(Columna de María Esperanza Casullo)
¿La sangre llegará al río en el conflicto entre los gobiernos neuquino y el nacional? Lo más probable es que Sapag esté haciendo lo que aprendió de su padre y su tío: autonomía, presión y negociación continua.
Cualquier lector que abra los diarios de la provincia de Neuquén con cierta regularidad sabe que el principal tema de discusión hoy es la puja alrededor del proyecto de la nueva ley de hidrocarburos (una discusión que no aparece tan frecuentemente en los medios nacionales, lo que demuestra una vez más el predominio del área metropolitana de Buenos Aires en la formación de agenda).
Recapitulemos. La provincia de Neuquén, su economía e identidad misma, están atadas por completo a los hidrocarburos. La actividad de explotación petrolera y, sobre todo, gasífera, es la principal fuente de ingresos de la provincia desde la década del ’30, cuando YPF se asentó en la ciudad de Cutral-Có, cuyo nombre significa no casualmente “Agua de Fuego” en idioma mapuche.
Las regalías provenientes de la actividad petrolera, invertidas en una provincia con baja población por gobiernos provinciales con ideología desarrollista, permitieron el “milagro neuquino” de las décadas del ’60 y ’70, cuando la provincia mejoró notablemente los indicadores de salud, educación, vivienda e infraestructura. Los fondos de las regalías permitieron a la provincia asumir una política de desarrollo de actividades complementarias, desde la construcción del centro de esquí de Chapelco hasta el polo vitivinícola de El Chañar.
Sin embargo, el corazón económico sigue siendo petrolero. Neuquén produce el 51% del gas que consume la Argentina, y hoy posee además la tercera reserva mundial de shale gas del mundo, en la formación geológica de Vaca Muerta.
Políticamente, la existencia del flujo de recursos de las regalías petroleras permitió al partido provincial, el MPN, mantener una política de independencia y negociación constante con respecto al Gobierno Nacional. Ya en 1973 Felipe Sapag había denegado el pedido personal de Perón de bajar su candidatura a gobernador e integrar el MPN en el peronismo y, aún así, Felipe Sapag no tuvo problemas en ganar la gobernación ese año. La principal herramienta de negociación no fueron nunca los votos populares (Neuquén tiene menos población que cualquier partido del conurbano), sino el voto de sus diputados y, sobre todo, sus senadores. Por eso, durante años el gobierno de la provincia fue ejercido de manera casi dual: por Felipe Sapag como gobernador y su hermano Elías Sapag en el Senado.
En la década del ’80, la relativa paridad entre peronistas y radicales en la Cámara Alta hacía valer el voto de los partidos provinciales. Por ejemplo, hay que recordar que Elías Sapag hizo caer con su voto uno de los principales proyectos legislativos del alfonsinismo, la “Ley Mucci” de reforma sindical. En la última década, la fragmentación del bipartidismo en el Senado y el hecho de que el kirchnerismo haya optado por enviar al Congreso la mayoría de sus iniciativas políticas han revalorizado otra vez los votos de los senadores del MPN, que siempre fueron negociados de manera individual. A veces el MPN no acompañó al oficialismo (el senador emepenista Horacio Lores votó en contra del proyecto de ley de Matrimonio Igualitario y Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por ejemplo) y otras veces votó a favor del oficialismo como sucedió con la estatización de YPF. Otras veces, el MPN votó en contra de proyectos de ley del oficialismo pero prestó su senador para dar quorum, tal como sucedió durante la sanción de la ley de Movilidad Jubilatoria.
Es decir, el MPN no es ni oficialista automático ni opositor automático, sino que negocia su voto caso por caso.
Hoy, el gobierno neuquino y el nacional están en una puja por el control de la riqueza aún inexplotada de Vaca Muerta. La Constitución de 1994 otorgó el control del subsuelo a cada provincia, que es la que concesiona las áreas de explotación; la clave del conflicto actual es que la provincia de Neuquén pretende que su recientemente creada sociedad anónima con mayoría de capital provincial (Gas y Petróleo del Neuquén) no sólo cobre un canon por la concesión sino que se asocie con YPF en la explotación de Vaca Muerta y participe directamente en las ganancias. YPF rechaza esta pretensión que, a su juicio, vuelve menos atractiva las inversiones.
El gobierno de Jorge Sapag se ha diferenciado públicamente en sus declaraciones del Gobierno Nacional y ha denunciado el “centralismo” de YPF. Se dice que ha boicoteado las negociaciones de una nueva ley petrolera con las restantes provincias petroleras. La Legislatura provincial podría votar una declaración de rechazo al proyecto de ley del Ejecutivo y, mientras tanto, Jorge Sapag fue uno de los expositores del seminario sobre gas y petróleo organizado por el Grupo Clarín.
¿Significa esto que el Gobierno neuquino entra en una escalada de conflicto con el Gobierno Nacional? ¿Viviremos acaso la puesta en práctica de la amenaza de “cerrar la llave de paso del caño de gas” de la que hablaba Felipe Sapag? Es poco probable. El analista atento de la política neuquina sabe que en estos momentos debe siempre mirar, no sólo a lo que hace el Ejecutivo provincial, sino también a lo que hacen los senadores del MPN. Y allí nos encontramos con que la senadora neuquina Lucila Crexell hace sólo siete días se mantuvo en su banca al retirarse la oposición, y habilitó así el informe de Jorge Capitanich con la presencia de Amado Boudou. La senadora Crexell fue también invitada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a viajar en la comitiva oficial a la cumbre de los BRICS, y acompañó a Amado Boudou a México para un encuentro binacional de legisladores. Es decir, la presión, y la negociación continúan.
Es probable que la dura negociación culmine en un proyecto de ley de hidrocarburos más cercano a los intereses neuquinos que el primer borrador, pero aún así aceptable para Nación; una vez que aquel exista, es probable que el mismo sea aprobado con votos de los senadores del MPN. Tampoco le conviene a Neuquén que el Ejecutivo fuerce una nueva ley contraria a sus intereses con el voto de los senadores oficialistas de provincias no petroleras. Y luego, la negociación continuará, caso por caso. Lo más probable es que el gobernador neuquino esté haciendo una vez más lo que aprendió de su padre y su tío: autonomía, presión y negociación continua.
¿La sangre llegará al río en el conflicto entre los gobiernos neuquino y el nacional? Lo más probable es que Sapag esté haciendo lo que aprendió de su padre y su tío: autonomía, presión y negociación continua.
Cualquier lector que abra los diarios de la provincia de Neuquén con cierta regularidad sabe que el principal tema de discusión hoy es la puja alrededor del proyecto de la nueva ley de hidrocarburos (una discusión que no aparece tan frecuentemente en los medios nacionales, lo que demuestra una vez más el predominio del área metropolitana de Buenos Aires en la formación de agenda).
Recapitulemos. La provincia de Neuquén, su economía e identidad misma, están atadas por completo a los hidrocarburos. La actividad de explotación petrolera y, sobre todo, gasífera, es la principal fuente de ingresos de la provincia desde la década del ’30, cuando YPF se asentó en la ciudad de Cutral-Có, cuyo nombre significa no casualmente “Agua de Fuego” en idioma mapuche.
Las regalías provenientes de la actividad petrolera, invertidas en una provincia con baja población por gobiernos provinciales con ideología desarrollista, permitieron el “milagro neuquino” de las décadas del ’60 y ’70, cuando la provincia mejoró notablemente los indicadores de salud, educación, vivienda e infraestructura. Los fondos de las regalías permitieron a la provincia asumir una política de desarrollo de actividades complementarias, desde la construcción del centro de esquí de Chapelco hasta el polo vitivinícola de El Chañar.
Sin embargo, el corazón económico sigue siendo petrolero. Neuquén produce el 51% del gas que consume la Argentina, y hoy posee además la tercera reserva mundial de shale gas del mundo, en la formación geológica de Vaca Muerta.
Políticamente, la existencia del flujo de recursos de las regalías petroleras permitió al partido provincial, el MPN, mantener una política de independencia y negociación constante con respecto al Gobierno Nacional. Ya en 1973 Felipe Sapag había denegado el pedido personal de Perón de bajar su candidatura a gobernador e integrar el MPN en el peronismo y, aún así, Felipe Sapag no tuvo problemas en ganar la gobernación ese año. La principal herramienta de negociación no fueron nunca los votos populares (Neuquén tiene menos población que cualquier partido del conurbano), sino el voto de sus diputados y, sobre todo, sus senadores. Por eso, durante años el gobierno de la provincia fue ejercido de manera casi dual: por Felipe Sapag como gobernador y su hermano Elías Sapag en el Senado.
En la década del ’80, la relativa paridad entre peronistas y radicales en la Cámara Alta hacía valer el voto de los partidos provinciales. Por ejemplo, hay que recordar que Elías Sapag hizo caer con su voto uno de los principales proyectos legislativos del alfonsinismo, la “Ley Mucci” de reforma sindical. En la última década, la fragmentación del bipartidismo en el Senado y el hecho de que el kirchnerismo haya optado por enviar al Congreso la mayoría de sus iniciativas políticas han revalorizado otra vez los votos de los senadores del MPN, que siempre fueron negociados de manera individual. A veces el MPN no acompañó al oficialismo (el senador emepenista Horacio Lores votó en contra del proyecto de ley de Matrimonio Igualitario y Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por ejemplo) y otras veces votó a favor del oficialismo como sucedió con la estatización de YPF. Otras veces, el MPN votó en contra de proyectos de ley del oficialismo pero prestó su senador para dar quorum, tal como sucedió durante la sanción de la ley de Movilidad Jubilatoria.
Es decir, el MPN no es ni oficialista automático ni opositor automático, sino que negocia su voto caso por caso.
Hoy, el gobierno neuquino y el nacional están en una puja por el control de la riqueza aún inexplotada de Vaca Muerta. La Constitución de 1994 otorgó el control del subsuelo a cada provincia, que es la que concesiona las áreas de explotación; la clave del conflicto actual es que la provincia de Neuquén pretende que su recientemente creada sociedad anónima con mayoría de capital provincial (Gas y Petróleo del Neuquén) no sólo cobre un canon por la concesión sino que se asocie con YPF en la explotación de Vaca Muerta y participe directamente en las ganancias. YPF rechaza esta pretensión que, a su juicio, vuelve menos atractiva las inversiones.
El gobierno de Jorge Sapag se ha diferenciado públicamente en sus declaraciones del Gobierno Nacional y ha denunciado el “centralismo” de YPF. Se dice que ha boicoteado las negociaciones de una nueva ley petrolera con las restantes provincias petroleras. La Legislatura provincial podría votar una declaración de rechazo al proyecto de ley del Ejecutivo y, mientras tanto, Jorge Sapag fue uno de los expositores del seminario sobre gas y petróleo organizado por el Grupo Clarín.
¿Significa esto que el Gobierno neuquino entra en una escalada de conflicto con el Gobierno Nacional? ¿Viviremos acaso la puesta en práctica de la amenaza de “cerrar la llave de paso del caño de gas” de la que hablaba Felipe Sapag? Es poco probable. El analista atento de la política neuquina sabe que en estos momentos debe siempre mirar, no sólo a lo que hace el Ejecutivo provincial, sino también a lo que hacen los senadores del MPN. Y allí nos encontramos con que la senadora neuquina Lucila Crexell hace sólo siete días se mantuvo en su banca al retirarse la oposición, y habilitó así el informe de Jorge Capitanich con la presencia de Amado Boudou. La senadora Crexell fue también invitada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a viajar en la comitiva oficial a la cumbre de los BRICS, y acompañó a Amado Boudou a México para un encuentro binacional de legisladores. Es decir, la presión, y la negociación continúan.
Es probable que la dura negociación culmine en un proyecto de ley de hidrocarburos más cercano a los intereses neuquinos que el primer borrador, pero aún así aceptable para Nación; una vez que aquel exista, es probable que el mismo sea aprobado con votos de los senadores del MPN. Tampoco le conviene a Neuquén que el Ejecutivo fuerce una nueva ley contraria a sus intereses con el voto de los senadores oficialistas de provincias no petroleras. Y luego, la negociación continuará, caso por caso. Lo más probable es que el gobernador neuquino esté haciendo una vez más lo que aprendió de su padre y su tío: autonomía, presión y negociación continua.
