El fiscal federal Gustavo Vidal Lascano imputó ayer al intendente de Córdoba, Ramón Mestre, por defraudación calificada a la administración pública. El cargo es por el supuesto desvío de recursos, provenientes de los Subsidios Nacionales al Transporte, que le correspondían a la empresa Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado (Tamse) en favor de la UTE Ersa-Autobuses Santa Fe.
También fueron imputados el secretario de Transporte, César Ferreyra; su antecesor, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, y el presidente de la empresa Ersa, Juan Carlos Romero.
La causa se inició por una denuncia del concejal del Frente Cívico Daniel Juez. Ahora el juez Alejandro Sánchez Freytes debe tomar declaración indagatoria a los imputados y resolver si corresponden procesamientos. Ayer desde la Municipalidad de Córdoba nadie se refirió a la decisión judicial, puesto que no había sido notificada.
ANÁLISIS DE ROBERTO BATTAGLINO. Duro golpe a una gestión golpeada
La causa
En esencia, la denuncia indica que desde septiembre de 2013 y hasta marzo de 2014 la UTE Ersa-Autobuses Santa Fe –que tomó provisoriamente a su cargo los corredores de Tamse– había cobrado los subsidios nacionales y los cupos de gasoil correspondientes a ocho colectivos articulados que cumplen funciones en el servicio de trolebuses. Esa prestación siempre estuvo en manos de Tamse.
La denuncia de Daniel Juez recalcaba que declaraciones juradas con la firma del intendente Mestre informaban a la Nación que esos coches estaban en manos de la UTE y que por esa razón los privados se beneficiaban con unos 240 mil pesos mensuales que le correspondían a la empresa municipal.
El hecho fue admitido por la empresa Ersa. El 23 de abril pasado, en una solicitada publicada en este diario, la firma correntina admitió haber recibido esos subsidios correspondientes a unidades que seguían operando para Tamse, aunque informó que ya los había devuelto.
“LA UTE (Ersa-Autobuses Santa Fe) reintegró a Tamse los Subsidios Nacionales al Transporte ($ 1.581.148) y los cupos de gasoil (85.287 litros) percibidos a partir del día 1° de septiembre por ocho unidades articuladas gasoleras”, decía la solicitada.
Desde el municipio siempre se apeló al argumento de la confusión para explicar el hecho de que la UTE percibiera los subsidios que le correspondían a esas ocho unidades del servicio de trolebuses de Tamse. Por el contrario, ayer el concejal Juez consideró que ese supuesto desvío es apenas “la punta del iceberg” de una maniobra mucho más amplia en favor de la empresa correntina Ersa.
Desde la Fiscalía predominó la cautela. “Tenemos una denuncia desde marzo a partir de la cual se investigó y llegó a este resultado que es provisorio, porque cualquier persona es presumida de inocencia hasta que haya una sentencia firme”, explicó Vidal Lascano a radio Mitre Córdoba.
“La Municipalidad compareció por escrito. Valoramos eso y realizamos actividades investigatorias que nos llevan a esta resolución”, amplió el fiscal.
El intendente Mestre, el viceintendente Marcelo Cossar y el ex secretario privado, Juan Pablo Ostanelli, también fueron denunciados por dádivas por el senador Luis Juez, a causa de un viaje a Corrientes a una fiesta de la empresa Ersa, además propietaria de Lusa, que presta servicio de recolección de basura en media Capital. Esa causa está en la Fiscalía Anticorrupción de Hugo Amayusco.
Palabras que pesan
En abril pasado, en el marco de la causa CBI, el intendente Ramón Mestre dijo que si algún funcionario era imputado, debería apartarse del cargo.
También fueron imputados el secretario de Transporte, César Ferreyra; su antecesor, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, y el presidente de la empresa Ersa, Juan Carlos Romero.
La causa se inició por una denuncia del concejal del Frente Cívico Daniel Juez. Ahora el juez Alejandro Sánchez Freytes debe tomar declaración indagatoria a los imputados y resolver si corresponden procesamientos. Ayer desde la Municipalidad de Córdoba nadie se refirió a la decisión judicial, puesto que no había sido notificada.
ANÁLISIS DE ROBERTO BATTAGLINO. Duro golpe a una gestión golpeada
La causa
En esencia, la denuncia indica que desde septiembre de 2013 y hasta marzo de 2014 la UTE Ersa-Autobuses Santa Fe –que tomó provisoriamente a su cargo los corredores de Tamse– había cobrado los subsidios nacionales y los cupos de gasoil correspondientes a ocho colectivos articulados que cumplen funciones en el servicio de trolebuses. Esa prestación siempre estuvo en manos de Tamse.
La denuncia de Daniel Juez recalcaba que declaraciones juradas con la firma del intendente Mestre informaban a la Nación que esos coches estaban en manos de la UTE y que por esa razón los privados se beneficiaban con unos 240 mil pesos mensuales que le correspondían a la empresa municipal.
El hecho fue admitido por la empresa Ersa. El 23 de abril pasado, en una solicitada publicada en este diario, la firma correntina admitió haber recibido esos subsidios correspondientes a unidades que seguían operando para Tamse, aunque informó que ya los había devuelto.
“LA UTE (Ersa-Autobuses Santa Fe) reintegró a Tamse los Subsidios Nacionales al Transporte ($ 1.581.148) y los cupos de gasoil (85.287 litros) percibidos a partir del día 1° de septiembre por ocho unidades articuladas gasoleras”, decía la solicitada.
Desde el municipio siempre se apeló al argumento de la confusión para explicar el hecho de que la UTE percibiera los subsidios que le correspondían a esas ocho unidades del servicio de trolebuses de Tamse. Por el contrario, ayer el concejal Juez consideró que ese supuesto desvío es apenas “la punta del iceberg” de una maniobra mucho más amplia en favor de la empresa correntina Ersa.
Desde la Fiscalía predominó la cautela. “Tenemos una denuncia desde marzo a partir de la cual se investigó y llegó a este resultado que es provisorio, porque cualquier persona es presumida de inocencia hasta que haya una sentencia firme”, explicó Vidal Lascano a radio Mitre Córdoba.
“La Municipalidad compareció por escrito. Valoramos eso y realizamos actividades investigatorias que nos llevan a esta resolución”, amplió el fiscal.
El intendente Mestre, el viceintendente Marcelo Cossar y el ex secretario privado, Juan Pablo Ostanelli, también fueron denunciados por dádivas por el senador Luis Juez, a causa de un viaje a Corrientes a una fiesta de la empresa Ersa, además propietaria de Lusa, que presta servicio de recolección de basura en media Capital. Esa causa está en la Fiscalía Anticorrupción de Hugo Amayusco.
Palabras que pesan
En abril pasado, en el marco de la causa CBI, el intendente Ramón Mestre dijo que si algún funcionario era imputado, debería apartarse del cargo.
