Representa casi el 15% de sus exportaciones anuales
Siete de las veinte principales mineras operan en la Argentina
Por Pablo Waisberg
Las multinacionales mineras no pudieron girar este año unos u$s800 millones en concepto de utilidades a sus inversores extranjeros. Esa demora, que comenzó a sentirse en febrero pasado, puso “el freno a las decisiones de inversión”, según advirtieron ejecutivos de algunas de las principales firmas extractivas que operan en la Argentina. Se trata de un sector que realizó exportaciones por más de u$s5.000 millones en el 2011.
La queja de los empresarios mineros, que en los últimos meses comenzaron a sentir la presión de los inversores extranjeros, tiene relación directa con el decreto 1722/2011. Allí se restableció la obligatoriedad para que las productoras de hidrocarburos y empresas mineras liquiden en el país “la totalidad de las divisas” provenientes de sus exportaciones.
Esa medida terminó con el beneficio que poseían solamente esos dos sectores de la economía local, que en los hechos se traducía en un asiento contable donde mostraban el resultado de las exportaciones. El dinero no pasaba por el Banco Central y eso fue lo que cambió la decisión tomada en octubre pasado, que restableció un decreto de 1964 que buscaba evitar el distorsionamiento del mercado de divisas.
A partir de la finalización del “régimen diferencial” –como lo definió el Gobierno en el decreto de octubre del 2011–, las mineras y petroleras necesitan pedir autorización al Banco Central para remitir las utilidades a sus casas matrices. Es decir, deben recibir el visto bueno de la autoridad monetaria para sacar los dólares físicos del país. “Pero nos piden que esperemos. Eso fue lo que nos dijo [Jorge] Mayoral”, dijo a BAE uno de los representantes de las principales mineras que operan en la Argentina y que tiene relación directa con el secretario de Minería.
En el mismo sentido, una fuente oficial señaló a este diario que “la decisión de autorizar el giro de dividendos se toma en el directorio del Banco Central y por ahora no se autorizan”.
Ese nuevo escenario es visto con preocupación por las mayores mineras, todas integradas por capitales extranjeros. “Ser uno de los principales sectores exportadores de la Argentina nos da proyección pero para eso deben darse las condiciones deseables de estabilidad jurídica”, dijo el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Martín Dedeu, la semana pasada. Fue durante la presentación del informe económico elaborado por la consultora Abeceb.com. Allí, entre las conclusiones, se abonó la misma línea argumental: la concreción de los proyectos previstos “está bajo el supuesto de estabilidad del marco regulatorio y la previsibilidad de reglas que hacen a la actividad”.
En un tono un poco más elevado, tres fuentes sectoriales hablaron de que ya “existen cambios de reglas de juego” y del reclamo directo que sufren por parte de los inversores internacionales. “Ellos están apretando para que los directivos hagan lobby porque desde febrero estamos sin girar”, dijo uno de ellos. Otro completó: “De estos cambios se avisó a los inversores en el mismo momento en que nos enteramos, porque de lo contrario muchos directivos podríamos ir presos”.
Cambios en la normativa
El beneficio de no ingresar en el país las divisas generadas por las exportaciones está contenido en la Ley de Inversiones Mineras. Pero el decreto 1722, del 25 de octubre pasado, restableció la obligatoriedad, que estaba incluida en el primer artículo del decreto 2581, del 10 de abril de 1964, que firmó el entonces presidente Arturo Ilia.
La decisión que tomó la administración central, tres días después de obtener el el 53,96% de los votos en las últimas elecciones, actuó como una inyección de dólares a la economía en el corto plazo.
Pero fue una medida que dio marcha atrás con una ratificación del beneficio contenido en un decreto del 2004, que había sido elogiado por el estudio Marval, O’Farrell & Maizal. Según un análisis de bufete de abogados, “la libertad para disponer de las utilidades de sus exportaciones” era una aliento “al desarrollo y financiamiento de varios de los proyectos mineros actualmente existentes en la Argentina”.
Siete de las veinte principales mineras operan en la Argentina
Por Pablo Waisberg
Las multinacionales mineras no pudieron girar este año unos u$s800 millones en concepto de utilidades a sus inversores extranjeros. Esa demora, que comenzó a sentirse en febrero pasado, puso “el freno a las decisiones de inversión”, según advirtieron ejecutivos de algunas de las principales firmas extractivas que operan en la Argentina. Se trata de un sector que realizó exportaciones por más de u$s5.000 millones en el 2011.
La queja de los empresarios mineros, que en los últimos meses comenzaron a sentir la presión de los inversores extranjeros, tiene relación directa con el decreto 1722/2011. Allí se restableció la obligatoriedad para que las productoras de hidrocarburos y empresas mineras liquiden en el país “la totalidad de las divisas” provenientes de sus exportaciones.
Esa medida terminó con el beneficio que poseían solamente esos dos sectores de la economía local, que en los hechos se traducía en un asiento contable donde mostraban el resultado de las exportaciones. El dinero no pasaba por el Banco Central y eso fue lo que cambió la decisión tomada en octubre pasado, que restableció un decreto de 1964 que buscaba evitar el distorsionamiento del mercado de divisas.
A partir de la finalización del “régimen diferencial” –como lo definió el Gobierno en el decreto de octubre del 2011–, las mineras y petroleras necesitan pedir autorización al Banco Central para remitir las utilidades a sus casas matrices. Es decir, deben recibir el visto bueno de la autoridad monetaria para sacar los dólares físicos del país. “Pero nos piden que esperemos. Eso fue lo que nos dijo [Jorge] Mayoral”, dijo a BAE uno de los representantes de las principales mineras que operan en la Argentina y que tiene relación directa con el secretario de Minería.
En el mismo sentido, una fuente oficial señaló a este diario que “la decisión de autorizar el giro de dividendos se toma en el directorio del Banco Central y por ahora no se autorizan”.
Ese nuevo escenario es visto con preocupación por las mayores mineras, todas integradas por capitales extranjeros. “Ser uno de los principales sectores exportadores de la Argentina nos da proyección pero para eso deben darse las condiciones deseables de estabilidad jurídica”, dijo el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Martín Dedeu, la semana pasada. Fue durante la presentación del informe económico elaborado por la consultora Abeceb.com. Allí, entre las conclusiones, se abonó la misma línea argumental: la concreción de los proyectos previstos “está bajo el supuesto de estabilidad del marco regulatorio y la previsibilidad de reglas que hacen a la actividad”.
En un tono un poco más elevado, tres fuentes sectoriales hablaron de que ya “existen cambios de reglas de juego” y del reclamo directo que sufren por parte de los inversores internacionales. “Ellos están apretando para que los directivos hagan lobby porque desde febrero estamos sin girar”, dijo uno de ellos. Otro completó: “De estos cambios se avisó a los inversores en el mismo momento en que nos enteramos, porque de lo contrario muchos directivos podríamos ir presos”.
Cambios en la normativa
El beneficio de no ingresar en el país las divisas generadas por las exportaciones está contenido en la Ley de Inversiones Mineras. Pero el decreto 1722, del 25 de octubre pasado, restableció la obligatoriedad, que estaba incluida en el primer artículo del decreto 2581, del 10 de abril de 1964, que firmó el entonces presidente Arturo Ilia.
La decisión que tomó la administración central, tres días después de obtener el el 53,96% de los votos en las últimas elecciones, actuó como una inyección de dólares a la economía en el corto plazo.
Pero fue una medida que dio marcha atrás con una ratificación del beneficio contenido en un decreto del 2004, que había sido elogiado por el estudio Marval, O’Farrell & Maizal. Según un análisis de bufete de abogados, “la libertad para disponer de las utilidades de sus exportaciones” era una aliento “al desarrollo y financiamiento de varios de los proyectos mineros actualmente existentes en la Argentina”.
