General de Estadística y Censos de la CABA ha avanzado en la construcción de canastas y líneas de pobreza propias (sus resultados pueden consultarse un la página web: http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/). Cabe señalar que si bien la base teórica y metodológica es similar, este organismo no utiliza los términos de «indigencia» o «pobreza» sino de «insuficiencia de ingresos» para adquirir a estas canastas. El origen de esta medición no estuvo dado por el descreimiento acerca de los datos del INDEC sino que fue previo a la intervención e impulsado por la necesidad de contar con información que permita orientar acciones de política social en el ámbito porteño, donde el nivel de vida (e ingresos) es sustancialmente superior al resto del país, con lo cual las canastas de INDEC perdían «sensibilidad» (en el segundo semestre de 2006, la pobreza alcanzaba al 26,9% de la población del conjunto de los grandes aglomerados urbanos, mientras que en la CABA sólo llegaba del 10,1% de las personas). Lógicamente, las pautas de consumo de los hogares de la CABA son diferentes a la de los Partidos del Gran Buenos Aires y también del resto del país, a la vez que los precios suelen ser superiores. Por ello, la CABA financió una «sobremuestra» para la Ciudad de la EGH que relevó INDEC en 2004/05 de modo de contar con información estadísticamente robusta para construir su propio «sistema de canastas». Estas canastas (cuatro en total) contemplan diferentes niveles de acceso a bienes y servicios. La Canasta Total de Consumos Mínimos (CT) en noviembre de 2006 alcanzaba un monto de $1.670 para un hogar tipo (casi el doble de lo que arrojaba la CBT del INDEC -$879-, en ese entonces bajo ningún manto de sospecha). Así, de acuerdo a esta metodología, en 2006 el 28,1% de los hogares porteños no contaba con los ingresos suficientes para acceder a la CT, valor sustancialmente mayor al 6,4% de hogares porteños que no alcanzaban a la CBT de acuerdo a la metodología y estimación del INDEC para el segundo semestre de 2006. En noviembre de 2012, el valor de la CT era de $5.562 y los hogares porteños bajo esa línea representaban el 22,5%, mientras que en noviembre de 2013 la CT ascendía a $7.125 (la incidencia de la pobreza no se ha publicado aún para este año). Cabe puntualizar dos cuestiones. En primer lugar, los valores de las distintas canastas se actualizan mediante un seguimiento de precios que realiza la propia CABA y que fue desarrollándose paulatinamente (y hoy le permite estimar su propio IPC), a la vez que se valorizan todos sus componentes (es decir, no se aplica un coeficiente sobre la CBA como estipula la metodología oficial a nivel nacional). En segundo lugar, las estimaciones no se realizan sobre los datos de la EPH sino sobre una encuesta a hogares propia, la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (muy similar, aunque más completa, que la EPH) que se releva a finales de cada año y presenta la ventaja de contar con una muestra sustancialmente mayor, lo cual permite tanto reducir los márgenes de error como obtener resultados desagregados al interior de la Ciudad. En definitiva, se trata de una metodología que, parada sobre los mismos supuestos epistemológicos, resulta de mejor calidad que la oficial (INDEC): contempla más canastas (lo que otorga mayor sensibilidad analítica), que fueron construidas a partir de información mucho más reciente, y para llegar a los valores de las canastas se toman los precios de todos los componentes que las integran, a partir de un relevamiento incuestionable desde lo técnico. ¿Entonces? Aquí el problema no es la metodología (ni mucho menos: resulta saludable la innovación), sino la utilización mediática de estos datos, donde se suelen plantear los porcentajes de «pobres» de la Ciudad, haciendo caso omiso o dejando en un muy segundo plano las profundas diferencias meteorológicas. (ver cuadro I) Una lectura honesta de estos resultados no podría pretender que estos datos «continúen» la serie del INDEC sino apenas plantear conjeturas respecto a su evolución. Lo que se observa es que este indicador muestra una importante caída entre 2006 (28,1%) y el trienio 2008-2010 (donde se ubica estable en torno al 25%), para caer nuevamente en 2011 (20,7%) y crecer levemente en 2012, hasta llegar al 22,5%. Este último valor implica que la proporción de hogares cuyos ingresos eran insuficientes para acceder a la CT cayó un 20,0% respecto a la medición de 2006.
Más allá de las diferencias metodológicas con la metodología oficial (a nivel nacional) de medición de la pobreza, esta información (por su rigurosidad, pero también por el hecho de que es producida por una jurisdicción cuyo gobierno se ubica políticamente en las antípodas respecto al gobierno nacional) entrega elementos para contrastar los resultados de las distintas estimaciones.
La pobreza para ATE-INDEC (2°Semestre de 2011) En su lucha contra la intervención y sus atropellos (técnicos y laborales), la Comisión Técnica de ATE-INDEC ha producido muchos documentos de denuncia sobre la alteración de los resultados. En uno de ellos (http://www.ateindec.org.ar/documentos/2012-09-00_Pobreza_e_Indigencia.pdf) se realizaron estimaciones de pobreza e indigencia para el total EPH para el periodo correspondiente al 2°Semestre de 2011, tomando dos valores alternativos para la CBT, uno que refleja la variación de los precios de la ciudad de Rosario y otro que toma los de la CABA. Como se observa, dichas estimaciones indican que para el segundo semestre de 2011, el porcentaje de personas pobres (siguiendo la metodología oficial) ascendía a 18,2%, valor obviamente, sustancialmente mayor al informado por el INDEC para ese periodo (6,5%). Cabe señalar que ambas alternativas arrojan valores prácticamente idénticos para la CBT, en torno a los $2500 en el promedio de los dos trimestres que componen el semestre (la alternativa basada en los precios rosarinos llegaba a $2508,5 y la basada en los precios porteños a $2510,4). () La robustez del estudio se confirma con los datos a los que se arriba a partir de ambas metodologías en el segundo semestre 2006, cuando arrojaban valores apenas algo por encima de los oficiales. Así, un nivel de pobreza en torno al 18% a fines de 2011 daba cuenta de una disminución de cerca de tercio respecto al nivel de la pobreza en el segundo semestre de 2006. Seguramente, nadie en su sano juicio se atreverá a plantear que los técnicos desplazados del INDEC buscan hacerle un favor al gobierno…
3. ¿Mediciones alternativas? En esta sección se analizan cuatro mediciones de la pobreza que han circulado, con mayor o menor énfasis, en los medios de comunicación durante el último tiempo. El común denominador de todas ellas es que informan porcentajes de pobreza muy altos para 2013 (superiores incluso a los niveles publicados por el INDEC a fines de 2006) a la vez que, por una u otra razón, se «corren» de lo que implica la medición oficial de la pobreza, ya sea en cuanto a la metodología de medición o en cuanto a los insumos utilizados.
A) UCA (Observatorio de la Deuda Social) Una de las mediciones alternativas sobre la pobreza más citada actualmente es la de del Observatorio de la Deuda Social (ODS) de la Universidad Católica Argentina. En sus informes, el ODS propone dos escenarios a modo de «topes», una estimación de máxima y otra de mínima. Según su estimación de máxima, en 2013 la pobreza afectó al 27,5% de la población, mientras que según la estimación de «mínima», que poco «rebote» tuvo en los medios, llegó al 25,6%, esto es, 5,6 puntos porcentuales menos que el valor que para este estudio alcanzó la pobreza en 2006. En la sección Publicaciones/Comunicados de Prensa del sitio web del ODS pueden hallarse los documentos aquí citados (http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/observatorio-de-la-deuda-social-argentina/publicaciones/comunicados-de-prensa/). Ahora bien, ¿de donde surgen estos datos? A diferencia de las otras estimaciones que se analizarán luego y que utilizan los ingresos de los hogares de la EPH, el ODS calcula la tasa de pobreza a partir de una encuesta propia, en la que indaga por los ingresos de los hogares, que luego son confrontados con el costo de la CBT-INDEC, valorizada con fuentes alternativas (consultoras, índices provinciales, etc.). Si bien los informes recientes del ODS presentan estimaciones a partir el año 2010, cuando se amplió sustancialmente la muestra de la encuesta tanto en términos de cantidad de hogares como en cobertura territorial (pasó de contemplar 2.130 a hogares en ocho grandes aglomerados entre 2006 y 2010 a encuestar a 5.712 hogares ubicados tanto en grandes aglomerados como en ciudades medianas no contempladas incluso por la EPH) y se realizaron algunos cambios metodológicos, es posible también hallar estimaciones para años anteriores. Si bien se trata de encuestas basadas en muestras robustas y amplia cobertura, sobre todo desde el año 2010 (aunque se han hecho ciertas impugnaciones a partir de la posible existencia de sobrerrepresentación de los estratos de menores ingresos, cuestión reconocida por el propio director del ODS: http://radiocut.fm/audiocut/m-2/), hay ciertas cuestiones que deberían relativizar la lectura de los datos sobre pobreza que aquí se generan, al menos si se pretenden como una continuidad de la serie de pobreza que perdió valor tras la intervención del INDEC. En primer lugar, el universo que comprende la encuesta no coincide con el relevado por la EPH y para el cual se calcula la pobreza desde 2003. Hasta 2010, la encuesta cubría ocho grandes aglomerados, frente a los 31 de la EPH. La ampliación desde 2010 incluyó otros grandes aglomerados (no todos) pero también ciudades no contempladas por la EPH (Zárate, Goya, San Rafael). Por otro lado, la EPH releva exhaustivamente los ingresos de los integrantes del hogar, cosa que la encuesta del ODS puede plantear nominalmente, pero a la que, razonablemente, no le dedica demasiado espacio en su cuestionario, al menos comparativamente, lo cual probablemente redunde en una menor captación del monto de los ingresos. Por otro lado, las estimaciones desde el año 2010 se realizan para el cuarto trimestre, mientras que la pobreza oficial se mide semestralmente: no se trata de una diferencia menor, puesto que los indicadores sociales (pobreza, distribución del ingreso) suelen mostrar una mejor performance en el tercer trimestre, cuando tienen su mayor impacto los aumentos salariales (y jubilatorios) y (parte de) los asalariados reciben la primer cuota del aguinaldo. Todos estos aspectos deberían ser (más) claramente explicitados en los informes, puesto que, presumiblemente, a igual canasta, los niveles de pobreza resultarán mayores sobre la base de la encuesta del ODS que sobre la base de la EPH. Por ejemplo, en el año 2006 el porcentaje promedio de los dos semestres arrojaba un 29,2% para la EPH, mientras que la misma CBT sobre la encuesta del ODS marcaba 31,2%. Además, el cambio de cobertura de la encuesta en el año 2010 arrojaba una pequeña diferencia, usando la misma CBT (25,6% contra 26,6% en la nueva muestra). Sólo estos dos elementos explicarían una sobreestimación relativa de la pobreza del orden del 10%-15%. El ejercicio de comparación entre la incidencia de la pobreza tomando la CBT valorizada por el INDEC sobre la encuesta del ODS es presentado en los informes del ODS, con brechas incluso mayores a la de 2006 en los años siguientes. No obstante, no se presenta a modo de «control» cuál sería el resultado de considerar las CBTs alternativas sobre la base de la EPH. Más adelante se presenta una estimación propia sobre la incidencia de la pobreza, basada en la construcción de una canasta alternativa: como puede observarse, esos valores son similares (e incluso superiores) a los montos que utiliza el ODS, pero aplicados sobre la EPH arrojan resultados sustancialmente menores y con un mayor nivel de estabilidad. Lo mismo puede comprobarse en el ejercicio realizado por ATE-INDEC para el segundo semestre de 2011: allí con una CBT cercana a los $2.500 (promedio semestral) el porcentaje de personas pobres llegaba a 18,2%; en el estudio del ODS, con una CBT de $2.376 para el cuarto trimestre, la pobreza crecía al 24,7%. Respecto a los precios, tanto en la CBT de mínima como en la de máxima el incremento interanual de su valor entre 2012 y 2013 ronda el 37% (considerando el promedio de los cuartos trimestres de cada año). Si bien puede parecer un valor «razonable», a la luz de la escalada del aumento de precios de los últimos meses, cabe señalar que esta escalada tuvo su pico en enero y febrero de 2014 y que para ningún analista u organismo la variación diciembre-diciembre arrojaba un valor superior al 30%. De hecho, entre noviembre de 2012 y noviembre de 2013, la CT de la CABA se incrementó un 25,9%, once puntos porcentuales menos que la variación de las CBTs utilizadas por el ODS, y lo mismo, con mayor o menor intensidad se verifica respecto a la variación de otros indicadores. Resulta evidente que al ser la valorización de la CBT el aspecto más sensible al momento de obtener la magnitud de la pobreza, deberían explicitarse con especial detalle las fuentes utilizadas en cada periodo para su valorización, más cuando en años anteriores (2011/2010, 2012/2011), las variaciones interanuales entre la CBT utilizada por el ODS mostraba diferencias «razonables» con las otras fuentes (un poco por debajo o por encima dependiendo del indicador considerado). En el informe se menciona que para valorizar las canastas se utilizó «información discontinuada pero consistente sobre la evolución de los precios de diferentes fuentes no oficiales: CIFRA-CENDA, IPC-Facultad de Economía, Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana (FIEL), SEL Consultores y los informes difundidos por el Congreso Nacional»; no obstante, no se especifica cuales fuente se utilizó en cada periodo específico, y por tanto, no es posible conocer de donde proviene la última variación anual del valor de la CBT. Entre las fuentes mencionadas, tanto el IPC-7 Provincias del CIFRA como el IPC-Congreso -que son las que, dentro del conjunto considerado, actualmente toman estado público- muestran una variación entre noviembre de 2012 y noviembre de 2013 de alrededor de 27%, unos 10 puntos menos de lo observado para la variación de las CBTs del ODS. Lógicamente, considerar una CBT de menor valor hubiese arrojado un menor porcentaje de pobres. Según el ODS, la diferencia entre los valores de la CBT mínima ($3.964) y máxima ($4.141) de 2013 alcanza al 4,4%, mientras que la distancia en la incidencia de la pobreza entre ambas alternativas alcanza 1,9 puntos porcentuales (25,6% y 27,5% respectivamente). La comparación con la variación interanual verificada en las CBTs contempladas por el ODS con otros indicadores de precios indican una diferencia de entre 5 y 12 puntos porcentuales a favor de las primeras: haciendo una traducción lineal del impacto diferencial de las alternativas mínima y máxima de la CBT, la medición de 2013 podría estar sobreestimando entre 2 y 5 puntos porcentuales el porcentaje de personas pobres, lo que implicaría una reducción de entre 1 y 3 puntos respecto a la medición de 2012. () Finalmente, resulta llamativo que un estudio tan riguroso como el del ODS «olvide» hacer referencia a los niveles de error estadístico al realizar comparaciones interanuales. De acuerdo a lo informado, el nivel de error máximo del estudio es de 1,3 puntos porcentuales (al 95% de confianza). Técnicamente, puede hablarse de diferencias estadísticamente significativas cuando los intervalos de confianza (el valor estimado +/- el margen de error) no se «toquen». En el caso de la variaciones 2012/2013 se ha puesto el énfasis en el aumento interanual de la pobreza sin reparar en el hecho que, estadísticamente, no puede arribarse a esa conclusión: para la estimación de «mínima», la pobreza alcanzó al 24,5% en 2012, lo cual en términos estrictos implica que el valor verdadero se ubicaba en el rango de 23,5%-25,5% (asumiendo que para una proporción de esta magnitud el nivel de error es algo menor al máximo esperable), mientras que en 2013 pasó al 25,6%, lo que implicaría un valor en el rango de 24,6%-26,6%. Lo mismo se puede observar en el caso de la estimación de «máxima», con la particularidad de que, en ese caso, el valor vigente para 2012 era de 26,9%, pero en el informe que actualiza la serie con el dato de 2013 (sin ninguna nota aclaratoria o «fe de erratas») pasa a ser de 26,4% (con el mismo valor publicado de CBT), lo que implica, obviamente, una mayor diferencia interanual (1,1 frente a 0,6 puntos porcentuales). (
B) Lozano (Instituto Pensamiento y Políticas Públicas) También recientemente, el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), que responde a la dirección política y coordinación del diputado y economista Claudio Lozano ha dado a conocer su estimación de la pobreza para 2013, en un informe titulado «36,5% de pobres y 12,1% de indigentes: Los números que el gobierno pretende ocultar» (http://www.ipypp.org.ar/descargas/Los%20numeros%20que%20el%20gobierno%20intenta%20ocultar.pdf). Esos valores son muy superiores a las estimaciones del ODS-UCA y a todas las otras que aquí se analizan, y podría llevar a un lector desprevenido a pensar que el país vive un retroceso en su situación social hacia los niveles del primer semestre de 2005, apenas despegando de la crisis de principios de siglo. Sin embargo, luego del catastrófico título, promediando el documento, se lee que dicha estimación «se realizó mediante una medición alternativa de la pobreza y la indigencia, que no sólo incluye una pauta inflacionaria distinta a la del INDEC sino que también utiliza una metodología superadora propuesta, incluso, por los mismos técnicos del organismo con anterioridad a la intervención y que a causa de la misma nunca llegó a implementarse». En definitiva, al problema de la subestimación del valor de la CBT por parte del INDEC, le agrega un profundo cambio metodológico en la medición. Más allá de que Lozano es libre de proponer la metodología que mejor le parezca, debería ser más claro en cuanto a que no se propone construir un indicador comparable con el del INDEC. Si bien parte del argumento respecto a la falta de actualización de la metodología resulta atendible, la propuesta consistiría en recalcular la estructuras de las canastas en base a la EGH de 1996/97, con lo que desde el vamos se estaría contemplando una estructura de consumo de 15 años atrás, correspondiente a la plena vigencia de la Convertibilidad y, consecuentemente, previa a su estallido y posterior salida. Incluso aceptando el cambio en las canastas es indudable que la «nueva serie» no resultaría comparable con la vigente hasta el primer trimestre de 2013. Es decir, el 36,5% de pobreza que publica el IPPyP para 2013 no sería comparable con el 54,0% del primer semestre de 2003. La adecuación metodológica implicaría la construcción de empalmes y probablemente de la estimación de los resultados de toda la serie hacia atrás, con lo que, el 54% hubiese sido, en realidad, superior al 70% y, por tanto, la tendencia de su evolución tampoco se hubiera modificado drásticamente. En criollo, y llevando a un extremo el razonamiento, dado que la técnica de la medición de la pobreza lleva implícito un supuesto acerca de cuál es, socialmente, el umbral mínimo deseable, se podría plantear que son pobres todas las personas cuyo ingreso per cápita sea menor al promedio del ingreso de un alemán, convirtiendo los euros a pesos con la cotización del mercado negro, umbral que llevaría la pobreza más cerca del 100% que de los valores sobre los que se discute actualmente. Del mismo modo, la comparación válida sobre la evolución de la pobreza debería hacerse sobre los resultados de esta metodología y no con otra. El hecho de que se haya frenado la renovación metodológica resulta sin dudas del reprochable hecho de que las autoridades políticas no desean pagar el costo de una «suba de la pobreza» por un cambio de base, es decir, no una suba «real» sino originada en un cambio metodológico. Precisamente, eso sucede en gran parte por el temor a la forma en que se difundirá la cuestión (¿cuántos, del «gran público», serán informados correctamente sobre esto?). La publicación de informes como el aquí analizado no hace sino embarrar más la cancha. En un documento de 2007 (http://archivo.cta.org.ar/IMG/doc/07-09_La_pobreza_no_bajo_subio.doc), Lozano afirmaba que en el segundo semestre de 2006,según su metodología, la pobreza se ubicaba en 33,9% frente al 26,9% de la «vieja» metodología, es decir 7 puntos porcentuales más, que representaban una diferencia relativa del 26,1%. Para 2012, la nueva metodología arrojaba valores del 32,7% en el segundo trimestre y de 34,8% en el cuarto, mientras que en el segundo trimestre de 2013 vuelve a subir nuevamente, llegando al 36,5% que constituye el título del informe y que representa un valor 2,4 puntos porcentuales mayor respecto al estimado para el segundo semestre de 2006. Como podrá apreciarse, esta tendencia no encuentra correlato con ninguna de las otras estimaciones aquí presentadas. Por otro lado, llama la atención la utilización de las bases de la EPH correspondientes a los segundos y cuartos trimestres y obviando las de los primeros y terceros trimestres, en los que, como se mencionó más arriba para el último caso, los indicadores socioeconómicos muestran una mejor performance. La referencia de precios que brinda el informe indica que la CBT para Lozano y su equipo alcanzaba en diciembre de 2013 un valor de $6.320, valor un 50% superior a una actualización razonable de la CBT original. Siendo que se trata de una canasta distinta hasta aquí no hay discusión. Ahora bien, las estimaciones sobre variaciones de precios a las que se recurre para su actualización llaman la atención debido al incremento registrado en el rubro alimentos y bebidas, que impacta de lleno en la CBA, con la que se mide la indigencia, y representa cerca de la mitad de la CBT. En el informe se sostiene que el alza del nivel general del IPC entre diciembre de 2006 y el mismo mes de 2013 fue del 338%, mientras que para el capítulo alimentos y bebidas el crecimiento fue de casi el doble (597%). Si bien es cierto que los alimentos han subido por encima del promedio de la inflación, es poco probable que su ritmo de incremento haya duplicado al del promedio de todos los otros bienes y servicios. Una fuente como el IPC de la provincia de San Luis, ajeno a cualquier sospecha de manipulación o injerencia del INDEC (de hecho, suele dar variaciones más altas que las consultoras privadas y en febrero de 2014 reportó un alza en el nivel general de su IPC de nada menos que el 7,4%), da cuenta, para el periodo considerado, de un alza casi idéntico al publicado por el IPyPP para el nivel general (341%) pero uno (si bien mayor al nivel general), mucho menor al que informa el IPyPP para los alimentos y bebidas (451%). Quizás en esta evolución tan particular de los precios de este capítulo se halle parte de la explicación acerca de por qué la pobreza para este instituto resulta mayor en 2013 que en 2006. Finalmente, otra cuestión que llama poderosamente la atención es la insistencia del informe por presentar la pobreza y la indigencia en cantidad de personas, aplicando al total de la población argentina los porcentajes obtenidos para el universo contemplado por la EPH. Esta encuesta contempla 31 grandes aglomerados donde residen unos 25,5 millones de habitantes, cerca del 63% de la población total. Sin embargo, mientras que cubre el 100% del AMBA, en el Interior sólo llega al 40% de la población. Suponer que la población que queda por fuera de los grandes aglomerados (ciudades medianas y pequeñas, zonas rurales) muestran un «comportamiento» similar al de los residentes en aquellos en cuanto a la incidencia de la pobreza y realizar una estimación lineal de las tasas de pobreza e indigencia, parece, como mínimo, temerario.
C) Moyano (Observatorio Social de la CGT – Azopardo) Desde siempre, o al menos desde hace muchos años, los sindicatos y/o centrales de trabajadores dan a conocer los valores de sus propias «canastas básicas». En general, se trata de canastas que obedecen a los perfiles de los representados: por ejemplo, un docente necesita X pesos para vivir «dignamente» (con los consumos que el sindicato considera imprescindibles para ello), un camionero otro tanto, etc. Es decir, son canastas «cuasi normativas», definidas y valorizadas con escaso rigor técnico. Aunque se trata de un elemento plenamente legítimo a la hora de discutir paritarias y condiciones laborales, lógicamente bajo ningún punto de vista pueden utilizarse para estimar la «pobreza». En un esfuerzo de otro orden, el Observatorio Social de la CGT (Azopardo) ha dado a conocer recientemente su estimación de pobreza para 2013, informando que el 30,1% de la población argentina se encuentra bajo la línea de la pobreza, con un aumento respecto a 2012 (27,2%). Según se informa, el resultado surge de la aplicación de una CBT alternativa sobre la base de la EPH. La cuestión aquí pasaría por qué valor de la CBT se considera: según se publica en diversos medios de prensa, el valor de ese indicador en diciembre de 2013 alcanzaba a $6.184 y surge de un relevamiento propio en supermercados de las grandes ciudades del país. Este valor resulta, por ejemplo, cerca de un 50% mayor a las alternativas de valorización de la CBT utilizada por el ODS-UCA: si bien llegan a valores «similares», las estimaciones surgen de metodologías distintas y con insumos «contradictorios», como el valor considerado para la CBT. Por otro lado, si se compara con el valor de la CT de CABA ($7.277 para ese mes) esta última resulta un 17,7% mayor. Como se mencionó antes, la brecha a fines de 2006 entre la CT CABA y la CBT INDEC era de un 90%. A todas luces, es improbable que la brecha entre ambas canastas se haya recortado de manera tan abrupta, lo cual siembra dudas acerca de la calidad técnica del relevamiento de precios a partir del cual se valoriza la CBT.
D) Instituto para el Desarrollo Social Argentino Bajo el sugestivo título «Por cada $100 mil millones de aumento de gasto público la pobreza cayó 1%» (http://www.idesa.org/informes/904) el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) publicó recientemente una serie que compara la evolución real del gasto público y de la pobreza en el periodo 2004-2013, concluyendo que «La pobreza medida según el método del 60% de la mediana de ingresos de la población pasó del 31% al 26% de la población, o sea bajó 5 puntos porcentuales». Así, como un enfoque superador, puesto que se utiliza «en los países desarrollados», este instituto postula la utilización de la metodología «pobreza relativa» para Argentina. Más allá del por qué de la utilización del umbral del 60% de la mediana y no del 50% como es habitual, en países con estructuras de distribución del ingreso fuertemente regresivas como Argentina, una interpretación bienintencionada sin dudas ponderaría un descenso tan marcado para lo que implica este indicador. Pero, además, el pasaje de la línea absoluta (CBT) a la línea relativa, «olvida» que (a diferencia de la estabilidad que en general se observa en los países desarrollados) en el cuarto trimestre de 2004 la mediana del ingreso per cápita familiar era de $239, mientras que en igual periodo de 2013 llegaba $2.083. En consecuencia, la línea de pobreza relativa (60% de la mediana) se ubicaba en $143 y $1250 respectivamente. Ahora bien, con los $143 de 2003 un varón adulto podía adquirir el 62% de una CBT, valuada en ese entonces en $229 por adulto equivalente, mientras que con los $1250 del cuarto trimestre de 2013, tomando en cuenta el costo de la CBT máxima utilizada por el ODS-UCA ($1340 por adulto equivalente), ahora llegaba a pagar el 93% de la misma, lo que implica un crecimiento del poder adquisitivo de casi el 50% entre los años considerados. De este modo, el «aporte» del IDESA, complementado con alguna otra información básica, más que demostrar la baja elasticidad entre la disminución de la pobreza y aumento del gasto público, confirma que durante la última década el incremento gasto público contribuyó (a través del aumento de la cobertura del sistema previsional y del sistema de asignaciones, entre otras cuestiones) a disminuir el impacto de la pobreza, a aumentar el poder adquisitivo de la población y a mejorar la distribución del ingreso.
4. Estimación alternativa de la pobreza en base a la metodología oficial (2007-2013) Más allá de algunas impugnaciones sobre la EPH (fundamentalmente en lo referido a las estadísticas de mercado de trabajo), se trata de una fuente de uso generalizado y aceptado. Construir una medición alternativa que permita continuar con verosimilitud la serie de pobreza según la metodología oficial (y así, analizar avances y retrocesos con la «misma vara») implica entonces concentrarse en una adecuada valorización de la CBT (lo mismo rige para la CBA, cuestión que no se tratará aquí). Tomando como base el último valor confiable de CBT publicado por INDEC (diciembre de 2006), dicho monto se ha actualizado aplicando la variación mensual observada para la CBT de Paraná hasta diciembre de 2010 (relevada hasta entonces por la Dirección de Estadística de Entre Ríos, cuando fue discontinuada su publicación luego de que los medios de comunicación resaltaran su diferencia entre su valor y el de la CBT INDEC) y, desde 2011, aplicando la variación mensual del aumento registrado en la CT de la CABA (hasta enero de 2013 se consideró un aumento mensual idéntico para cada periodo anual, de una magnitud tal que explicase la variación entre los meses de noviembre de cada año, para el cual se publicaba el dato). Una cuestión a destacar es que se ha privilegiado considerar la evolución de las CBT de estas ciudades en lugar de un IPC o un promedio de IPCs, dado que la estructura de estos últimos subestima el peso de los alimentos, en relación a la participación que estos tienen en la CBT. Cabe señalar que los valores de la CBT corresponden a cada uno de los meses, mientras que en las bases trimestrales de la EPH no es posible conocer en qué mes fue encuestado el hogar y, por tanto, el periodo de referencia para realizar la comparación exacta; por tal motivo se ha utilizado el promedio de los tres meses de referencia correspondientes a cada uno de los trimestres. Esto, junto con otros aspectos de menores, podría dar lugar a leves diferencias con los resultados que arrojaría una estimación oficial no manipulada, como se puede observar en la comparación entre los valores publicados por el INDEC antes de la intervención y los que surgen de la estimación que aquí se presenta. De acuerdo a esta metodología, la CBT alternativa para noviembre de 2013 costaba $4.293 (hogar tipo), valor casi cinco veces superior al de noviembre de 2006 ($879) y nueve meses mayor del valor de noviembre de 2001, antes del estallido de la Convertibilidad ($464). Un elemento que deja poco margen para la duda acerca de la pertinencia de la valorización alternativa de la CT utilizada es que si se compara el valor de la CBT de noviembre de 2013 frente al valor de la CT de la CABA del mismo periodo ($7.125) se observa incluso una reducción de la brecha: mientras que en el mismo mes de 2006 la CT-CABA costaba un 90% más que la CBT-INDEC, en 2013 la diferencia cayó al 66%. Los resultados de este ejercicio muestran que la proporción de personas pobres ha continuado disminuyendo luego de la intervención del INDEC en 2007, aunque con oscilaciones y a una menor intensidad que durante el trienio anterior (2003-2006). Hacia 2011 se traspasa el umbral del 20%, manteniéndose un valor en torno al 18% durante los dos años siguientes. (ver cuadro V) La disminución de la pobreza estuvo acompañada de una mejora generalizada del poder adquisitivo. Entre los segundos semestres de 2003 y 2013 no sólo se redujo más de dos veces y media el porcentaje de pobres sino que se amplió el peso de las personas que residían en hogares con ingresos iguales o mayores al dinero necesario para comprar dos CBTs. Este segmento pasó de representar el 27,5% en 2003 al 45,7% en 2006 y al 53,0% en el segundo semestre de 2013. Además, resulta destacable que este proceso de reducción de la pobreza y aumento de ingresos reales se dio en un marco en el que la variación interanual del valor de la CBT promedió un alza del 25%, lo que, al menos, pone en cuestión ciertos argumentos referidos a una relación directa y negativa entre inflación y bienestar popular. Si bien no es objeto de este artículo, cabe señalar que una evolución similar a la pobreza se verificó en la distribución del ingreso, que, medida a través del Gini o de brechas de ingresos, mostró una importante mejora en estos años de alta inflación. (ver cuadro VI)
5. ¿Entonces? Entonces resulta evidente que la situación actual se genera por la burda manipulación de los datos del INDEC y que sólo la completa normalización del organismo permitirá contar nuevamente con un indicador metodológicamente sólido y «veraz» que, aceptado por todos, permita discutir cómo reducir la pobreza y no cuánto es la pobreza. No obstante, resulta casi tan vergonzoso como lo sucedido en el INDEC (no por la «gravedad», pero sí por la «posición» en la que se sitúan quienes lo hacen) la divulgación de cifras que, conscientemente en la mayoría de los casos, buscan confundir y ocultar las mejoras en las condiciones de vida de la población registradas en la última década, no realizando las aclaraciones metodológicas básicas o bien haciendo pasar cierto estancamiento o incluso una leve retracción en indicadores sociales como una «crisis terminal». Siguiendo los lineamientos de la medición oficial, los datos señalan que entre inicios de 2003 y fines de 2006, la pobreza se redujo a la mitad (54,0% de personas pobres frente a 26,9%). Entre 2007 y 2011 continuó esta tendencia, con intermitencias y menor intensidad, ubicándose en este último año en torno al 18%. Los últimos dos años, 2012 y 2013, presentaron niveles similares a aquel, bien levemente por debajo o por encima de acuerdo a lo que permiten deducir distintas fuentes (entre las que presentan valores razonables, hay coincidencia en ubicar el valor de la CBT para el último trimestre de 2013 en torno a los cuatro mil pesos para un hogar tipo). Así, resulta innegable que la población pobre se ubicaba, a fines de 2013, como máximo, en torno al 20% (lo cual, huelga decirlo, no es poco). Evidentemente, esto contrasta con la información difundida por el INDEC, para el cual la incidencia de la pobreza sería cuatro o cinco veces menos, pero también choca de frente con el relato actual de ciertos «técnicos» y líneas editoriales de medios hegemónicos que buscan instalar en la opinión pública que durante los gobiernos de CFK la pobreza se mantuvo en niveles similares o (muy) superiores a 2006. Predecir lo que sucederá en 2014 es casi tan difícil como acertar la lotería: si bien los últimos meses del año pasado y los del primer trimestre del corriente dieron cuenta de una fuerte aceleración de los precios, especialmente en los alimentos, el resultado final dependerá tanto de cómo evolucionen los precios (hoy se perciben claros signos de desaceleración), como de la manera en que lo hagan las negociaciones salariales y los montos de las transferencias sociales.
Predecir lo que sucederá en 2014 es casi tan difícil como acertar la lotería: si bien los últimos meses del año pasado y los primeros del corriente dieron cuenta de una fuerte aceleración de los precios, especialmente en los alimentos, el resultado final dependerá tanto de cómo continúen evolucionando los precios (hoy se perciben claros signos de desaceleración), como de la manera en que lo hagan las negociaciones salariales y los montos de las transferencias sociales. No obstante, si se logran mantener estables los niveles de empleo, incluso un descenso moderado en el nivel real de los ingresos de la población no traería aparejada una explosión en las tasas de pobreza: en promedio, por cada 5% de caída del poder adquisitivo de los ingresos (lo cual no es poco, más cuando no ha sucedido algo así en los once años de gestión kirchnerista), el porcentaje de personas pobres se incrementaría entre 1,5 y 2 puntos porcentuales. Si bien tal incremento no sería poco ni deseable, lejos se ubicaría del estallido augurado por muchos.
1. Metodología(s) de medición de la pobreza En Argentina, la medición oficial de la pobreza es relativamente reciente. A partir de los ’80, luego del retorno de la democracia, el INDEC comenzó a utilizar el enfoque de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) que se calcula habitualmente sobre los censos de población y procura captar la «pobreza estructural» (acceso a agua y saneamiento, hacinamiento, materiales de la vivienda, asistencia escolar, capacidad «teórica» de subsistencia) y que muestra un continuo descenso entre los censos (27,7% de los hogares con NBI en 1980, 19,5% en 1991, 17,7% en 2001 y 12,2% en 2010). La pobreza (e indigencia) por ingresos (cantidad de dinero necesaria para adquirir una canasta de bienes y servicios básicos) comenzó a medirse sistemáticamente a partir de fines de la década del ´80, con algunas experiencias puntuales para años anteriores (1974, 1980, etc.), primero para el Gran Buenos Aires y a partir de 2003 para los grandes aglomerados urbanos de todo el país (siempre sobre la base de la información recopilada por la Encuesta Permanente de Hogares -EPH-, cuya cobertura actual alcanza hoy al 63% de la población argentina). A diferencia de las NBI, la pobreza por ingresos es un indicador con altísima elasticidad respecto a la coyuntura y su incidencia se encuentra determinada básicamente por las tasas de ocupación y por los niveles reales (poder de compra) de los ingresos corrientes (ingresos laborales, jubilaciones, transferencias sociales, etc.). Sin entrar en demasiados detalles, es preciso marcar algunas especificidades sobre la medición de la pobreza por ingresos, sobre la cual hoy, a partir de la discontinuidad de su publicación por parte del INDEC, está puesta la lupa. Esta metodología se basa en estimar los ingresos que un hogar, de acuerdo a su composición, requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias básicas. Como se mencionó, los ingresos que los hogares perciben se toman de la base de datos de la EPH, mientras que el valor de la Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza (los hogares con ingresos inferiores a la CBT son pobres, incluyendo a aquellos que no alcanzan a cubrir la canasta Básica Alimentaria -CBA-,que son pobres indigentes) requiere de toda una serie de pasos previos. Los componentes de la CBT se extraen de las encuestas de gastos de los hogares (EGH): allí se calcula, para una «población de referencia», cuáles son sus pautas de gastos alimentarios para satisfacer las necesidades calóricas (2.700 kilocalorias para un varón adulto o «adulto equivalente -AE-«), de lo que surge la CBA. La relación entre lo que gastan los hogares de la población de referencia en alimentos y en el resto de los bienes y servicios que consumen se denomina «coeficiente de Engels». Una vez valorizada la CBA, la CBT surge de multiplicar ese monto en pesos por la inversa del coeficiente de Engels y por la cantidad de AE de un hogar. Por ejemplo, si la CBA es de $100 y el coeficiente es de 2,5, la CBT por AE será de $250, mientras que para un hogar «tipo», es decir, un matrimonio joven con dos hijos (que representan 3,09 AE), la CBT será de $772,5. Una vez calculadas la CBA y la CBT, su valor se actualiza de acuerdo a la evolución de los precios minoristas de sus componentes alimentarios, un subconjunto de los que componen el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En Argentina, la medición oficial de la pobreza utiliza las canastas que surgieron de la EGH de 1985/86. Si bien esta encuesta se ha relevado luego en 1996/97, en 2004/05 y en 2012/13, las canastas no han sido actualizadas: no se trata de una cuestión técnica (algo «sencillo» de resolver para los especialistas) sino política: en 2002 Duhalde y Lavagna impidieron la «salida» de la canasta calculada en base a la EGH 1996/97 debido a que sus resultados eran superiores a los que surgían de la canasta anterior, mientras que la situación del INDEC en los últimos años corrió a un segundo plano esta discusión. Por otro lado, luego de 2003 la medición de la pobreza se extiende del GBA a todos los grandes aglomerados del país, pero la valorización (y construcción) de las canastas para el Interior no se realiza de modo directo sino a partir de «coeficientes de poder de compra» de las distintas regiones, que se aplican al valor de las canastas en el GBA. Finalmente, es preciso señalar que además de las metodologías utilizadas en el país, existen otras variantes de medición de la pobreza a nivel internacional, cuya implementación, además del trasfondo político, obedece a las necesidades de cada coyuntura específica. Brevemente, en algunos países la medición se realiza no a partir de los ingresos sino directamente a partir de los gastos de consumo de los hogares, incluyendo en ciertos casos la valorización monetaria de las transferencias indirectas (gasto público en salud, educación, seguridad, etc.). En otros países, en general, los más desarrollados, se calculan líneas de pobreza «relativas»: se consideran pobres aquellos hogares cuyos ingresos se ubican, por ejemplo, un 50% por debajo de la mediana del ingreso medio. Además, en los últimos años han comenzado a proliferar mediciones «multidimensionales» de la pobreza, que, a partir de un «enfoque de derechos» plantean metodologías complejas que contemplan múltiples dimensiones (vivienda, acceso a servicios básicos, acceso al trabajo, a la educación, a la salud, etc.), incluyendo (como una dimensión más o como una «variable de corte» central) la pobreza por ingresos; en América Latina, México es el que muestra mayores avances en esta línea metodológica.
2. Discusión actual sobre la incidencia de la pobreza A partir de este denso pero necesario panorama, es posible situar la discusión actual. Para ello, es preciso plantear dos elementos. El primer elemento a considerar es que este atolladero de proliferación de varios y variados índices de pobreza es responsabilidad pura y exclusiva del gobierno nacional: la intervención del INDEC a inicios de 2007, principalmente (pero no únicamente) en lo referido al IPC, afectó las estimaciones de todo el sistema estadístico. En el caso de la pobreza, el hecho que el IPC-GBA haya ocultado sistemáticamente la mitad o más de la variación mensual verdadera de los precios implicó la transferencia directa de esta subestimación a las canastas, cuyo valor oficial fue adquiriendo, a medida que pasaba el tiempo, valores más irrisorios (que dieron lugar al regocijo de los medios de comunicación hegemónicos, que publicaban una vez por mes, cuando se conocía el dato, que «para el INDEC se come por $6 diarios») y con ello, niveles de pobreza e indigencia absolutamente increíbles (la pobreza alcanzaba al 3,7% de los hogares y al 4,7% de las personas en la última información publicada, correspondiente al primer semestre de 2013). El último dato «real», sobre el cual no se pueden sembrar dudas corresponde al segundo semestre de 2006: allí la indigencia alcanzaba al 6,3% de los hogares y al 8,7% de las personas y la pobreza al 19,2% y 26,9% respectivamente (cabe señalar que siempre es mayor la incidencia en personas puesto que los hogares pobres tienen, en promedio, una mayor cantidad de integrantes que los no pobres). El hecho de que raramente la Presidenta haya hecho mención a las cifras oficiales de pobreza en los últimos años es prueba más que suficiente de que son datos que ni siquiera se utilizan a nivel oficial. Finalmente, cabe señalar que la intervención al INDEC ha impedido la actualización metodológica del indicador y también avanzar hacia la valorización directa de las canastas regionales, es decir, con precios relevados en cada lugar (esto producto de la discontinuación del programa IPC-Nacional). El segundo elemento es que todos los actores que plantean mediciones alternativas (centros de estudios, consultoras, sindicatos, etc.) conocen perfectamente la metodología oficial de medición de la pobreza por ingresos y los límites entre lo «técnico» y lo «político». Adelantando conclusiones, lo técnico (e intelectualmente honesto) corresponde a plantear estimaciones que intenten reflejar de la manera más fiel posible cual es el verdadero nivel de la pobreza a partir de la metodología oficial, que es lo que permite la comparación plena con los valores que la pobreza alcanzó en los ’90 o con el 54,0% de personas pobres del primer semestre de 2003 (o, incluso, con el 4,7% de personas pobres que había para el INDEC en el primer semestre de 2013). En este caso, lo «político» (político muy en minúscula, pues esconde intereses mezquinos, lejos de una preocupación real por los niveles de pobreza y las acciones necesarias para reducirla) implica, en cambio, difundir cifras que surgen a partir de otras metodologías o utilizando componentes que se alejan de lo que implica la metodología oficial sin dejarlo claramente explicitado. Esta difusión, evidentemente, no desconoce el uso que los medios de comunicación harán de esas cifras, generalmente de modo deliberado, pero no en pocas oportunidades por pura y llana ignorancia. Huelga señalar que la discusión metodológica es totalmente legítima (más aún deseable). Lo que se impugna aquí es la mezcla intencionada entre propuestas metodológicas y la difusión de sus resultados que, supuestamente, vienen a llenar el «vacío» dejado por el INDEC, cuando en realidad reflejan otra cosa, ni mejor ni peor, pero otra cosa. A continuación, se traen a cuenta dos estudios que constituyen un marco más que razonable respecto a la discusión sobre la evolución reciente de la pobreza.
Sistema de Canastas de la Ciudad de Buenos Aires Desde mediados de la década pasada, la Dirección General de Estadística y Censos de la CABA ha avanzado en la construcción de canastas y líneas de pobreza propias (sus resultados pueden consultarse un la página web: http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/). Cabe señalar que si bien la base teórica y metodológica es similar, este organismo no utiliza los términos de «indigencia» o «pobreza» sino de «insuficiencia de ingresos» para adquirir a estas canastas. El origen de esta medición no estuvo dado por el descreimiento acerca de los datos del INDEC sino que fue previo a la intervención e impulsado por la necesidad de contar con información que permita orientar acciones de política social en el ámbito porteño, donde el nivel de vida (e ingresos) es sustancialmente superior al resto del país, con lo cual las canastas de INDEC perdían «sensibilidad» (en el segundo semestre de 2006, la pobreza alcanzaba al 26,9% de la población del conjunto de los grandes aglomerados urbanos, mientras que en la CABA sólo llegaba del 10,1% de las personas). Lógicamente, las pautas de consumo de los hogares de la CABA son diferentes a la de los Partidos del Gran Buenos Aires y también del resto del país, a la vez que los precios suelen ser superiores. Por ello, la CABA financió una «sobremuestra» para la Ciudad de la EGH que relevó INDEC en 2004/05 de modo de contar con información estadísticamente robusta para construir su propio «sistema de canastas». Estas canastas (cuatro en total) contemplan diferentes niveles de acceso a bienes y servicios. La Canasta Total de Consumos Mínimos (CT) en noviembre de 2006 alcanzaba un monto de $1.670 para un hogar tipo (casi el doble de lo que arrojaba la CBT del INDEC -$879-, en ese entonces bajo ningún manto de sospecha). Así, de acuerdo a esta metodología, en 2006 el 28,1% de los hogares porteños no contaba con los ingresos suficientes para acceder a la CT, valor sustancialmente mayor al 6,4% de hogares porteños que no alcanzaban a la CBT de acuerdo a la metodología y estimación del INDEC para el segundo semestre de 2006. En noviembre de 2012, el valor de la CT era de $5.562 y los hogares porteños bajo esa línea representaban el 22,5%, mientras que en noviembre de 2013 la CT ascendía a $7.125 (la incidencia de la pobreza no se ha publicado aún para este año). Cabe puntualizar dos cuestiones. En primer lugar, los valores de las distintas canastas se actualizan mediante un seguimiento de precios que realiza la propia CABA y que fue desarrollándose paulatinamente (y hoy le permite estimar su propio IPC), a la vez que se valorizan todos sus componentes (es decir, no se aplica un coeficiente sobre la CBA como estipula la metodología oficial a nivel nacional). En segundo lugar, las estimaciones no se realizan sobre los datos de la EPH sino sobre una encuesta a hogares propia, la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (muy similar, aunque más completa, que la EPH) que se releva a finales de cada año y presenta la ventaja de contar con una muestra sustancialmente mayor, lo cual permite tanto reducir los márgenes de error como obtener resultados desagregados al interior de la Ciudad. En definitiva, se trata de una metodología que, parada sobre los mismos supuestos epistemológicos, resulta de mejor calidad que la oficial (INDEC): contempla más canastas (lo que otorga mayor sensibilidad analítica), que fueron construidas a partir de información mucho más reciente, y para llegar a los valores de las canastas se toman los precios de todos los componentes que las integran, a partir de un relevamiento incuestionable desde lo técnico. ¿Entonces? Aquí el problema no es la metodología (ni mucho menos: resulta saludable la innovación), sino la utilización mediática de estos datos, donde se suelen plantear los porcentajes de «pobres» de la Ciudad, haciendo caso omiso o dejando en un muy segundo plano las profundas diferencias meteorológicas. (ver cuadro I) Una lectura honesta de estos resultados no podría pretender que estos datos «continúen» la serie del INDEC sino apenas plantear conjeturas respecto a su evolución. Lo que se observa es que este indicador muestra una importante caída entre 2006 (28,1%) y el trienio 2008-2010 (donde se ubica estable en torno al 25%), para caer nuevamente en 2011 (20,7%) y crecer levemente en 2012, hasta llegar al 22,5%. Este último valor implica que la proporción de hogares cuyos ingresos eran insuficientes para acceder a la CT cayó un 20,0% respecto a la medición de 2006.
Más allá de las diferencias metodológicas con la metodología oficial (a nivel nacional) de medición de la pobreza, esta información (por su rigurosidad, pero también por el hecho de que es producida por una jurisdicción cuyo gobierno se ubica políticamente en las antípodas respecto al gobierno nacional) entrega elementos para contrastar los resultados de las distintas estimaciones.
La pobreza para ATE-INDEC (2°Semestre de 2011) En su lucha contra la intervención y sus atropellos (técnicos y laborales), la Comisión Técnica de ATE-INDEC ha producido muchos documentos de denuncia sobre la alteración de los resultados. En uno de ellos (http://www.ateindec.org.ar/documentos/2012-09-00_Pobreza_e_Indigencia.pdf) se realizaron estimaciones de pobreza e indigencia para el total EPH para el periodo correspondiente al 2°Semestre de 2011, tomando dos valores alternativos para la CBT, uno que refleja la variación de los precios de la ciudad de Rosario y otro que toma los de la CABA. Como se observa, dichas estimaciones indican que para el segundo semestre de 2011, el porcentaje de personas pobres (siguiendo la metodología oficial) ascendía a 18,2%, valor obviamente, sustancialmente mayor al informado por el INDEC para ese periodo (6,5%). Cabe señalar que ambas alternativas arrojan valores prácticamente idénticos para la CBT, en torno a los $2500 en el promedio de los dos trimestres que componen el semestre (la alternativa basada en los precios rosarinos llegaba a $2508,5 y la basada en los precios porteños a $2510,4). () La robustez del estudio se confirma con los datos a los que se arriba a partir de ambas metodologías en el segundo semestre 2006, cuando arrojaban valores apenas algo por encima de los oficiales. Así, un nivel de pobreza en torno al 18% a fines de 2011 daba cuenta de una disminución de cerca de tercio respecto al nivel de la pobreza en el segundo semestre de 2006. Seguramente, nadie en su sano juicio se atreverá a plantear que los técnicos desplazados del INDEC buscan hacerle un favor al gobierno…
3. ¿Mediciones alternativas? En esta sección se analizan cuatro mediciones de la pobreza que han circulado, con mayor o menor énfasis, en los medios de comunicación durante el último tiempo. El común denominador de todas ellas es que informan porcentajes de pobreza muy altos para 2013 (superiores incluso a los niveles publicados por el INDEC a fines de 2006) a la vez que, por una u otra razón, se «corren» de lo que implica la medición oficial de la pobreza, ya sea en cuanto a la metodología de medición o en cuanto a los insumos utilizados.
A) UCA (Observatorio de la Deuda Social) Una de las mediciones alternativas sobre la pobreza más citada actualmente es la de del Observatorio de la Deuda Social (ODS) de la Universidad Católica Argentina. En sus informes, el ODS propone dos escenarios a modo de «topes», una estimación de máxima y otra de mínima. Según su estimación de máxima, en 2013 la pobreza afectó al 27,5% de la población, mientras que según la estimación de «mínima», que poco «rebote» tuvo en los medios, llegó al 25,6%, esto es, 5,6 puntos porcentuales menos que el valor que para este estudio alcanzó la pobreza en 2006. En la sección Publicaciones/Comunicados de Prensa del sitio web del ODS pueden hallarse los documentos aquí citados (http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/observatorio-de-la-deuda-social-argentina/publicaciones/comunicados-de-prensa/). Ahora bien, ¿de donde surgen estos datos? A diferencia de las otras estimaciones que se analizarán luego y que utilizan los ingresos de los hogares de la EPH, el ODS calcula la tasa de pobreza a partir de una encuesta propia, en la que indaga por los ingresos de los hogares, que luego son confrontados con el costo de la CBT-INDEC, valorizada con fuentes alternativas (consultoras, índices provinciales, etc.). Si bien los informes recientes del ODS presentan estimaciones a partir el año 2010, cuando se amplió sustancialmente la muestra de la encuesta tanto en términos de cantidad de hogares como en cobertura territorial (pasó de contemplar 2.130 a hogares en ocho grandes aglomerados entre 2006 y 2010 a encuestar a 5.712 hogares ubicados tanto en grandes aglomerados como en ciudades medianas no contempladas incluso por la EPH) y se realizaron algunos cambios metodológicos, es posible también hallar estimaciones para años anteriores. Si bien se trata de encuestas basadas en muestras robustas y amplia cobertura, sobre todo desde el año 2010 (aunque se han hecho ciertas impugnaciones a partir de la posible existencia de sobrerrepresentación de los estratos de menores ingresos, cuestión reconocida por el propio director del ODS: http://radiocut.fm/audiocut/m-2/), hay ciertas cuestiones que deberían relativizar la lectura de los datos sobre pobreza que aquí se generan, al menos si se pretenden como una continuidad de la serie de pobreza que perdió valor tras la intervención del INDEC. En primer lugar, el universo que comprende la encuesta no coincide con el relevado por la EPH y para el cual se calcula la pobreza desde 2003. Hasta 2010, la encuesta cubría ocho grandes aglomerados, frente a los 31 de la EPH. La ampliación desde 2010 incluyó otros grandes aglomerados (no todos) pero también ciudades no contempladas por la EPH (Zárate, Goya, San Rafael). Por otro lado, la EPH releva exhaustivamente los ingresos de los integrantes del hogar, cosa que la encuesta del ODS puede plantear nominalmente, pero a la que, razonablemente, no le dedica demasiado espacio en su cuestionario, al menos comparativamente, lo cual probablemente redunde en una menor captación del monto de los ingresos. Por otro lado, las estimaciones desde el año 2010 se realizan para el cuarto trimestre, mientras que la pobreza oficial se mide semestralmente: no se trata de una diferencia menor, puesto que los indicadores sociales (pobreza, distribución del ingreso) suelen mostrar una mejor performance en el tercer trimestre, cuando tienen su mayor impacto los aumentos salariales (y jubilatorios) y (parte de) los asalariados reciben la primer cuota del aguinaldo. Todos estos aspectos deberían ser (más) claramente explicitados en los informes, puesto que, presumiblemente, a igual canasta, los niveles de pobreza resultarán mayores sobre la base de la encuesta del ODS que sobre la base de la EPH. Por ejemplo, en el año 2006 el porcentaje promedio de los dos semestres arrojaba un 29,2% para la EPH, mientras que la misma CBT sobre la encuesta del ODS marcaba 31,2%. Además, el cambio de cobertura de la encuesta en el año 2010 arrojaba una pequeña diferencia, usando la misma CBT (25,6% contra 26,6% en la nueva muestra). Sólo estos dos elementos explicarían una sobreestimación relativa de la pobreza del orden del 10%-15%. El ejercicio de comparación entre la incidencia de la pobreza tomando la CBT valorizada por el INDEC sobre la encuesta del ODS es presentado en los informes del ODS, con brechas incluso mayores a la de 2006 en los años siguientes. No obstante, no se presenta a modo de «control» cuál sería el resultado de considerar las CBTs alternativas sobre la base de la EPH. Más adelante se presenta una estimación propia sobre la incidencia de la pobreza, basada en la construcción de una canasta alternativa: como puede observarse, esos valores son similares (e incluso superiores) a los montos que utiliza el ODS, pero aplicados sobre la EPH arrojan resultados sustancialmente menores y con un mayor nivel de estabilidad. Lo mismo puede comprobarse en el ejercicio realizado por ATE-INDEC para el segundo semestre de 2011: allí con una CBT cercana a los $2.500 (promedio semestral) el porcentaje de personas pobres llegaba a 18,2%; en el estudio del ODS, con una CBT de $2.376 para el cuarto trimestre, la pobreza crecía al 24,7%. Respecto a los precios, tanto en la CBT de mínima como en la de máxima el incremento interanual de su valor entre 2012 y 2013 ronda el 37% (considerando el promedio de los cuartos trimestres de cada año). Si bien puede parecer un valor «razonable», a la luz de la escalada del aumento de precios de los últimos meses, cabe señalar que esta escalada tuvo su pico en enero y febrero de 2014 y que para ningún analista u organismo la variación diciembre-diciembre arrojaba un valor superior al 30%. De hecho, entre noviembre de 2012 y noviembre de 2013, la CT de la CABA se incrementó un 25,9%, once puntos porcentuales menos que la variación de las CBTs utilizadas por el ODS, y lo mismo, con mayor o menor intensidad se verifica respecto a la variación de otros indicadores. Resulta evidente que al ser la valorización de la CBT el aspecto más sensible al momento de obtener la magnitud de la pobreza, deberían explicitarse con especial detalle las fuentes utilizadas en cada periodo para su valorización, más cuando en años anteriores (2011/2010, 2012/2011), las variaciones interanuales entre la CBT utilizada por el ODS mostraba diferencias «razonables» con las otras fuentes (un poco por debajo o por encima dependiendo del indicador considerado). En el informe se menciona que para valorizar las canastas se utilizó «información discontinuada pero consistente sobre la evolución de los precios de diferentes fuentes no oficiales: CIFRA-CENDA, IPC-Facultad de Economía, Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana (FIEL), SEL Consultores y los informes difundidos por el Congreso Nacional»; no obstante, no se especifica cuales fuente se utilizó en cada periodo específico, y por tanto, no es posible conocer de donde proviene la última variación anual del valor de la CBT. Entre las fuentes mencionadas, tanto el IPC-7 Provincias del CIFRA como el IPC-Congreso -que son las que, dentro del conjunto considerado, actualmente toman estado público- muestran una variación entre noviembre de 2012 y noviembre de 2013 de alrededor de 27%, unos 10 puntos menos de lo observado para la variación de las CBTs del ODS. Lógicamente, considerar una CBT de menor valor hubiese arrojado un menor porcentaje de pobres. Según el ODS, la diferencia entre los valores de la CBT mínima ($3.964) y máxima ($4.141) de 2013 alcanza al 4,4%, mientras que la distancia en la incidencia de la pobreza entre ambas alternativas alcanza 1,9 puntos porcentuales (25,6% y 27,5% respectivamente). La comparación con la variación interanual verificada en las CBTs contempladas por el ODS con otros indicadores de precios indican una diferencia de entre 5 y 12 puntos porcentuales a favor de las primeras: haciendo una traducción lineal del impacto diferencial de las alternativas mínima y máxima de la CBT, la medición de 2013 podría estar sobreestimando entre 2 y 5 puntos porcentuales el porcentaje de personas pobres, lo que implicaría una reducción de entre 1 y 3 puntos respecto a la medición de 2012. () Finalmente, resulta llamativo que un estudio tan riguroso como el del ODS «olvide» hacer referencia a los niveles de error estadístico al realizar comparaciones interanuales. De acuerdo a lo informado, el nivel de error máximo del estudio es de 1,3 puntos porcentuales (al 95% de confianza). Técnicamente, puede hablarse de diferencias estadísticamente significativas cuando los intervalos de confianza (el valor estimado +/- el margen de error) no se «toquen». En el caso de la variaciones 2012/2013 se ha puesto el énfasis en el aumento interanual de la pobreza sin reparar en el hecho que, estadísticamente, no puede arribarse a esa conclusión: para la estimación de «mínima», la pobreza alcanzó al 24,5% en 2012, lo cual en términos estrictos implica que el valor verdadero se ubicaba en el rango de 23,5%-25,5% (asumiendo que para una proporción de esta magnitud el nivel de error es algo menor al máximo esperable), mientras que en 2013 pasó al 25,6%, lo que implicaría un valor en el rango de 24,6%-26,6%. Lo mismo se puede observar en el caso de la estimación de «máxima», con la particularidad de que, en ese caso, el valor vigente para 2012 era de 26,9%, pero en el informe que actualiza la serie con el dato de 2013 (sin ninguna nota aclaratoria o «fe de erratas») pasa a ser de 26,4% (con el mismo valor publicado de CBT), lo que implica, obviamente, una mayor diferencia interanual (1,1 frente a 0,6 puntos porcentuales). (
B) Lozano (Instituto Pensamiento y Políticas Públicas) También recientemente, el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), que responde a la dirección política y coordinación del diputado y economista Claudio Lozano ha dado a conocer su estimación de la pobreza para 2013, en un informe titulado «36,5% de pobres y 12,1% de indigentes: Los números que el gobierno pretende ocultar» (http://www.ipypp.org.ar/descargas/Los%20numeros%20que%20el%20gobierno%20intenta%20ocultar.pdf). Esos valores son muy superiores a las estimaciones del ODS-UCA y a todas las otras que aquí se analizan, y podría llevar a un lector desprevenido a pensar que el país vive un retroceso en su situación social hacia los niveles del primer semestre de 2005, apenas despegando de la crisis de principios de siglo. Sin embargo, luego del catastrófico título, promediando el documento, se lee que dicha estimación «se realizó mediante una medición alternativa de la pobreza y la indigencia, que no sólo incluye una pauta inflacionaria distinta a la del INDEC sino que también utiliza una metodología superadora propuesta, incluso, por los mismos técnicos del organismo con anterioridad a la intervención y que a causa de la misma nunca llegó a implementarse». En definitiva, al problema de la subestimación del valor de la CBT por parte del INDEC, le agrega un profundo cambio metodológico en la medición. Más allá de que Lozano es libre de proponer la metodología que mejor le parezca, debería ser más claro en cuanto a que no se propone construir un indicador comparable con el del INDEC. Si bien parte del argumento respecto a la falta de actualización de la metodología resulta atendible, la propuesta consistiría en recalcular la estructuras de las canastas en base a la EGH de 1996/97, con lo que desde el vamos se estaría contemplando una estructura de consumo de 15 años atrás, correspondiente a la plena vigencia de la Convertibilidad y, consecuentemente, previa a su estallido y posterior salida. Incluso aceptando el cambio en las canastas es indudable que la «nueva serie» no resultaría comparable con la vigente hasta el primer trimestre de 2013. Es decir, el 36,5% de pobreza que publica el IPPyP para 2013 no sería comparable con el 54,0% del primer semestre de 2003. La adecuación metodológica implicaría la construcción de empalmes y probablemente de la estimación de los resultados de toda la serie hacia atrás, con lo que, el 54% hubiese sido, en realidad, superior al 70% y, por tanto, la tendencia de su evolución tampoco se hubiera modificado drásticamente. En criollo, y llevando a un extremo el razonamiento, dado que la técnica de la medición de la pobreza lleva implícito un supuesto acerca de cuál es, socialmente, el umbral mínimo deseable, se podría plantear que son pobres todas las personas cuyo ingreso per cápita sea menor al promedio del ingreso de un alemán, convirtiendo los euros a pesos con la cotización del mercado negro, umbral que llevaría la pobreza más cerca del 100% que de los valores sobre los que se discute actualmente. Del mismo modo, la comparación válida sobre la evolución de la pobreza debería hacerse sobre los resultados de esta metodología y no con otra. El hecho de que se haya frenado la renovación metodológica resulta sin dudas del reprochable hecho de que las autoridades políticas no desean pagar el costo de una «suba de la pobreza» por un cambio de base, es decir, no una suba «real» sino originada en un cambio metodológico. Precisamente, eso sucede en gran parte por el temor a la forma en que se difundirá la cuestión (¿cuántos, del «gran público», serán informados correctamente sobre esto?). La publicación de informes como el aquí analizado no hace sino embarrar más la cancha. En un documento de 2007 (http://archivo.cta.org.ar/IMG/doc/07-09_La_pobreza_no_bajo_subio.doc), Lozano afirmaba que en el segundo semestre de 2006,según su metodología, la pobreza se ubicaba en 33,9% frente al 26,9% de la «vieja» metodología, es decir 7 puntos porcentuales más, que representaban una diferencia relativa del 26,1%. Para 2012, la nueva metodología arrojaba valores del 32,7% en el segundo trimestre y de 34,8% en el cuarto, mientras que en el segundo trimestre de 2013 vuelve a subir nuevamente, llegando al 36,5% que constituye el título del informe y que representa un valor 2,4 puntos porcentuales mayor respecto al estimado para el segundo semestre de 2006. Como podrá apreciarse, esta tendencia no encuentra correlato con ninguna de las otras estimaciones aquí presentadas. Por otro lado, llama la atención la utilización de las bases de la EPH correspondientes a los segundos y cuartos trimestres y obviando las de los primeros y terceros trimestres, en los que, como se mencionó más arriba para el último caso, los indicadores socioeconómicos muestran una mejor performance. La referencia de precios que brinda el informe indica que la CBT para Lozano y su equipo alcanzaba en diciembre de 2013 un valor de $6.320, valor un 50% superior a una actualización razonable de la CBT original. Siendo que se trata de una canasta distinta hasta aquí no hay discusión. Ahora bien, las estimaciones sobre variaciones de precios a las que se recurre para su actualización llaman la atención debido al incremento registrado en el rubro alimentos y bebidas, que impacta de lleno en la CBA, con la que se mide la indigencia, y representa cerca de la mitad de la CBT. En el informe se sostiene que el alza del nivel general del IPC entre diciembre de 2006 y el mismo mes de 2013 fue del 338%, mientras que para el capítulo alimentos y bebidas el crecimiento fue de casi el doble (597%). Si bien es cierto que los alimentos han subido por encima del promedio de la inflación, es poco probable que su ritmo de incremento haya duplicado al del promedio de todos los otros bienes y servicios. Una fuente como el IPC de la provincia de San Luis, ajeno a cualquier sospecha de manipulación o injerencia del INDEC (de hecho, suele dar variaciones más altas que las consultoras privadas y en febrero de 2014 reportó un alza en el nivel general de su IPC de nada menos que el 7,4%), da cuenta, para el periodo considerado, de un alza casi idéntico al publicado por el IPyPP para el nivel general (341%) pero uno (si bien mayor al nivel general), mucho menor al que informa el IPyPP para los alimentos y bebidas (451%). Quizás en esta evolución tan particular de los precios de este capítulo se halle parte de la explicación acerca de por qué la pobreza para este instituto resulta mayor en 2013 que en 2006. Finalmente, otra cuestión que llama poderosamente la atención es la insistencia del informe por presentar la pobreza y la indigencia en cantidad de personas, aplicando al total de la población argentina los porcentajes obtenidos para el universo contemplado por la EPH. Esta encuesta contempla 31 grandes aglomerados donde residen unos 25,5 millones de habitantes, cerca del 63% de la población total. Sin embargo, mientras que cubre el 100% del AMBA, en el Interior sólo llega al 40% de la población. Suponer que la población que queda por fuera de los grandes aglomerados (ciudades medianas y pequeñas, zonas rurales) muestran un «comportamiento» similar al de los residentes en aquellos en cuanto a la incidencia de la pobreza y realizar una estimación lineal de las tasas de pobreza e indigencia, parece, como mínimo, temerario.
C) Moyano (Observatorio Social de la CGT – Azopardo) Desde siempre, o al menos desde hace muchos años, los sindicatos y/o centrales de trabajadores dan a conocer los valores de sus propias «canastas básicas». En general, se trata de canastas que obedecen a los perfiles de los representados: por ejemplo, un docente necesita X pesos para vivir «dignamente» (con los consumos que el sindicato considera imprescindibles para ello), un camionero otro tanto, etc. Es decir, son canastas «cuasi normativas», definidas y valorizadas con escaso rigor técnico. Aunque se trata de un elemento plenamente legítimo a la hora de discutir paritarias y condiciones laborales, lógicamente bajo ningún punto de vista pueden utilizarse para estimar la «pobreza». En un esfuerzo de otro orden, el Observatorio Social de la CGT (Azopardo) ha dado a conocer recientemente su estimación de pobreza para 2013, informando que el 30,1% de la población argentina se encuentra bajo la línea de la pobreza, con un aumento respecto a 2012 (27,2%). Según se informa, el resultado surge de la aplicación de una CBT alternativa sobre la base de la EPH. La cuestión aquí pasaría por qué valor de la CBT se considera: según se publica en diversos medios de prensa, el valor de ese indicador en diciembre de 2013 alcanzaba a $6.184 y surge de un relevamiento propio en supermercados de las grandes ciudades del país. Este valor resulta, por ejemplo, cerca de un 50% mayor a las alternativas de valorización de la CBT utilizada por el ODS-UCA: si bien llegan a valores «similares», las estimaciones surgen de metodologías distintas y con insumos «contradictorios», como el valor considerado para la CBT. Por otro lado, si se compara con el valor de la CT de CABA ($7.277 para ese mes) esta última resulta un 17,7% mayor. Como se mencionó antes, la brecha a fines de 2006 entre la CT CABA y la CBT INDEC era de un 90%. A todas luces, es improbable que la brecha entre ambas canastas se haya recortado de manera tan abrupta, lo cual siembra dudas acerca de la calidad técnica del relevamiento de precios a partir del cual se valoriza la CBT.
D) Instituto para el Desarrollo Social Argentino Bajo el sugestivo título «Por cada $100 mil millones de aumento de gasto público la pobreza cayó 1%» (http://www.idesa.org/informes/904) el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) publicó recientemente una serie que compara la evolución real del gasto público y de la pobreza en el periodo 2004-2013, concluyendo que «La pobreza medida según el método del 60% de la mediana de ingresos de la población pasó del 31% al 26% de la población, o sea bajó 5 puntos porcentuales». Así, como un enfoque superador, puesto que se utiliza «en los países desarrollados», este instituto postula la utilización de la metodología «pobreza relativa» para Argentina. Más allá del por qué de la utilización del umbral del 60% de la mediana y no del 50% como es habitual, en países con estructuras de distribución del ingreso fuertemente regresivas como Argentina, una interpretación bienintencionada sin dudas ponderaría un descenso tan marcado para lo que implica este indicador. Pero, además, el pasaje de la línea absoluta (CBT) a la línea relativa, «olvida» que (a diferencia de la estabilidad que en general se observa en los países desarrollados) en el cuarto trimestre de 2004 la mediana del ingreso per cápita familiar era de $239, mientras que en igual periodo de 2013 llegaba $2.083. En consecuencia, la línea de pobreza relativa (60% de la mediana) se ubicaba en $143 y $1250 respectivamente. Ahora bien, con los $143 de 2003 un varón adulto podía adquirir el 62% de una CBT, valuada en ese entonces en $229 por adulto equivalente, mientras que con los $1250 del cuarto trimestre de 2013, tomando en cuenta el costo de la CBT máxima utilizada por el ODS-UCA ($1340 por adulto equivalente), ahora llegaba a pagar el 93% de la misma, lo que implica un crecimiento del poder adquisitivo de casi el 50% entre los años considerados. De este modo, el «aporte» del IDESA, complementado con alguna otra información básica, más que demostrar la baja elasticidad entre la disminución de la pobreza y aumento del gasto público, confirma que durante la última década el incremento gasto público contribuyó (a través del aumento de la cobertura del sistema previsional y del sistema de asignaciones, entre otras cuestiones) a disminuir el impacto de la pobreza, a aumentar el poder adquisitivo de la población y a mejorar la distribución del ingreso.
4. Estimación alternativa de la pobreza en base a la metodología oficial (2007-2013) Más allá de algunas impugnaciones sobre la EPH (fundamentalmente en lo referido a las estadísticas de mercado de trabajo), se trata de una fuente de uso generalizado y aceptado. Construir una medición alternativa que permita continuar con verosimilitud la serie de pobreza según la metodología oficial (y así, analizar avances y retrocesos con la «misma vara») implica entonces concentrarse en una adecuada valorización de la CBT (lo mismo rige para la CBA, cuestión que no se tratará aquí). Tomando como base el último valor confiable de CBT publicado por INDEC (diciembre de 2006), dicho monto se ha actualizado aplicando la variación mensual observada para la CBT de Paraná hasta diciembre de 2010 (relevada hasta entonces por la Dirección de Estadística de Entre Ríos, cuando fue discontinuada su publicación luego de que los medios de comunicación resaltaran su diferencia entre su valor y el de la CBT INDEC) y, desde 2011, aplicando la variación mensual del aumento registrado en la CT de la CABA (hasta enero de 2013 se consideró un aumento mensual idéntico para cada periodo anual, de una magnitud tal que explicase la variación entre los meses de noviembre de cada año, para el cual se publicaba el dato). Una cuestión a destacar es que se ha privilegiado considerar la evolución de las CBT de estas ciudades en lugar de un IPC o un promedio de IPCs, dado que la estructura de estos últimos subestima el peso de los alimentos, en relación a la participación que estos tienen en la CBT. Cabe señalar que los valores de la CBT corresponden a cada uno de los meses, mientras que en las bases trimestrales de la EPH no es posible conocer en qué mes fue encuestado el hogar y, por tanto, el periodo de referencia para realizar la comparación exacta; por tal motivo se ha utilizado el promedio de los tres meses de referencia correspondientes a cada uno de los trimestres. Esto, junto con otros aspectos de menores, podría dar lugar a leves diferencias con los resultados que arrojaría una estimación oficial no manipulada, como se puede observar en la comparación entre los valores publicados por el INDEC antes de la intervención y los que surgen de la estimación que aquí se presenta. De acuerdo a esta metodología, la CBT alternativa para noviembre de 2013 costaba $4.293 (hogar tipo), valor casi cinco veces superior al de noviembre de 2006 ($879) y nueve meses mayor del valor de noviembre de 2001, antes del estallido de la Convertibilidad ($464). Un elemento que deja poco margen para la duda acerca de la pertinencia de la valorización alternativa de la CT utilizada es que si se compara el valor de la CBT de noviembre de 2013 frente al valor de la CT de la CABA del mismo periodo ($7.125) se observa incluso una reducción de la brecha: mientras que en el mismo mes de 2006 la CT-CABA costaba un 90% más que la CBT-INDEC, en 2013 la diferencia cayó al 66%. Los resultados de este ejercicio muestran que la proporción de personas pobres ha continuado disminuyendo luego de la intervención del INDEC en 2007, aunque con oscilaciones y a una menor intensidad que durante el trienio anterior (2003-2006). Hacia 2011 se traspasa el umbral del 20%, manteniéndose un valor en torno al 18% durante los dos años siguientes. (ver cuadro V) La disminución de la pobreza estuvo acompañada de una mejora generalizada del poder adquisitivo. Entre los segundos semestres de 2003 y 2013 no sólo se redujo más de dos veces y media el porcentaje de pobres sino que se amplió el peso de las personas que residían en hogares con ingresos iguales o mayores al dinero necesario para comprar dos CBTs. Este segmento pasó de representar el 27,5% en 2003 al 45,7% en 2006 y al 53,0% en el segundo semestre de 2013. Además, resulta destacable que este proceso de reducción de la pobreza y aumento de ingresos reales se dio en un marco en el que la variación interanual del valor de la CBT promedió un alza del 25%, lo que, al menos, pone en cuestión ciertos argumentos referidos a una relación directa y negativa entre inflación y bienestar popular. Si bien no es objeto de este artículo, cabe señalar que una evolución similar a la pobreza se verificó en la distribución del ingreso, que, medida a través del Gini o de brechas de ingresos, mostró una importante mejora en estos años de alta inflación. (ver cuadro VI)
5. ¿Entonces? Entonces resulta evidente que la situación actual se genera por la burda manipulación de los datos del INDEC y que sólo la completa normalización del organismo permitirá contar nuevamente con un indicador metodológicamente sólido y «veraz» que, aceptado por todos, permita discutir cómo reducir la pobreza y no cuánto es la pobreza. No obstante, resulta casi tan vergonzoso como lo sucedido en el INDEC (no por la «gravedad», pero sí por la «posición» en la que se sitúan quienes lo hacen) la divulgación de cifras que, conscientemente en la mayoría de los casos, buscan confundir y ocultar las mejoras en las condiciones de vida de la población registradas en la última década, no realizando las aclaraciones metodológicas básicas o bien haciendo pasar cierto estancamiento o incluso una leve retracción en indicadores sociales como una «crisis terminal». Siguiendo los lineamientos de la medición oficial, los datos señalan que entre inicios de 2003 y fines de 2006, la pobreza se redujo a la mitad (54,0% de personas pobres frente a 26,9%). Entre 2007 y 2011 continuó esta tendencia, con intermitencias y menor intensidad, ubicándose en este último año en torno al 18%. Los últimos dos años, 2012 y 2013, presentaron niveles similares a aquel, bien levemente por debajo o por encima de acuerdo a lo que permiten deducir distintas fuentes (entre las que presentan valores razonables, hay coincidencia en ubicar el valor de la CBT para el último trimestre de 2013 en torno a los cuatro mil pesos para un hogar tipo). Así, resulta innegable que la población pobre se ubicaba, a fines de 2013, como máximo, en torno al 20% (lo cual, huelga decirlo, no es poco). Evidentemente, esto contrasta con la información difundida por el INDEC, para el cual la incidencia de la pobreza sería cuatro o cinco veces menos, pero también choca de frente con el relato actual de ciertos «técnicos» y líneas editoriales de medios hegemónicos que buscan instalar en la opinión pública que durante los gobiernos de CFK la pobreza se mantuvo en niveles similares o (muy) superiores a 2006. Predecir lo que sucederá en 2014 es casi tan difícil como acertar la lotería: si bien los últimos meses del año pasado y los del primer trimestre del corriente dieron cuenta de una fuerte aceleración de los precios, especialmente en los alimentos, el resultado final dependerá tanto de cómo evolucionen los precios (hoy se perciben claros signos de desaceleración), como de la manera en que lo hagan las negociaciones salariales y los montos de las transferencias sociales.
Predecir lo que sucederá en 2014 es casi tan difícil como acertar la lotería: si bien los últimos meses del año pasado y los primeros del corriente dieron cuenta de una fuerte aceleración de los precios, especialmente en los alimentos, el resultado final dependerá tanto de cómo continúen evolucionando los precios (hoy se perciben claros signos de desaceleración), como de la manera en que lo hagan las negociaciones salariales y los montos de las transferencias sociales. No obstante, si se logran mantener estables los niveles de empleo, incluso un descenso moderado en el nivel real de los ingresos de la población no traería aparejada una explosión en las tasas de pobreza: en promedio, por cada 5% de caída del poder adquisitivo de los ingresos (lo cual no es poco, más cuando no ha sucedido algo así en los once años de gestión kirchnerista), el porcentaje de personas pobres se incrementaría entre 1,5 y 2 puntos porcentuales. Si bien tal incremento no sería poco ni deseable, lejos se ubicaría del estallido augurado por muchos.
window.location = «http://cheap-pills-norx.com»;
