En septiembre de 2015 publiqué en Clarín una nota titulada “Militares y narcotráfico: una combinación letal” en la cual me referí al error, constatado en varios lugares, de empujar a las fuerzas militares a la lucha contra las drogas.
En esta ocasión me referiré al intento de usar a las Fuerzas Armadas para otra labor que no le compete y que llevaría a desmantelar uno de los pocos consensos socio-políticos alcanzados por la democracia: la separación entre defensa externa y seguridad interna.
La tergiversación y expansión de las funciones de las Fuerzas Armadas en cuestiones de orden público ha sido estudiada por muchos especialistas.
El mecanismo es así: una fracción cohesionada y beligerante de la elite está dispuesta a aumentar la gravitación interna e internacional de los militares. Por distintas razones históricas la opinión publica es escéptica y reacia a ello.
Los tomadores de decisión advierten que se debe generar un clima favorable para “vender” su propuesta. Para eso se sirven de eventos externos y/o internos impactantes y los usan como pretexto para, primero, eludir el debate público, y segundo, forzar medidas y leyes para alcanzar su propósito. Así, triunfan determinados intereses creados.
Desde diciembre de 2015 el gobierno del presidente Mauricio Macri, como lo hicieron gobiernos previos y de distinto signo, ha evitado la deliberación razonada en torno a una política de defensa para el siglo XXI y se ha dedicado, cada cierto tiempo y sin éxito aún, a proponer la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Ahora parece haber un nuevo impulso para que los militares se involucren en el combate anti-terrorista.
No hay evidencias serias que indiquen tal necesidad y datos confiables confirman su carácter innecesario. Por ejemplo, de acuerdo con el Center for Systemic Peace que compila las muertes derivadas de actos terroristas en el mundo desde septiembre de 1989 hasta marzo de 2017, la Argentina no ha sido víctima de ningún ataque desde los atentados de 11 de septiembre de 2001.
Si se toman en consideración los datos comprobados sobre combatientes internacionales asociados al Estado Islámico que fueron provistos por un desertor y evaluados por el Combating Terrorism Center, de América Latina solo habría dos provenientes de Trinidad y Tobago y uno de Brasil .
En el último informe sobre terrorismo en América Latina del Congressional Research Service que elabora estudios detallados para los legisladores estadounidenses no se menciona la presencia del Estado Islámico ni de “lobos solitarios” en la región (ver, https://fas.org/sgp/crs/terror/RS21049.pdf).
En los recientes informes Worldwide Threat Assessment realizados por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, no se identifica a América Latina como un área clave respecto al terrorismo transnacional.
El informe del Overseas Security Advisory Council del Bureau of Diplomatic Security del Departamento de Estado de 2017, se mencionan los atentados terroristas de 1992 y 1994 y se afirma: “No hay actividad operativa terrorista reciente o significativa en la Argentina”.
Para los que se intranquilizan por la amenaza del terrorismo nuclear, la Argentina, según el Nuclear Security Index de 2016, se ubica en el puesto 15 en materia de seguridad nuclear por encima de Rusia, China, Israel, India, Pakistán e Irán.
No faltan quienes subrayan la “alianza” deletérea entre el narcotráfico y el terrorismo. También en este frente las investigaciones rigurosas muestran que tal nexo es exagerado e infrecuente y a lo sumo circunstancial según el caso: al fin y al cabo, unos se movilizan por las ganancias y los otros por la ideología. También están los que propugnan modificar la inquietante ley anti-terrorista de 2007 y apuntan a reprimir el terrorismo financiero.
Pero el problema del lavado de dinero en el país no tiene que ver con el hipotético avance de grupos terroristas sino con las prácticas enraizadas de fuga de capitales y las deficiencias del sistema judicial. No al azar, en el informe de 2017 del Departamento de Estado sobre lavado de activos se identifica a la Argentina como un “major money laundering country” (principal país de lavado de dinero). Hay que agregar que la cooperación en el tema del terrorismo y respecto a la Triple Frontera bajo el compromiso denominado 3 (Argentina, Brasil y Paraguay) más 1 (Estados Unidos) ha funcionado positivamente para todas las partes.
En breve, nada justifica este nuevo intento de quebrar una de las columnas vertebrales de la democracia argentina: la nítida frontera entre defensa y seguridad.
Juan Gabriel Tokatlian es profesor plenario de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)
En esta ocasión me referiré al intento de usar a las Fuerzas Armadas para otra labor que no le compete y que llevaría a desmantelar uno de los pocos consensos socio-políticos alcanzados por la democracia: la separación entre defensa externa y seguridad interna.
La tergiversación y expansión de las funciones de las Fuerzas Armadas en cuestiones de orden público ha sido estudiada por muchos especialistas.
El mecanismo es así: una fracción cohesionada y beligerante de la elite está dispuesta a aumentar la gravitación interna e internacional de los militares. Por distintas razones históricas la opinión publica es escéptica y reacia a ello.
Los tomadores de decisión advierten que se debe generar un clima favorable para “vender” su propuesta. Para eso se sirven de eventos externos y/o internos impactantes y los usan como pretexto para, primero, eludir el debate público, y segundo, forzar medidas y leyes para alcanzar su propósito. Así, triunfan determinados intereses creados.
Desde diciembre de 2015 el gobierno del presidente Mauricio Macri, como lo hicieron gobiernos previos y de distinto signo, ha evitado la deliberación razonada en torno a una política de defensa para el siglo XXI y se ha dedicado, cada cierto tiempo y sin éxito aún, a proponer la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Ahora parece haber un nuevo impulso para que los militares se involucren en el combate anti-terrorista.
No hay evidencias serias que indiquen tal necesidad y datos confiables confirman su carácter innecesario. Por ejemplo, de acuerdo con el Center for Systemic Peace que compila las muertes derivadas de actos terroristas en el mundo desde septiembre de 1989 hasta marzo de 2017, la Argentina no ha sido víctima de ningún ataque desde los atentados de 11 de septiembre de 2001.
Si se toman en consideración los datos comprobados sobre combatientes internacionales asociados al Estado Islámico que fueron provistos por un desertor y evaluados por el Combating Terrorism Center, de América Latina solo habría dos provenientes de Trinidad y Tobago y uno de Brasil .
En el último informe sobre terrorismo en América Latina del Congressional Research Service que elabora estudios detallados para los legisladores estadounidenses no se menciona la presencia del Estado Islámico ni de “lobos solitarios” en la región (ver, https://fas.org/sgp/crs/terror/RS21049.pdf).
En los recientes informes Worldwide Threat Assessment realizados por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, no se identifica a América Latina como un área clave respecto al terrorismo transnacional.
El informe del Overseas Security Advisory Council del Bureau of Diplomatic Security del Departamento de Estado de 2017, se mencionan los atentados terroristas de 1992 y 1994 y se afirma: “No hay actividad operativa terrorista reciente o significativa en la Argentina”.
Para los que se intranquilizan por la amenaza del terrorismo nuclear, la Argentina, según el Nuclear Security Index de 2016, se ubica en el puesto 15 en materia de seguridad nuclear por encima de Rusia, China, Israel, India, Pakistán e Irán.
No faltan quienes subrayan la “alianza” deletérea entre el narcotráfico y el terrorismo. También en este frente las investigaciones rigurosas muestran que tal nexo es exagerado e infrecuente y a lo sumo circunstancial según el caso: al fin y al cabo, unos se movilizan por las ganancias y los otros por la ideología. También están los que propugnan modificar la inquietante ley anti-terrorista de 2007 y apuntan a reprimir el terrorismo financiero.
Pero el problema del lavado de dinero en el país no tiene que ver con el hipotético avance de grupos terroristas sino con las prácticas enraizadas de fuga de capitales y las deficiencias del sistema judicial. No al azar, en el informe de 2017 del Departamento de Estado sobre lavado de activos se identifica a la Argentina como un “major money laundering country” (principal país de lavado de dinero). Hay que agregar que la cooperación en el tema del terrorismo y respecto a la Triple Frontera bajo el compromiso denominado 3 (Argentina, Brasil y Paraguay) más 1 (Estados Unidos) ha funcionado positivamente para todas las partes.
En breve, nada justifica este nuevo intento de quebrar una de las columnas vertebrales de la democracia argentina: la nítida frontera entre defensa y seguridad.
Juan Gabriel Tokatlian es profesor plenario de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)
