ECONOMIA › RECLAMAN A EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGA QUE FRENEN EL COBRO DE COPAGOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS
Las prepagas culpan a “los prestadores” (médicos, laboratorios, etc.), que con sus exigencias “obligan” a cobrar los servicios.
El Gobierno instó a las prepagas a que frenen el cobro de copagos que esperaban aplicar desde el lunes. El secretario de Comercio, Augusto Costa, mantuvo una reunión ayer por la noche con las empresas, donde les planteó que “no hay razones para aplicar el copago”. Las prepagas se desmarcaron y echaron la culpa a las prestadoras. Acordaron que en la semana ambos sectores se reunirán con Costa. Las entidades de consumidores sostienen que la aplicación del copago es ilegal, violatorio de la Ley de Prepagas y de la Ley de Defensa del Consumidor en relación con las prestaciones médicas obligatorias, que establecen el piso asistencial mínimo. Esa consideración es independiente de la presencia de “reintegros”. La decisión unilateral de las empresas, entienden en el Gobierno, forma parte de un “mecanismo de presión” para lograr mayores aumentos en las cuotas. “No se legitimarán acuerdos gestados como jugadas políticas”, dijo la superintendenta de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld.
La tensión entre las prepagas y el Gobierno por la suba de la cuota es casi una constante. En el último tiempo, las compañías venían reclamando un aumento del 9 por ciento para septiembre, aunque el Gobierno les comunicó que autorizaría un alza de 7,5 por ciento en octubre. Las empresas comenzaron una operación mediática, advirtiendo de la aplicación de copagos a partir del lunes si el aumento aprobado no se revisaba. De esa manera, las firmas cerrarían la brecha financiera que se abrió, supuestamente, por el retraso de la suba de la cuota hasta octubre. “Los copagos fueron decididos por entender que hay diferencias entre los aumentos acordados y los autorizados por el Gobierno”, admitió Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group.
Desde Adecra (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados) informaron que para las prácticas de baja complejidad, como por ejemplo consultas médicas, recetas de laboratorio o radiografías, se deberá abonar 50 pesos, mientras que en el caso de estudios de alta complejidad, como las resonancias magnéticas, el cobro será de 100 pesos. Las prepagas prometieron que reintegrarán la totalidad de esos cobros. Sería a través de la presentación de la correspondiente factura en una oficina comercial.
Las asociaciones de consumidores rechazaron la maniobra empresaria. Las entidades Deuco, Unión de Usuarios y Consumidores y Adduc realizaron ayer una presentación ante la Secretaría de Comercio y la Superintendencia de Servicios de Salud, “requiriendo su urgente intervención para impedir la concreción de la medida dispuesta unilateralmente que afecta los intereses económicos y el derecho a la salud de más de 5 millones de afiliados”, plantearon. “Rechazamos la propuesta de reintegrar a los afiliados los importes abonados en concepto de copagos: sería aceptar un pago que no está previsto en el contrato y que por lo tanto es ilegal. Además sentaría un precedente de que ese valor puede modificarse en forma arbitraria”, agregaron. Osvaldo Bassano, titular de Adduc, advirtió que “los afiliados pueden pedir multas de hasta 5 millones de pesos y realizar denuncias penales si no los atienden en una emergencia por no abonar el copago”. Las entidades, además, recuerdan que muchas veces, y por diversas razones, el afiliado termina no pudiendo recobrar el dinero del copago, lo que para las empresas constituye un aumento encubierto de la cuota mensual.
La Asociación de Médicos de la Actividad Privada dijo que “no nos hacemos responsables de lo que son estos incrementos, no se deben a una preocupación por sostener el trabajo de los empleados de sus clínicas ni va al bolsillo del médico”. “Casi nunca los aumentos se han visto reflejados en los sueldos de los profesionales, por lo cual consideramos que el tema del copago es prioritariamente financiero”, aseguraron.
Por su parte, la legisladora porteña Graciela Ocaña presentó ayer un amparo ante la Justicia frente a la decisión de las cámaras que nuclean a clínicas y sanatorios privados de cobrar un copago a los afiliados de las prepagas por la prestación de sus servicios.
Las prepagas culpan a “los prestadores” (médicos, laboratorios, etc.), que con sus exigencias “obligan” a cobrar los servicios.
El Gobierno instó a las prepagas a que frenen el cobro de copagos que esperaban aplicar desde el lunes. El secretario de Comercio, Augusto Costa, mantuvo una reunión ayer por la noche con las empresas, donde les planteó que “no hay razones para aplicar el copago”. Las prepagas se desmarcaron y echaron la culpa a las prestadoras. Acordaron que en la semana ambos sectores se reunirán con Costa. Las entidades de consumidores sostienen que la aplicación del copago es ilegal, violatorio de la Ley de Prepagas y de la Ley de Defensa del Consumidor en relación con las prestaciones médicas obligatorias, que establecen el piso asistencial mínimo. Esa consideración es independiente de la presencia de “reintegros”. La decisión unilateral de las empresas, entienden en el Gobierno, forma parte de un “mecanismo de presión” para lograr mayores aumentos en las cuotas. “No se legitimarán acuerdos gestados como jugadas políticas”, dijo la superintendenta de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld.
La tensión entre las prepagas y el Gobierno por la suba de la cuota es casi una constante. En el último tiempo, las compañías venían reclamando un aumento del 9 por ciento para septiembre, aunque el Gobierno les comunicó que autorizaría un alza de 7,5 por ciento en octubre. Las empresas comenzaron una operación mediática, advirtiendo de la aplicación de copagos a partir del lunes si el aumento aprobado no se revisaba. De esa manera, las firmas cerrarían la brecha financiera que se abrió, supuestamente, por el retraso de la suba de la cuota hasta octubre. “Los copagos fueron decididos por entender que hay diferencias entre los aumentos acordados y los autorizados por el Gobierno”, admitió Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group.
Desde Adecra (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados) informaron que para las prácticas de baja complejidad, como por ejemplo consultas médicas, recetas de laboratorio o radiografías, se deberá abonar 50 pesos, mientras que en el caso de estudios de alta complejidad, como las resonancias magnéticas, el cobro será de 100 pesos. Las prepagas prometieron que reintegrarán la totalidad de esos cobros. Sería a través de la presentación de la correspondiente factura en una oficina comercial.
Las asociaciones de consumidores rechazaron la maniobra empresaria. Las entidades Deuco, Unión de Usuarios y Consumidores y Adduc realizaron ayer una presentación ante la Secretaría de Comercio y la Superintendencia de Servicios de Salud, “requiriendo su urgente intervención para impedir la concreción de la medida dispuesta unilateralmente que afecta los intereses económicos y el derecho a la salud de más de 5 millones de afiliados”, plantearon. “Rechazamos la propuesta de reintegrar a los afiliados los importes abonados en concepto de copagos: sería aceptar un pago que no está previsto en el contrato y que por lo tanto es ilegal. Además sentaría un precedente de que ese valor puede modificarse en forma arbitraria”, agregaron. Osvaldo Bassano, titular de Adduc, advirtió que “los afiliados pueden pedir multas de hasta 5 millones de pesos y realizar denuncias penales si no los atienden en una emergencia por no abonar el copago”. Las entidades, además, recuerdan que muchas veces, y por diversas razones, el afiliado termina no pudiendo recobrar el dinero del copago, lo que para las empresas constituye un aumento encubierto de la cuota mensual.
La Asociación de Médicos de la Actividad Privada dijo que “no nos hacemos responsables de lo que son estos incrementos, no se deben a una preocupación por sostener el trabajo de los empleados de sus clínicas ni va al bolsillo del médico”. “Casi nunca los aumentos se han visto reflejados en los sueldos de los profesionales, por lo cual consideramos que el tema del copago es prioritariamente financiero”, aseguraron.
Por su parte, la legisladora porteña Graciela Ocaña presentó ayer un amparo ante la Justicia frente a la decisión de las cámaras que nuclean a clínicas y sanatorios privados de cobrar un copago a los afiliados de las prepagas por la prestación de sus servicios.
