Beatriz Ríos *
BRUSELAS.– El domingo concluyó en el Espacio Schengen la operación Mos maiorum que preveía la retención masiva de inmigrantes irregulares para recabar información sobre las rutas de llegada a Europa y sus responsables, sin embargo, gran parte de los grupos del Parlamento Europeo consideran que no se trata más que de una operación racista que atenta contra la dignidad humana y que criminaliza a la víctima del tráfico ilegal de personas: el inmigrante.
Mos maiorum es una operación policial coordinada por la presidencia italiana del Consejo de la Unión Europea en colaboración con Frontex, la agencia de control de fronteras de la Unión. Entre los días 13 y 26 de octubre, Italia llamaba a los estados miembros del Espacio Schengen a controlar, no solo en las fronteras sino en todo el territorio, los movimientos migratorios. La operación preveía arrestar a inmigrantes en situación irregular para interrogarles sobre las vías de entrada a Europa. El objetivo era recabar información para luchar contra del tráfico de seres humanos.
La opacidad sobre los métodos de la operación también preocupa a los eurodiputados. Aunque la europarlamentaria española Marina Albiol solicitó al Consejo de la Unión Europea información detallada sobre el dispositivo, no se conocen los detalles de la operación. Los resultados de la misma no verán la luz hasta el próximo mes de diciembre.
Según Albiol, el Consejo de la Unión no ha hecho más que extender a todo el territorio Schengen algo que en España se hace cada día: las redadas racistas. La diputada de la Izquierda Plural en el Parlamento detalla el proceso habitual: “se realizan controles en estaciones de metro, autobús, tren o incluso colegios o centros de salud. Paran a determinadas personas para pedirles la documentación y lo hacen en función de su aspecto, según el color de su piel, lo cual es una práctica racista. ”
Este tipo de redadas ya fueron condenadas por la propia Unión Europea a través de la respuesta a una pregunta parlamentaria del grupo GUE/NGL sobre su práctica en España. La Comisión reconocía ser consciente de estos dispositivos y condenaba “toda forma y manifestación de racismo y xenofobia, sin importar de quién venga.” Sin embargo, justificaba la ausencia de sanción en que la vigilancia del respeto a los derechos humanos depende de cada estado miembro. Resulta sorprendente entonces que esta práctica se haya extendido e institucionalizado, aunque solo durante unas semanas, al territorio de todos los miembros del Espacio Schengen.
Fernando López Aguilar, eurodiputado por el Partido Socialista, cuestiona además la utilidad de esta práctica ya que “la identificación apunta más a las víctimas del tráfico ilícito de personas que a las mafias que hay detrás.”
Sin embargo, Mos maiorum no es la primera de estas operaciones contra el tráfico de personas. Estos dispositivos policiales coordinados se realizan cada cierto tiempo desde 2011. A Mos Maoirum le preceden Hermes, Balder, Mitras, Demeter, Afrodita y la última, entre septiembre y octubre de 2013, Perkunas.
El ministerio del interior italiano en colaboración con la agencia europea Frontex es el responsable en esta ocasión.
Perkunas: conclusiones de la última operación
Coordinada por la presidencia lituana del Consejo de la Unión Europea, Perkunas se saldó con 10.459 personas inmigrantes irregulares interceptadas de las cuales, el 68’52% demandaron protección internacional. Esta cifra no sorprende en absoluto si tenemos en cuenta que los principales países de origen eran Siria, Eritrea y Afganistán, tres territorios marcados por la guerra y la pobreza.
Esta es la clave que algunos eurodiputados pusieron sobre la mesa el pasado 22 de marzo durante un debate en el Parlamento Europeo: ¿de dónde vienen estas personas y de qué huyen?
Ángela Vallina, en su intervención en el debate, denunciaba que “explotamos en origen sus recursos, somos cómplices de Estados corruptos y cuando la presión del hambre, la pobreza y la muerte les empuja a saltar vallas, a jugarse la vida en embarcaciones… Los encerramos, los expulsamos y los abandonamos a su suerte.”
Hambre y guerra
Durante la ‘operación Perkunas’, 3.770 personas fueron identificadas como nacionales sirios. La ONU estima que entre 2011 y 2014, más de 191.000 personas han muerto a causa de la guerra en Siria. A esta cifra habría que sumar los fallecidos por falta de acceso a recursos básicos. Además, unos 9 millones de personas han dejado el país huyendo de la guerra convirtiéndose en refugiados, menos de 100.000 de ellos reclamaron asilo en Europa.
Eritrea fue el segundo lugar de origen en cuanto a inmigrantes irregulares retenidos entre el 30 de septiembre y el 13 de octubre de 2013. Con una renta per cápita de 409 euros, desde su independencia en 1993, Eritrea ha sufrido tres guerras fronterizas. El conflicto con Etiopia ha causado desde 1998 más de 100.000 muertes y aunque los enfrentamientos cesaron en 2002, la situación en la zona continúa siendo inestable.
Desde Afganistán llegaron 590 personas a Europa durante la operación, según datos del gobierno lituano. En Afganistán la renta per cápita es de 511 euros y de sobra conocida es su situación política y social. En guerra desde 2001, hasta siete países del Espacio Schengen han intervenido en el país. Casi 8000 civiles han muerto en los últimos seis años a causa del conflicto en un país en el que los ataques terroristas son un fenómeno casi diario.
Estas cifras arrojan luz sobre las razones por las que miles de personas cada año se juegan la vida para llegar a Europa. Es por esto que los eurodiputados reclaman mayor transparencia para la ‘operación Mos Maiorum’, respeto a los derechos fundamentales y mejoras en procesos de gestión de las demandas de asilo. Para el Parlamento Europeo, una operación policial no puede ser la única respuesta a una situación que lejos de ser un problema de seguridad es una crisis humanitaria.
(*) Beatriz Ríos es periodista.
