Los medios opositores dan por descontado que hubo un estallido social durante los saqueos provocados por el conflicto policial. Pero no hubo estallido social sino el intento fallido y violento de provocarlo. Hubo zonas liberadas y saqueos organizados por bandas armadas en diferentes zonas del país que se detonaban en forma escalonada. Conclusión: un intento que no prosperó a pesar de toda esa pólvora seca es indicativo de todo lo contrario al estallido social, porque demuestra que la situación social es capaz de ahogar semejante fogonazo que en otro momento hubiera incendiado al país.
Clarín, La Nación y otros medios hablaron de estallido y además lo explicaron con un cuadro social exagerado sin darse cuenta de que los hechos estaban demostrando lo contrario de lo que ellos afirmaban. Ese también fue un intento frustrado. El diario español El País, que tiene una mirada reaccionaria sobre los gobiernos progresistas latinoamericanos, habló de desborde social. Los estallidos sociales más grandes en la Argentina, durante la hiperinflación en 1989 y el corralito en 2001-2002, se desbordaron porque sobrepasaron a la represión policial. En este caso, no sólo no había represión, sino que fueron sectores de esas fuerzas encargadas de la seguridad los que convocaron a los saqueos. Y, a pesar de todo, el estallido no se extendió, ni desbordó, sino que quedó focalizado en las zonas donde había comenzado.
En 1989 fueron las mujeres las que se organizaron para los saqueos. En 2001-2002 lo hicieron los movimientos sociales que agrupaban a los desocupados. En 1989, un sueldo promedio no pasaba de los cien dólares y apenas alcanzaba para quince días. En 2001-2002 más de la mitad de la población estaba por debajo de la línea de pobreza y un tercio estaba sin trabajo. Los movimientos de trabajadores desocupados habían reemplazado al Estado en los barrios humildes y fueron los que organizaron los saqueos. En los dos casos, en 1989 y en 2001-2002, los saqueos no fueron producto de la bronca ni de un conflicto salarial, sino que surgieron de la desesperación por sobrevivir y llevar alimento a las familias. Y en los dos casos se realizaron enfrentando a las policías y no con su ayuda.
Hay movimientos sociales que apoyan al Gobierno y otros que son ferozmente opositores. Ninguno defendió estos saqueos ni asumió su autoría. Por el contrario, muchas de estas organizaciones los repudiaron y lo mismo hicieron los organismos de derechos humanos. No hubo estallido social, afirman. Lo que hubo fue gente robando.
Los grupos que iniciaban el asalto a los comercios estaban bien organizados, por lo general eran adolescentes armados, en motocicletas, con zapatillas y ropa de marca, y que elegían en primer lugar comercios de electrodomésticos, de zapatillas o de indumentaria en general. Estos grupos conocían el movimiento de los efectivos policiales, sabían el momento y la zona que iba a ser liberada por los policías y llegaban incluso antes de que el conflicto tomara estado público a través de los medios. La forma de actuar coincide con las bandas de pibes narcos, los soldaditos que venden droga en los barrios. Son tribus que tienen puntos de contacto y límites entremezclados con fuerzas de seguridad que conviven en esas fronteras. Ellos tienen sus propias raíces en los barrios y también convocaron a ese entorno a participar en los saqueos, una vez que los comercios ya habían sido destruidos.
Es indudable que tuvo que haber algún tipo de articulación entre un sector de los policías en conflicto y estos grupos de saqueadores y delincuentes. Y dentro de los policías en conflicto seguramente había muchos intereses y actitudes, desde los honestos que actuaron estrictamente con un sentido gremial, hasta los corruptos que salieron a saquear y coordinaron con las banditas de saqueadores. Y también los que aprovecharon el conflicto para la manipulación política y le dieron conscientemente un carácter desestabilizador y antidemocrático.
La calidad de los saqueadores quedó clara en algunas anécdotas que surgieron de la investigación. El propio gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, contó que al allanar una casa con doble garaje, donde había una 4×4 doble cabina, en un barrio de clase media, se encontraron varios electrodomésticos que habían sido robados en los saqueos. La esposa del saqueador formaba parte de la comisión del barrio que protestaba por la falta de seguridad. Alguna relación con algún sector de la policía había como para que este señor de clase media se arriesgara con su camioneta para salir a saquear.
En Concordia, Entre Ríos, dos fiscales allanaron la casa de un sargento de la policía de esa provincia de apellido Valdez, como lo señaló ayer Página/12 en su tapa y la Presidenta en su cuenta de Twitter. Encontraron varios lavarropas, una hidrolavadora, un motor eléctrico y otros artículos. Valdez formaba parte del grupo que copó la comisaría principal de esa ciudad y tomó de rehén al comisario.
Ninguno de estos saqueadores parece motivado por la desesperación o arrastrado por una situación económica crítica. Por eso, equiparar estos hechos con los de 1989 o con 2001-2002, o hablar de estallido social y hacerse los sabelotodos diciendo que la culpa es de la inflación, parece estúpido o cómplice de los saqueadores, porque los están justificando. La inflación puede generar malestar, pero las paritarias han logrado que los salarios no pierdan terreno. Es un tironeo permanente. Una cosa es conflicto social, y otra muy distinta es hablar de estallido social o de crisis social.
Los mismos medios que publican índices para demostrar que la inflación se come el salario, al mismo tiempo publican otros para demostrar que los aumentos de salario son responsables de la inflación. El índice de precios del Indec puede ser discutido y criticado, pero se pierde autoridad moral para hacerlo cuando se manejan otros índices y cifras a la bartola. El Indec por lo menos tiene infraestructura para hacer un índice serio. Los privados, que marcan el doble de inflación de lo que dice el Indec, están necesariamente hechos a ojo porque no tienen la infraestructura que se necesita para elaborarlos. Este mes casi lo triplicaron, lo cual parece exagerado y tan discutible como los otros. Lo real es que las paritarias han estado siempre muy por arriba de lo que han marcado los índices del Indec. A pesar de la inflación, se puede decir que el salario osciló entre un poco por abajo y un poco por arriba según el momento del año en que se lo mida de la inflación real, pero no se atrasó.
En las notas de estos medios se habla de un estallido social que no existió y se dice que esto que no existió se produjo por algo cuya veracidad ya es discutible per se, porque se supone que fue la causa lógica de algo que no se produjo.
Sobre esa base pantanosa se deducen entonces consecuencias políticas. Son las mismas que buscaban los que quisieron provocar el estallido social. Carlos Pagni en La Nación habló del fin de la primavera kirchnerista y se engolosinó con una cantidad de índices sociales y salariales de terror. Un economista uruguayo, Arturo Porzecanski, presentado como académico norteamericano, afirmó en el mismo diario que cuando ocurren estos estallidos y los gobiernos pierden la calle, es lo mismo que la gente le estuviera diciendo a la Presidenta que se tome el helicóptero antes de terminar su mandato.
Es probable que la primavera termine porque llega el verano, pero el planteo de Porzecanski, que fue empleado de bajo nivel del FMI y de la Banca Morgan, un economista poco prestigiado que impulsó el endeudamiento de los países latinoamericanos durante los años 90, tiene la forma del nuevo golpismo.
Las Fuerzas Armadas ya no son las principales protagonistas de un golpe. Están los golpes de mercado, como el que le hicieron a Raúl Alfonsín; los golpes judiciales, como el que le hicieron a Manuel Zelaya en Honduras y al intendente izquierdista de Bogotá, Gustavo Petro; los golpes parlamentarios, como el que le hicieron a Fernando Lugo en Paraguay o el policial que intentaron hacerle a Rafael Correa en Ecuador.
El conflicto policial no fue un intento golpista en sí mismo, pero hubo manipulación de los efectivos en conflicto para que los hechos tuvieran esa connotación. Y parte de esa manipulación fue el intento frustrado de provocar un estallido social que estuvo lejos de producirse. Sin embargo, los medios opositores le dieron la magnitud que los provocadores no pudieron. Es un punto de reflexión. El otro punto señala a los saqueadores oportunistas, que entraron a robar porque vieron que no había vigilancia y que las puertas de los comercios estaban destruidas. Esas personas están poniendo en evidencia un punto débil del entramado social. Y la tercera cuestión son las fuerzas policiales. El conflicto demostró la necesidad de encontrar políticas de seguridad que garanticen el derecho ciudadano a la seguridad y gran parte de esas políticas pasan por encontrar un modelo de fuerzas policiales diferente al actual.
Clarín, La Nación y otros medios hablaron de estallido y además lo explicaron con un cuadro social exagerado sin darse cuenta de que los hechos estaban demostrando lo contrario de lo que ellos afirmaban. Ese también fue un intento frustrado. El diario español El País, que tiene una mirada reaccionaria sobre los gobiernos progresistas latinoamericanos, habló de desborde social. Los estallidos sociales más grandes en la Argentina, durante la hiperinflación en 1989 y el corralito en 2001-2002, se desbordaron porque sobrepasaron a la represión policial. En este caso, no sólo no había represión, sino que fueron sectores de esas fuerzas encargadas de la seguridad los que convocaron a los saqueos. Y, a pesar de todo, el estallido no se extendió, ni desbordó, sino que quedó focalizado en las zonas donde había comenzado.
En 1989 fueron las mujeres las que se organizaron para los saqueos. En 2001-2002 lo hicieron los movimientos sociales que agrupaban a los desocupados. En 1989, un sueldo promedio no pasaba de los cien dólares y apenas alcanzaba para quince días. En 2001-2002 más de la mitad de la población estaba por debajo de la línea de pobreza y un tercio estaba sin trabajo. Los movimientos de trabajadores desocupados habían reemplazado al Estado en los barrios humildes y fueron los que organizaron los saqueos. En los dos casos, en 1989 y en 2001-2002, los saqueos no fueron producto de la bronca ni de un conflicto salarial, sino que surgieron de la desesperación por sobrevivir y llevar alimento a las familias. Y en los dos casos se realizaron enfrentando a las policías y no con su ayuda.
Hay movimientos sociales que apoyan al Gobierno y otros que son ferozmente opositores. Ninguno defendió estos saqueos ni asumió su autoría. Por el contrario, muchas de estas organizaciones los repudiaron y lo mismo hicieron los organismos de derechos humanos. No hubo estallido social, afirman. Lo que hubo fue gente robando.
Los grupos que iniciaban el asalto a los comercios estaban bien organizados, por lo general eran adolescentes armados, en motocicletas, con zapatillas y ropa de marca, y que elegían en primer lugar comercios de electrodomésticos, de zapatillas o de indumentaria en general. Estos grupos conocían el movimiento de los efectivos policiales, sabían el momento y la zona que iba a ser liberada por los policías y llegaban incluso antes de que el conflicto tomara estado público a través de los medios. La forma de actuar coincide con las bandas de pibes narcos, los soldaditos que venden droga en los barrios. Son tribus que tienen puntos de contacto y límites entremezclados con fuerzas de seguridad que conviven en esas fronteras. Ellos tienen sus propias raíces en los barrios y también convocaron a ese entorno a participar en los saqueos, una vez que los comercios ya habían sido destruidos.
Es indudable que tuvo que haber algún tipo de articulación entre un sector de los policías en conflicto y estos grupos de saqueadores y delincuentes. Y dentro de los policías en conflicto seguramente había muchos intereses y actitudes, desde los honestos que actuaron estrictamente con un sentido gremial, hasta los corruptos que salieron a saquear y coordinaron con las banditas de saqueadores. Y también los que aprovecharon el conflicto para la manipulación política y le dieron conscientemente un carácter desestabilizador y antidemocrático.
La calidad de los saqueadores quedó clara en algunas anécdotas que surgieron de la investigación. El propio gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, contó que al allanar una casa con doble garaje, donde había una 4×4 doble cabina, en un barrio de clase media, se encontraron varios electrodomésticos que habían sido robados en los saqueos. La esposa del saqueador formaba parte de la comisión del barrio que protestaba por la falta de seguridad. Alguna relación con algún sector de la policía había como para que este señor de clase media se arriesgara con su camioneta para salir a saquear.
En Concordia, Entre Ríos, dos fiscales allanaron la casa de un sargento de la policía de esa provincia de apellido Valdez, como lo señaló ayer Página/12 en su tapa y la Presidenta en su cuenta de Twitter. Encontraron varios lavarropas, una hidrolavadora, un motor eléctrico y otros artículos. Valdez formaba parte del grupo que copó la comisaría principal de esa ciudad y tomó de rehén al comisario.
Ninguno de estos saqueadores parece motivado por la desesperación o arrastrado por una situación económica crítica. Por eso, equiparar estos hechos con los de 1989 o con 2001-2002, o hablar de estallido social y hacerse los sabelotodos diciendo que la culpa es de la inflación, parece estúpido o cómplice de los saqueadores, porque los están justificando. La inflación puede generar malestar, pero las paritarias han logrado que los salarios no pierdan terreno. Es un tironeo permanente. Una cosa es conflicto social, y otra muy distinta es hablar de estallido social o de crisis social.
Los mismos medios que publican índices para demostrar que la inflación se come el salario, al mismo tiempo publican otros para demostrar que los aumentos de salario son responsables de la inflación. El índice de precios del Indec puede ser discutido y criticado, pero se pierde autoridad moral para hacerlo cuando se manejan otros índices y cifras a la bartola. El Indec por lo menos tiene infraestructura para hacer un índice serio. Los privados, que marcan el doble de inflación de lo que dice el Indec, están necesariamente hechos a ojo porque no tienen la infraestructura que se necesita para elaborarlos. Este mes casi lo triplicaron, lo cual parece exagerado y tan discutible como los otros. Lo real es que las paritarias han estado siempre muy por arriba de lo que han marcado los índices del Indec. A pesar de la inflación, se puede decir que el salario osciló entre un poco por abajo y un poco por arriba según el momento del año en que se lo mida de la inflación real, pero no se atrasó.
En las notas de estos medios se habla de un estallido social que no existió y se dice que esto que no existió se produjo por algo cuya veracidad ya es discutible per se, porque se supone que fue la causa lógica de algo que no se produjo.
Sobre esa base pantanosa se deducen entonces consecuencias políticas. Son las mismas que buscaban los que quisieron provocar el estallido social. Carlos Pagni en La Nación habló del fin de la primavera kirchnerista y se engolosinó con una cantidad de índices sociales y salariales de terror. Un economista uruguayo, Arturo Porzecanski, presentado como académico norteamericano, afirmó en el mismo diario que cuando ocurren estos estallidos y los gobiernos pierden la calle, es lo mismo que la gente le estuviera diciendo a la Presidenta que se tome el helicóptero antes de terminar su mandato.
Es probable que la primavera termine porque llega el verano, pero el planteo de Porzecanski, que fue empleado de bajo nivel del FMI y de la Banca Morgan, un economista poco prestigiado que impulsó el endeudamiento de los países latinoamericanos durante los años 90, tiene la forma del nuevo golpismo.
Las Fuerzas Armadas ya no son las principales protagonistas de un golpe. Están los golpes de mercado, como el que le hicieron a Raúl Alfonsín; los golpes judiciales, como el que le hicieron a Manuel Zelaya en Honduras y al intendente izquierdista de Bogotá, Gustavo Petro; los golpes parlamentarios, como el que le hicieron a Fernando Lugo en Paraguay o el policial que intentaron hacerle a Rafael Correa en Ecuador.
El conflicto policial no fue un intento golpista en sí mismo, pero hubo manipulación de los efectivos en conflicto para que los hechos tuvieran esa connotación. Y parte de esa manipulación fue el intento frustrado de provocar un estallido social que estuvo lejos de producirse. Sin embargo, los medios opositores le dieron la magnitud que los provocadores no pudieron. Es un punto de reflexión. El otro punto señala a los saqueadores oportunistas, que entraron a robar porque vieron que no había vigilancia y que las puertas de los comercios estaban destruidas. Esas personas están poniendo en evidencia un punto débil del entramado social. Y la tercera cuestión son las fuerzas policiales. El conflicto demostró la necesidad de encontrar políticas de seguridad que garanticen el derecho ciudadano a la seguridad y gran parte de esas políticas pasan por encontrar un modelo de fuerzas policiales diferente al actual.
