Peña Nieto y Rajoy, hace un mes, en Panamá. Foto: Archivo
MADRID.- El gobierno de México se tomó en serio la promesa de jugosos negocios petroleros en la Argentina y pasó a la acción: en sintonía con la Casa Rosada, decidió desplegar una fuerte presión sobre España para destrabar cuanto antes el conflicto por la expropiación de las acciones de Repsol en YPF .
El propio presidente mexicano, Enrique Peña Nieto , le planteó el tema a su par español, Mariano Rajoy , en una reunión que mantuvieron el mes pasado en Panamá. No hubo acuerdo. Y las consecuencias empiezan a notarse ahora: la petrolera estatal mexicana Pemex congeló millonarios acuerdos para construir 14 barcos en astilleros de Galicia y amenaza incluso con desinvertir en Repsol, de la que posee el 9,4 por ciento.
La jugada de México alarma al gobierno de PP. Aunque tratan de mantener la crisis en reserva, fuentes de los dos países confirman que este conflicto es uno de los principales temas que movieron al ministro de Industria, José Manuel Soria, a viajar este fin de semana a México DF.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez-Feijóo, fue quien blanqueó la situación al advertir que Pemex debe cumplir su compromiso de inversión. «Lo que se firmó en 2012 no es un documento político, sino contractual», dijo. El negocio representa desembolsos por 300 millones de euros y la creación de 2000 puestos de trabajo en los alicaídos astilleros gallegos.
El hombre que gestiona la ofensiva mexicana es Emilio Lozoya, presidente de Pemex y cultor de una larga amistad con el CEO de YPF, Miguel Galuccio.
Lozoya se involucró a cara descubierta a favor de la Argentina en junio pasado, cuando -en representación de Galuccio- llevó a España la segunda oferta que planteó la Argentina para compensar a Repsol por la nacionalización de sus acciones, dispuesta por Cristina Kirchner en abril de 2012.
El funcionario mexicano sentó a una mesa en Barcelona al presidente de Repsol, Antonio Brufau (a quien la Casa Rosada considera «el» enemigo); a Isidro Fainé, número 1 del grupo La Caixa (dueño de 12% de las acciones), y a Manuel Manrique, de Sacyr (9%).
Les mostró la propuesta: el Gobierno pensaba compensar a la petrolera española con el pago de 1500 millones de dólares, en efectivo y bonos, más una participación del 47% en una nueva sociedad que lideraría YPF con la finalidad de explotar una porción del megayacimiento neuquino de Vaca Muerta. Pemex se quedaría con un 2% de ese joint venture .
Repsol envió técnicos a México en busca de más detalles sobre la oferta y su valoración. Pero finalmente el directorio de la compañía la rechazó por unanimidad al considerarla «insuficiente» y lejana al valor de 5000 millones de dólares con que la tasó el gobierno argentino.
Lozoya no frenó ahí su ofensiva. Cambió el gerenciamiento de su filial española y puso como máximo responsable a José Manuel Carrera Panizzo, un hombre que tres años atrás diseñó una frustrada alianza societaria con Sacyr para desbancar a Brufau de la presidencia de Repsol. Y congeló los negocios e inversiones que la petrolera mexicana tiene pendientes en España (firmados por la anterior administración mexicana).
El gobierno de Peña Nieto quiere presionar a la Moncloa para que convenza a Brufau de moderar sus pretensiones. Lo mismo que sugirió la Argentina, aunque ahora el diálogo bilateral está casi cortado.
Brufau insiste en que sólo aceptará un «acuerdo justo». Ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi) reclama una indemnización de por lo menos 10.500 millones de dólares por el 51% de YPF que el Estado le expropió a Repsol. Por ahora, la Moncloa siempre lo respaldó.
A Lozoya el gobierno argentino lo tentó con la posibilidad de participar en otras áreas de Vaca Muerta. El negocio les interesa mucho a las autoridades mexicanas, en plena reforma de su modelo petrolero. Pero el conflicto YPF-Repsol significa un impedimento: Pemex no puede involucrarse en contratos con la Argentina mientras otra compañía de la que es accionista mantiene un litigio internacional abierto con el Estado.
Además del gobierno de Peña Nieto, otro mexicano opera en busca de una solución al conflicto: el magnate Carlos Slim, en proceso de reconvertirse en un peso pesado del mundo energético. No sólo tiene un 8% de acciones de YPF (que le quedaron al ejecutar las garantías bancarias del grupo Eskenazi), sino que puede ofrecer los servicios de logística petrolera de su empresa Cicsa, que ya tiene contratos multimillonarios con Pemex. .
MADRID.- El gobierno de México se tomó en serio la promesa de jugosos negocios petroleros en la Argentina y pasó a la acción: en sintonía con la Casa Rosada, decidió desplegar una fuerte presión sobre España para destrabar cuanto antes el conflicto por la expropiación de las acciones de Repsol en YPF .
El propio presidente mexicano, Enrique Peña Nieto , le planteó el tema a su par español, Mariano Rajoy , en una reunión que mantuvieron el mes pasado en Panamá. No hubo acuerdo. Y las consecuencias empiezan a notarse ahora: la petrolera estatal mexicana Pemex congeló millonarios acuerdos para construir 14 barcos en astilleros de Galicia y amenaza incluso con desinvertir en Repsol, de la que posee el 9,4 por ciento.
La jugada de México alarma al gobierno de PP. Aunque tratan de mantener la crisis en reserva, fuentes de los dos países confirman que este conflicto es uno de los principales temas que movieron al ministro de Industria, José Manuel Soria, a viajar este fin de semana a México DF.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez-Feijóo, fue quien blanqueó la situación al advertir que Pemex debe cumplir su compromiso de inversión. «Lo que se firmó en 2012 no es un documento político, sino contractual», dijo. El negocio representa desembolsos por 300 millones de euros y la creación de 2000 puestos de trabajo en los alicaídos astilleros gallegos.
El hombre que gestiona la ofensiva mexicana es Emilio Lozoya, presidente de Pemex y cultor de una larga amistad con el CEO de YPF, Miguel Galuccio.
Lozoya se involucró a cara descubierta a favor de la Argentina en junio pasado, cuando -en representación de Galuccio- llevó a España la segunda oferta que planteó la Argentina para compensar a Repsol por la nacionalización de sus acciones, dispuesta por Cristina Kirchner en abril de 2012.
El funcionario mexicano sentó a una mesa en Barcelona al presidente de Repsol, Antonio Brufau (a quien la Casa Rosada considera «el» enemigo); a Isidro Fainé, número 1 del grupo La Caixa (dueño de 12% de las acciones), y a Manuel Manrique, de Sacyr (9%).
Les mostró la propuesta: el Gobierno pensaba compensar a la petrolera española con el pago de 1500 millones de dólares, en efectivo y bonos, más una participación del 47% en una nueva sociedad que lideraría YPF con la finalidad de explotar una porción del megayacimiento neuquino de Vaca Muerta. Pemex se quedaría con un 2% de ese joint venture .
Repsol envió técnicos a México en busca de más detalles sobre la oferta y su valoración. Pero finalmente el directorio de la compañía la rechazó por unanimidad al considerarla «insuficiente» y lejana al valor de 5000 millones de dólares con que la tasó el gobierno argentino.
Lozoya no frenó ahí su ofensiva. Cambió el gerenciamiento de su filial española y puso como máximo responsable a José Manuel Carrera Panizzo, un hombre que tres años atrás diseñó una frustrada alianza societaria con Sacyr para desbancar a Brufau de la presidencia de Repsol. Y congeló los negocios e inversiones que la petrolera mexicana tiene pendientes en España (firmados por la anterior administración mexicana).
El gobierno de Peña Nieto quiere presionar a la Moncloa para que convenza a Brufau de moderar sus pretensiones. Lo mismo que sugirió la Argentina, aunque ahora el diálogo bilateral está casi cortado.
Brufau insiste en que sólo aceptará un «acuerdo justo». Ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi) reclama una indemnización de por lo menos 10.500 millones de dólares por el 51% de YPF que el Estado le expropió a Repsol. Por ahora, la Moncloa siempre lo respaldó.
A Lozoya el gobierno argentino lo tentó con la posibilidad de participar en otras áreas de Vaca Muerta. El negocio les interesa mucho a las autoridades mexicanas, en plena reforma de su modelo petrolero. Pero el conflicto YPF-Repsol significa un impedimento: Pemex no puede involucrarse en contratos con la Argentina mientras otra compañía de la que es accionista mantiene un litigio internacional abierto con el Estado.
Además del gobierno de Peña Nieto, otro mexicano opera en busca de una solución al conflicto: el magnate Carlos Slim, en proceso de reconvertirse en un peso pesado del mundo energético. No sólo tiene un 8% de acciones de YPF (que le quedaron al ejecutar las garantías bancarias del grupo Eskenazi), sino que puede ofrecer los servicios de logística petrolera de su empresa Cicsa, que ya tiene contratos multimillonarios con Pemex. .
