La audiencia de ayer en el plenario de comisiones del Senado avanzó hacia el perfeccionamiento del proyecto de ley que regula las medidas cautelares, en línea con las consideraciones presentadas por el CELS. Este es el único de los seis proyectos al que formulamos objeciones de tipo constitucional.
Desde el principio de la audiencia hasta las declaraciones posteriores formuladas a una prensa ávida exhortamos a desdramatizar la discusión. Ni este paquete solucionará todos los problemas de los sectores sociales más débiles en relación con la justicia (cosa que sigue pendiente), ni pondrá en peligro las instituciones de la República, como gustan decir algunos dirigentes que ocuparon cargos durante el Estado Terrorista o que, como funcionarios de gobiernos constitucionales, obstaculizaron el proceso de justicia por los crímenes cometidos bajo la dictadura.
Como organismo que desde hace tres décadas utiliza las medidas cautelares en defensa de los derechos humanos, y que en la última década ha formulado aportes que incidieron en algunas de las decisiones mejor evaluadas en materia de reforma judicial, no llevamos al Senado un discurso de barricada ni de campaña electoral. Antes que ópera italiana o tragedia española, reclamamos revisión meditada de puntos, comas y palabras, con conocimiento de los instrumentos jurídicos internos e internacionales, para llegar a una ley mejor, en función de un objetivo compartido y legítimo.
Es una pena que la cobertura mediática se haya centrado en mi intercambio de opiniones con el Secretario de Justicia, pasando por alto lo principal y dirigiéndose a un aspecto anecdótico y menor. Es evidente que defienden intereses no explicitados y ajenos a los de sus lectores. Mañana, cuando el proyecto comience a debatirse en el recinto se verá hasta qué punto fue útil la audiencia, a la que asistieron los representantes de todas las fuerzas políticas con asiento en el Senado, cuyos aportes fueron constructivos.
El texto enviado por el Poder Ejecutivo sólo exceptuaba de la regulación de las medidas cautelares aquellas decisiones del Estado que afectaran en forma directa la vida, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. El CELS propuso reemplazar esta formulación restrictiva por otra que incluyera la vida, condiciones de vida adecuada, la salud de la persona o un derecho de naturaleza alimentaria o relativos a la protección del ambiente, o derechos fundamentales de aquellos sobre quienes existe un fuerte interés en su protección, como los grupos en situación de vulnerabilidad, los trabajadores, los usuarios de servicios públicos. Cada partido meditará si esta enumeración colisiona con sus intereses electorales, siempre que no se equivoque al identificarlos. No parece que la base social del oficialismo vaya a verse perjudicada con las enmiendas que sugerimos, sino todo lo contrario.
El Secretario de Justicia aceptó suprimir el carácter directo de la afectación a la vida y agregó un calificativo que considera abarcador: la vida digna. También acordó hacer cargo al juez de la exigüidad del plazo cautelar, obligándolo a apurar el trámite, y limitar la restricción a las medidas gremiales a aquellos casos en que afecten servicios esenciales, se hayan dictado sin preaviso o desoigan la conciliación obligatoria.
Seguimos pensando que la formulación que presentó el CELS y que es compartida por otras organizaciones y referentes de justicia legítima es la que mejor disipa cualquier equívoco e impide que esa justicia que el gobierno llama corporativa pueda utilizar esta ley en contra de los sectores más vulnerables, y valoramos tanto la actitud de la oposición que esta vez no se rehusó a participar, como la del oficialismo que admitió reformular su texto.
Nuestra preocupación es blindar una ley justa y necesaria, de modo que cierre los caminos al abuso habitual que hacen los poderes fácticos en contra del interés general y en cambio proteja a aquellos sectores cuyos derechos requieren la intervención activa del Estado. Con el mismo propósito sugerimos eliminar el artículo 19 del proyecto. Dicho en términos llanos, cerrar la posibilidad de que por la vía del amparo se cuelen intereses corporativos o pecuniarios de las grandes empresas.
Entendemos la reticencia de los funcionarios a conceder que la redacción original no reflejaba el propósito expresado por la presidente al anunciar la tan necesaria democratización de la justicia. Por eso, más que abrumar a los senadores con una retahíla de detalles técnicos (que pueden quedar para el debate académico al que invitamos al Secretario), celebramos la implícita rectificación y esperamos que durante la sesión de mañana los senadores mejoren la fórmula sobre las líneas que propusimos.
Desde el principio de la audiencia hasta las declaraciones posteriores formuladas a una prensa ávida exhortamos a desdramatizar la discusión. Ni este paquete solucionará todos los problemas de los sectores sociales más débiles en relación con la justicia (cosa que sigue pendiente), ni pondrá en peligro las instituciones de la República, como gustan decir algunos dirigentes que ocuparon cargos durante el Estado Terrorista o que, como funcionarios de gobiernos constitucionales, obstaculizaron el proceso de justicia por los crímenes cometidos bajo la dictadura.
Como organismo que desde hace tres décadas utiliza las medidas cautelares en defensa de los derechos humanos, y que en la última década ha formulado aportes que incidieron en algunas de las decisiones mejor evaluadas en materia de reforma judicial, no llevamos al Senado un discurso de barricada ni de campaña electoral. Antes que ópera italiana o tragedia española, reclamamos revisión meditada de puntos, comas y palabras, con conocimiento de los instrumentos jurídicos internos e internacionales, para llegar a una ley mejor, en función de un objetivo compartido y legítimo.
Es una pena que la cobertura mediática se haya centrado en mi intercambio de opiniones con el Secretario de Justicia, pasando por alto lo principal y dirigiéndose a un aspecto anecdótico y menor. Es evidente que defienden intereses no explicitados y ajenos a los de sus lectores. Mañana, cuando el proyecto comience a debatirse en el recinto se verá hasta qué punto fue útil la audiencia, a la que asistieron los representantes de todas las fuerzas políticas con asiento en el Senado, cuyos aportes fueron constructivos.
El texto enviado por el Poder Ejecutivo sólo exceptuaba de la regulación de las medidas cautelares aquellas decisiones del Estado que afectaran en forma directa la vida, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. El CELS propuso reemplazar esta formulación restrictiva por otra que incluyera la vida, condiciones de vida adecuada, la salud de la persona o un derecho de naturaleza alimentaria o relativos a la protección del ambiente, o derechos fundamentales de aquellos sobre quienes existe un fuerte interés en su protección, como los grupos en situación de vulnerabilidad, los trabajadores, los usuarios de servicios públicos. Cada partido meditará si esta enumeración colisiona con sus intereses electorales, siempre que no se equivoque al identificarlos. No parece que la base social del oficialismo vaya a verse perjudicada con las enmiendas que sugerimos, sino todo lo contrario.
El Secretario de Justicia aceptó suprimir el carácter directo de la afectación a la vida y agregó un calificativo que considera abarcador: la vida digna. También acordó hacer cargo al juez de la exigüidad del plazo cautelar, obligándolo a apurar el trámite, y limitar la restricción a las medidas gremiales a aquellos casos en que afecten servicios esenciales, se hayan dictado sin preaviso o desoigan la conciliación obligatoria.
Seguimos pensando que la formulación que presentó el CELS y que es compartida por otras organizaciones y referentes de justicia legítima es la que mejor disipa cualquier equívoco e impide que esa justicia que el gobierno llama corporativa pueda utilizar esta ley en contra de los sectores más vulnerables, y valoramos tanto la actitud de la oposición que esta vez no se rehusó a participar, como la del oficialismo que admitió reformular su texto.
Nuestra preocupación es blindar una ley justa y necesaria, de modo que cierre los caminos al abuso habitual que hacen los poderes fácticos en contra del interés general y en cambio proteja a aquellos sectores cuyos derechos requieren la intervención activa del Estado. Con el mismo propósito sugerimos eliminar el artículo 19 del proyecto. Dicho en términos llanos, cerrar la posibilidad de que por la vía del amparo se cuelen intereses corporativos o pecuniarios de las grandes empresas.
Entendemos la reticencia de los funcionarios a conceder que la redacción original no reflejaba el propósito expresado por la presidente al anunciar la tan necesaria democratización de la justicia. Por eso, más que abrumar a los senadores con una retahíla de detalles técnicos (que pueden quedar para el debate académico al que invitamos al Secretario), celebramos la implícita rectificación y esperamos que durante la sesión de mañana los senadores mejoren la fórmula sobre las líneas que propusimos.
