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Jueves 11 de abril de 2013 | Publicado en edición impresa
Reforma judicial
Las modificaciones propuestas para el Consejo de la Magistratura son el mejor ejemplo de un proyecto destinado a favorecer al jugador dominante, es decir, al Gobierno
Por Roberto Gargarella | Para LA NACION
Apartir de los abusos reiterados que nuestra comunidad ha sufrido, hemos desarrollado un paulatino acostumbramiento frente a las violaciones de derechos. El problema, cabe aclararlo, trasciende a una facción política particular, aunque es indudable que la burla frente a las reglas se ha convertido en práctica habitual en estos últimos años. Resulta inverosímil, por caso, que el Ministerio de Seguridad haya estado involucrado (de modo judicialmente comprobado) en el espionaje a militantes sociales, sin que ello se haya traducido en la inmediata renuncia de la ministra y su secretario; o que se expropie una empresa que no se nos permite saber de quién es, pero que estaba a cargo de imprimir la moneda nacional. Frente a crímenes mayúsculos, el Gobierno ha institucionalizado la indiferencia como respuesta. Se trata de esperar a que el tiempo pase y la gente deje de protestar contra los funcionarios involucrados. Por supuesto, cabe enfatizarlo, esta situación desgraciada se ha consolidado gracias al silencio cómplice de muchos intelectuales, y al temor de tantos jueces y funcionarios públicos, que prefieren consentir abusos antes que poner en riesgo sus propios privilegios.
En materia jurídica, la actitud del Gobierno recoge los mismos parámetros: avanza en medidas que pueden implicar graves arbitrariedades, con la pretensión de que el tiempo, simplemente, naturalice sus excesos. En este contexto, se ha instaurado una práctica legalmente objetable, dentro de la cual se inscribe la recientemente anunciada reforma de la democratización de la Justicia. La práctica es la siguiente: en el medio de la partida, el jugador principal -en este caso, el Gobierno- cambia las reglas de juego, normalmente en su propio beneficio. Es lo que ocurrió cuando se reformó la ley electoral, de modo tal de perjudicar a los partidos minoritarios; cuando se modificó la ley del Consejo de la Magistratura, en favor del Gobierno; o cuando hoy se proponen cambios en nombre de la democratización de la Justicia. Este modo de reformar las reglas de juego es resistido no sólo por el sentido común, sino también por las doctrinas jurídicas más asentadas. Lo que dice al respecto el sentido común es lo obvio: las modificaciones de las reglas de juego no deben afectar el juego o la partida actual (como si a uno le modificaran las reglas del ajedrez o de una partida de cartas, mientras está jugando). Muchísimo menos si lo que se pretende es introducir un cambio favorable a quien introduce las nuevas reglas.
Dentro de la teoría jurídica contemporánea (fundamental, pero no exclusivamente, en las llamadas teorías procedimentalistas), suele destacarse un punto similar: cualquier reforma legal que implique una modificación de los procedimientos jurídicos vigentes debe mirarse con sospecha. La idea de «sospecha» que se utiliza en este caso apunta a algo jurídicamente muy preciso: cualquier reforma de las reglas debe considerarse, en principio, contraria a derecho, inconstitucional, a menos que: 1) se demuestre la existencia de una necesidad imperiosa y urgente que justifique la reforma (por ejemplo, porque de otro modo el juego no se puede seguir jugando); 2) que los medios escogidos estén diseñados del modo más estricto posible para lograr la finalidad del caso (los medios escogidos no deben ser sobreabarcativos, ni deben dejar de lado cambios imprescindibles para el logro de la finalidad anunciada), y 3) que no exista una forma menos restrictiva para alcanzar la finalidad anunciada. Para decirlo de un modo más directo: cada vez que el Gobierno «toque» las reglas del juego, el juez debe leer esa medida bajo la presunción de que quien la dictó trató de beneficiarse a sí mismo, salvo que un excepcional esfuerzo argumentativo pueda demostrar que la reforma era imprescindible (y así se adecue a los tres pasos citados más arriba). Entiéndase bien: cualquier gobierno puede tomar centenares de medidas de muy diverso tipo (desde impulsar reformas hídricas para prevenir futuras inundaciones hasta convertir en ley la asignación por hijo), sin obstáculo alguno, pero la situación no es la misma cuando lo que se afecta son las propias reglas del juego. No es admisible, por tanto, el dictado de una reforma electoral que le permita a quien la promueve aumentar su ventaja en las próximas elecciones, como tampoco lo es una reforma judicial que ayude a que el gobierno de turno tenga mejores chances de controlar a quien debe controlarlo.
Contra lo aquí sugerido, las reformas anunciadas esta semana por la Presidenta afectan las reglas del juego, están lejos de ser imprescindibles y no tocan ninguno de los puntos más importantes necesarios para alcanzar la finalidad alegada, es decir, democratizar la Justicia. En efecto, la reforma no viene a favorecer el acceso de los pobres y marginados a los tribunales; no disminuye los costos del litigio ni combate los formalismos que convierten al proceso judicial en territorio reservado para unos pocos. Otra vez, en su esencia, la reforma refuerza claramente la posición de los más poderosos (los funcionarios del Estado) y de los más ricos. Ello, no sólo a través de las trabas que se imponen a las medidas cautelares, pensadas originalmente como forma de protección de los ciudadanos más débiles frente al Estado, sino también a través de la inclusión de nuevas instancias, lo que beneficia, sobre todo, a quienes son capaces de resistir el proceso mientras éste se alarga indefinidamente: los pobres son así forzados a negociar para terminar el juicio cuanto antes y a hacerlo desde una posición de objetiva desventaja. Mientras tanto, la burocrática reforma propuesta sobre el Consejo de la Magistratura representa el mejor ejemplo de lo que puede considerarse una reforma destinada a favorecer al jugador dominante.
Para el político obstinado en reformar las reglas de juego, en todo caso, el sentido común ofrece dos consejos que, sin duda, prometen allanar el camino de la validación constitucional de la reforma del caso. Primero, la reforma de las reglas de juego debe llevarse a cabo con un consenso muy amplio, que sea capaz de incluir sobre todo a los partidos opositores; y segundo, ella debe comenzar a aplicarse recién a partir del próximo juego, es decir, nunca mientras el juego se está jugando ni mucho menos en la medida en que ella pueda favorecer al mismo que propicia la reforma del juego.
© LA NACION.
Pese al masivo rechazo opositor, sigue el kirchnerismo con su embestida contra la Justicia
El ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de Justicia, Julián Álvarez, defendieron el proyecto que prevé la regulación de cautelares; seguilo en vivo
Binner, Macri, Solanas, Barletta y De Narváez, en Tribunales para defender a la Justicia
Los principales referentes partidarios de oposición realizarán un acto en defensa de la «independencia judicial» al presentarse en el Palacio de los Tribunales, contra los proyectos de reforma de la Justicia que impulsa el Gobierno
Recondo: «Con esta reforma no hay una sola consecuencia favorable a la gente»
El juez, miembro del Consejo de la Magistratura se opuso a la reforma judicial que intenta llevar a cabo el Ejecutivo; «Sin jueces independientes no hay derechos ni garantías. Acá se retrocedió 100 años», lanzó
Sin debate y sin la oposición, avanza la reforma de la Justicia
Obtuvieron un dictamen exprés el proyecto que cambia el Consejo de la Magistratura y el que crea tres cámaras de casación; aumentan las críticas
Un cambio de régimen
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Reforma judicial
Las modificaciones propuestas para el Consejo de la Magistratura son el mejor ejemplo de un proyecto destinado a favorecer al jugador dominante, es decir, al Gobierno
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En materia jurídica, la actitud del Gobierno recoge los mismos parámetros: avanza en medidas que pueden implicar graves arbitrariedades, con la pretensión de que el tiempo, simplemente, naturalice sus excesos. En este contexto, se ha instaurado una práctica legalmente objetable, dentro de la cual se inscribe la recientemente anunciada reforma de la democratización de la Justicia. La práctica es la siguiente: en el medio de la partida, el jugador principal -en este caso, el Gobierno- cambia las reglas de juego, normalmente en su propio beneficio. Es lo que ocurrió cuando se reformó la ley electoral, de modo tal de perjudicar a los partidos minoritarios; cuando se modificó la ley del Consejo de la Magistratura, en favor del Gobierno; o cuando hoy se proponen cambios en nombre de la democratización de la Justicia. Este modo de reformar las reglas de juego es resistido no sólo por el sentido común, sino también por las doctrinas jurídicas más asentadas. Lo que dice al respecto el sentido común es lo obvio: las modificaciones de las reglas de juego no deben afectar el juego o la partida actual (como si a uno le modificaran las reglas del ajedrez o de una partida de cartas, mientras está jugando). Muchísimo menos si lo que se pretende es introducir un cambio favorable a quien introduce las nuevas reglas.
Dentro de la teoría jurídica contemporánea (fundamental, pero no exclusivamente, en las llamadas teorías procedimentalistas), suele destacarse un punto similar: cualquier reforma legal que implique una modificación de los procedimientos jurídicos vigentes debe mirarse con sospecha. La idea de «sospecha» que se utiliza en este caso apunta a algo jurídicamente muy preciso: cualquier reforma de las reglas debe considerarse, en principio, contraria a derecho, inconstitucional, a menos que: 1) se demuestre la existencia de una necesidad imperiosa y urgente que justifique la reforma (por ejemplo, porque de otro modo el juego no se puede seguir jugando); 2) que los medios escogidos estén diseñados del modo más estricto posible para lograr la finalidad del caso (los medios escogidos no deben ser sobreabarcativos, ni deben dejar de lado cambios imprescindibles para el logro de la finalidad anunciada), y 3) que no exista una forma menos restrictiva para alcanzar la finalidad anunciada. Para decirlo de un modo más directo: cada vez que el Gobierno «toque» las reglas del juego, el juez debe leer esa medida bajo la presunción de que quien la dictó trató de beneficiarse a sí mismo, salvo que un excepcional esfuerzo argumentativo pueda demostrar que la reforma era imprescindible (y así se adecue a los tres pasos citados más arriba). Entiéndase bien: cualquier gobierno puede tomar centenares de medidas de muy diverso tipo (desde impulsar reformas hídricas para prevenir futuras inundaciones hasta convertir en ley la asignación por hijo), sin obstáculo alguno, pero la situación no es la misma cuando lo que se afecta son las propias reglas del juego. No es admisible, por tanto, el dictado de una reforma electoral que le permita a quien la promueve aumentar su ventaja en las próximas elecciones, como tampoco lo es una reforma judicial que ayude a que el gobierno de turno tenga mejores chances de controlar a quien debe controlarlo.
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Copyright 2013 SA LA NACION | Todos los derechos reservados. Miembro de GDA. Grupo de Diarios América
Escuchame, Gargarella:¿pensás que sonos todos boludos?.Las cautelares, decís, fueron concebidas originalmente para defender a los más débiles y vulnerables.No es eso lo que sucede con la ley de medios y las trampas de clarín. Que hacemos entonces, nos hacemos la puñeta en favor de los poderosos?. Una vez más hay que decirlo:el gorilismo es una enfermedad grave
Gargarella es de la ‘izquierda columnista’.
No confundir con comunista: es la izquierda con columna estable en Clarín y La Nación.
‘Algunos son derechistas, otros son de centro y otros son izquierdistas, pero clarinistas son todos…’. (me tomé la libertad de adaptar la clásica frase de Perón).
Juan:
RG adhiere a la doctrina Lanata: Clarín es el más débil aquí.
Solo un par de observaciones.
1) Existe,consagrada en la ley y con Jurisprudencia de CSJ la figura de Abuso del Derecho. O sea existe remedio Juridico.
2)Un remedio posible tambien sería, arbitrar los medios para la rapida resolución de los conflictos presentado ante la justicia, ningun proyecto trabaja fuerte en ese sentido.
3)Siendo uno de los pilares de este gobierno y del apoyo irrestricto que muchos le prodigan la defensa de los DDHH. Y te ruego, apelando a tu hombría de bien, te olvides un minuto del Grupo Clarín.¿Te parece razonable , limitar o socavar derechos consagrados y defensas individuales ante el Poder del Estado, por el ejercicio abusivo de algun Hijo de Puta??? ¿No te parece un poquitin peligroso?. Mirá que las leyes quedan y las practicas, formas y jurisprudencia tambien . Poderosos hay (buenos y malos), Casta y clase dirigente existe (buena y mala), después venimos los ciudadanos (vos, yo , todos). ¿No temes el Bumerang? Vos tenés más o menos mi edad, sabés bien que asi como todas las subas de impuestos «provisorias y solo por este momento de crisis», como las imposisciones extraordinarias, que quedan para siempre. Por lo general cuando se «Abren Puertas», acá nunca se cierran y despues entra frío. Frío que no le pega ni a los que escriben la leyes, ni los que la aplican ni a los que tienen poder para torcerlas.
Saludos
Las cautelares son para todos, yo me acuerdo del 2002 y el corralito. Por supuesto «todos» incluye a empresas, pero tambien a mi o a vos.
Había un Roberto Gargarella que sostenía posturas públicas a favor del constitucionalismo democrático, del constitucionalismo popular, de la democracia participativa y deliberativa y del derecho de cada generación a ejercer el poder constituyente. Era conocida su crítica a la supervivencia del fósil jurídico del art. 22 CN : “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representates…”, que fuera utilizado varias veces para justificar la criminalización de la protesta social. Ese Gargarella había sostenido que una reforma constitucional debería armonizar la constitución en sus partes dogmática y orgánica para extirpar ese tipo de resabios propios de constitucionalismo liberal –conservador, cuya matriz presente en la constitución v pese a las reformas vigentes, nos remite al elitismo de hace 160 años. Había señalado también el problema de los injertos en esa matriz que terminan siendo absorbidos o neutralizados por el cuerpo principal de la constitución.
Seguro se trata de otro tipo; pero lo traigo como curiosidad, por la similitud del nombre.
“el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representates…”
Ah!!! Ahora esto es malo??
– Y …cuando argumentan que el pueblo los eligió masivamente?
-Y ..cuando gritan: «Si no te gusta hace un partido politico que te represente!!!?
¿Cuándo empezó y lo más importante, cuándo terminará el juego?
”las modificaciones de las reglas de juego no deben afectar el juego o la partida actual” (comparar a la reformulación de algunos aspecto de la justicia con algún juego de mesa mepa’ demasiado bajo pa’ un intelectual.. que se yo)
”suele destacarse un punto similar: cualquier reforma legal que implique una modificación de los procedimientos jurídicos vigentes debe mirarse con sospecha” me ca’ en el principio de inocencia, al menos este fue más allá de las “intenciones”
”ella debe comenzar a aplicarse recién a partir del próximo juego”
Ahhh pido disculpas.. el juego termina entonces ¿en el 2015?
Teoría de la fosilización social
Por ahí se refiere al kalpa (http://es.wikipedia.org/wiki/Kalpa).
Andá a saber.
Bién por Gargarella, representa fielmente el pensamiento de la oposición, especialmente de la antifacista.
Para que Clarín y La Nación muestren algo de antifascismo tendrían que explicar bien su posición durante la dictadura.
Lo mismo que la exitosa abogada que hizo millones ejecutando propiedades. Andá…
Cabeza: no demuestra lo que dice. Es hablar al cuete.
Y no desmiente lo de Clarín y La Nación.
¿A cuál de los Gargarellas te referís, ZXC? El del 2000 cuadra bastante con tu observación. Imagino que a ese.
en un momento por acá se discutían argumentos. ahora veo que la cuestión es el insulto simplemente. lo que digo ahora es exactamente lo mismo que dije hace 20 años. como estoy a favor de la protesta social, estoy en contra de pedraza y tomada, y de que el oficialismo de la orden de que la policia libere la zona, asi la patota procede al fusilamiento. como me considero de izquierda, estoy en contra de que se use a la gendarmeria desde el ministerio de seguridad para espiar a los militantes sociales. como me interesa el derecho, me parece que es un error que la impresion de los billetes quede a cargo de una empresa fantasma. por esas cosas, tambien critico que hayan usado la mayoria automatica para convertir en ley la ley antiterrorista, y no la asignacion por hijos. o que pacten con el empresariado asesino jodiendole el transporte y la vida a los pobres, todos los dias. o que sean capaces de invocar todos los dias los mejores ideales, como bruera, mientras se comen los subsidios y vacacionan felices. pero bueno, esta bien, se ve que defender un derecho de izquierda es lo que bancan aca con obediencia debida.
clap clap clap clap.
Te olvidaste de la modificación de las ART,el veto y posterior no reglamentación de la ley de glaciares, de los acuerdos con Barrick Monsanto e Irsa, del abrazo con Isfran luego de masacrar Quom.En fin,a tu económica enumeración de anécdotas del gobierno me pareció que serviría una ampliación.
Saludos
Se entiende el terror que el cristinismo le tiene a la independencia del Poder Judicial y que está centrado básicamente en el 5to párrafo del artículo 36 de la Constitución Nacional:
“Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos públicos”, y en el artículo 116 del mismo texto en cuanto a la competencia, en última instancia, de la Corte Suprema sobre las causas que versaren sobre puntos regidos por la Constitución, o sea el párrafo antes citado. Se puede debatir todo lo que uno quiera sobre la supuesta democratización de la justicia, pero sin dejar que la retórica nos confunda.
qué feo como el documento del cels sobre la reforma judicial da la razón a todo lo que decía en mi artículo, y deja completamente fuera de juego a las zonceras que se decían acá. qué pena estar viviendo en obediencia debida
http://www.clarin.com/politica/Proyecto-regular-medidas-cautelares_CLAFIL20130410_0002.pdf