EL PAIS › OPINION
Por Martín Sabbatella *
La nota que el periodista Adrián Ventura publicó el martes último en La Nación bajo el título Ley de medios: cómo podría cambiar la oferta de TV según cuál sea el fallo de la Corte incurre en un sinnúmero de falsedades, en peligrosa sintonía con el objetivo del Grupo Clarín de engañar y atemorizar a usuarios y trabajadores.
Dice el periodista que la aplicación de la ley 26.522 obligará a los argentinos a no ver más Telenoche o el programa de Jorge Lanata. Es mentira. La aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no obligará a nadie a sacar un programa del aire o a rescindirle el contrato a ningún periodista. Esta norma regula el mercado audiovisual y no interviene en los contenidos de los medios, los cuales son decididos por los licenciatarios. Ventura, Lanata, María Laura Santillán o cualquier periodista empleado en El Trece podrán seguir trabajando allí o en los medios que quieran, sin que ninguna ley se los impida. Y podrán decir lo que se les ocurra, en pleno ejercicio de sus derechos democráticos.
Si la Corte Suprema de Justicia confirma, tal como esperamos, la constitucionalidad de la ley, el Grupo Clarín al igual que el resto de las empresas que se excede de los límites permitidos deberá desprenderse de algunas de las licencias que explota. No podrá, por ejemplo, tener en una misma ciudad un servicio de cable y una señal de aire, como ocurre en Capital Federal con Cablevisión y El Trece. Esa es una incompatibilidad que los legisladores y legisladoras de la Nación consideraron razonable, así como en Estados Unidos, por ejemplo, los representantes del pueblo entendieron razonable que un propietario de un medio gráfico no pueda tener un canal de televisión.
De acuerdo con la ley de medios de la democracia, el Grupo Clarín podría conservar El Trece, Radio Mitre, FM 100 y otras siete señales más de radio o televisión que utilizan espectro radioeléctrico. Además, podría explotar sistemas de cable en 24 ciudades del país (más extensiones a localidades con menor población) sin la superposición mencionada en el párrafo anterior y sin excederse del 35 por ciento del mercado. Más adelante, ampliaré sobre estos límites, pero primero la cuestión de la restricción legal a la superposición de señal de aire con sistema de cable en un mismo distrito.
Si aquella corporación empresaria retuviera El Trece, otra firma se haría cargo de la licencia del sistema de televisión por cable que hoy presta Cablevisión en Buenos Aires. Es decir: en ningún caso el cambio de titularidad de una licencia significa que los usuarios se queden sin servicio y sin una oferta cada vez más amplia y plural de señales.
Asimismo, si el Grupo Clarín siguiera administrando Cablevisión en Buenos Aires, sería otro el titular de la licencia de la señal de televisión canal Trece. Y esa empresa elegiría su programación con la misma libertad y las mismas obligaciones que hoy tiene el multimedios Clarín. Ni la Afsca ni ninguna dependencia del Estado tienen ni tendrán ninguna injerencia en los contenidos de las señales de televisión o radio. Siempre son los licenciatarios quienes tienen la decisión acerca de la programación de un canal o de qué señales están en la grilla de un sistema de cable, más allá de los establecidos por ley.
Decir que un canal de aire o de cable podría desaparecer con la aplicación de la ley de la democracia (amén de la utilización alevosa de ese verbo tan doloroso para los argentinos y argentinas) es una afrenta, más que a la verdad, a la inteligencia de los lectores y lectoras de La Nación. Que una licencia deba cambiar de propietario porque el actual posee un número excesivo y condicionante del mercado no significa en absoluto la desaparición de la emisora. La afirmación es tan falsa como lo sería indicar que una autopista dejaría de existir si cambia el concesionario. Sólo la manipulación, el engaño y el temor infundados por el Grupo Clarín justifican que debamos repetir tantas veces lo obvio.
Límites democráticos
En el artículo también se afirma que los límites a las licencias no se sujetaron a ningún estudio previo. Es falso. La ley es consecuencia de numerosas variables que no se mencionan en el artículo de Ventura. Por un lado, luego de 26 años de democracia se sancionó una ley que puso fin al decreto 22.285/80 que llevaba la firma de Videla y Martínez de Hoz. Amén del control fascista que la dictadura hizo de los medios y los periodistas (control que se avaló, por ejemplo, desde las páginas de Clarín y La Nación), esa norma y las sucesivas resoluciones dictadas por el presidente Carlos Menem favorecieron la concentración que hoy padecemos.
La ley 26.522 vino a poner fin a las tendencias monopólicas y las posiciones dominantes del mercado. Pero, además, inspirada en las mejores legislaciones del mundo, esta ley fue consecuencia de un mapa real de medios que había cambiado fuertemente desde la recuperación democrática. Miles de radios AM, FM y canales de baja potencia fueron surgiendo en el territorio de todo el país, impulsados por cooperativas, organizaciones sociales y políticas, movimientos de base, pueblos originarios, pequeños empresarios y cientos de argentinos y argentinas que querían y quieren tener derecho a expresarse en libertad.
Una ley que busca equilibrar el mercado audiovisual, incorporando diversidad y pluralismo, garantizando que muchos más tengan los derechos que hasta entonces pocos tenían, necesita indudablemente del establecimiento de límites, de la fijación de topes a la cantidad de licencias que una misma empresa o un mismo particular puede tener. De eso se trata cualquier legislación antimonopólica en el mundo. Esos límites establecidos en nuestra ley fueron propuestos y respaldados en más de 50 foros populares, en audiencias públicas convocadas por el Congreso de la Nación y en el debate parlamentario en ambas cámaras, para luego ser aprobados por inmensa mayoría de diputados y senadores del oficialismo y la oposición. Son, como mencioné, un remedio para la concentración mediática que existe en el país, inspirado en vasta legislación internacional y que ha logrado el reconocimiento nada menos que del relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank La Rue.
De victimario a víctima
Ventura señala también que si la Corte Suprema convalidara el límite de 24 licencias de cable los habitantes de 134 ciudades se verían privados de Cablevisión, que hoy llega a 158 localidades y que si avalara el tope del 35 por ciento del mercado miles de usuarios se deberían desconectar del servicio de esa empresa. Se pretende que el lector imagine su vida sin televisión por cable, que se figure sentado frente a una pantalla apagada o sin señales. Clarín ha infundido este temor desde el primer momento en el que se empezó a discutir el proyecto en los foros populares. Otra vez: los servicios que debe dejar de prestar una empresa para adecuarse a los límites establecidos por la ley serán prestados por otra, sin afectar la vida cotidiana de ningún usuario del cable, que seguro no tiene idea ni le importa quiénes son los accionistas de tal o cual empresa.
En el país existen 709 licenciatarios que explotan en total 1117 licencias de servicios televisión por cable. Es decir, que el promedio por licenciatario es de 1,6. El Grupo Clarín posee 237 licencias, lo que significa 150 veces más que el promedio. Los métodos extorsivos que utilizó esa corporación empresaria para hacerse de esos sistemas de cable ya fueron largamente difundidos, así como las consecuencias económicas, sociales, laborales y personales que sufrieron cableros y trabajadores en numerosas localidades del país.
La Nación no se priva de acompañar la nota con una gran infografía, con cifras y logos del titán de los medios. Y, por supuesto, no falta la referencia a la afectación que tendría la aplicación de la ley de la democracia sobre los usuarios de Fibertel, aun cuando esta norma no regula internet y, consecuentemente, la Corte Suprema no tiene bajo su análisis ese aspecto.
De las pocas cosas ciertas que rodean la nota se rescata un título que se encuentra al margen: Un debate que excede al Grupo Clarín. Como lo dijimos, la ley 26.522 regula el mercado audiovisual. La centralidad de esa corporación en el debate tiene dos razones: por un lado, es el grupo empresario que más largamente excede los límites establecidos por el Congreso de la Nación, ejerciendo una posición dominante y hegemónica que una democracia amplia y plural no puede ni debe reproducir. Y en segundo lugar, se habla de Clarín porque es el único multimedios que se niega a cumplir la ley; el único que no presentó una propuesta de adecuación en los plazos establecidos y que obstaculizó, gracias a generosas medidas cautelares en la Justicia, la implementación de varios de sus artículos.
Con la aplicación integral de esta ley, el hombre de a pie, como lo llama Ventura, no sólo seguirá eligiendo en libertad los contenidos que le gustan, sino que podrá hacerlo con una oferta mayor de medios y de señales de televisión y radio.
Quienes luchamos desde siempre por la libertad de expresión y la pluralidad de voces, quienes nunca estuvimos al servicio de intereses corporativos ni crecimos al amparo de protecciones dictatoriales seguiremos luchando por ampliar y profundizar esta democracia, enfrentando con la verdad a quienes promueven el miedo y la mentira para mantener privilegios.
* Presidente de la Afsca.
