En su cruzada contra Hugo Moyano, en paralelo a la búsqueda de eventuales sanciones políticas y judiciales, el Gobierno quiere avanzar en un costado diferente del camionero: su relación, muy estrecha para el oficialismo, con los empresarios de su sector. Incluso se va más allá, y se quiere fiscalizar contratos de empresas públicas con compañías que tendrían vinculación directa con Moyano y alguno de sus familiares.
Desde el Gobierno, aun antes de los incidentes del miércoles pasado frente a la planta de despacho de YPF en La Matanza, se sospecha que Moyano y los privados de la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas (Fadeeac, que negocian las paritarias con el jefe de la CGT), ya tenían cerrado su acuerdo de aumento salarial del 25,5% desde comienzos de la semana pasada. Incluso se mencionaba en el Ministerio de Trabajo de Carlos Tomada que sólo hubo dos encuentros previos antes del desplante moyanista y el lanzamiento del paro de transporte de combustibles. El primero el jueves 14 (cuando la cámara ofreció un 18% de aumento) y el lunes 18 (el 21%), para luego cerrar la paritaria el jueves después de los incidentes. Antes de este acuerdo de aumento del 25,5%, los empresarios no atendieron los llamados de los funcionarios del Gobierno que ya sospechaban que las paritarias estaban cerradas. La preocupación oficial en esos momentos era que el incremento superara largamente el 24% de tope que el Gobierno defiende como barrera para las paritarias 2012, lo que finalmente sucedió. Se habla de la reunión del jueves por la mañana entre los Moyano y los delegados de Fadeeac, donde en privado se cerró la paritaria que luego se envió al Gobierno, sin posibilidades que éste la revise. Se recordaba que desde el oficialismo se había alentado a los empresarios a que sostuvieran su base de incremento salarial en menos del 24%, y que desde el Gobierno se defendería la posición ante la embestida de Moyano. La velocidad del cierre de las paritarias del jueves sorprendió al Gobierno, casi tanto como la gravedad del conflicto de un día antes.
Según la visión oficial, en la práctica, las paritarias se arreglaron en menos de una semana cuando en general las discusiones por los aumentos salariales llevan hasta un mes de promedio para acordar. Fue el caso, por ejemplo, de los metalúrgicos de la UOM, los mecánicos de SMATA, los gastronómicos y los bancarios, entre otros. En todos los casos las discusiones de este año llevaron más de cuatro semanas de debate y en ningún caso se llegó al grado de conflictividad de los camioneros.
Por todo esto, hacia delante, parte del tiempo de varios funcionarios públicos se concentrará en investigar la relación entre sectores de los empresarios del transporte y los Moyano. En la mira hay tres casos, todos vinculados con YPF. En primer lugar, se profundizará en conocer los vínculos entre dos empresas de transporte de combustibles contratadas por la petrolera nacionalizada para que trabaje en la distribuidora de La Matanza en la Ruta 21. Según el Gobierno, el día de la movilización del sindicato a esa planta para bloquear la salida de vehículos, los empresarios se negaron a colaborar con el pedido oficial. Incluso, se menciona, hubo serios problemas para contactar a los privados durante el conflicto. Sólo aparecieron tarde a la noche. Esto llevó a que el ministro de Planificación, Julio De Vido, asegurara el miércoles a la noche y el jueves por la mañana, antes que se conociera el resultado de la paritaria de camioneros, que parte de los hechos del miércoles debían definirse como un «lock out patronal» con lo cual debían comenzar «a revisarse los contratos entre YPF Y las distribuidoras». De Vido dijo además que «recién a las 10 de la mañana pude tener contacto con Luis Morales de Fadeeac» ya que antes «se borraron, cortaron el teléfono» por lo cual el paro «más que de un sindicato fue un paro corporativo». Según el ministro, se deben revisar los contratos porque «tienen una rentabilidad importantísima».
El Gobierno sospecha puntualmente que Moyano habló el miércoles de la semana pasada con los responsables de las empresas distribuidoras, para que se plegaran al paro y que no aceptaran el pedido del Gobierno para salir a distribuir combustibles, aunque sea con otros choferes que no sean los contratados. De hecho, el Gobierno había dispuesto un listado de operarios de camioneros vinculados a las Fuerzas Armadas y de seguridad que podrían haber manejado las unidades de las empresas distribuidoras de la planta de La Matanza.
Hay otro caso aún más complejo en la mira. Según los datos que llegaron al Gobierno, otra compañía, Chenyi Logística, está contratada por la petrolera nacionalizada y realiza un servicio de distribución de metanol en la planta de Bahía Blanca. En algún momento, se dijo que tenía vinculaciones con la hijastra de Moyano, Valeria Salerno, lo que nunca se investigó por parte del Gobierno. Hubo incluso un pedido de informes de la diputada nacional Graciela Ocaña, la primera perteneciente al Gobierno de Cristina de Kirchner en enfrentarse al camionero, con resultado conocido. Ahora, algunos altos funcionarios del Ejecutivo, quieren desempolvar esa denuncia.
Desde el Gobierno, aun antes de los incidentes del miércoles pasado frente a la planta de despacho de YPF en La Matanza, se sospecha que Moyano y los privados de la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas (Fadeeac, que negocian las paritarias con el jefe de la CGT), ya tenían cerrado su acuerdo de aumento salarial del 25,5% desde comienzos de la semana pasada. Incluso se mencionaba en el Ministerio de Trabajo de Carlos Tomada que sólo hubo dos encuentros previos antes del desplante moyanista y el lanzamiento del paro de transporte de combustibles. El primero el jueves 14 (cuando la cámara ofreció un 18% de aumento) y el lunes 18 (el 21%), para luego cerrar la paritaria el jueves después de los incidentes. Antes de este acuerdo de aumento del 25,5%, los empresarios no atendieron los llamados de los funcionarios del Gobierno que ya sospechaban que las paritarias estaban cerradas. La preocupación oficial en esos momentos era que el incremento superara largamente el 24% de tope que el Gobierno defiende como barrera para las paritarias 2012, lo que finalmente sucedió. Se habla de la reunión del jueves por la mañana entre los Moyano y los delegados de Fadeeac, donde en privado se cerró la paritaria que luego se envió al Gobierno, sin posibilidades que éste la revise. Se recordaba que desde el oficialismo se había alentado a los empresarios a que sostuvieran su base de incremento salarial en menos del 24%, y que desde el Gobierno se defendería la posición ante la embestida de Moyano. La velocidad del cierre de las paritarias del jueves sorprendió al Gobierno, casi tanto como la gravedad del conflicto de un día antes.
Según la visión oficial, en la práctica, las paritarias se arreglaron en menos de una semana cuando en general las discusiones por los aumentos salariales llevan hasta un mes de promedio para acordar. Fue el caso, por ejemplo, de los metalúrgicos de la UOM, los mecánicos de SMATA, los gastronómicos y los bancarios, entre otros. En todos los casos las discusiones de este año llevaron más de cuatro semanas de debate y en ningún caso se llegó al grado de conflictividad de los camioneros.
Por todo esto, hacia delante, parte del tiempo de varios funcionarios públicos se concentrará en investigar la relación entre sectores de los empresarios del transporte y los Moyano. En la mira hay tres casos, todos vinculados con YPF. En primer lugar, se profundizará en conocer los vínculos entre dos empresas de transporte de combustibles contratadas por la petrolera nacionalizada para que trabaje en la distribuidora de La Matanza en la Ruta 21. Según el Gobierno, el día de la movilización del sindicato a esa planta para bloquear la salida de vehículos, los empresarios se negaron a colaborar con el pedido oficial. Incluso, se menciona, hubo serios problemas para contactar a los privados durante el conflicto. Sólo aparecieron tarde a la noche. Esto llevó a que el ministro de Planificación, Julio De Vido, asegurara el miércoles a la noche y el jueves por la mañana, antes que se conociera el resultado de la paritaria de camioneros, que parte de los hechos del miércoles debían definirse como un «lock out patronal» con lo cual debían comenzar «a revisarse los contratos entre YPF Y las distribuidoras». De Vido dijo además que «recién a las 10 de la mañana pude tener contacto con Luis Morales de Fadeeac» ya que antes «se borraron, cortaron el teléfono» por lo cual el paro «más que de un sindicato fue un paro corporativo». Según el ministro, se deben revisar los contratos porque «tienen una rentabilidad importantísima».
El Gobierno sospecha puntualmente que Moyano habló el miércoles de la semana pasada con los responsables de las empresas distribuidoras, para que se plegaran al paro y que no aceptaran el pedido del Gobierno para salir a distribuir combustibles, aunque sea con otros choferes que no sean los contratados. De hecho, el Gobierno había dispuesto un listado de operarios de camioneros vinculados a las Fuerzas Armadas y de seguridad que podrían haber manejado las unidades de las empresas distribuidoras de la planta de La Matanza.
Hay otro caso aún más complejo en la mira. Según los datos que llegaron al Gobierno, otra compañía, Chenyi Logística, está contratada por la petrolera nacionalizada y realiza un servicio de distribución de metanol en la planta de Bahía Blanca. En algún momento, se dijo que tenía vinculaciones con la hijastra de Moyano, Valeria Salerno, lo que nunca se investigó por parte del Gobierno. Hubo incluso un pedido de informes de la diputada nacional Graciela Ocaña, la primera perteneciente al Gobierno de Cristina de Kirchner en enfrentarse al camionero, con resultado conocido. Ahora, algunos altos funcionarios del Ejecutivo, quieren desempolvar esa denuncia.
