Según el Partido Liberal, las condiciones benéficas para las multinacionales dedicadas a la explotación de recursos rayan con el absurdo. / El Espectador
Si hay un tema que esté levantando ampolla, es la explotación de recursos no renovables por parte de las empresas multinacionales. Las críticas por las presuntas irregularidades en el pago de impuestos de renta y regalías, el negativo impacto ambiental en las áreas de explotación y las ya habituales protestas sociales a lo largo del país han causado que todas las miradas se vuelquen sobre la que es considerada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos como la principal locomotora para el desarrollo y la prosperidad: la minería.
Así lo entendió el Partido Liberal, que el jueves anunció que tomará como bandera política en el período legislativo que comienza el próximo 20 de marzo, el aumento de los recursos que recibe el país por concepto de explotación de minerales, para lo cual plantea modificar la forma como se calculan la renta de regalías y las exenciones tributarias que fueron entregadas durante el pasado gobierno con el fin de incentivar la inversión extranjera.
Un tema que, como dicen en los corrillos políticos, es “taquillero” y los mantendrá como principales protagonistas en la Unidad Nacional, después de que en la primera parte del gobierno Santos asumieron e impulsaron las leyes de Víctimas y Restitución de Tierras y la de Primer Empleo, ya aprobadas.
Al lanzar esta nueva bandera política, el presidente del liberalismo y de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, advirtió: “Hemos observado con gran preocupación una serie de fenómenos que vienen ocurriendo en materia de regalías. El esquema con el que funciona el país fue implementado a finales de los años 90, una época en la que los problemas de seguridad eran evidentes y el precio internacional del petróleo, el carbón, el oro y los demás recursos mineros era muy inferior al actual. Es el momento de revaluar este modelo”.
El estudio que realizó el Partido para consolidar esta propuesta, que le será planteada al presidente Santos el lunes próximo en la reunión de la Mesa de Unidad Nacional, revela que el país podría aumentar el recaudo a por lo menos $20 billones.
De acuerdo con las proyecciones realizadas por Simón Gaviria, Colombia recibe actualmente $14 billones de regalías por extracción y “esperamos que el recaudo aumente a 20 ó 25 billones”.
Así las cosas, no sólo se espera un fuerte pulso en materia tributaria, sino también política, pues la propuesta del liberalismo va en contravía de uno de los principales planteamientos del expresidente Álvaro Uribe: el que ha denominado como “el huevito de la confianza inversionista”. Una disputa que se sumaría a la que se dio durante el trámite de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, iniciativa a la que se oponía radicalmente el exmandatario.
Precisamente el presidente del Partido Conservador, senador Efraín Cepeda, manifestó sus dudas frente a la propuesta: “De entrada me genera muchas preocupaciones, por la posibilidad de que un sector de la economía que está produciendo constantes ingresos para el Estado se desestimule. Debemos mirar con rigor el tema de la estabilidad de las empresas que están invirtiendo en el país y creo que en este momento podemos desafinar la principal locomotora de la economía, que está respondiendo en gran medida por la meta de inversión extranjera, que es de US$16 mil millones”.
Sin duda, más allá de las implicaciones políticas de este nuevo ‘caballito de batalla’ del Partido Liberal está el impacto que puede generar en el recaudo por concepto de renta para el Gobierno central.
Y es que, según el jefe del liberalismo, las condiciones benéficas para las multinacionales dedicadas a la explotación de recursos rayaban con el absurdo: “Una empresa minera de carbón paga sólo 4% de impuestos sobre sus ingresos y un asalariado promedio debe pagar cerca del 5,8%”. A estos inexplicables beneficios se les suma que desde 2005 la DIAN califica las regalías como un costo y, por tanto, pueden deducirlas del impuesto de renta.
Por este concepto se ha reducido de manera significativa la carga tributaria del sector, en particular en casos como el carbón, donde para las empresas extractoras se redujo de 7,8% en 2004 a 4% en 2010, es decir, una caída proporcional cercana al 50%, generando una reducción de ingresos cercana a los $2,9 billones anuales.
En una reciente entrevista con El Espectador, el presidente de la canadiense Anglo Gold Ashanti, Rafael Hertz —principal exploradora de predios para la explotación de metales preciosos— advirtió: “Hay que discutirlo y demostrar técnicamente qué se puede hacer. El país lo que podría terminar haciendo, al incrementar las regalías, es perderlas. Poder distribuir la mermelada más equitativamente, de lo que habla el ministro de Hacienda, podría terminar en una desilusión al no tener mermelada. Eso no está en la mente de nadie”.
De hecho, la posibilidad de incrementar los impuestos para la explotación minera no es una novedad y ya había sido abordada en el primer Congreso Anual de Minería a Gran Escala, realizado hacia finales de febrero pasado. Allí el ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, dijo que “es necesario revisar la situación de cada sector” y recordó que “muchos de los grandes proyectos mineros apenas están en fase exploratoria, por lo que considero prematuro adoptar este tipo de medidas”.
De igual forma, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Alejandro Martínez, ha dicho que lo más importante en momentos de auge en inversión en el sector es preservar la estabilidad normativa. “Estos incrementos en las cargas impositivas amenazan las proyecciones de crecimiento económico del país y se ponen a riesgo los ingresos fiscales futuros por impuestos y regalías”, señaló.
Claudia Jiménez, vocera del Sector de la Minería de Gran Escala, explicó que las modificaciones al régimen tributario “impactan gravemente la estabilidad de las reglas, la igualdad de trato con respecto al resto de los sectores de la economía y, en general, la competitividad de Colombia como destino de inversión”.
Pero al mismo tiempo hay voces que respaldan la idea del Partido Liberal. Como la del exministro del Medio Ambiente Manuel Rodríguez, quien cree que es absurdo que hoy el oro suba y el pago de regalías siga siendo el mismo. “Es absolutamente urgente esa reforma (…) además, si se piensa en algo serio, debería abordarse el tema de las compensaciones ambientales por el daño que hace la actividad minera. Eso está perdido en la legislación colombiana”, enfatizó.
Sin duda, la propuesta liberal desencadenará posiciones encontradas, pero en el interior del Partido saben que es de interés general y en esto ha sido importante el aporte del nuevo integrante del liberalismo, Héctor Riveros, exmiembro del Partido Verde, quien está detrás de la estrategia de los rojos para seguir siendo protagonista de primer orden en el escenario político nacional. Riveros se dio a la tarea de detectar el impacto que ha generado en el país el tema de la minería, uno de los principales tópicos en las redes sociales. Falta ver si el presidente Santos le jala a la idea.
Si hay un tema que esté levantando ampolla, es la explotación de recursos no renovables por parte de las empresas multinacionales. Las críticas por las presuntas irregularidades en el pago de impuestos de renta y regalías, el negativo impacto ambiental en las áreas de explotación y las ya habituales protestas sociales a lo largo del país han causado que todas las miradas se vuelquen sobre la que es considerada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos como la principal locomotora para el desarrollo y la prosperidad: la minería.
Así lo entendió el Partido Liberal, que el jueves anunció que tomará como bandera política en el período legislativo que comienza el próximo 20 de marzo, el aumento de los recursos que recibe el país por concepto de explotación de minerales, para lo cual plantea modificar la forma como se calculan la renta de regalías y las exenciones tributarias que fueron entregadas durante el pasado gobierno con el fin de incentivar la inversión extranjera.
Un tema que, como dicen en los corrillos políticos, es “taquillero” y los mantendrá como principales protagonistas en la Unidad Nacional, después de que en la primera parte del gobierno Santos asumieron e impulsaron las leyes de Víctimas y Restitución de Tierras y la de Primer Empleo, ya aprobadas.
Al lanzar esta nueva bandera política, el presidente del liberalismo y de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, advirtió: “Hemos observado con gran preocupación una serie de fenómenos que vienen ocurriendo en materia de regalías. El esquema con el que funciona el país fue implementado a finales de los años 90, una época en la que los problemas de seguridad eran evidentes y el precio internacional del petróleo, el carbón, el oro y los demás recursos mineros era muy inferior al actual. Es el momento de revaluar este modelo”.
El estudio que realizó el Partido para consolidar esta propuesta, que le será planteada al presidente Santos el lunes próximo en la reunión de la Mesa de Unidad Nacional, revela que el país podría aumentar el recaudo a por lo menos $20 billones.
De acuerdo con las proyecciones realizadas por Simón Gaviria, Colombia recibe actualmente $14 billones de regalías por extracción y “esperamos que el recaudo aumente a 20 ó 25 billones”.
Así las cosas, no sólo se espera un fuerte pulso en materia tributaria, sino también política, pues la propuesta del liberalismo va en contravía de uno de los principales planteamientos del expresidente Álvaro Uribe: el que ha denominado como “el huevito de la confianza inversionista”. Una disputa que se sumaría a la que se dio durante el trámite de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, iniciativa a la que se oponía radicalmente el exmandatario.
Precisamente el presidente del Partido Conservador, senador Efraín Cepeda, manifestó sus dudas frente a la propuesta: “De entrada me genera muchas preocupaciones, por la posibilidad de que un sector de la economía que está produciendo constantes ingresos para el Estado se desestimule. Debemos mirar con rigor el tema de la estabilidad de las empresas que están invirtiendo en el país y creo que en este momento podemos desafinar la principal locomotora de la economía, que está respondiendo en gran medida por la meta de inversión extranjera, que es de US$16 mil millones”.
Sin duda, más allá de las implicaciones políticas de este nuevo ‘caballito de batalla’ del Partido Liberal está el impacto que puede generar en el recaudo por concepto de renta para el Gobierno central.
Y es que, según el jefe del liberalismo, las condiciones benéficas para las multinacionales dedicadas a la explotación de recursos rayaban con el absurdo: “Una empresa minera de carbón paga sólo 4% de impuestos sobre sus ingresos y un asalariado promedio debe pagar cerca del 5,8%”. A estos inexplicables beneficios se les suma que desde 2005 la DIAN califica las regalías como un costo y, por tanto, pueden deducirlas del impuesto de renta.
Por este concepto se ha reducido de manera significativa la carga tributaria del sector, en particular en casos como el carbón, donde para las empresas extractoras se redujo de 7,8% en 2004 a 4% en 2010, es decir, una caída proporcional cercana al 50%, generando una reducción de ingresos cercana a los $2,9 billones anuales.
En una reciente entrevista con El Espectador, el presidente de la canadiense Anglo Gold Ashanti, Rafael Hertz —principal exploradora de predios para la explotación de metales preciosos— advirtió: “Hay que discutirlo y demostrar técnicamente qué se puede hacer. El país lo que podría terminar haciendo, al incrementar las regalías, es perderlas. Poder distribuir la mermelada más equitativamente, de lo que habla el ministro de Hacienda, podría terminar en una desilusión al no tener mermelada. Eso no está en la mente de nadie”.
De hecho, la posibilidad de incrementar los impuestos para la explotación minera no es una novedad y ya había sido abordada en el primer Congreso Anual de Minería a Gran Escala, realizado hacia finales de febrero pasado. Allí el ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, dijo que “es necesario revisar la situación de cada sector” y recordó que “muchos de los grandes proyectos mineros apenas están en fase exploratoria, por lo que considero prematuro adoptar este tipo de medidas”.
De igual forma, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Alejandro Martínez, ha dicho que lo más importante en momentos de auge en inversión en el sector es preservar la estabilidad normativa. “Estos incrementos en las cargas impositivas amenazan las proyecciones de crecimiento económico del país y se ponen a riesgo los ingresos fiscales futuros por impuestos y regalías”, señaló.
Claudia Jiménez, vocera del Sector de la Minería de Gran Escala, explicó que las modificaciones al régimen tributario “impactan gravemente la estabilidad de las reglas, la igualdad de trato con respecto al resto de los sectores de la economía y, en general, la competitividad de Colombia como destino de inversión”.
Pero al mismo tiempo hay voces que respaldan la idea del Partido Liberal. Como la del exministro del Medio Ambiente Manuel Rodríguez, quien cree que es absurdo que hoy el oro suba y el pago de regalías siga siendo el mismo. “Es absolutamente urgente esa reforma (…) además, si se piensa en algo serio, debería abordarse el tema de las compensaciones ambientales por el daño que hace la actividad minera. Eso está perdido en la legislación colombiana”, enfatizó.
Sin duda, la propuesta liberal desencadenará posiciones encontradas, pero en el interior del Partido saben que es de interés general y en esto ha sido importante el aporte del nuevo integrante del liberalismo, Héctor Riveros, exmiembro del Partido Verde, quien está detrás de la estrategia de los rojos para seguir siendo protagonista de primer orden en el escenario político nacional. Riveros se dio a la tarea de detectar el impacto que ha generado en el país el tema de la minería, uno de los principales tópicos en las redes sociales. Falta ver si el presidente Santos le jala a la idea.
