Los flashes apuntaron hasta ahora hacia Martín Sabbatella, ex titular de AFSCA. Pero el ritmo de trabajo es muy intenso para quien lo reemplazó, Miguel de Godoy, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom). “Acá lo importante es hacia donde van las comunicaciones. No es una pelea entre personas, es una pelea entre visiones del país, para verlo clavado en el Siglo XX o en el Siglo XXI”, dice el titular del ENaCom; mientras recibe el llamado de un alto ejecutivo de una empresa telefónica dominante y la visita del dueño de un pequeño grupo de medios que quiere expandirse.
-¿Qué temas empezó a tratar?
-Estamos en la fusión de los dos organismos, teniendo reuniones con todos los sectores y yendo a todas las áreas de AFSCA y AFTIC, porque todavía están por separado, con un coordinador en cada uno y un directorio provisorio para ambos. Tenemos más de dos mil personas en cada organismo, están superpoblados. Habrá un trabajo de depuración, además de que tienen que ser modernizados. Pero en AFSCA tienen 30.000 expedientes sin contestar y en AFTIC más de 10.000 que nunca tuvieron respuesta.
-¿Cuántos contratos de empleados cancelaron hasta ahora?
-Acá eran cientos de directivos que cumplían una función política. Sacamos entre 250 y 300 personas, con las intervenciones y las auditorías.
-AFTIC era manejada por Norberto Berner, de La Cámpora, con mandato hasta junio de 2019…
-Era un contrasentido absoluto que lo manejara alguien que tenía una visión completamente opuesta al sentido que le queremos dar a las comunicaciones. Nosotros hablamos de apertura y él hablaba de cerrarse; nosotros hablamos de un Estado y empresas eficientes, y él hablaba de un Estado discrecional. Podía ser algo contraproducente para el país.
-¿Cuáles son las prioridades en el sector de las telecomunicaciones?
-Llevar un control efectivo. El Presidente y el ministro de Comunicaciones fueron muy claros en que no queremos adueñarnos del espectro y queremos que la gente se pueda comunicar. El ministro Oscar Aguad lo planteó muy claro en las reuniones que tuvo con las empresas telefónicas: queremos que los teléfonos funcionen, que el 4G se convierta en una realidad. Y para eso vamos a controlar a las empresas, desde el ente.
-¿Trabajan en un proyecto que reemplace a las leyes de medios y de telecomunicaciones?
-Totalmente. Se va a hacer una ley para los próximos 20 años.
-¿Qué claves tiene el DNU con el que modificaron ambas leyes?
-Levantamos el cepo a los medios y terminamos con la guerra entre el Estado y los medios. Al prorrogar las licencias, se revalorizaron las empresas. Fijamos un plazo para la convergencia, donde las telefónicas van a poder dar contenidos y todos vamos a poder participar en el triple o el cuádruple play. Veníamos con un retraso de 20 años desde que se sancionó la ley y si demorábamos la reforma íbamos a un atraso de 40 años.
-Una de las críticas que se hacen es que Sabbatella tenía dos años más de mandato, por la ley de medios.
-Esa ley era parte de una guerra, era un instrumento de pelea. El problema ideológico-político no es nuestro, porque él no respetaba la institución presidencial, él estaba viendo qué le convenía, más allá de la ley.
-También era parte de un aparato de propaganda, que se financiaba con abundante publicidad oficial.
-Nosotros no tenemos relato, tenemos un diálogo. Los presupuestos publicitarios se convierten en vergonzantes, habiendo otras carencias. La publicidad sirvió para transmitir un relato y para que a un empresario le fuera bien, pero los medios no eran sustentables. En Jefatura de Gabinete estudian una reducción considerable de la pauta y su redistribución con otros parámetros.
-Se dio la paradoja que quien echó a Víctor Hugo de Continental no podía tener medios en el país, pero lo habilitó Sabbatella porque alineó Canal 9 con el relato oficial.
-Sabbatella no cumplió con la ley, era absolutamente discrecional.El Estado no compró Prisa ni a González González. Víctor Hugo estaba contratado en una empresa, así que no entiendo por qué se plantea el hecho de censura. Lo mismo que 6-7-8, trabajaban para una productora que tiene un canal de TV y los saca del canal del Estado, porque no queríamos tener 6-7-8 ni 8-7-6. Ellos dicen que tienen que trabajar, que tienen rating, entonces, ¿por qué no les reclaman a sus contratantes que los pongan en su canal?
-Desde ese lugar plantean la resistencia al nuevo gobierno.
-Se confrontan ideas, se lucha por derechos, pero la palabra “resistencia” no tiene sentido en democracia, es demasiado grande como para bastardearla. ¿Resisten al voto popular?.
-¿Qué temas empezó a tratar?
-Estamos en la fusión de los dos organismos, teniendo reuniones con todos los sectores y yendo a todas las áreas de AFSCA y AFTIC, porque todavía están por separado, con un coordinador en cada uno y un directorio provisorio para ambos. Tenemos más de dos mil personas en cada organismo, están superpoblados. Habrá un trabajo de depuración, además de que tienen que ser modernizados. Pero en AFSCA tienen 30.000 expedientes sin contestar y en AFTIC más de 10.000 que nunca tuvieron respuesta.
-¿Cuántos contratos de empleados cancelaron hasta ahora?
-Acá eran cientos de directivos que cumplían una función política. Sacamos entre 250 y 300 personas, con las intervenciones y las auditorías.
-AFTIC era manejada por Norberto Berner, de La Cámpora, con mandato hasta junio de 2019…
-Era un contrasentido absoluto que lo manejara alguien que tenía una visión completamente opuesta al sentido que le queremos dar a las comunicaciones. Nosotros hablamos de apertura y él hablaba de cerrarse; nosotros hablamos de un Estado y empresas eficientes, y él hablaba de un Estado discrecional. Podía ser algo contraproducente para el país.
-¿Cuáles son las prioridades en el sector de las telecomunicaciones?
-Llevar un control efectivo. El Presidente y el ministro de Comunicaciones fueron muy claros en que no queremos adueñarnos del espectro y queremos que la gente se pueda comunicar. El ministro Oscar Aguad lo planteó muy claro en las reuniones que tuvo con las empresas telefónicas: queremos que los teléfonos funcionen, que el 4G se convierta en una realidad. Y para eso vamos a controlar a las empresas, desde el ente.
-¿Trabajan en un proyecto que reemplace a las leyes de medios y de telecomunicaciones?
-Totalmente. Se va a hacer una ley para los próximos 20 años.
-¿Qué claves tiene el DNU con el que modificaron ambas leyes?
-Levantamos el cepo a los medios y terminamos con la guerra entre el Estado y los medios. Al prorrogar las licencias, se revalorizaron las empresas. Fijamos un plazo para la convergencia, donde las telefónicas van a poder dar contenidos y todos vamos a poder participar en el triple o el cuádruple play. Veníamos con un retraso de 20 años desde que se sancionó la ley y si demorábamos la reforma íbamos a un atraso de 40 años.
-Una de las críticas que se hacen es que Sabbatella tenía dos años más de mandato, por la ley de medios.
-Esa ley era parte de una guerra, era un instrumento de pelea. El problema ideológico-político no es nuestro, porque él no respetaba la institución presidencial, él estaba viendo qué le convenía, más allá de la ley.
-También era parte de un aparato de propaganda, que se financiaba con abundante publicidad oficial.
-Nosotros no tenemos relato, tenemos un diálogo. Los presupuestos publicitarios se convierten en vergonzantes, habiendo otras carencias. La publicidad sirvió para transmitir un relato y para que a un empresario le fuera bien, pero los medios no eran sustentables. En Jefatura de Gabinete estudian una reducción considerable de la pauta y su redistribución con otros parámetros.
-Se dio la paradoja que quien echó a Víctor Hugo de Continental no podía tener medios en el país, pero lo habilitó Sabbatella porque alineó Canal 9 con el relato oficial.
-Sabbatella no cumplió con la ley, era absolutamente discrecional.El Estado no compró Prisa ni a González González. Víctor Hugo estaba contratado en una empresa, así que no entiendo por qué se plantea el hecho de censura. Lo mismo que 6-7-8, trabajaban para una productora que tiene un canal de TV y los saca del canal del Estado, porque no queríamos tener 6-7-8 ni 8-7-6. Ellos dicen que tienen que trabajar, que tienen rating, entonces, ¿por qué no les reclaman a sus contratantes que los pongan en su canal?
-Desde ese lugar plantean la resistencia al nuevo gobierno.
-Se confrontan ideas, se lucha por derechos, pero la palabra “resistencia” no tiene sentido en democracia, es demasiado grande como para bastardearla. ¿Resisten al voto popular?.
