La ley que regula la producción y venta de cannabis impactará tanto dentro de Uruguay como fronteras afuera
A comienzos de diciembre, Uruguay apareció en las primeras planas del mundo a partir de la ley que pone en la órbita estatal la producción, venta y distribución de marihuana. El Gobierno que encabeza José Mujica es muy enfático en aclarar que no se trata de una “legalización”, sino que lo que busca la norma es “actuar sobre un mercado que ya existe, porque para el Estado es más fácil actuar sobre algo visible que sobre algo invisible”, como le dijo a la agencia Télam tras la sanción de la ley el secretario de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada.
Se trata de una medida que es defendida como “prueba” para darle un nuevo enfoque al “problema” del narcotráfico, luego de lo que Uruguay considera un “fracaso” de la política de guerra a las drogas que adoptó casi todo Occidente en los últimos cincuenta años. El propio Mujica salió rápido a aclarar que “si no funciona” el experimento, está dispuesto a “dar marcha atrás” con la norma, que entre sus múltiples aristas produce en los hechos el sinceramiento de un desfase legal que existía en ese país, en donde el consumo de la droga no estaba penado, pero sí su compra y venta.
Si bien algunos aspectos de la norma estarán vigentes desde la promulgación de la ley (especialmente los referidos al autocultivo de hasta seis plantas por persona), el cuerpo central se irá conociendo y definiendo en la reglamentación, para la que el Poder Ejecutivo tiene hasta cientoveinte días, pero en el que ya hay un equipo interministerial trabajando hace cuatro meses, según precisó Calzada.
A pocos días de aprobada, de todos modos, son más los interrogantes que las certezas sobre el funcionamiento en la práctica de una ley pensada desde el plano sanitario (identificar y mejorar la atención a los usuarios que tengan un uso problemático de la droga); desde el plano de la seguridad (pensada para “arrebatarle al narcotráfico su mercado más rentable”) y hasta desde el derecho, terminando con esa incongruencia entre legalidad del consumo e ilegalidad del resto del proceso productivo.
Ahora bien, quedarán para la reglamentación de la ley algunos de los aspectos que terminarán de definir su peso específico: ¿Cómo será el sistema de licencias a través del cual el Estado permitirá que privados produzcan la marihuana para que luego se venda en las farmacias? ¿Cuántas serán y qué precio tendrán? ¿Se reservará el Estado alguna de las licencias para que, directamente o a través de una empresa pública, produzca marihuana, como estaba originalmente previsto cuando en junio de 2012 se presentó la iniciativa? ¿Se podrá evitar, como quiere Mujica, un turismo cannábico que atraiga ocasionales fumadores de marihuana, pese a que la ley advierte que sólo se expenderá a residentes mayores de dieciocho años? ¿Cómo se controlará que no haya un trasvasamiento de la droga legal al mercado ilegal que pueda fácilmente ser sacada del país por la extensa frontera seca con Brasil o el litoral enorme que separa a Uruguay de la Argentina?
Este último es uno de los puntos en los que el Gobierno uruguayo ha puesto más énfasis. Consciente de la globalización del narcotráfico, estará con un ojo puesto en monitorear que no haya una desviación hacia sus vecinos, que son a la vez los países con los que, más allá de las coyunturas, más apunta a consolidar un espacio de integración. Es en ese marco que debe leerse que a una semana de aprobada la ley, el ideólogo de la norma, Julio Calzada, haya cruzado a Buenos Aires a explicar los pormenores de la misma. O que el vicecanciller, Luis Porto, haya dejado la puerta abierta para que países de la región se sumen al consejo que monitoreará la aplicación de una ley que encierra tanto una vidriera mundial, como una responsabilidad casi inédita en la historia del país oriental.
Otro punto de monitoreo central será la evaluación de la opinión pública interna. Luego de la despenalización del aborto y de la aprobación del matrimonio entre homosexuales, la regulación de la marihuana cierra una trilogía de leyes que avanzan en la denominada “agenda de derechos”, que reclamaban los sectores urbanos de estratos altos que apoyan al oficialismo uruguayo. El último sondeo de la consultora Cifra marca que seis de cada diez uruguayos no acompaña el proyecto. Habrá que ver si ese apoyo se extiende, y no provoca fuga de votos en otros sectores que más que “militantes frenteamplistas”, fueron ocasionales votantes en las elecciones de 2004 y 2009 y a los que el FA deberá apelar nuevamente en octubre próximo, más allá de que por ahora sigue liderando cómodo en la encuestas.
También son leyes que interpelan directamente a la juventud. El Frente Amplio, marcaban varios politólogos, había perdido la delantera interpelando a los nuevos votantes en un país en el que casi el 20% de las personas tiene más de 60 años. Si para muestra basta un botón, en el último Congreso de la fuerza de centroizquierda, el 66% de los participantes tenían más de 50 años y sólo hubo dos delegados menores de 30 años entre los casi 2000, según datos oficiales. Estas leyes posiblemente vuelvan a tender un puente entre el Frente Amplio y esos sectores juveniles.
A nivel dirigencial, la oposición había picado en punta, con la precandidatura del joven Luis Lacalle Pou (39 años) por el Partido Nacional y la irrupción del diputado Fernando Amado (31) como promisoria figura del Partido Colorado. De todos modos, y más allá de que había ya en discusión parlamentaria varios proyectos opositores que aceptaban el autocultivo, el proyecto de regulación de la marihuana se sancionó en general, en ambas cámaras, únicamente con los votos del Frente Amplio.
La campaña para las presidenciales de 2014 ya está en marcha. Esa proximidad puede explicar el nulo acompañamiento opositor a una ley con la que muchos dirigentes no frenteamplistas reconocen, por lo bajo, estar de acuerdo en algunos puntos. Pero así como ya dijimos que la nueva ley pone al Uruguay en el centro del debate internacional, también irá siendo una prueba casi diaria para el Frente Amplio de cara a una elección que por ahora parece tener bajo cierto control, pero que no por ello dejará de estar más que atento a las implicancias externas e internas de los primeros meses de su aplicación.
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