08-09-1100:00
Fernando Straface Director ejecutivo de CIPPEC
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó hace algunos días el Plan Estratégico Agroalimentario 2020 (PEA), con el que se fija una meta de producción de 160 millones de toneladas de granos para alcanzar en los próximos 10 años.
Esta iniciativa puede contribuir a alinear la acción de gobierno y la articulación entre el sector público, los actores privados y los centros del conocimiento con objetivos a nivel país que trascienden a un gobierno específico. La discusión política debe promover caminos alternativos -políticas- para lograr esas metas, y mantener el carácter estratégico de los objetivos.
Un marco estratégico de resultados de gobierno se construye a partir de metas e indicadores de impacto económico y social que un presidente, un gobernador o cualquier autoridad pública desean alcanzar al final de su mandato. Con este mecanismo, el titular del Ejecutivo enuncia ante los actores políticos (el propio Gabinete y los bloques legislativos) y la opinión pública qué preocupa y de qué se ocupa el mandatario. Al mismo tiempo, supone un contrato con la sociedad. Colombia, Brasil, Costa Rica y México son buenos ejemplos de una institucionalidad asociada con el plan de gobierno de cada presidente.
Si bien esta no es una práctica arraigada en la mayoría de los gobiernos argentinos, a nivel provincial existen otros ejemplos destacables como el Plan Estratégico Agroalimentario. En Mendoza, el desarrollo de la industria vitivinícola se apoyó en un plan estratégico que arrancó en 1987 y fue continuado y perfeccionado por los sucesivos gobiernos. En la provincia de Tucumán se definieron lineamientos estratégicos para los próximos años que convergen con los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los que la provincia adhirió. La provincia de Salta aprobó recientemente un Plan Estratégico de Turismo sostenible con metas y provisión de recursos plurianuales. Y Santa Fe realizó una planificación estratégica provincial que incluyó la participación de los santafesinos.
El desafío es convertir los resultados del gobierno en un tema político relevante. Es deseable que cada año el presidente y/o el gobernador expliquen los principales compromisos gubernamentales y sus metas, y que el jefe de Gabinete y los ministros den cuenta de los avances en sus visitas al Congreso y/o la Legislatura provincial.
A nivel nacional, sería bueno que el Congreso se pregunte cómo rinde socialmente cada peso que se ejecuta del presupuesto. Para ello, es necesario que evalúe la propuesta presupuestaria del Poder Ejecutivo con un enfoque que priorice el retorno político, social y económico de cada posible destino de financiamiento. Mediante un Sistema Nacional de Evaluación de Políticas, la Jefatura de Gabinete de Ministros podría desarrollar auditorías de impacto de las prioridades presidenciales. Por su parte, la Secretaría de Gabinete debería impulsar en el conjunto de la administración un modelo de gestión por resultados que aliñe la producción del Estado con el plan de metas presidenciales.
En los últimos años, la Presidencia demostró una valorable capacidad de fijar la agenda pública, poder irrenunciable de un presidente. Sin embargo, esa fortaleza no tuvo un correlato de similar jerarquía en la enunciación de un marco de resultados de gobierno. Por eso, con el proyecto Agenda presidencial (www.agenda – presidencial .org), desde CIPPEC proponemos crear un plan estratégico de metas presidenciales con metas e indicadores de impacto que el mandatario busca alcanzar hacia el final de su gobierno. El próximo presidente puede avanzar en la modernización de la institución presidencial si plantea un plan de metas presidenciales y mejora la calidad del diálogo parlamentario a través del jefe de Gabinete y los ministros.
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Fernando Straface Director ejecutivo de CIPPEC
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó hace algunos días el Plan Estratégico Agroalimentario 2020 (PEA), con el que se fija una meta de producción de 160 millones de toneladas de granos para alcanzar en los próximos 10 años.
Esta iniciativa puede contribuir a alinear la acción de gobierno y la articulación entre el sector público, los actores privados y los centros del conocimiento con objetivos a nivel país que trascienden a un gobierno específico. La discusión política debe promover caminos alternativos -políticas- para lograr esas metas, y mantener el carácter estratégico de los objetivos.
Un marco estratégico de resultados de gobierno se construye a partir de metas e indicadores de impacto económico y social que un presidente, un gobernador o cualquier autoridad pública desean alcanzar al final de su mandato. Con este mecanismo, el titular del Ejecutivo enuncia ante los actores políticos (el propio Gabinete y los bloques legislativos) y la opinión pública qué preocupa y de qué se ocupa el mandatario. Al mismo tiempo, supone un contrato con la sociedad. Colombia, Brasil, Costa Rica y México son buenos ejemplos de una institucionalidad asociada con el plan de gobierno de cada presidente.
Si bien esta no es una práctica arraigada en la mayoría de los gobiernos argentinos, a nivel provincial existen otros ejemplos destacables como el Plan Estratégico Agroalimentario. En Mendoza, el desarrollo de la industria vitivinícola se apoyó en un plan estratégico que arrancó en 1987 y fue continuado y perfeccionado por los sucesivos gobiernos. En la provincia de Tucumán se definieron lineamientos estratégicos para los próximos años que convergen con los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los que la provincia adhirió. La provincia de Salta aprobó recientemente un Plan Estratégico de Turismo sostenible con metas y provisión de recursos plurianuales. Y Santa Fe realizó una planificación estratégica provincial que incluyó la participación de los santafesinos.
El desafío es convertir los resultados del gobierno en un tema político relevante. Es deseable que cada año el presidente y/o el gobernador expliquen los principales compromisos gubernamentales y sus metas, y que el jefe de Gabinete y los ministros den cuenta de los avances en sus visitas al Congreso y/o la Legislatura provincial.
A nivel nacional, sería bueno que el Congreso se pregunte cómo rinde socialmente cada peso que se ejecuta del presupuesto. Para ello, es necesario que evalúe la propuesta presupuestaria del Poder Ejecutivo con un enfoque que priorice el retorno político, social y económico de cada posible destino de financiamiento. Mediante un Sistema Nacional de Evaluación de Políticas, la Jefatura de Gabinete de Ministros podría desarrollar auditorías de impacto de las prioridades presidenciales. Por su parte, la Secretaría de Gabinete debería impulsar en el conjunto de la administración un modelo de gestión por resultados que aliñe la producción del Estado con el plan de metas presidenciales.
En los últimos años, la Presidencia demostró una valorable capacidad de fijar la agenda pública, poder irrenunciable de un presidente. Sin embargo, esa fortaleza no tuvo un correlato de similar jerarquía en la enunciación de un marco de resultados de gobierno. Por eso, con el proyecto Agenda presidencial (www.agenda – presidencial .org), desde CIPPEC proponemos crear un plan estratégico de metas presidenciales con metas e indicadores de impacto que el mandatario busca alcanzar hacia el final de su gobierno. El próximo presidente puede avanzar en la modernización de la institución presidencial si plantea un plan de metas presidenciales y mejora la calidad del diálogo parlamentario a través del jefe de Gabinete y los ministros.
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