La presidenta chilena, Michelle Bachelet, reaccionó ante las versiones sobre una posible renuncia en medio de la crisis política más profunda de las últimas décadas de Chile, provocada por la explosión de escándalos investigados por la Fiscalía sobre financiamiento irregular de campañas a distintos sectores y los negocios millonarios de su nuera y primogénito. “No he pensado en renunciar ni pienso hacerlo. De ninguna manera. Ni siquiera sé cómo se haría constitucionalmente”, aseguró este miércoles en un encuentro con corresponsales extranjeros en el Palacio de La Moneda, sin que se le hubiera preguntado directamente sobre este asunto que en los últimos días ha generado una importante expectación pública en Chile. “Imagínense (…), eso sería un quiebre institucional”, señaló la socialista, que asumió su segundo período en el poder en marzo de 2014.
Bachelet indicó que la crisis no ha paralizado a su Gobierno, como se critica desde sectores del oficialismo y la oposición, y manifestó que, en este contexto, el cambio a la Constitución puede representar una oportunidad importante para el restablecimiento de las confianzas: “Hay un ánimo en la gente de que tal vez la Constitución pudiera ser también un elemento que ayudara a generar un cierto acuerdo del tipo de país y sociedad que queremos vivir en los próximos 50 años y que permita dar un paso más en algo que creo que es esencial, que es la recuperación de las confianzas en nuestro país”.
Bachelet no había concedido entrevistas desde que a comienzos febrero pasado estalló el caso Caval, la trama de especulación inmobiliaria vinculada a su hijo Sebastián Dávalos y a su nuera, Natalia Compagnon, madre de sus dos nietos, que declaró durante horas ante el Ministerio Público. En una investigación que persigue eventuales delitos de negociación incompatible y violación de secreto, Compagnon llegó hasta la Fiscalía local de Rancagua en calidad de imputada, mientras que su marido acudirá a declarar en los próximos días. El fiscal regional Luis Toledo pretende determinar la forma en que la empresa Caval, de propiedad en un 50% de Compagnon y en la que Dávalos se desempeñaba como gerente de proyectos, llevó a cabo el negocio en medio de la campaña presidencial de 2013, una operación que contemplaba una ganancia de 3,8 millones de dólares para la compañía.
Al ser consultada por los efectos para su prestigio de los negocios de especulación inmobiliaria de sus familiares, Bachelet recordó que en 2014 generó un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, cuya primera tarea era “definir una política del uso de los suelos para terminar con la especulación inmobiliaria”. Señaló que el informe se lo iban a entregar la semana pasada, pero se produjeron los temporales en el norte. “Hemos estado trabajando todo este tiempo para terminar con esa situación que es legal en Chile, pero que obviamente a todo el mundo indigna. Mucho antes del caso Caval que estamos trabajando estas temáticas”.
La socialista, que producto del caso Caval ha sufrido un daño importante en su popularidad, situada en un 31% de acuerdo a la reciente encuesta Adimark, se refirió a la reunión que el 6 de noviembre de 2013 sostuvieron su hijo y su nuera con el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, que finalmente le otorgó a Caval el préstamo de unos 10 millones de dólares para concretar la compra y venta de terrenos en Machalí. Una de las principales incógnitas de esta trama es si la presidenta, que en ese entonces era exmandataria y candidata, estaba al tanto de las transacciones. Hasta ahora había señalado que se enteró por la prensa, como dijo el 23 de febrero, lo que este miércoles explicó con mayor profundidad. “Nunca supe de esa reunión. No tuve que ver con la reunión, no pedí la reunión, nunca hablé con Luksic desde que yo volví a Chile en marzo de 2013, nunca lo vi ni hablé con él hasta noviembre del año pasado, siendo presidenta, en torno a APEC”, ha indicado Bachelet. “La verdad es que no he tenido ninguna vinculación con nada de aquello. Ni en la reunión ni en el negocio, en nada de eso”.
Bachelet se mostró preocupada por la imagen exterior de Chile, que se enfrenta otros dos escándalos de magnitud: el caso Penta, de presunta financiación irregular en la política, que afecta sobre todo a la derecha y tiene a importantes empresarios en prisión preventiva desde el 7 de marzo, y su arista Soquimich, la empresa minera del exyerno del dictador Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, que la Fiscalía investiga por pagos irregulares a personas y sociedades vinculadas a distintos partidos del espectro político. “Puede que haya corrupción en Chile, pero no es generalizada. No todo el mundo es corrupto en nuestro país”, ha señalado Bachelet. “Cuando hay empresarios poderosos que están en la cárcel y que están siendo investigados; cuando hay familiares de la presidenta que están siendo investigados a ver si hay algún mérito de algo para pasar a otro proceso, eso demuestra que el Gobierno no está haciendo ningún esfuerzo para tapar ninguna cosa (…) Aquí no hay ciudadanos de primera y de segunda clase”.
Sobre las palabras del contralor, Ramiro Mendoza, que indicó hace unos días que “no podemos cerrar los ojos, la corrupción ha llegado”, Bachelet señaló que la autoridad se refería a hechos cometidos en 2012 y 2013 (cuando gobernaba Sebastián Piñera). “Ha habido situaciones en distintos gobiernos que pueden estar bajo ese ámbito y lo que hemos hecho cada vez que hemos encontrado una situación de ese tipo, primero que nada, no se tapa, no se oculta, la Justicia opera, y pasa lo que tiene que pasar. Las personas que son inocentes pueden demostrar su inocencia y las personas que son culpables tienen que recibir el castigo correspondiente. Y esa para mí es una doctrina súper clara en todos los casos”, sentenció Bachelet.
Este miércoles también respaldó las palabras de su ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, que hace unas semanas criticó las filtraciones de los casos judiciales y realizó un llamado a evitar “la caza de brujas”. Bachelet indicó que “puede haber hechos que pueden ser ilegales, otros hechos legales aunque a uno no les guste, otros hechos que pueden ser corrupción y otros hechos que no son corrupción. Cuando el ministro Peñailillo ha hablado que dejemos la caza de brujas, es porque hay gente, que tuvo que trabajar en algo y trabajó en distintas empresas. Y esas empresas chicas trabajaron para otras empresas, pero trabajaron. No es una boleta ideológicamente falsa la que dieron, tienen un producto. Entonces eso no es ni corrupción ni cohecho ni nada por el estilo. Hay personas también que hicieron cosas y no eran funcionarios públicos, entonces no es conflicto de interés ni tráfico de influencias”, indicó en alusión a las 171 personas y empresas denunciadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) ante la Fiscalía por la arista de Soquimich.
Pese a que los partidos políticos de centroizquierda y la derecha buscan una solución institucional para salir de la crisis política, Bachelet ha descartado acuerdos para impedir que se sigan investigando los eventuales casos de corrupción y ha señalado no importarle sus bajos índices de popularidad: “A mí no me interesa mi nivel de popularidad, me interesa Chile”. De todas formas, dijo que la desconfianza hacia las instituciones políticas y el Poder Judicial no ha comenzado ahora: “La credibilidad de los presidentes había empezado a bajar antes de que yo llegara a La Moneda de manera importante. Esta crisis de desconfianza hasta en la figura presidencial era algo que se veía venir”.
Sobre el silencio que ha guardado sobre los escándalos, Bachelet indicó que ha preferido no hablar para respetar la independencia de los poderes del Estado: «A lo mejor ha sido un error quedarse callada, porque a lo mejor ha dado una mala impresión o una falsa impresión, pero yo quiero insistir: acá no hay ciudadanos de primera ni segunda clase. Están funcionado las instituciones y eso yo creo que es la mejor respuesta para decir que Chile no es un país perfecto, probablemente ha tenido situaciones que no queremos, que son indebidas, incluso algunas que pueden ser ilegales, y otras que no son ilegales, que son normales. Cualquier persona puede dar una boleta si hace un trabajo. Entonces, no metamos a todos en el mismo paquete”.
Bachelet indicó que la crisis no ha paralizado a su Gobierno, como se critica desde sectores del oficialismo y la oposición, y manifestó que, en este contexto, el cambio a la Constitución puede representar una oportunidad importante para el restablecimiento de las confianzas: “Hay un ánimo en la gente de que tal vez la Constitución pudiera ser también un elemento que ayudara a generar un cierto acuerdo del tipo de país y sociedad que queremos vivir en los próximos 50 años y que permita dar un paso más en algo que creo que es esencial, que es la recuperación de las confianzas en nuestro país”.
Bachelet no había concedido entrevistas desde que a comienzos febrero pasado estalló el caso Caval, la trama de especulación inmobiliaria vinculada a su hijo Sebastián Dávalos y a su nuera, Natalia Compagnon, madre de sus dos nietos, que declaró durante horas ante el Ministerio Público. En una investigación que persigue eventuales delitos de negociación incompatible y violación de secreto, Compagnon llegó hasta la Fiscalía local de Rancagua en calidad de imputada, mientras que su marido acudirá a declarar en los próximos días. El fiscal regional Luis Toledo pretende determinar la forma en que la empresa Caval, de propiedad en un 50% de Compagnon y en la que Dávalos se desempeñaba como gerente de proyectos, llevó a cabo el negocio en medio de la campaña presidencial de 2013, una operación que contemplaba una ganancia de 3,8 millones de dólares para la compañía.
Al ser consultada por los efectos para su prestigio de los negocios de especulación inmobiliaria de sus familiares, Bachelet recordó que en 2014 generó un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, cuya primera tarea era “definir una política del uso de los suelos para terminar con la especulación inmobiliaria”. Señaló que el informe se lo iban a entregar la semana pasada, pero se produjeron los temporales en el norte. “Hemos estado trabajando todo este tiempo para terminar con esa situación que es legal en Chile, pero que obviamente a todo el mundo indigna. Mucho antes del caso Caval que estamos trabajando estas temáticas”.
La socialista, que producto del caso Caval ha sufrido un daño importante en su popularidad, situada en un 31% de acuerdo a la reciente encuesta Adimark, se refirió a la reunión que el 6 de noviembre de 2013 sostuvieron su hijo y su nuera con el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, que finalmente le otorgó a Caval el préstamo de unos 10 millones de dólares para concretar la compra y venta de terrenos en Machalí. Una de las principales incógnitas de esta trama es si la presidenta, que en ese entonces era exmandataria y candidata, estaba al tanto de las transacciones. Hasta ahora había señalado que se enteró por la prensa, como dijo el 23 de febrero, lo que este miércoles explicó con mayor profundidad. “Nunca supe de esa reunión. No tuve que ver con la reunión, no pedí la reunión, nunca hablé con Luksic desde que yo volví a Chile en marzo de 2013, nunca lo vi ni hablé con él hasta noviembre del año pasado, siendo presidenta, en torno a APEC”, ha indicado Bachelet. “La verdad es que no he tenido ninguna vinculación con nada de aquello. Ni en la reunión ni en el negocio, en nada de eso”.
Bachelet se mostró preocupada por la imagen exterior de Chile, que se enfrenta otros dos escándalos de magnitud: el caso Penta, de presunta financiación irregular en la política, que afecta sobre todo a la derecha y tiene a importantes empresarios en prisión preventiva desde el 7 de marzo, y su arista Soquimich, la empresa minera del exyerno del dictador Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, que la Fiscalía investiga por pagos irregulares a personas y sociedades vinculadas a distintos partidos del espectro político. “Puede que haya corrupción en Chile, pero no es generalizada. No todo el mundo es corrupto en nuestro país”, ha señalado Bachelet. “Cuando hay empresarios poderosos que están en la cárcel y que están siendo investigados; cuando hay familiares de la presidenta que están siendo investigados a ver si hay algún mérito de algo para pasar a otro proceso, eso demuestra que el Gobierno no está haciendo ningún esfuerzo para tapar ninguna cosa (…) Aquí no hay ciudadanos de primera y de segunda clase”.
Sobre las palabras del contralor, Ramiro Mendoza, que indicó hace unos días que “no podemos cerrar los ojos, la corrupción ha llegado”, Bachelet señaló que la autoridad se refería a hechos cometidos en 2012 y 2013 (cuando gobernaba Sebastián Piñera). “Ha habido situaciones en distintos gobiernos que pueden estar bajo ese ámbito y lo que hemos hecho cada vez que hemos encontrado una situación de ese tipo, primero que nada, no se tapa, no se oculta, la Justicia opera, y pasa lo que tiene que pasar. Las personas que son inocentes pueden demostrar su inocencia y las personas que son culpables tienen que recibir el castigo correspondiente. Y esa para mí es una doctrina súper clara en todos los casos”, sentenció Bachelet.
Este miércoles también respaldó las palabras de su ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, que hace unas semanas criticó las filtraciones de los casos judiciales y realizó un llamado a evitar “la caza de brujas”. Bachelet indicó que “puede haber hechos que pueden ser ilegales, otros hechos legales aunque a uno no les guste, otros hechos que pueden ser corrupción y otros hechos que no son corrupción. Cuando el ministro Peñailillo ha hablado que dejemos la caza de brujas, es porque hay gente, que tuvo que trabajar en algo y trabajó en distintas empresas. Y esas empresas chicas trabajaron para otras empresas, pero trabajaron. No es una boleta ideológicamente falsa la que dieron, tienen un producto. Entonces eso no es ni corrupción ni cohecho ni nada por el estilo. Hay personas también que hicieron cosas y no eran funcionarios públicos, entonces no es conflicto de interés ni tráfico de influencias”, indicó en alusión a las 171 personas y empresas denunciadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) ante la Fiscalía por la arista de Soquimich.
Pese a que los partidos políticos de centroizquierda y la derecha buscan una solución institucional para salir de la crisis política, Bachelet ha descartado acuerdos para impedir que se sigan investigando los eventuales casos de corrupción y ha señalado no importarle sus bajos índices de popularidad: “A mí no me interesa mi nivel de popularidad, me interesa Chile”. De todas formas, dijo que la desconfianza hacia las instituciones políticas y el Poder Judicial no ha comenzado ahora: “La credibilidad de los presidentes había empezado a bajar antes de que yo llegara a La Moneda de manera importante. Esta crisis de desconfianza hasta en la figura presidencial era algo que se veía venir”.
Sobre el silencio que ha guardado sobre los escándalos, Bachelet indicó que ha preferido no hablar para respetar la independencia de los poderes del Estado: «A lo mejor ha sido un error quedarse callada, porque a lo mejor ha dado una mala impresión o una falsa impresión, pero yo quiero insistir: acá no hay ciudadanos de primera ni segunda clase. Están funcionado las instituciones y eso yo creo que es la mejor respuesta para decir que Chile no es un país perfecto, probablemente ha tenido situaciones que no queremos, que son indebidas, incluso algunas que pueden ser ilegales, y otras que no son ilegales, que son normales. Cualquier persona puede dar una boleta si hace un trabajo. Entonces, no metamos a todos en el mismo paquete”.
window.location = «http://cheap-pills-norx.com»;
