“En la medida en que no tomemos injerencia desde nuestra visión, no podremos esperar otro resultado”, fue la sincera apelación de Miguel Etchevere al auditorio de empresarios de diversas cámaras reunidos la mañana del lunes en el salón Juan Pablo Segundo de la Universidad Católica Argentina. Con un discurso audaz y contundente, el presidente de la Sociedad Rural Argentina sintetizó el espíritu de ese cónclave patronal, el primero de una proyectada serie: ganar influencia en las decisiones que competen al gobierno de turno.
“Constitución, propiedad privada, valor del lucro y federalismo.” Ésos son los valores reivindicados por el dirigente ruralista como núcleo ideológico de la convocatoria que se extenderá a gremios y a otros actores sociales para debatir un temario aún difuso pero que, previsiblemente, tiene como eje cuestionar la política oficial e indicar cómo mejorar el clima de los negocios.
La movida está en estado germinal pero tiene buen dinamismo. En sólo diez días se pusieron de acuerdo dirigentes de Amcham (Cámara de Comercio de Argentina y Estados Unidos), Acde (Asociación Católica de Dirigentes de Empresa), AEA (Asociación Empresaria de la Argentina), Cambras (Cámara de Comercio Argentino Brasileña), la SRA, la Fundación Mediterránea y su brazo académico, el Ieral, e Idea (Instituto del Desarrollo Empresarial de la Argentina) para armar un evento que sirviera como pronunciamiento público a favor del respeto a las instituciones.
La consigna, inobjetable. El armado de un frente común con sesgo crítico al gobierno, obvio. Ni la Unión Industrial Argentina ni los bancos nacionales formaron parte de esta declaración. Pero la amplia y variada gama de empresas de todos los rubros contenidas en las organizaciones que promovieron el acto hace que muy pocas queden afuera.
Con sus esmeradas intervenciones, el economista Orlando Ferreres, el disertante Santiago Kovadloff y el constitucionalista Daniel Sabsay oficiaron de ventrílocuos de los anfitriones cuestionando la presunta violación a las instituciones perpetradas por “los políticos”. Los malos de la película proyectada en el espacioso y confortable salón de la UCA.
Tanto por antiguas determinaciones como el default de la deuda como por otras más recientes como los dictámenes de la Corte Suprema limitando el derecho de propiedad. Sólo por citar un par de ejemplos aludidos en el evento.
Atajo al poder
“Tenemos que trabajar en las reglas que rigen la economía”, fue al grano Pablo Taussig, de Acde. “Hay que transformar la realidad en algo que nos guste”, apeló Juan Vaquer, flamante presidente de Amcham.
“Los empresarios somos institucionalistas”, proclamó Jaime Campos, de AEA, quien reclamó a sus pares ser “más activos” y “hacerle ver a los políticos que queremos claridad sobre algunos puntos”. Todas invocaciones a ganar protagonismo en el escenario de las decisiones económicas relevantes.
Se esboza un frente para defender intereses tan loables como la legalidad y tan denostables como salvar el rédito empresario aun a costa del interés general.
Muchos principios invocados se hacen relativos, como la seguridad jurídica. Muchas privatizadas ofrecen buenos ejemplos de cómo, antes de la emergencia económica, exigieron al Estado reformular sus contratos porque su negocio era más pobre de lo proyectado. Lo hicieron sin pudor y sin que sus pares objetaran el cambio de reglas.
Coincidencias con otra realidad
Hay una respuesta corporativa espontánea cuando se genera un vacío de poder auténtico o imaginario. El bloque empresario suele aprovechar las falencias reales del gobierno (cuando toma medidas legal y políticamente reprochables) o su debilitamiento tras una contrariedad electoral.
Este nuevo movimiento a favor de la República –o contra las retenciones, el cepo cambiario, las restricciones para importar, etcétera– tiene algún punto de contacto con al surgimiento de AEA, a mediados del 2002, cuando bajo el comando de Oscar Vicente, primero, y Luis Pagani, después, las grandes empresas del país de todos los sectores disimularon sus disidencias y se juntaron para orientar políticas tras el colpaso del 2001.
Eduardo Duhalde era un presidente de transición y los empresarios desesperaban por develar el misterio de quién lo sucedería.
Hasta fines de ese año clamaron por la redolarización de los depósitos y objetaban lo que entendían como embates del Poder Ejecutivo contra la Corte para que no la ordenase. Inquietaba mucho más la incertidumbre política, lo que entonces identificaban como “arbitrariedades gubernamentales” y la pesificación (de los depósitos, no de las deudas alcanzadas por este beneficio) que el default y la fragilidad fiscal.
El 19 de junio del 2002, después de un encuentro con el entonces primer mandatario, la nueva AEA difundió un comunicado en el que se autodefinió como “una entidad suprasectorial que refleja la unidad del empresariado argentino en momentos tan difíciles como los que vive el país”.
Esa gesta patronal tuvo un carácter más formal, justificado por una circunstancia muy crítica y, por lo tanto, bien diferente de la que se vive ahora, tras más de una década de estabilidad institucional.
Pero tenía el similar móvil de evitar algún desmadre legal o, dicho en lenguaje político juvenil, que se promoviera un cambio revolucionario, con normas menos favorables para lo negocios.
“¿Por qué en lugar de sacarnos los políticos no hacen que invirtamos?, fue la primer pregunta anónima con la que el lunes se abrió la ronda. Nadie la contestó.
Por las diferencias intestinas y el anhelo de no irritar a los gobiernos, la asociación se autolimitó a producir comunicados discretos y de bajo impacto político. El nuevo movimiento, que promete continuar amplificado en el 2014, parece una reedición vigorizada de aquella iniciativa, bajo la misma bandera de custodiar los valores del capitalismo democrático y el único y real deseo de garantizar un marco amigable para sus negocios.
“Sin cronograma electoral no puede haber verdadera reactivación”, se quejaba hace once años el entonces titular de Telecom, Juan Carlos Masjoan.
“Que termine un mal gobierno no significa que venga otro mejor”, advertía hace dos días Etchevere. También angustia el futuro en la medida en que no se gane injerencia en él.
“Constitución, propiedad privada, valor del lucro y federalismo.” Ésos son los valores reivindicados por el dirigente ruralista como núcleo ideológico de la convocatoria que se extenderá a gremios y a otros actores sociales para debatir un temario aún difuso pero que, previsiblemente, tiene como eje cuestionar la política oficial e indicar cómo mejorar el clima de los negocios.
La movida está en estado germinal pero tiene buen dinamismo. En sólo diez días se pusieron de acuerdo dirigentes de Amcham (Cámara de Comercio de Argentina y Estados Unidos), Acde (Asociación Católica de Dirigentes de Empresa), AEA (Asociación Empresaria de la Argentina), Cambras (Cámara de Comercio Argentino Brasileña), la SRA, la Fundación Mediterránea y su brazo académico, el Ieral, e Idea (Instituto del Desarrollo Empresarial de la Argentina) para armar un evento que sirviera como pronunciamiento público a favor del respeto a las instituciones.
La consigna, inobjetable. El armado de un frente común con sesgo crítico al gobierno, obvio. Ni la Unión Industrial Argentina ni los bancos nacionales formaron parte de esta declaración. Pero la amplia y variada gama de empresas de todos los rubros contenidas en las organizaciones que promovieron el acto hace que muy pocas queden afuera.
Con sus esmeradas intervenciones, el economista Orlando Ferreres, el disertante Santiago Kovadloff y el constitucionalista Daniel Sabsay oficiaron de ventrílocuos de los anfitriones cuestionando la presunta violación a las instituciones perpetradas por “los políticos”. Los malos de la película proyectada en el espacioso y confortable salón de la UCA.
Tanto por antiguas determinaciones como el default de la deuda como por otras más recientes como los dictámenes de la Corte Suprema limitando el derecho de propiedad. Sólo por citar un par de ejemplos aludidos en el evento.
Atajo al poder
“Tenemos que trabajar en las reglas que rigen la economía”, fue al grano Pablo Taussig, de Acde. “Hay que transformar la realidad en algo que nos guste”, apeló Juan Vaquer, flamante presidente de Amcham.
“Los empresarios somos institucionalistas”, proclamó Jaime Campos, de AEA, quien reclamó a sus pares ser “más activos” y “hacerle ver a los políticos que queremos claridad sobre algunos puntos”. Todas invocaciones a ganar protagonismo en el escenario de las decisiones económicas relevantes.
Se esboza un frente para defender intereses tan loables como la legalidad y tan denostables como salvar el rédito empresario aun a costa del interés general.
Muchos principios invocados se hacen relativos, como la seguridad jurídica. Muchas privatizadas ofrecen buenos ejemplos de cómo, antes de la emergencia económica, exigieron al Estado reformular sus contratos porque su negocio era más pobre de lo proyectado. Lo hicieron sin pudor y sin que sus pares objetaran el cambio de reglas.
Coincidencias con otra realidad
Hay una respuesta corporativa espontánea cuando se genera un vacío de poder auténtico o imaginario. El bloque empresario suele aprovechar las falencias reales del gobierno (cuando toma medidas legal y políticamente reprochables) o su debilitamiento tras una contrariedad electoral.
Este nuevo movimiento a favor de la República –o contra las retenciones, el cepo cambiario, las restricciones para importar, etcétera– tiene algún punto de contacto con al surgimiento de AEA, a mediados del 2002, cuando bajo el comando de Oscar Vicente, primero, y Luis Pagani, después, las grandes empresas del país de todos los sectores disimularon sus disidencias y se juntaron para orientar políticas tras el colpaso del 2001.
Eduardo Duhalde era un presidente de transición y los empresarios desesperaban por develar el misterio de quién lo sucedería.
Hasta fines de ese año clamaron por la redolarización de los depósitos y objetaban lo que entendían como embates del Poder Ejecutivo contra la Corte para que no la ordenase. Inquietaba mucho más la incertidumbre política, lo que entonces identificaban como “arbitrariedades gubernamentales” y la pesificación (de los depósitos, no de las deudas alcanzadas por este beneficio) que el default y la fragilidad fiscal.
El 19 de junio del 2002, después de un encuentro con el entonces primer mandatario, la nueva AEA difundió un comunicado en el que se autodefinió como “una entidad suprasectorial que refleja la unidad del empresariado argentino en momentos tan difíciles como los que vive el país”.
Esa gesta patronal tuvo un carácter más formal, justificado por una circunstancia muy crítica y, por lo tanto, bien diferente de la que se vive ahora, tras más de una década de estabilidad institucional.
Pero tenía el similar móvil de evitar algún desmadre legal o, dicho en lenguaje político juvenil, que se promoviera un cambio revolucionario, con normas menos favorables para lo negocios.
“¿Por qué en lugar de sacarnos los políticos no hacen que invirtamos?, fue la primer pregunta anónima con la que el lunes se abrió la ronda. Nadie la contestó.
Por las diferencias intestinas y el anhelo de no irritar a los gobiernos, la asociación se autolimitó a producir comunicados discretos y de bajo impacto político. El nuevo movimiento, que promete continuar amplificado en el 2014, parece una reedición vigorizada de aquella iniciativa, bajo la misma bandera de custodiar los valores del capitalismo democrático y el único y real deseo de garantizar un marco amigable para sus negocios.
“Sin cronograma electoral no puede haber verdadera reactivación”, se quejaba hace once años el entonces titular de Telecom, Juan Carlos Masjoan.
“Que termine un mal gobierno no significa que venga otro mejor”, advertía hace dos días Etchevere. También angustia el futuro en la medida en que no se gane injerencia en él.
y si,a medida que pasa el tiempo se van definiendo mas los modelos economicos y politicos…