Los encuestadores dicen que los números de la popularidad presidencial se despeñan rápidamente. Los maestros hicieron ayer el primer y masivo paro nacional en muchos años. Están más ofuscados por los reproches de Cristina Kirchner que por los resultados de la paritaria docente. Hugo Moyano anunció que hará una huelga nacional si el Gobierno lo obligara a eso, aunque no precisó por qué ni cuándo se sentirá obligado.
En ese contexto, en el que la política le escatima buenas noticias a la jefa del Estado, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, pronunció un duro discurso para abrir el año judicial. Fue un contradiscurso respecto del reciente e interminable mensaje de la Presidenta en el Congreso, interpretaron altas fuentes judiciales.
Lorenzetti se convirtió en la primera jerarquía del Estado en referirse públicamente al escándalo que envuelve al vicepresidente Amado Boudou por la opacidad y las denuncias que rodean la compra de la ex Ciccone Calcográfica. «Todos somos iguales ante la ley», subrayó. Puede parecer una obviedad, aunque no lo es en la Argentina. Funcionarios de la Corte confirmaron que el presidente del máximo tribunal del país aludió al caso Boudou y no a cualquier caso.
La decisión de Lorenzetti significa un nítido contraste con la estrategia de la Presidenta, que nunca se refirió a las denuncias que afectan seriamente la credibilidad de su vice.
Lorenzetti dijo también que el Estado tiene la obligación de controlar la seguridad del transporte público y que los concesionarios deben tratar bien a los usuarios. Por primera vez desde que pronuncia esta clase de mensajes el presidente de la Corte leyó el texto de una anterior resolución del tribunal para respaldar sus palabras de ahora. Se trata de una disposición de 2008 en la que ordenaba al Estado un estricto seguimiento de la seguridad de los ferrocarriles. El caso de entonces fue disparado por un accidente en el subterráneo de la Capital, pero la resolución mencionó al «transporte ferroviario» en general. Es imposible no asociar esos párrafos de su discurso con la reciente tragedia de Once, sobre la que la Presidenta no hizo ninguna autocrítica ni despidió a ningún funcionario ni sancionó a los concesionarios.
Cristina Kirchner no sólo ha vuelto a los discursos crispados; también regresó al estilo de hablar ácidamente del periodismo. Lo ha hecho en los tres discursos posteriores a la devastación de Once. Les está dando la razón a los encuestadores, porque ésa es su clásica reacción cuando las cosas no marchan bien. Lorenzetti lanzó ayer una posición absolutamente contraria: «No se puede perseguir desde el Estado al que piensa diferente», disparó, y luego agregó que la crítica debe ser tolerada aun cuando no les guste a los destinatarios de las críticas. Es un precedente importante que el más alto representante del Poder Judicial acepte de hecho que existen casos de persecución del Estado por expresar una opinión o una idea contraria al pensamiento gobernante. Se sabía que la persecución existía, pero nadie lo había dicho antes desde un empinado escalafón del Estado.
Lorenzetti eludió el reflejo corporativo y pegó también hacia dentro de la Justicia. Bregó por la imparcialidad de los jueces, ya sea que estén en juego poderosos empresarios o el propio Estado. Los jueces Norberto Oyarbide y Claudio Bonadio, a quienes no nombró, fueron aludidos, dijeron cerca de Lorenzetti. Oyarbide dio en los últimos días un paso atrás en el escándalo de Boudou, investigación con la que se quería quedar por una vieja e inverosímil denuncia de un ex carapintada, que el propio Oyarbide había archivado por inconsistente. Ahora se declaró incompetente y el caso quedó en manos del juez Daniel Rafecas. Bonadio prohibió la salida del país al mismo funcionario, Juan Pablo Schiavi, al que 48 horas antes había aceptado como querellante en nombre del Estado. Otro paso atrás. Sin embargo, es improbable que los dos jueces hayan retrocedido porque conocieran de antemano el discurso de Lorenzetti. No lo conocían. «Ellos sintieron la presión de la sociedad y evaluaron que era mejor tomar distancia del Gobierno», explicaron fuentes judiciales. Muchos jueces han actuado siempre más como políticos que como jueces.
No carecen de olfato político. Siempre han sabido hurgar en las contraseñas del futuro. Varios encuestadores serios coinciden en que todos los números que antes halagaban a Cristina Kirchner ahora están cayendo por una pendiente cuyo fondo se desconoce. La Presidenta está ya por debajo del 50 por ciento de aceptación social, aunque no pueden precisar si está más cerca del 50 o del 40 por ciento. Eso se sabrá en los próximos días. Cristina llegó a rondar el 70 por ciento de popularidad hace menos de tres meses, cuando asumió su segundo mandato. Demasiado capital político dilapidado en muy poco tiempo. «Podría ser peor, pero a ella la beneficia todavía el default de la oposición», explicó un analista de opinión pública.
En la Capital está mucho peor. No es una novedad, porque los porteños siempre le fueron reticentes. Según esas mediciones, a Cristina Kirchner la perjudicó más la decisión de su ministra de Seguridad, Nilda Garré, de sacarles la policía a los subtes que el conflicto político con Mauricio Macri por quién controlará esos trenes. Con todo, aún no se ha medido seriamente al Gobierno luego de la tragedia de Once, de las tarifas sin subsidios, de la inflación creciente y de las malas e inevitables consecuencias del cierre de las importaciones. Ningún encuestador es optimista sobre la futura popularidad de la Presidenta.
Cristina Kirchner ha cometido muchos errores en los últimos tiempos. Cubrió a sus funcionarios frente a la muerte y la mutilación de Once cuando podría haberse mostrado más cerca de las víctimas. Hubiera conseguido mucho con muy poco. Denostó a los maestros, que integran un núcleo social mucho más amplio que la ya numerosa nómina de docentes. Estos tienen influencia en las familias de los alumnos y en sus propias familias, influencias que, en muchos casos, no dejaron de ejercer durante la jornada de ayer.
Es cierto que la Presidenta camina por un desfiladero muy angosto. La paritaria de los maestros es siempre la primera del año. Si los maestros superaran el 22% de aumento salarial, ¿qué podría esperarse de los camioneros, de los metalúrgicos, de los albañiles o de los vendedores? Aumentos desorbitados desembocarían en índices más altos de inflación. A su vez, la conflictividad de los trabajadores aparece siempre cuando preexiste la inflación. Es la imposible cuadratura del círculo. En ese laberinto sin salida a la vista, aparecieron la Corte, para explayar un discurso diferente del relato oficial, y los encuestadores, para advertir que ya no hay mucho margen para cometer más errores..
En ese contexto, en el que la política le escatima buenas noticias a la jefa del Estado, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, pronunció un duro discurso para abrir el año judicial. Fue un contradiscurso respecto del reciente e interminable mensaje de la Presidenta en el Congreso, interpretaron altas fuentes judiciales.
Lorenzetti se convirtió en la primera jerarquía del Estado en referirse públicamente al escándalo que envuelve al vicepresidente Amado Boudou por la opacidad y las denuncias que rodean la compra de la ex Ciccone Calcográfica. «Todos somos iguales ante la ley», subrayó. Puede parecer una obviedad, aunque no lo es en la Argentina. Funcionarios de la Corte confirmaron que el presidente del máximo tribunal del país aludió al caso Boudou y no a cualquier caso.
La decisión de Lorenzetti significa un nítido contraste con la estrategia de la Presidenta, que nunca se refirió a las denuncias que afectan seriamente la credibilidad de su vice.
Lorenzetti dijo también que el Estado tiene la obligación de controlar la seguridad del transporte público y que los concesionarios deben tratar bien a los usuarios. Por primera vez desde que pronuncia esta clase de mensajes el presidente de la Corte leyó el texto de una anterior resolución del tribunal para respaldar sus palabras de ahora. Se trata de una disposición de 2008 en la que ordenaba al Estado un estricto seguimiento de la seguridad de los ferrocarriles. El caso de entonces fue disparado por un accidente en el subterráneo de la Capital, pero la resolución mencionó al «transporte ferroviario» en general. Es imposible no asociar esos párrafos de su discurso con la reciente tragedia de Once, sobre la que la Presidenta no hizo ninguna autocrítica ni despidió a ningún funcionario ni sancionó a los concesionarios.
Cristina Kirchner no sólo ha vuelto a los discursos crispados; también regresó al estilo de hablar ácidamente del periodismo. Lo ha hecho en los tres discursos posteriores a la devastación de Once. Les está dando la razón a los encuestadores, porque ésa es su clásica reacción cuando las cosas no marchan bien. Lorenzetti lanzó ayer una posición absolutamente contraria: «No se puede perseguir desde el Estado al que piensa diferente», disparó, y luego agregó que la crítica debe ser tolerada aun cuando no les guste a los destinatarios de las críticas. Es un precedente importante que el más alto representante del Poder Judicial acepte de hecho que existen casos de persecución del Estado por expresar una opinión o una idea contraria al pensamiento gobernante. Se sabía que la persecución existía, pero nadie lo había dicho antes desde un empinado escalafón del Estado.
Lorenzetti eludió el reflejo corporativo y pegó también hacia dentro de la Justicia. Bregó por la imparcialidad de los jueces, ya sea que estén en juego poderosos empresarios o el propio Estado. Los jueces Norberto Oyarbide y Claudio Bonadio, a quienes no nombró, fueron aludidos, dijeron cerca de Lorenzetti. Oyarbide dio en los últimos días un paso atrás en el escándalo de Boudou, investigación con la que se quería quedar por una vieja e inverosímil denuncia de un ex carapintada, que el propio Oyarbide había archivado por inconsistente. Ahora se declaró incompetente y el caso quedó en manos del juez Daniel Rafecas. Bonadio prohibió la salida del país al mismo funcionario, Juan Pablo Schiavi, al que 48 horas antes había aceptado como querellante en nombre del Estado. Otro paso atrás. Sin embargo, es improbable que los dos jueces hayan retrocedido porque conocieran de antemano el discurso de Lorenzetti. No lo conocían. «Ellos sintieron la presión de la sociedad y evaluaron que era mejor tomar distancia del Gobierno», explicaron fuentes judiciales. Muchos jueces han actuado siempre más como políticos que como jueces.
No carecen de olfato político. Siempre han sabido hurgar en las contraseñas del futuro. Varios encuestadores serios coinciden en que todos los números que antes halagaban a Cristina Kirchner ahora están cayendo por una pendiente cuyo fondo se desconoce. La Presidenta está ya por debajo del 50 por ciento de aceptación social, aunque no pueden precisar si está más cerca del 50 o del 40 por ciento. Eso se sabrá en los próximos días. Cristina llegó a rondar el 70 por ciento de popularidad hace menos de tres meses, cuando asumió su segundo mandato. Demasiado capital político dilapidado en muy poco tiempo. «Podría ser peor, pero a ella la beneficia todavía el default de la oposición», explicó un analista de opinión pública.
En la Capital está mucho peor. No es una novedad, porque los porteños siempre le fueron reticentes. Según esas mediciones, a Cristina Kirchner la perjudicó más la decisión de su ministra de Seguridad, Nilda Garré, de sacarles la policía a los subtes que el conflicto político con Mauricio Macri por quién controlará esos trenes. Con todo, aún no se ha medido seriamente al Gobierno luego de la tragedia de Once, de las tarifas sin subsidios, de la inflación creciente y de las malas e inevitables consecuencias del cierre de las importaciones. Ningún encuestador es optimista sobre la futura popularidad de la Presidenta.
Cristina Kirchner ha cometido muchos errores en los últimos tiempos. Cubrió a sus funcionarios frente a la muerte y la mutilación de Once cuando podría haberse mostrado más cerca de las víctimas. Hubiera conseguido mucho con muy poco. Denostó a los maestros, que integran un núcleo social mucho más amplio que la ya numerosa nómina de docentes. Estos tienen influencia en las familias de los alumnos y en sus propias familias, influencias que, en muchos casos, no dejaron de ejercer durante la jornada de ayer.
Es cierto que la Presidenta camina por un desfiladero muy angosto. La paritaria de los maestros es siempre la primera del año. Si los maestros superaran el 22% de aumento salarial, ¿qué podría esperarse de los camioneros, de los metalúrgicos, de los albañiles o de los vendedores? Aumentos desorbitados desembocarían en índices más altos de inflación. A su vez, la conflictividad de los trabajadores aparece siempre cuando preexiste la inflación. Es la imposible cuadratura del círculo. En ese laberinto sin salida a la vista, aparecieron la Corte, para explayar un discurso diferente del relato oficial, y los encuestadores, para advertir que ya no hay mucho margen para cometer más errores..
