Podrá decirse que el kirchnerismo (o el cristinismo, para ser precisos) conserva importantes resortes de influencia en organismos internacionales de derechos humanos y que, en parte por eso, tiene tanta repercusión en el mundo el caso de la prisión de Milagro Sala . Y es cierto. Podrá agregarse que la líder del movimiento Túpac Amaru es una figura polémica, prepotente y arbitraria en el manejo de los recursos públicos. Y también es cierto.
Nada debería ocultar, con todo, que el gobierno de Mauricio Macri se encuentra ante un serio problema de política exterior. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de pronunciarse reclamando su inmediata libertad. Ya antes habían exigido lo mismo el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas; el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, y Amnistía Internacional. No es un problema menor. El Presidente necesita conservar la autoridad moral para, por ejemplo, seguir reclamando la libertad del líder opositor venezolano Leopoldo López. No debería ser Sala quien la ponga en duda.
La CIDH podría avanzar aún más en sus decisiones en los próximos meses. La causa de Sala es defendida en ese tribunal por Jorge Taiana, ex canciller de Cristina Kirchner, y por el CELS, un centro argentino de defensa de los derechos humanos.
Funcionarios argentinos dijeron que los pronunciamientos de la CIDH y el de las Naciones Unidas no son vinculantes. La afirmación es relativa. «Todo es vinculante y obligatorio», aceptó otro funcionario. Se refería a que las convenciones, pactos y acuerdos sobre derechos humanos de las Naciones Unidas y del sistema interamericano fueron incorporados a la Constitución en la reforma de 1994. La Corte Suprema argentina tiene jurisprudencia al respecto: las resoluciones sobre derechos humanos de las Naciones Unidas, de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio en el país. El gobierno nacional le pedirá a la justicia de Jujuy que ponga inmediatamente en libertad a Sala. Los jueces jujeños podrían negarse, pero el caso llegará a la Corte Suprema. Todos conocen de antemano cuál será su decisión.
¿Está la CIDH influida por el cristinismo? Vale la pena consignar un ejemplo. En marzo pasado convocó a una urgente audiencia para analizar la derogación de la ley de medios por parte de Macri. Por primera vez en su historia, la CIDH examinó a un gobierno apenas cuatro meses después de haber asumido. El Gobierno ganó ese debate de marzo, pero sumó varios enemigos empecinados en derrotarlo.
Milagro Sala fue detenida el 16 de enero pasado por un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, acusada, entre otros delitos, de sedición. Varios días después fue puesta en libertad, pero en el mismo acto se la notificó que quedaba presa de nuevo por delitos más graves, como asociación ilícita y defraudación al Estado. La primera prisión fue arbitraria y vició de legitimidad a todo el proceso judicial posterior. El respetado constitucionalista Roberto Gargarella escribió al respecto: «Cada paso que se tomó desde entonces (la primera prisión) mostró la misma marca de origen: mantenerla detenida primero, ver de qué modo se justifica después». Gargarella, que es muy crítico con la historia de Sala, calificó de «arbitraria» su prisión.
El Presidente detesta estar en la situación en que está. De hecho, se sintió muy incómodo durante la reciente visita del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a quien Amnistía Internacional le había pedido que intercediera ante Macri por la libertad de Sala. Macri y Trudeau fueron interpelados por la prensa, en una aparición conjunta, por el caso Sala. Pocos días más tarde, el Presidente convocó a una reunión de la que participaron la canciller Susana Malcorra; el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. «No quiero que sigan preguntándome en el mundo por Milagro Sala», los conminó.
Al problema lo tenía sentado en la reunión: Gerardo Morales cultiva el odio a Sala desde hace diez años. Ella no se privó de darle motivos: llegó, en tiempos del cristinismo, a destruir las oficinas privadas de Morales en Jujuy, que es una de las causas por las que se la juzga ahora. No es sólo Morales. Es también la dirigencia política y judicial de Jujuy y del Norte la que quiere ver presa a Milagro Sala, porque ella desafió al Estado y disputó el control territorial con esos jefes políticos de la región.
Gran parte de los jueces y fiscales que juzgan a Sala fueron nombrados por el ex gobernador peronista de Jujuy Eduardo Fellner. Es lo que Garavano les recordó a los parlamentarios peronistas del Parlasur que fueron a pedirle por ella. «Hablen con Fellner antes de venir aquí», les dijo. Estaba en la delegación de parlamentarios José López, el que luego revoleó bolsas con dólares en un convento, lo que le valió su posterior destitución como miembro del Parlasur. Sala es también parlamentaria del Parlasur.
Macri quedó encerrado en una ingrata situación. Entre la insistencia internacional para que liberen a Milagro Sala y la obstinación de la política y la justicia jujeñas para mantenerla presa. Ahí está el Presidente, sin solución por ahora.
Seguramente influyen en la enorme presión internacional tres condiciones de Sala: es mujer, indígena y parlamentaria. Sabemos aquí que el Parlasur fue un invento cristinista para conseguir fueros para algunos (no para todos), pero eso no se ve desde el lejano atalaya del mundo. Los cristinistas que militan a favor de Sala (o en contra de Macri, no se sabe) son Taiana, el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini. Un amigo de Zannini, Gustavo Cinosi (uno de los dueños del hotel Sheraton de Pilar), fue nombrado en la OEA con el cargo de asesor de Asuntos Institucionales. Fue el modo como el secretario general de la OEA, el uruguayo Almagro, agradeció el voto y las gestiones argentinas para su designación durante el gobierno de Cristina.
La carta de Almagro a Milagro Sala fue un desastre sin atenuantes. Como jefe de un organismo internacional, Almagro debió hacer primero gestiones reservadas ante el gobierno argentino y, en todo caso, advertirle que podría hacer pública su posición si la situación no cambiaba. Hizo todo lo contrario: se solidarizó con Sala sin siquiera avisarle al embajador argentino en la OEA. La OEA parece condenada a la mala suerte. El chileno José Miguel Insulza se fue criticado el año pasado de la OEA, pero lo cierto es que su gestión fue mucho más seria que la de Almagro. Almagro tiene una increíble facilidad para oscilar entre lo correcto y lo incorrecto. El torpe pronunciamiento de Almagro tuvo, sin embargo, su influencia. Aunque la CIDH es autónoma en sus decisiones, depende orgánicamente de la OEA, cuyo jefe es, precisamente, Almagro.
A pesar de todo, al Gobierno le preocupó, tanto como el pronunciamiento de la CIDH, la declaración de José Miguel Vivanco, director de la División Américas de la prestigiosa organización Human Rights Watch, quien suscribió la posición del constitucionalista Gargarella. Vivanco no tiene ninguna vinculación con el cristinismo y, al contrario, defendió a los perseguidos durante la larga década del cristinismo. A los periodistas, entre ellos. En los primeros días de la detención de Milagro Sala, Vivanco pidió, en un artículo publicado en LA NACION, la derogación del delito de sedición porque es incompatible con un Estado democrático.
Desde el primer reclamo de las Naciones Unidas, políticos argentinos criticaron la gestión de Malcorra. Es injusto. Ya hizo mucho logrando frenar durante casi un año el importante problema de política exterior que existe ahora. Malcorra y Garavano le venían anticipando a Gerardo Morales desde abril pasado que el caso Sala terminaría mal.
¿Cómo terminará? Debería terminar, al menos, con soluciones realistas. No hay solución buena para la pertinacia de los dirigentes jujeños mientras las cosas estén como están. Es evidente que Milagro Sala ejerció violencia contra sus adversarios y manejó discrecionalmente los fondos públicos. Sin embargo, la figura de la prisión preventiva debe ser usada con mucha prudencia. Le niega la libertad a una persona que no fue condenada (cuyos presuntos delitos deben probarse) y puede violar el principio de inocencia (todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario). En el caso de Sala, el delito está probado, pero no quién lo cometió. Astuta, Milagro Sala rechazó la prisión domiciliaria por la que trabajó Garavano. En la cárcel es una perseguida política; en su casa la aguarda el olvido.
Políticos y jueces de Jujuy deberían ser conscientes de que el problema se les fue de las manos. Milagro Sala no tiene fueros (no los tiene el Parlasur) y debe ser investigada con todas las garantías del debido proceso, más aún porque es un personaje polémico y controvertido. Deberían evitar, en fin, que se convierta en mártir quien no lo es ni merece serlo.
Nada debería ocultar, con todo, que el gobierno de Mauricio Macri se encuentra ante un serio problema de política exterior. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de pronunciarse reclamando su inmediata libertad. Ya antes habían exigido lo mismo el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas; el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, y Amnistía Internacional. No es un problema menor. El Presidente necesita conservar la autoridad moral para, por ejemplo, seguir reclamando la libertad del líder opositor venezolano Leopoldo López. No debería ser Sala quien la ponga en duda.
La CIDH podría avanzar aún más en sus decisiones en los próximos meses. La causa de Sala es defendida en ese tribunal por Jorge Taiana, ex canciller de Cristina Kirchner, y por el CELS, un centro argentino de defensa de los derechos humanos.
Funcionarios argentinos dijeron que los pronunciamientos de la CIDH y el de las Naciones Unidas no son vinculantes. La afirmación es relativa. «Todo es vinculante y obligatorio», aceptó otro funcionario. Se refería a que las convenciones, pactos y acuerdos sobre derechos humanos de las Naciones Unidas y del sistema interamericano fueron incorporados a la Constitución en la reforma de 1994. La Corte Suprema argentina tiene jurisprudencia al respecto: las resoluciones sobre derechos humanos de las Naciones Unidas, de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio en el país. El gobierno nacional le pedirá a la justicia de Jujuy que ponga inmediatamente en libertad a Sala. Los jueces jujeños podrían negarse, pero el caso llegará a la Corte Suprema. Todos conocen de antemano cuál será su decisión.
¿Está la CIDH influida por el cristinismo? Vale la pena consignar un ejemplo. En marzo pasado convocó a una urgente audiencia para analizar la derogación de la ley de medios por parte de Macri. Por primera vez en su historia, la CIDH examinó a un gobierno apenas cuatro meses después de haber asumido. El Gobierno ganó ese debate de marzo, pero sumó varios enemigos empecinados en derrotarlo.
Milagro Sala fue detenida el 16 de enero pasado por un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, acusada, entre otros delitos, de sedición. Varios días después fue puesta en libertad, pero en el mismo acto se la notificó que quedaba presa de nuevo por delitos más graves, como asociación ilícita y defraudación al Estado. La primera prisión fue arbitraria y vició de legitimidad a todo el proceso judicial posterior. El respetado constitucionalista Roberto Gargarella escribió al respecto: «Cada paso que se tomó desde entonces (la primera prisión) mostró la misma marca de origen: mantenerla detenida primero, ver de qué modo se justifica después». Gargarella, que es muy crítico con la historia de Sala, calificó de «arbitraria» su prisión.
El Presidente detesta estar en la situación en que está. De hecho, se sintió muy incómodo durante la reciente visita del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a quien Amnistía Internacional le había pedido que intercediera ante Macri por la libertad de Sala. Macri y Trudeau fueron interpelados por la prensa, en una aparición conjunta, por el caso Sala. Pocos días más tarde, el Presidente convocó a una reunión de la que participaron la canciller Susana Malcorra; el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. «No quiero que sigan preguntándome en el mundo por Milagro Sala», los conminó.
Al problema lo tenía sentado en la reunión: Gerardo Morales cultiva el odio a Sala desde hace diez años. Ella no se privó de darle motivos: llegó, en tiempos del cristinismo, a destruir las oficinas privadas de Morales en Jujuy, que es una de las causas por las que se la juzga ahora. No es sólo Morales. Es también la dirigencia política y judicial de Jujuy y del Norte la que quiere ver presa a Milagro Sala, porque ella desafió al Estado y disputó el control territorial con esos jefes políticos de la región.
Gran parte de los jueces y fiscales que juzgan a Sala fueron nombrados por el ex gobernador peronista de Jujuy Eduardo Fellner. Es lo que Garavano les recordó a los parlamentarios peronistas del Parlasur que fueron a pedirle por ella. «Hablen con Fellner antes de venir aquí», les dijo. Estaba en la delegación de parlamentarios José López, el que luego revoleó bolsas con dólares en un convento, lo que le valió su posterior destitución como miembro del Parlasur. Sala es también parlamentaria del Parlasur.
Macri quedó encerrado en una ingrata situación. Entre la insistencia internacional para que liberen a Milagro Sala y la obstinación de la política y la justicia jujeñas para mantenerla presa. Ahí está el Presidente, sin solución por ahora.
Seguramente influyen en la enorme presión internacional tres condiciones de Sala: es mujer, indígena y parlamentaria. Sabemos aquí que el Parlasur fue un invento cristinista para conseguir fueros para algunos (no para todos), pero eso no se ve desde el lejano atalaya del mundo. Los cristinistas que militan a favor de Sala (o en contra de Macri, no se sabe) son Taiana, el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini. Un amigo de Zannini, Gustavo Cinosi (uno de los dueños del hotel Sheraton de Pilar), fue nombrado en la OEA con el cargo de asesor de Asuntos Institucionales. Fue el modo como el secretario general de la OEA, el uruguayo Almagro, agradeció el voto y las gestiones argentinas para su designación durante el gobierno de Cristina.
La carta de Almagro a Milagro Sala fue un desastre sin atenuantes. Como jefe de un organismo internacional, Almagro debió hacer primero gestiones reservadas ante el gobierno argentino y, en todo caso, advertirle que podría hacer pública su posición si la situación no cambiaba. Hizo todo lo contrario: se solidarizó con Sala sin siquiera avisarle al embajador argentino en la OEA. La OEA parece condenada a la mala suerte. El chileno José Miguel Insulza se fue criticado el año pasado de la OEA, pero lo cierto es que su gestión fue mucho más seria que la de Almagro. Almagro tiene una increíble facilidad para oscilar entre lo correcto y lo incorrecto. El torpe pronunciamiento de Almagro tuvo, sin embargo, su influencia. Aunque la CIDH es autónoma en sus decisiones, depende orgánicamente de la OEA, cuyo jefe es, precisamente, Almagro.
A pesar de todo, al Gobierno le preocupó, tanto como el pronunciamiento de la CIDH, la declaración de José Miguel Vivanco, director de la División Américas de la prestigiosa organización Human Rights Watch, quien suscribió la posición del constitucionalista Gargarella. Vivanco no tiene ninguna vinculación con el cristinismo y, al contrario, defendió a los perseguidos durante la larga década del cristinismo. A los periodistas, entre ellos. En los primeros días de la detención de Milagro Sala, Vivanco pidió, en un artículo publicado en LA NACION, la derogación del delito de sedición porque es incompatible con un Estado democrático.
Desde el primer reclamo de las Naciones Unidas, políticos argentinos criticaron la gestión de Malcorra. Es injusto. Ya hizo mucho logrando frenar durante casi un año el importante problema de política exterior que existe ahora. Malcorra y Garavano le venían anticipando a Gerardo Morales desde abril pasado que el caso Sala terminaría mal.
¿Cómo terminará? Debería terminar, al menos, con soluciones realistas. No hay solución buena para la pertinacia de los dirigentes jujeños mientras las cosas estén como están. Es evidente que Milagro Sala ejerció violencia contra sus adversarios y manejó discrecionalmente los fondos públicos. Sin embargo, la figura de la prisión preventiva debe ser usada con mucha prudencia. Le niega la libertad a una persona que no fue condenada (cuyos presuntos delitos deben probarse) y puede violar el principio de inocencia (todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario). En el caso de Sala, el delito está probado, pero no quién lo cometió. Astuta, Milagro Sala rechazó la prisión domiciliaria por la que trabajó Garavano. En la cárcel es una perseguida política; en su casa la aguarda el olvido.
Políticos y jueces de Jujuy deberían ser conscientes de que el problema se les fue de las manos. Milagro Sala no tiene fueros (no los tiene el Parlasur) y debe ser investigada con todas las garantías del debido proceso, más aún porque es un personaje polémico y controvertido. Deberían evitar, en fin, que se convierta en mártir quien no lo es ni merece serlo.
